Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Los musulmanes suníes representan aproximadamente entre el 84,7 % y el 89,7 % de la población afgana. El resto son en su mayoría musulmanes chiíes (entre el 10 y el 15 %), fundamentalmente de etnia hazara. La Constitución anterior del país reconocía oficialmente 14 grupos étnicos, entre ellos los pastunes, los tayikos y los hazaras. Los pastunes constituyen el grupo más numeroso (se calcula que representan el 42 % de la población), seguidos de los tayikos (alrededor del 27 %), los hazaras (9 %), los uzbekos (9 %), los turcomanos (3 %) y los baluchis (2 %), mientras que los demás grupos representan el 8 % restante[1].
Los talibanes volvieron al poder en 2021, más de veinte años después de haber sido derrocados. El consiguiente establecimiento de un emirato islámico ha cambiado por completo el marco jurídico del país. La Constitución de la República de Afganistán de 2004[2] ya no está en vigor bajo el actual régimen talibán. A pesar de las múltiples declaraciones de las autoridades de facto en las que manifiestan su intención de redactar y promulgar una nueva Constitución, hasta la fecha no se ha presentado ningún documento de este tipo.
Bajo el primer emirato (1996-2001), un consejo de ulemas redactó una constitución destinada a formalizar el establecimiento de un emirato islámico, pero nunca se aprobó. La carta se basaba en gran medida en la Constitución de 1964, adoptada bajo el mandato del antiguo rey Mohammed Zahir Sha, que establecía una monarquía constitucional, elecciones democráticas, separación de poderes y una Carta de Derechos como límite a los poderes del Estado, todo ello rechazado por los talibanes[3].
Aunque los talibanes declararon en septiembre de 2021 que tenían la intención de aplicar temporalmente la antigua carta, no lo han hecho[4].
A pesar de las promesas iniciales de inclusión, el régimen talibán se ha ido volviendo cada vez más excluyente, favoreciendo a los miembros talibanes pastunes del sur frente a la representación política de otros grupos. El líder supremo, el emir Haibatulá Ajundzada, ha consolidado y centralizado aún más el poder[5].
En mayo de 2022, los talibanes publicaron un manifiesto de 312 páginas titulado Al-imarat al-islamia wa nizamuha (El emirato islámico y su administración)[6]. Redactado por el presidente del Tribunal Supremo talibán, Abdul Hakim Haqqani, el manifiesto se basa en la escuela hanafí de jurisprudencia islámica, seguida por la mayoría suní del país. Con claras repercusiones sobre la minoría chií, constituye un retroceso con respecto a la Constitución de 2004, que fue la primera en la historia del país en reconocer un papel, aunque limitado, a la escuela de jurisprudencia chií yaʿfarí[7].
Desde el punto de vista jurídico, los talibanes han mostrado poco o ningún respeto por el debido proceso legal. Por ejemplo, se han emitido importantes nombramientos y decretos en los ámbitos administrativo, legislativo y judicial bajo la autoridad del líder supremo, el emir, sin tener en cuenta la separación de poderes; por otra parte, muchas leyes se establecen mediante decretos que no se comunican adecuadamente y, en algunos casos, basta con la declaración del jefe de un grupo para que un decreto entre en vigor. Desde agosto de 2021, los talibanes han promulgado aproximadamente un centenar de edictos y decretos que restringen considerablemente los derechos humanos, con unas repercusiones especialmente graves para las mujeres y las minorías religiosas[8].
No es infrecuente que los funcionarios locales administren justicia rápida, a veces sin un juicio adecuado. Las penas pueden ir desde la humillación pública hasta los castigos corporales, e incluso delitos relativamente menores, como el robo, se castigan con la amputación de miembros. Los casos más graves, entre ellos delitos como la apostasía y la blasfemia, pueden acarrear la pena de muerte. Por ejemplo, en febrero de 2022, en la provincia nororiental de Badajshán, lapidaron hasta la muerte a una joven y a un hombre por presunto adulterio según dos fuentes locales y un funcionario talibán[9]. La pena de muerte por delitos como la apostasía y la blasfemia sigue vigente[10].
