Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Yemen de 1991, que teóricamente se aplica a las zonas controladas por el Gobierno (solo entre el 20% y el 30% de la población), declara que el país es un Estado árabe independiente (artículo 1), que el islam es la religión del Estado (artículo 2) y establece que «la sharía islámica es la fuente de toda legislación» (artículo 3).
El presidente tiene que ser un musulmán que «practique sus deberes islámicos» (artículo 107.d). Aunque los no musulmanes pueden presentarse a la Cámara de Representantes, deben «cumplir sus deberes religiosos» (artículo 64.b.4).
Tanto el presidente, como el vicepresidente, los miembros de la Cámara de Representantes, el primer ministro y los miembros del Gabinete, el portavoz y los miembros del Consejo Consultivo prestan juramento diciendo: «Juro por Dios todopoderoso adherirme al Corán (el Libro de Dios) y a las tradiciones establecidas por el profeta Mahoma» (artículo 160).
Oficialmente, la «libertad de pensamiento y de expresión de opiniones» está protegida en el artículo 42 «dentro de los límites de la ley», y la Constitución declara que el Estado se adhiere al Pacto internacional de los derechos humanos. En la práctica, ni la Constitución ni otras leyes protegen la libertad de religión, creencia o conciencia. El proselitismo está prohibido, así como la conversión del islam a otra religión. También está prohibido burlarse de la religión.
En general, la construcción de nuevos edificios requiere la aprobación del Gobierno, lo que incluye implícitamente los lugares de culto aunque no se mencionen específicamente.
La Constitución declara que «las residencias, lugares de culto e instituciones educativas tienen una santidad que no puede ser violada mediante vigilancia o registro, salvo en los casos estipulados por la ley» (artículo 52). El artículo 60 (que se refiere implícitamente al islam) establece que «defender la religión y la patria es un deber sagrado, el deber militar es un honor y el servicio nacional debe organizarse por ley».
La educación religiosa islámica es obligatoria en la escuela. En las regiones controladas por el Gobierno, las escuelas deben ofrecer el mismo plan de estudios a los alumnos suníes y a los chiíes. En las zonas bajo control hutí, se enseñan los principios zaidíes. La escuela pública no ofrece otras formas de educación religiosa. Se han recibido informes sobre los continuos esfuerzos de los hutíes por imponer sus prácticas religiosas a los residentes no zaidíes de las zonas del norte bajo su control, entre ellas la prohibición de la música, la obligatoriedad de las mujeres de llevar velo integral y la prohibición de la mezcla de sexos en los cafés a menos que las parejas tengan hijos o una licencia de matrimonio.
Desde la unificación del norte y el sur de Yemen en 1990, se han celebrado tres elecciones, las últimas en 2003. Las elecciones previstas para 2009 se cancelaron debido a una disputa legal sobre la reforma electoral. El entonces presidente Ali Abdalá Saleh dimitió en 2012. En su lugar se eligió para un mandato de transición de dos años a Abd Rabbuh Mansur Hadi con el encargo de formar un Gobierno de unidad nacional. Esta solución resultó efímera ya que en 2014 la principal fuerza política de los hutíes, Ansar Allah, rebeldes hutíes chiíes del antiguo Yemen del Norte, respaldados por el expresidente Saleh se levantaron en armas contra el Gobierno. Hadi dimitió en enero de 2015 y huyó a Adén. Como consecuencia, los rebeldes tomaron la capital, Saná, y el palacio presidencial. El Gobierno saudí no tardó en intervenir y el 26 de marzo de 2015, la coalición liderada por Arabia Saudí lanzó una operación militar denominada «Restaurar la esperanza» para reinstalar al presidente Hadi.
En la actualidad, el Gobierno del presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi, reconocido internacionalmente, «ha perdido el control sobre la mayor parte de la población, del territorio y de las fronteras de la República de Yemen», y una serie de «grupos políticos, organizaciones y milicias islamistas militantes, algunas apoyadas por miembros de la coalición liderada por Arabia Saudí, se han hecho con el control». Los repetidos enfrentamientos entre chiíes, suníes, yihadistas y grupos tribales han dejado al país más pobre de Oriente Próximo en un estado de guerra civil permanente.
