Análisis global
Marta Petrosillo
El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a la libertad religiosa. Cuando se niega esta libertad a una persona, se está negando potencialmente a todas. Aunque este principio descansa en el corazón de nuestra humanidad compartida, el presente Informe muestra que, a menudo, es más un lujo que una garantía.
El bienio 2023-2024 se ha caracterizado por una creciente agitación mundial —con conflictos geopolíticos, la consolidación del autoritarismo, una desigualdad en aumento y la lenta erosión de las reglas democráticas—. El estallido de la guerra entre Hamas e Israel en octubre de 2023 provocó una nueva ola de violencia por todo Oriente Medio, con repercusiones notables en la diplomacia internacional y en las dinámicas del poder regional. Al mismo tiempo, tampoco ha habido señales de que la guerra en Ucrania vaya a resolverse, lo que ha añadido tensión a las relaciones entre Oriente y Occidente, y ha exacerbado las crisis globales de alimentos y energía. En África, una serie de golpes militares —además de la retirada de las fuerzas internacionales de paz de países como Mali y República Centroafricana— ha facilitado otra expansión de violencia yihadista por el Sahel y otros territorios. Mientras tanto, la creciente tensión en el Indo-Pacífico, sobre todo alrededor de Taiwán y el Mar de la China Meridional, ha acentuado una rivalidad estratégica ascendente entre los Estados Unidos y China.
La libertad religiosa no ha sido impermeable a tanta agitación. En todos los continentes, desde sus grandes centros urbanos hasta en rincones rurales olvidados, individuos y comunidades siguen sufriendo amenazas por practicar, profesar o tan solo por identificarse con ciertas creencias.
En la edición de 2025 del Informe sobre la libertad religiosa en el mundo, investigamos las complejas y entrecruzadas narrativas que definen las amenazas que sufre hoy la libertad de pensamiento, conciencia y culto. El Informe clasifica los países en cuatro categorías según el grado de gravedad de sus violaciones contra la libertad religiosa. La persecución contempla actos de violencia u hostigamiento graves y repetidos, que muchas veces quedan impunes. La discriminación se refiere, en cambio, a restricciones legales o sociales que afectan injustamente a grupos religiosos concretos. Por su parte, los países en observación ofrecen las primeras señales de alarma sobre violaciones serias y reclaman una vigilancia estrecha. Todos los demás países se consideran seguros; no demuestran faltas significativas y, por lo general, respetan estándares internacionales de libertad religiosa o de creencia.
La clasificación de esta edición muestra la gravedad de la situación:
- 24 países se incluyen en Persecución, donde se pacede opresión o una supresión violenta.
- 38 sufren Discriminación, con presiones legales y sociales que limitan el ejercicio de la fe.
- 24 countries están En observación, por dar las primeras señales de futuras amenazas.
Según el Informe de 2025, se considera que en 62 países hay persecución o discriminación religiosa. En total, sus poblaciones suman alrededor de 5400 millones de personas y representan el 64,7 por ciento de la población mundial. Esto significa que casi dos de cada tres personas en el mundo viven en países donde la libertad religiosa está gravemente limitada.
Persecución
Según el Informe, en 24 países se padece persecución religiosa. Entre ellos, se encuentran países densamente poblados, como la India y China, y Estados autoritarios o con conflictos, como Afganistán, Nigeria, Corea del Norte y Eritrea. Si se suman sus poblaciones, se concluye que alrededor de 4100 millones de personas —más de la mitad de la población mundial—viven en circunstancias de graves violaciones de la libertad religiosa.
La naturaleza de la persecución varía según el contexto. En ocho países —Afganistán, Bangladés, Libia, Maldivas, Nigeria, Pakistán, Sudan y Yemen—, es el resultado de una combinación de gobiernos autoritarios y extremismo religioso. En otros siete —China, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Arabia Saudí y Turkmenistán— la causa principal de persecución es un control estatal autoritario. Otros siete países —Burkina Faso, Camerún, Mali, Niger, Somalia, Mozambique y la República Democrática del Congo— padecen extremismo religioso. Por último, en la India y Myanmar, una mezcla de autoritarismo y nacionalismo etno-religioso sustentan las formas predominantes de persecución.
Discriminación
El Informe de 2025 identifica 38 países que sufren discriminación religiosa. Entre estas naciones están Egipto, Etiopía, México y Turquía, donde las minorías religiosas se enfrentan a restricciones legales, políticas y sociales que limitan su libertad de fe y de culto. En total, estos países representan aproximadamente 1400 millones de personas, alrededor del 17,3 por ciento de la población mundial. Aunque no padezcan una persecución total, muchas personas se enfrentan a una discriminación sistemática, con acceso limitado a lugares de culto, limitaciones a su expresión religiosa y tratamiento legal desigual.