Los talibanes han emprendido una rápida reestructuración del sistema judicial afgano. Uno de los cambios más significativos ha sido la disolución de la Fiscalía General en julio de 2023, lo que eliminó de facto la función de los fiscales. Como resultado, ahora los jueces supervisan todos los aspectos de los procedimientos judiciales, desde la asignación de los casos hasta la imposición de las penas, sin el apoyo investigador que tradicionalmente prestaban los fiscales[11]. La ausencia de una constitución escrita y de códigos legales oficiales agrava la preocupación por las interpretaciones arbitrarias de la ley y el elevado riesgo de que se produzcan errores judiciales[12].
El Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio es la autoridad principal responsable de emitir la mayoría de las directivas y cuenta con aproximadamente 5000 agentes[13]. Este ministerio, que incluye un sistema policial islamista de línea dura y notoriamente violento, fue disuelto en 2001, pero se restableció en septiembre de 2021 en sustitución del Ministerio de Asuntos de la Mujer. A través de sus directivas, hace cumplir las disposiciones que considera obligatorias para todos los afganos, ya sea porque son musulmanes o, en el caso de los no musulmanes, porque son súbditos de un Estado musulmán[14].
El 8 de noviembre de 2023 se aprobó la Ley de Interposición de Denuncias, en la que se definen las responsabilidades del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio en la tramitación de las denuncias contra funcionarios públicos. Esta ley establece que todas las instituciones estatales, tribunales incluidos, tienen que responder a las consultas del Ministerio. Además, en caso de denuncias graves o no resueltas, el Ministerio está facultado para remitir el asunto directamente a la jefatura talibán[15].
Además, en agosto de 2024 se promulgó una Ley sobre la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, que consta de un preámbulo, cuatro secciones y 35 artículos. El artículo 6.1 de dicha ley establece la autoridad del Ministerio de Promoción de la Virtud, Prohibición del Vicio e Interposición de Denuncias[16]. La ley estipula que «los agentes del orden tienen la obligación de impedir que las minorías que viven bajo un gobierno islámico y los solicitantes de asilo cometan actos ilícitos de forma abierta» (artículo 23)[17]. Richard Bennett, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Afganistán, ha subrayado que, además de imponer prácticas religiosas a los musulmanes, la ley también impone restricciones a la observancia de religiones no islámicas. Por ejemplo, prohíbe el uso de crucifijos y otros símbolos «no islámicos», así como las celebraciones que no se basan en el islam[18].
La ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio establece que, además de cubrirse completamente el cuerpo y el rostro, las mujeres deben ocultar su voz «en canciones, himnos o recitales en voz alta en reuniones» (artículo 13.3), lo que en la práctica prohíbe que las mujeres sean vistas o escuchadas en público[19].
Desde agosto de 2021, los talibanes han promulgado una serie de decretos que restringen los derechos de las mujeres en ámbitos como la libre circulación, la vestimenta, la participación en actividades deportivas, el acceso al empleo y la educación, y la atención sanitaria[20]. En mayo de 2022, las autoridades promulgaron de facto el decreto sobre el hiyab, que obliga a las mujeres y las niñas a cubrirse completamente en público. Este decreto se ha aplicado de forma estricta, especialmente en la primera mitad de 2024, mediante la intensificación de las medidas represivas y el aumento de las inspecciones[21].
Las mujeres han quedado excluidas de la mayor parte de los entornos laborales[22], además de que otras medidas han afectado gravemente a sus derechos, en particular en el ámbito de la educación. En marzo de 2022, los talibanes decretaron el cierre de las escuelas para niñas a partir del sexto grado. En diciembre del mismo año, el ministro de Educación Superior suspendió oficialmente la educación universitaria para las alumnas hasta nuevo aviso[23]. En febrero de 2023, el Consejo Médico de Afganistán prohibió que las mujeres graduadas se presentaran a los exámenes finales. Más recientemente, en diciembre de 2024, el viceministro de Salud Pública emitió una directiva verbal en la que ordenaba a todas las instituciones médicas prohibir a las mujeres y las niñas cursar estudios en sus instalaciones[24].
También se han impuesto restricciones a la práctica religiosa de las mujeres. En abril de 2023, el Departamento para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio —organismo local dependiente del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio encargado de hacer cumplir la ley en las provincias y distritos— ordenó verbalmente a la policía de Kandahar que prohibiera a las mujeres visitar cementerios y santuarios, calificando esta práctica de «no islámica»[25].