En abril de 2022 entró en vigor un alto el fuego respaldado por la ONU, pero no logró prorrogarse después de la fecha límite del 2 de octubre de 2022.
En junio de 2015, la Unión Europea prohibió viajar al líder hutí Abdul Malik al-Huti y a Ahmed Ali Abdulá Saleh, hijo del expresidente, y congeló sus activos por su participación en actividades dirigidas a socavar la paz y la estabilidad de Yemen.
Incidentes y acontecimientos
La guerra que se está librando entre la coalición liderada por Arabia Saudí y los hutíes apoyados por Irán ha provocado una de las mayores crisis humanitarias del mundo, incluido un brote de cólera. Según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) de 2022, Yemen sufre «un conflicto violento, un bloqueo económico, el colapso de la moneda, catástrofes naturales y la pandemia de la COVID-19»; todo ello ha provocado 4,3 millones de desplazados y ha obligado a casi tres cuartas partes de la población (23,4 millones de personas) a recurrir a la ayuda humanitaria. Organizaciones de la ONU advierten de una hambruna inminente.
Según la Organización Mundial de la Salud, entre octubre de 2016 y abril de 2021, 2,5 millones de personas presentaban posibles casos de cólera; entre ellas, se dieron casi 4000 muertes, lo que supone una tasa de letalidad del 0,16%.
Grupos religiosos minoritarios como los bahaíes, los cristianos, los hindúes y los judíos han denunciado altos niveles de hostigamiento, especialmente en las zonas controladas por los hutíes. Estos últimos han detenido a numerosos bahaíes, asaltando sus hogares y centros religiosos. Los judíos, el único grupo autóctono no musulmán, se enfrentan a un creciente antisemitismo que se manifiesta, por ejemplo, en el material antisemita introducido en los libros de texto y en los intentos de conversión forzosa al islam. Debido a la persistencia del conflicto, no ha sido posible evaluar la situación de los musulmanes ismailíes.
El Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha quedado debilitado por la insurgencia hutí y carece de capacidad para hacer cumplir las leyes. Oficialmente, la Constitución solo se aplica en las regiones bajo control gubernamental. Las poblaciones de las regiones controladas por los hutíes sufren condiciones más duras.
Aunque grupos terroristas como Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) o ISIS-Y parecen haberse debilitado, el primero sigue presente «en las provincias centrales y orientales. Su prioridad es establecer el control sobre los puertos a lo largo del golfo de Adén y las infraestructuras de petróleo y gas». Según un informe de la ONU de octubre de 2021 sobre Yemen, el número de homicidios arbitrarios, desapariciones, secuestros y otros actos de violencia cometidos por diversos grupos sigue siendo considerable. El informe también enumera violaciones del derecho a la intimidad y limitaciones a la libertad de expresión, prensa, reunión, asociación, religión y circulación.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, a finales de 2021, los hutíes controlaban un tercio de la parte occidental del país, donde vive entre el 70% y el 80% de la población, que puede sufrir diversas formas de persecución. Las más expuestas son las comunidades religiosas.
Se estima que quedan unos 10 judíos en Yemen. En 2021, 13 judíos emigraron a Egipto. Otras familias se han marchado a los Emiratos Árabes Unidos. Según el Elie Abadie, rabino jefe del Consejo Judío de los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades emiratíes tardaron dos días en responder a su petición de dejar entrar a estas familias, y 10 días en aplicar la decisión.
El número exacto de cristianos que quedan en Yemen es difícil de calcular, pero la comunidad cristiana está disminuyendo debido a la violencia y la persecución; como nación islámica con leyes vigentes sobre blasfemia y apostasía, los cristianos, judíos y bahaíes, así como otros grupos religiosos minoritarios, son especialmente vulnerables. Antes de que los hutíes tomaran la capital, Saná, los cristianos practicaban su fe en secreto en sus hogares en Saná, Taiz y Marib. En la actualidad, la mayoría de los cristianos (estimados en unos 2000 según la agencia de noticias Asharq al Awsat, vinculada a Arabia Saudí) «han emigrado de Yemen desde entonces y se han trasladado a Beirut o Chipre, antes de trasladarse a otros países». Se calcula que los bahaíes de Yemen también son unos 2000 y sufren niveles similares de persecución.