Las causas principales de la discriminación varían. Existe un único factor dominante en 28 países. El autoritarismo es la causa más frecuente; afecta a 24 países, como Argelia, Malasia, Venezuela y Turquía, donde el control estatal limita el pluralismo religioso. En Chad, la causa principal de discriminación es el extremismo religioso, mientas que en Haití y en México se conecta con el crimen organizado. El nacionalismo etno-religioso es la principal causa en Nepal.
En otros 10 países, la discriminación es el resultado de una combinación de factores. México se enfrenta tanto al autoritarismo como al crimen organizado. En Egipto, Jordania, Irak, Kuwait, Omán, Siria y Tailandia, se mezclan el gobierno autoritario y el extremismo religioso. En Israel y Palestina, el nacionalismo etno-religioso se solapa con el extremismo para socavar la libertad religiosa. En Sri Lanka, la discriminación tiene su origen en el autoritarismo y en el nacionalismo etno-religioso.
En observación
Veinticuatro países se encuentran «en observación», debido a sus nuevas amenazas a la libertad religiosa. Entre otros, están Chile, Indonesia, Kenia y Rusia; en total, el grupo representa más de 750 millones de personas, aproximadamente el 9,3 por ciento de la población mundial. Aunque no sufren una persecución o discriminación significativa, sí muestran sus primeras síntomas, como el autoritarismo en auge, protecciones jurídicas debilitadas o una creciente intolerancia religiosa. Su categorización subraya la necesidad de seguirlos de cerca e, incluso, de acciones preventivas. En 2023, México, Russia y Ucraina estaban «En observación»; este año ha pasado a la categoría de «Discriminación». Su caso pone de relieve cómo han aumentado las violaciones de la libertad religiosa.
Control autoritario y represión legal
En América Latina, se observa un patrón regional llamativo. Muchos de los países clasificados bajo «Discriminación» o «Persecución» —como México, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití—, además de Bolivia, Chile, Colombia y Honduras, todos «En observación», comparten un alineamiento político o ideológico con el Foro São Paulo. A menudo, esta coalición de partidos y movimientos de izquierdas se asocia con tendencias autoritarias, restricciones a las libertades civiles y control ideológico de las instituciones públicas. En este contexto, la libertad religiosa se resiente con la politización de la religión, la presión sobre iglesias críticas con la acción del gobierno y las restricciones impuestas a organizaciones de fe que se dedican a la educación, a trabajos humanitarios y a la promoción social. Esta correlación sugiere que la erosión de las garantías democráticas y el auge de la rigidez ideológica pueden ser factores que contribuyen al deterioro de la libertad religiosa que se experimenta en toda la región (véase el tema principal « El modelo cubano y su exportación a Venezuela y Nicaragua »).
En otras regiones, los gobiernos siguen utilizando la ley y la burocracia como armas para controlar o suprimir manifestaciones religiosas. En Asia, China ha intensificado sus campañas de sinización para subyugar bajo la conformidad ideológica a los uigures y a comunidades cristianas. Nuevas leyes de 2024 obligan a que todas las confesiones religiosas comulguen explícitamente con los valores socialistas; al mismo tiempo, las comunidades tibetanas y musulmanas sufren la modifición del nombre de sus pueblos, detenciones y la destrucción de sus lugares de culto. Provocan seria preocupación las leyes que prohíben la educación religiosa de menores y restringen su participación en actividades de culto (véase el caso práctico «China: restricciones legales a la formación religiosa de menores»). Corea del Norte mantiene una prohibición total de manifestaciones religiosas. En Vietnam y Laos, las minorías cristianas, especialmente entre los grupos indígenas, soportan —sin protecciones jurídicas— renuncias forzosas, la destrucción de iglesias y hasta el asesinato de pastores. En Irán y Turkmenistán, los grupos religiosos existen bajo una vigilancia estatal continua, y las comunidades no registradas se enfrentan al riesgo constante del arresto, hostigamiento o cierre forzoso.