Además, miles de niñas afganas, privadas de la educación oficial, se han visto obligadas a recurrir a las escuelas religiosas (madrasas) como la única opción que tienen para aprender. Según testimonios de alumnas, el programa de estudios de estas instituciones suele incorporar ideologías extremistas y hace hincapié en las funciones domésticas, enseñando a las niñas cómo criar a sus hijos como guerreros santos (muyahidines) y cómo «servir» a sus maridos[26].
El Ministerio de Educación talibán supervisa actualmente más de 21 000 escuelas religiosas, entre ellas las escuelas yihadistas, cifra cuatro veces superior a la del anterior Gobierno afgano, muy por encima de las 18 000 escuelas públicas y privadas que había anteriormente[27]. La expansión de las madrasas, algunas de las cuales fomentan activamente la yihad militante, ha transformado radicalmente el sistema educativo afgano, lo que suscita preocupación por las repercusiones a largo plazo para el desarrollo nacional y el riesgo potencial de fomentar la radicalización[28]. En lugar de servir únicamente como instituciones educativas, estas madrasas funcionan como centros de adoctrinamiento y posibles focos de reclutamiento para grupos extremistas[29].
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) también ha manifestado especial preocupación por la impunidad con la que las autoridades del país parecen haber cometido violaciones de los derechos humanos. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024, documentó casos de penas corporales dictadas por tribunales que afectaron al menos a 194 personas: 150 hombres, 39 mujeres, cuatro niños y una niña[30].
En su último informe sobre Afganistán, publicado el 21 de febrero de 2025, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo hincapié en la urgente necesidad de poner fin a la aplicación de las penas corporales y manifestó su profunda preocupación por el uso continuado de la pena de muerte, especialmente en los casos de personas que eran menores de 18 años en el momento de cometer los presuntos delitos[31].
Desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, al menos cinco personas han sido ejecutadas públicamente tras sentencias dictadas por el sistema judicial de facto y con la aprobación del líder talibán[32].
El Servicio de Derechos Humanos de la UNAMA también ha documentado múltiples casos de agresiones físicas y represión religiosa por parte del Departamento para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio contra personas cuyas creencias difieren de las impuestas por las autoridades gobernantes[33].
El informe de la UNAMA, titulado «La supervisión moral de las autoridades de facto en Afganistán: repercusiones sobre los derechos humanos» (mayo de 2024), incluye, como anexo, respuestas del Ministerio de Promoción de la Virtud, Prevención del Vicio e Interposición de Denuncias del Emirato Islámico de Afganistán. Respecto a la normativa sobre prácticas religiosas, las autoridades de facto afirman que «cada orden del sistema y de la política de la sharía islámica está impregnada de sabiduría; los musulmanes tienen que cumplirla y el régimen gobernante debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento»[34].
Respecto a la prohibición de las celebraciones no islámicas, las mismas autoridades de facto sostienen que «el islam es una religión completa que lo abarca todo y que ofrece directrices y preceptos que sus seguidores deben seguir en todos los ámbitos de la vida. Hay dos Aíds [festividades permitidas en el islam], y es una violación de la libertad [celebrar otras]; por lo tanto, podemos afirmar que está prohibido celebrar los hechos que usted ha mencionado y, por lo tanto, también lo están los aspectos propuestos, lo cual es un principio jurídico aceptado»[35].
Los talibanes también prohibieron la música, tal y como señaló su portavoz Zabihulá Muyahid en 2021: «La música está prohibida en el islam»[36]. En enero de 2023, el Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio confirmó una orden que prohibía la poesía con métrica musical[37]. Más tarde, el 11 de junio de 2023, el Ministerio amplió las restricciones prohibiendo la reproducción de música en bodas y otras celebraciones, y dando instrucciones a los salones de bodas para que hagan cumplir la norma. La UNAMA ha documentado múltiples casos de aplicación de la ley, entre los que se cuentan casos de malos tratos, detenciones arbitrarias y encarcelamiento de personas acusadas de violar la prohibición de la música[38].