El 12 de enero de 2021, el ministro yemení de Información, Cultura y Turismo, Muammar al Eryani, escribía en Twitter: «La milicia hutí, respaldada por Irán, sigue persiguiendo a las minorías por ejemplo con (el) juicio ilegal de 24 miembros de la comunidad bahaí, incluidos seis de sus líderes deportados fuera de Yemen tras su detención, y el saqueo de sus bienes en flagrante violación del derecho humanitario (internacional)». En abril de ese mismo año, emitió una declaración a través de la agencia de noticias oficial del Gobierno, Saba, en la que condenaba la persecución de judíos y bahaíes por parte de los hutíes. En agosto de 2021, Al Eryani declaraba: «Los miembros de la secta bahaí han sido objeto del terrorismo organizado de la milicia hutí», y añadió que el Gobierno condenaba a los hutíes por haber expulsado del país a las tres últimas familias judías y por la detención continuada de Levi Salem Musa Marhabi. En el momento de redactar este informe, seguía encarcelado a pesar de que el Tribunal de Apelación hutí había decidido ponerlo en libertad en 2019.
En febrero, dos periódicos de influencia saudí informaron sobre la suerte de los cristianos bajo los hutíes. Los artículos abordaban, entre otros temas, las persecuciones contra los cristianos y, más concretamente, el caso de un converso, Mushir Jalidi, que se ordenó sacerdote. Según los autores, Jalidi y otros conversos fueron recluidos en régimen de aislamiento y obligados a renunciar a su fe. Según la misma fuente, el líder hutí, Jaled al Madani, responsable de vigilar los llamados «signos de occidentalización», también se encarga de reprimir a los cristianos, decidir en qué campos profesionales pueden trabajar las mujeres y examinar el código de vestimenta.
En febrero, el Gobierno de Biden excluyó oficialmente al movimiento hutí de Yemen de la lista de «organizaciones terroristas extranjeras». Esta medida revocaba la designación de Trump del 19 de enero, que, según la ONU y los grupos humanitarios, podía empeorar la grave situación humanitaria.
En febrero, la Comunidad Internacional Bahaí publicó una declaración en la que informaba de que los hutíes seguían «intimidando y poniendo en peligro la vida de los bahaíes». Destacaba el hecho de que 19 bahaíes a los que habían acusado, encarcelado y expulsado del país iban a enfrentarse a un nuevo juicio. Podían asistir a él y ser encarcelados, o no regresar a Yemen y ser acusados de prófugos.
En abril, milicianos hutíes aparecieron en las redes sociales haciendo el saludo nazi y gritando entre otras cosas «Alá es el más grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, malditos sean los judíos, victoria del islam». En noviembre de 2020, la embajada yemení en Washington difundió un vídeo similar.
El 10 de junio, según un informe de la Coalición Yemení para la Supervisión de las Violaciones de los Derechos Humanos, los hutíes atacaron una mezquita en el barrio de Al Muyama (gobernación de Marib) a la hora de la oración, y mataron a 11 civiles.
En un informe publicado entre el 10 de septiembre y el 1 de octubre por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el grupo de expertos internacionales y regionales sobre Yemen señaló que el líder hutí, Abdul Malik al Huti, había declarado en marzo de 2021 sobre las comunidades bahaí y judía: «No quieren convivir... quieren arrebatar la soberanía al islam». En el mismo informe se investigaban casos de niños reclutados por la coalición y el Gobierno yemení para ser entrenados en Arabia Saudí, así como el encarcelamiento de niños acusados de estar presuntamente relacionados con la otra parte beligerante.
El 6 de octubre, la organización contra la pena capital Eleos Justice, con sede en Australia, publicó un artículo sobre el líder bahaí yemení Hamed Kamal bin Haydara. Haydara describió su propio calvario, y cómo los bahaíes de las zonas controladas por los hutíes son torturados y sufren un «exterminio sistemático y silencioso». A Haydara le detuvieron en 2013, en 2015 le acusaron de apostasía y espionaje y en 2018 le condenaron a muerte. Fue puesto en libertad en 2020.
El 31 de octubre, misiles lanzados por los hutíes alcanzaron una escuela religiosa de mayoría suní del distrito de Yuba, en la gobernación de Marib. Decenas de personas, entre ellas niños y mujeres, resultaron muertas y heridas.