Nuevas y diferentes formas de terrorismo
El extremismo religioso se mantiene como una de las causas más importantes de persecución a nivel mundial. En los últimos años, los movimientos yihadistas han aumentado su alcance y diversificado sus estrategias, adaptándolas cada vez más a contextos y exigencias locales. Aunque África y Oriente Medio siguen siendo los principales epicentros de la actividad yihadista, se han detectado acciones de importancia en Asia, sobre todo, en Afganistán, tras el regreso al poder de los talibanes. Los grupos yihadistas se adaptan más y más a los contextos locales y combinan la autonomía regional con una cierta coordinación central, como muestran las últimas operaciones del Estado Islámico (véase el tema principal «La evolución del yihadismo»). Estos grupos también explotan otras crisis para potenciar su movilización, el conflicto entre Hamas e Israel es el ejemplo más notable. Al principio de 2025, el Instituto para el Estudio de la Guerra advertía de la reaparición del Dáesh en Siria, donde un cambio en las prioridades antiterroristas y los vacíos de seguridad potencian su resurgimiento en el panorama post-Asad. En los países occidentales, la amenaza proviene de redes descentralizadas y de actores solitarios.
La libertad religiosa como víctima de guerra
En muchas regiones con conflictos armados —como el Sahel, Siria, Myanmar o Ucrania— las comunidades religiosas suelen sufren violencia selectiva. Grupos terroristas como Boko Haram, variaciones del Estado Islámico y al-Shabaab, siguen usando la religión como pretexto para una violencia que se ceba con los cristianos y con aquellos musulmanes que rechazan ideologías extremistas. En estas zonas, la libertad religiosa va de la mano con violaciones mayores de otros derechos humanos, migraciones y el colapso de las instituciones estatales.
Las zonas en conflicto revelan la fragilidad de la libertad religiosa. En el Sahel, los grupos yihadistas —vinculados al EI y Al Qaeda— han aumentado sus ataques contra todos los grupos religiosos. En Burkina Faso, Nigeria, Níger y Mali, los ataques violentos han desarraigado comunidades enteras, provocado desplazamientos masivos y eliminado el culto en comunidad (véase el tema principal «Huir de la persecución y discriminación por motivos religiosos» y el caso práctico «Rollo, Burkina Faso: la migración forzada de una comunidad cristiana»). Nigeria es testigo de un aumento notable de la violencia por motivos religiosos, sobre todo, al norte y en su región central. Grupos armados como Boko Haram, ISWAP y pastores fulanis radicalizados han dirigido sus ataques a iglesias, pueblos y líderes religiosos, generando desplazamientos masivos, la incautación de terrenos y asaltos a comunidades cristianos (véase en antecedentes «Los fulanis y el yihadismo en África: entre el legado y la manipulación»).En el Cuerno de África, la guerra en Sudán está desencadenado una de las mayores crisis migratorias de la historia; los lugares de culto se utilizan para el combate, se detienen a los pastores y testimonios hablan de conversiones forzosas. En Somalia, la apostasía se castiga con la muerte y en Etiopía los conflictos étnicos destruyen lugares de culto y obligan a los líderes religiosos a esconderse.
El conflicto Israel-Hamas ha destruido la infraestructura religiosa de Gaza y aumentado las fallas en la sociedad israelí. Los dos bandos han sido acusados de cometer crímenes de guerra, al tiempo que el turismo religioso —vital para las comunidades locales cristianas— ha desaparecido. Una retórica nacionalista incendiaria y el simbolismo religioso alimentan la tensión entre las comunidades judía y musulmana.
La guerra en Ucrania ha aumentado las violaciones contra la libertad religiosa en ambos lados del conflicto. Rusia ha reprimido a los grupos pro-Ucrania; Ucrania ha señalado las iglesias vinculadas con Moscú. Ambos bandos castigan la objeción de conciencia. En Azerbaiyán, la absorción de Nagorno-Karabakh en 2023 supuso la limpieza étnica 120 000 cristianos armenios, seguida por la destrucción del patrimonio cristiano.
Crimen organizado: la fe a punta de pistola
Allí donde falta un control estatal efectivo, los grupos criminales deciden sobre la vida religiosa. En las regiones inestables de América Latina, se saquean iglesias, se secuentran a líderes religiosos y los cárteles de la droga organizan o median en celebraciones religiosas. En el Estado fallido de Haití, los sacerdotes y religiosas son los blancos perfectos de secuestros que exigen rescates, mientras que las iglesias se han convertido en centros de supervivencia en entornos sin ley. En México, el número de sacerdotes asesinados no deja de aumentar (véase el caso práctico «Entre balas y bendiciones»). En Ecuador y Guatemala, cultos estrechamente vinculados a bandas criminales enredan todavía más la práctica religiosa con la violencia.
De forma similar, en algunas zonas de África subsahariana, como Burkina Faso, Nigeria y la República Democrática del Congo, los líderes y comunidades religiosos han sufrido una violencia letal y continúan sufriendo graves amenazas por parte del crimen organizado y las milicias no estatales.