El panorama mediático de Afganistán también ha sufrido una dura represión: los periodistas se enfrentan a detenciones arbitrarias, amenazas y violencia. Muchos medios de comunicación se han visto obligados a cerrar o a trabajar bajo una estricta censura, lo que ha provocado un importante deterioro de la libertad de prensa. En 2024, el Centro de Periodistas de Afganistán documentó 181 violaciones de los derechos de los medios de comunicación, destacando el cierre de 18 medios de comunicación y la detención de 50 periodistas como consecuencia de las nuevas restricciones[39].
En enero de 2025, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó órdenes de detención contra el líder supremo talibán Haibatulá Ajundzada y el presidente del Tribunal Supremo Abdul Hakim Haqqani. Se les acusa de crímenes contra la humanidad, concretamente de la persecución sistemática contra las mujeres y las niñas de Afganistán[40].
Incidentes y acontecimientos
Según datos de las Naciones Unidas, de los 46 millones de habitantes del país, más de 22,9 millones necesitan asistencia humanitaria[41].
Aunque las víctimas civiles han disminuido significativamente en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder el 15 de agosto de 2021, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) sigue documentando niveles elevados de daños a la población civil, principalmente como resultado de ataques deliberados con artefactos explosivos improvisados.
Entre agosto de 2021 y mayo de 2023, la UNAMA registró 3774 víctimas civiles, entre ellas 1095 muertos y 2679 heridos. La mayor parte de las víctimas (2814 en total, de las que 701 murieron y 2113 quedaron heridas) sufrieron ataques indiscriminados en zonas concurridas con artefactos explosivos improvisados, como lugares de culto, escuelas y mercados[42]. Entre las víctimas había 233 mujeres (92 muertas y 141 heridas) y 866 niños (287 muertos y 579 heridos). Otras causas importantes de daños a la población civil fueron los restos explosivos de guerra (639 víctimas) y los asesinatos selectivos (148 víctimas)[43].
En un informe de agosto de 2024, el relator especial de la ONU Richard Bennett manifestó su preocupación por las continuas violaciones de la libertad religiosa y los derechos culturales de las minorías por parte de los talibanes, citando medidas como la prohibición de las celebraciones religiosas, la retirada de las bibliotecas de libros relacionados con el islam chií y la prohibición de traducir obras científicas al uzbeko y al turco[44].
Un informe de la organización afgana de derechos humanos Rawadari pone de relieve la discriminación sistemática de los talibanes contra las minorías étnicas y religiosas. La organización ha documentado políticas sesgadas en los servicios públicos, la asignación de recursos, el empleo y la distribución de la ayuda humanitaria, que afectan de manera desproporcionada a las comunidades étnicas y religiosas vulnerables. Además, han suprimido la diversidad religiosa, impuesto severas restricciones a las libertades religiosas y, en algunos casos, coaccionado a las minorías religiosas para que se convirtieran[45].
Los hazaras, que ya fueron blanco de ataques durante el anterior período de gobierno talibán, son la minoría más perseguida[46]. Musulmanes chiíes en su mayoría, constituyen el tercer grupo étnico más numeroso de Afganistán, después de los pastunes y los tayikos. Durante el período que se estudia en este informe, han sufrido numerosos ataques tanto por parte de los talibanes como del Estado Islámico-Provincia de Jorasán.
La comunidad chií hazara sigue siendo el principal objetivo de los ataques de esta rama del Estado Islámico contra los grupos minoritarios. A pesar de las pérdidas sufridas en su liderazgo y territorio, este movimiento sigue suponiendo una amenaza importante en Afganistán; se aprovecha de las divisiones sectarias y ataca con frecuencia a las minorías religiosas y a otras poblaciones vulnerables[47].
En octubre y noviembre de 2023, con pocos días de diferencia, se produjeron dos ataques dirigidos contra la minoría chií hazara en Dasht-e-Barchi, barrio predominantemente chií de Kabul. El Estado Islámico-Provincia de Jorasán reivindicó la autoría de ambos incidentes[48]. El primer atentado tuvo lugar el 26 de octubre de 2023, cuando una explosión en un club de boxeo causó la muerte de cuatro personas[49]. En el segundo ataque, el 7 de noviembre de 2023, explotó una bomba en un minibús que transportaba pasajeros chiíes hazaras, y causó siete muertos y 20 heridos[50].