El 19 de enero de 2022, tras los ataques con misiles de los hutíes contra Emiratos Árabes Unidos, el presidente Biden declaraba que su Administración «está considerando volver a designar al movimiento hutí de Yemen como organización terrorista internacional». Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Israel son algunos de los países que apoyan la nueva designación, aunque los que se oponen, entre ellos la ONU, advirtieron de que la medida podría «precipitar el colapso de la economía de Yemen y acelerar la hambruna en el país más pobre de la región».
El 26 de enero de 2022, el grupo de expertos de la ONU sobre Yemen dirigió al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU un informe de 300 páginas sobre la situación en Yemen. Entre otras cosas, destacaba la «persecución sistemática» de los judíos yemeníes por parte de los hutíes. En el mismo informe, Abdul Malik al-Huti afirmaba que una nación occidental intenta difundir el bahaísmo, el ahmadismo y el ateísmo en Yemen para socavar el islam. Dado el cargo que ocupa el líder hutí, estas declaraciones fomentan la persecución sistemática de las minorías religiosas.
En una entrevista realizada en enero, el vicario apostólico de Arabia del Sur, el obispo Paul Hinder, describió la guerra como «un conflicto silenciado», denunciando la falta de voluntad política para poner fin a la guerra, ya que hay «menos intereses económicos en juego en Yemen». Concluyó advirtiendo de que la falta de atención internacional es «un autoengaño fatal, porque Yemen tiene una ubicación estratégica. Las potencias regionales de Oriente Próximo han tomado nota, pero las demás parecen dormidas... Excepto para vender armas».
El obispo también destacó la presencia católica en el país, señalando que en la capital y en Al Hudayda hay ocho Hermanas Misioneras de la Caridad y un sacerdote católico, «pero la situación de división e inseguridad limita su actividad».
A principios de abril de 2022, el Gobierno, respaldado por Arabia Saudí, y los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, firmaron un acuerdo de alto el fuego. La tregua se renovó el 2 de junio por otros dos meses, aunque se rompió el 2 de octubre. El Consejo Noruego para los Refugiados estima que la tregua «se tradujo en un descenso del 50% en el número de víctimas civiles en el primer mes».
Según un informe publicado el 17 de agosto por Arab News, los hutíes reclutan a niños mediante incentivos económicos en «campamentos de verano» donde les enseñan que el «verdadero islam» significa lealtad a los hutíes y odio a Israel y Estados Unidos. Según un informe de 29 de junio de 2021 de la ONG Seyag Childhood Protection, con sede en Saná, la organización hutí reclutó al menos a medio millón de niños en 2021 y los entrenó en 6000 «campamentos de verano».
El 6 de octubre de 2022, la comunidad internacional bahaí se dirigió al 51º Consejo de Derechos Humanos de la ONU para explicar la situación de los bahaíes en Yemen. Los representantes declararon: «Los hutíes siguen persiguiendo sistemáticamente a los bahaíes yemeníes simplemente por su afiliación religiosa. En la actualidad, 24 de ellos siguen inculpados. Los seis bahaíes injustamente detenidos y torturados en Saná y posteriormente expulsados del país han sido calificados por las autoridades como prófugos».
En diciembre, las Naciones Unidas estimaron que desde la escalada de los combates en 2015, «han muerto a causa de la violencia bélica alrededor de 375 000 personas, o el 1,25% de la población total», y hay más de 11 000 niños heridos o muertos.
Futuro de la libertad religiosa
La guerra civil que se está librando amenaza la cohesión de la sociedad yemení y la seguridad de su población. La duración y la intensificación del conflicto armado dificultan cada vez más las conversaciones a escala nacional. Aprovechando la inestabilidad social, política y de seguridad del país, países extranjeros y grupos islamistas radicales de diferentes zonas geográficas y tendencias políticas e ideológicas han convertido Yemen en una base para sus operaciones. Los continuos combates y las elevadas tensiones siguen siendo motivo de preocupación, ya que afectan a la vida de millones de yemeníes. Mientras dure el conflicto actual, los derechos humanos y las libertades, incluida la libertad religiosa, tendrán poca o ninguna importancia. Las perspectivas para los yemeníes son negativas.
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