En enero de 2024 se produjeron dos atentados más en el mismo barrio[51]. El 6 de enero de 2024, una explosión contra un minibús causó la muerte a cinco personas y heridas a otras 15. Pocos días después, el 11 de enero de 2024, un ataque con granadas frente a un centro comercial se saldó con dos muertos y 12 heridos[52]. El grupo Estado Islámico-Provincia de Jorasán reivindicó la autoría del primer atentado, mientras que el segundo aún no ha sido reivindicado, aunque hay fundadas sospechas de que el Estado Islámico-Provincia de Jorasán esté detrás. El portavoz de Estado Islámico, Abu Hudayfa al-Ansari, declaró que estos ataques forman parte de la nueva campaña mundial del grupo, titulada «Matadlos dondequiera que los encontréis», alusión a un versículo de la azora coránica Al-Baqara[53].
También se enmarcan dentro de esta campaña el atentado suicida perpetrado el 13 de octubre de 2023 que causó la muerte de siete fieles en la mezquita chií Imam Zaman, en Pul-e-Jumri, capital de la provincia de Baghlan, al norte de Afganistán, durante la oración del viernes[54], y el ataque del 29 de abril de 2024 contra una mezquita chií en el distrito de Guzara, en Herat, que se saldó con seis muertos. Ambos atentados fueron reivindicados por el grupo Estado Islámico-Provincia de Jorasán[55].
Se sospecha que el grupo está detrás de otros dos atentados perpetrados en 2024, aunque no ha reivindicado la autoría de ninguno de ellos. El 20 de abril de 2024, explotó una bomba en un coche en el barrio de Kot-e-Sangi, en Kabul, que mató al conductor e hirió a tres personas[56]. De manera similar, el 11 de agosto de 2024, una bomba explotó en un minibús en Dasht-e-Barchi: causó un muerto y 11 heridos[57].
Estado Islámico-Provincia de Jorasán también reivindicó la autoría del atentado perpetrado el 12 de septiembre de 2024, en el que emboscaron a aldeanos de las provincias de Ghor y Daykundi que habían salido a recibir a unos peregrinos que regresaban de una peregrinación a Kerbala (Irak); provocó la muerte de 14 personas y dejó heridas a otras seis[58].
Al igual que en el pasado, la comunidad hazara sigue sufriendo persecución bajo el régimen talibán, que impone numerosas restricciones a los fieles chiíes. Una de las formas más graves de discriminación son los desalojos forzosos[59]. A mediados de 2024, los talibanes ordenaron a los residentes hazaras de Nowabad, en la ciudad de Ghazni, que presentaran los títulos de propiedad de sus tierras, proceso que finalmente condujo a su desplazamiento. Las autoridades alegaron que las tierras eran propiedad del Gobierno y estaban ocupadas ilegalmente, a pesar de que los hazaras las habían adquirido legalmente[60].
Además, desde el regreso al poder de los talibanes, los hazaras han sido apartados sistemáticamente de los cargos públicos, lo que ha reducido considerablemente su papel en la gobernanza y ha restringido su acceso a los recursos[61].
En febrero de 2023, las autoridades talibanas del distrito de Nusay, en la provincia afgana de Badajshán, emitieron un decreto que prohibía los matrimonios entre musulmanes chiíes y suníes, decisión que se justificó basándose en motivos religiosos e ideológicos[62]. En abril de 2023, las autoridades declararon que el Aíd al-Fitr se celebraría el 21 de abril de 2023, a pesar de que esta fecha era el último día del Ramadán según el calendario chií. En la provincia de Daikundi, en controles policiales, obligaron a miembros de la comunidad chií a romper el ayuno y al menos 25 personas recibieron palizas por negarse a ello[63].
En julio de 2023, el Consejo de Eruditos Chiíes de Afganistán emitió un comunicado en el que instaba a los flagelantes a limitar sus actividades durante el mes de muharram, primer mes del calendario islámico, directriz emitida en respuesta a las restricciones impuestas por los talibanes. Antes de que los talibanes regresaran al poder en agosto de 2021, las comunidades chiíes afganas podían conmemorar la muharram libremente, organizando procesiones multitudinarias con cantos y rituales religiosos. Las nuevas restricciones impuestas provocaron la oposición de los líderes chiíes, que las consideran una violación de sus prácticas religiosas[64].
En diciembre de 2023, el Ministerio talibán de Educación Superior ordenó a las universidades privadas y a las instituciones de educación superior que retiraran de sus bibliotecas los libros considerados «contradictorios con la jurisprudencia hanafí, políticos o que cuestionen la fe». Reforzando esta directiva, el ministro talibán de Educación Superior, Neda Mohammad Nadim, declaró que en «Afganistán no hay sectas» y que todo el país se adhiere a la jurisprudencia hanafí[65].
Posteriormente, en junio de 2024, la Dirección de Educación talibán en Bamiyán ordenó a las escuelas que retiraran los libros de jurisprudencia ya'farí de sus planes de estudios, afirmando que se iban a elaborar y distribuir nuevos libros de texto que incorporarían tanto las tradiciones suníes como las chiíes. Sin embargo, en enero de 2025 aún no se había entregado ningún material de este tipo[66].
Durante el período que se estudia en este informe también los musulmanes sufíes han sido atacados. Este grupo ha desempeñado un importante papel espiritual en Afganistán durante siglos, pero ahora su forma de entender la religión entra en conflicto con la de los talibanes y el Estado Islámico. El 22 de noviembre de 2024, se produjo un atentado mortal en el santuario de Sayed Padshah Agha, en el distrito de Nahrin, provincia de Baghlan. Hombres armados no identificados abrieron fuego contra un grupo de fieles sufíes durante una sesión nocturna de zikr (oración devocional), y murieron al menos 10 personas. El Estado Islámico-Provincia de Jorasán reivindicó la autoría de este atentado[67]. Antes de este ataque, en 2022 se cometieron tres agresiones brutales que causaron en total más de un centenar de víctimas[68].
La comunidad ahmadí se enfrenta a un destino igualmente terrible. Perseguidos ya bajo el anterior régimen talibán, son considerados blasfemos y falsos musulmanes. Antes de agosto de 2021, se estimaba que la comunidad contaba con alrededor de 450 miembros en todo el país, pero se desconoce su número actual. Según la Oficina de Prensa Ahmadiya, los talibanes han detenido a algunos ahmadíes. El califa ahmadí Hazrat Mirza Masrur declaraba: «Los musulmanes ahmadíes de Afganistán están pasando por dificultades extremas e incluso han detenido a algunos de ellos»[69]. En otra ocasión, Masur afirmó que «extremistas como los talibanes y otros están mancillando el nombre del islam y ya están en manos de Dios»[70].
El cristianismo se considera una religión occidental y ajena a Afganistán. Incluso antes de que los talibanes tomaran el poder, los cristianos denunciaban la hostilidad hacia los conversos al cristianismo en la opinión pública, en las redes sociales y en otros ámbitos. Los cristianos afganos solían practicar su culto solos o en pequeños grupos en domicilios particulares[71]. Tras hacerse con el poder, los talibanes afirmaron que protegerían a las minorías religiosas, pero sin mencionar a los cristianos. El grupo ha declarado públicamente: «En Afganistán no hay cristianos. Aquí nunca se ha conocido ni registrado oficialmente una minoría cristiana»[72].
Según algunos informes, los talibanes han puesto precio a la cabeza de los cristianos afganos, ofreciendo recompensas económicas a quienes los denuncien. Esta situación ha agravado aún más los peligros a los que se enfrentan los cristianos, que ya se ven obligados a practicar su fe en secreto[73]. Por primera vez en un siglo, Afganistán se ha quedado sin iglesias católicas desde que los talibanes tomaron el control del país. El 26 de agosto de 2021 obligaron a regresar a Italia al padre Giovanni Scalese, sacerdote barnabita y superior de la misión sui iuris de Afganistán, presente en el país desde 1921. En una entrevista concedida en mayo de 2024, el padre Scalese, que durante siete años había sido el único sacerdote católico de Afganistán, manifestó su frustración ante la falta de atención mundial hacia el país e instó a las organizaciones internacionales a reanudar sus esfuerzos para prestar ayuda a los necesitados[74].
Una de las principales preocupaciones de los cristianos afganos que han buscado refugio en Pakistán es el Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales, implantado por el Gobierno pakistaní en octubre de 2023. Esta política carece de protecciones específicas para las minorías religiosas y se dirige específicamente a los extranjeros indocumentados, con especial atención a los refugiados afganos, lo que los expone a un grave riesgo de deportación[75].
En julio de 2023, un cortometraje producido por Christian Solidarity Worldwide documentó la difícil situación de los cristianos hazaras en Pakistán, que se ven obligados a vivir en la clandestinidad para evitar la deportación o, en el peor de los casos, el linchamiento por su fe[76].
El 7 de agosto de 2024, el papa Francisco se reunió con la Asociación de la Comunidad Afgana en Italia y manifestó su profundo dolor por el inmenso sufrimiento que se vive en Afganistán. También condenó el uso indebido de la religión y afirmó que la fe nunca debe ser explotada para justificar el odio o la violencia[77].
Según grupos de la sociedad civil, a finales de 2021 aún vivían en el país unos 150 sijes e hindúes, frente a los 400 que había a principios de año y los 1300 de 2017[78]. Se cree que en 2022 ya solo quedaban 100 hindúes y sijes[79].
Los templos sijes ya sufrían ataques, reivindicados a menudo por el Estado Islámico-Provincia de Jorasán, aun antes de que el nuevo régimen talibán llegara al poder, como el cometido el 25 de marzo de 2020 en un gurdwara de Kabul, en el que murieron 25 personas[80].
En octubre de 2023, el Ayuntamiento de Kabul anunció que los talibanes habían nombrado a un representante de las comunidades hindú y sij de Kabul para defender sus derechos, en particular en lo relativo a la recuperación de las propiedades confiscadas[81]. En abril de 2024, un representante talibán reiteró el compromiso del régimen de proteger los derechos de propiedad de los hindúes y los sijes[82].
A pesar de la aparente disposición de los talibanes a facilitar su regreso, los hindúes y los sijes siguen temiendo volver a Afganistán, ya que anteriormente se enfrentaron a severas restricciones bajo el régimen talibán, como restricciones a su forma de vestir y la prohibición de celebrar públicamente sus fiestas religiosas[83].
No se tiene constancia de que en Afganistán haya algún judío. A finales del siglo XX, casi toda la comunidad judía emigró a Israel, empujada por el empeoramiento de las condiciones de seguridad. Tras la toma del poder por los talibanes, Zebulon Simentov, considerado el último judío que quedaba en el país, decidió inicialmente quedarse. Sin embargo, en septiembre de 2021, acabó abandonando Kabul, lo que supuso el fin de la presencia judía en Afganistán[84].
No hay datos disponibles sobre los bahaíes de Afganistán. La comunidad ha vivido en relativo anonimato, especialmente tras la declaración de 2007 de la Dirección General de Fetuas y Cuentas del Tribunal Supremo de Afganistán, que consideró blasfema la fe bahaí e infieles a sus seguidores[85].
Los musulmanes uigures, alrededor de 2000 personas, son otro grupo en peligro. Dadas las estrechas relaciones de los talibanes con China, a la que el nuevo régimen describió como su «socio principal» para reconstruir Afganistán[86], los uigures ahora temen tanto por sus vidas en Afganistán como por una posible repatriación y persecución en China[87].
Futuro de la libertad religiosa
En un contexto de aislamiento casi total y con escasos recursos legales, las minorías étnicas y religiosas de Afganistán sufren un doble calvario: la discriminación sistémica y la persecución por parte de los talibanes, y los violentos ataques del Estado Islámico-Provincia de Jorasán.
Las crecientes violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades de facto del país, tal y como se describe en este informe —que no es exhaustivo, dada la gran cantidad de incidentes—, pintan un panorama extremadamente negativo y alarmante para la libertad religiosa en Afganistán.
Además, a pesar de los intentos de los talibanes por contener al Estado Islámico-Provincia de Jorasán, las atrocidades cometidas por el grupo yihadista no parecen haber disminuido. Por el contrario, el Estado Islámico ha adaptado su estrategia, pasando del control territorial a la guerra urbana. Esta transformación incluye una estructura interna descentralizada y un sistema menos jerárquico, con el objetivo de socavar la legitimidad de los talibanes ante la población local[88].
La combinación de estos factores indica que las perspectivas para la libertad religiosa en Afganistán siguen siendo muy preocupantes y abrumadoramente negativas.
Fuentes
Afganistán