¿Una nación, una fe? La religión como signo de identidad nacional
Actualmente, cada vez más países usan la religión para definir su identidad nacional, alimentando la exclusión y marginalización de los grupos minoritarios. La India ejemplifica el modelo de una «persecución híbrida» que combina represión legal por parte del Estado y violencia social. Las políticas nacionalistas hindúes del Partido Bharatiya Janata (BJP) han socavado de forma constante cualquier garantía constitucional. Solo en 2024, los cristianos sufrieron 834 ataques, se perseguió a varias ONG con la Ley Reguladora de Contribuciones Extranjeras y se multiplicaron los arrestos bajo las leyes anticonversión —aumentando aún más la restricción de la libertad religiosa— (véase el caso práctico «Las leyes anticonversión de la India»).
Un discurso anticonversión emergente en Nepal ha conllevado el acoso a sacerdotes y que evangelizar sea motivo de arresto. En Myanmar, la represión política, la identidad étnica y la confesión religiosa se solapan. Mientras el tándem birmano-budista estatal se erige defensor de la unidad nacional, las minoridades étnicas y religiosas, con frecuencia acusadas de separatismo, sufren una represión sistemática. Esta dinámica engendra un ciclo de desconfianza, marginalización y violencia que fractura la sociedad birmana. (Véase el antecedente «El triángulo de Myanmar: grupos políticos, étnicos y religiosos»).
Varios países de mayoría musulmana restringen gravemente la libertad religiosa por su interpretación y aplicación de la ley islámica. Allí donde la aplicación de la sharía conlleva la marginalización de minorías religiosas, los derechos fundamentales sufren recortes serios. En Irán, se ha arrestado a cristianos por asistir a reuniones religiosas en casas particulares. En Pakistán, las acusaciones de blasfemia —a menudo dirigidas a no-musulmanes— provocan violencia colectiva y procesamientos judiciales. En Afganistán, se sigue castigando la apostasía con la muerte (véase el antecedente «Ley, poder y práctica legal en el mundo musulmán. La sharía y sus caras»).
Dos veces vulnerables: ser mujer y pertenecer a una minoría religiosa
Las mujeres de minorías religiosas siguen sufriendo graves violaciones. Su género y fe multiplican su vulnerabilidad. En Pakistán, los casos de abducción, conversión forzada y matrimonio obligado de jóvenes hindúes y cristianas son alarmantemente frecuentes. En enero de 2023, los expertos de las Naciones Unidas apremiaron al gobierno paquistaní a tomar cartas en el asunto, subrayando el grave impacto de estas prácticas sobre la libertad religiosa y los derechos de los niños. Sin embargo, se siguen cometiendo estos abusos. En 2025, Ariha Gulzar (12 años) y Laiba Suhail (10) fueron secuestradas y convertidas. Más tarde, se se les obligó a casarse con documentos falsos y amenazas continuas a sus familias. Al final, los arrestos llegaron solo después una presión legal constante.
En Egipto, el número de niñas cristianas menores desaparecidas ha aumentado de forma considerable. Las familias denuncian secuestros, conversiones y matrimonios tradicionales. Se han documentado más de 30 casos similares en 2024, signo de una tendencia creciente muy preocupante.
Libertades enfrentadas: la religión en la edad del conformismo ideológico
En algunos países democráticos, una serie de decisiones judiciales y políticas ha hecho que, cada vez más, la libertad religiosa se enfrente con otros derechos o presuntos derechos fundamentales. Esta situación es evidente en escenarios occidentales y latinoamericanos, donde a menudo ideologías laicas entran en conflicto con normas religiosas tradicionales. Un informe de 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) ha sido muy criticado por sugerir que la libertad religiosa podía colisionar con otros derechos que protegen contra la discriminación.
Incluso en países con garantías constitucionales robustas —como, por ejemplo, los de la OSCE— se ha ejercido mucha presión sobre la objeción de conciencia, especialmente en relación con el servicio militar y el aborto (véase el caso práctico «El (menguante) derecho a la objeción de conciencia»). Cada vez más, los marcos jurídicos y las expectativas culturales dominantes priorizan otros derechos, reales o supuestos, sobre la libertad religiosa.
La hostilidad hacia la religión se ha intensificado en varias regiones: en Canadá, en forma de incendios provocados contra iglesias católicas; en España, Grecia y Croacia, con asaltos ideológicos a símbolos y procesiones religiosos; y, en Bélgica, con sanciones a líderes religiosos por negarse a ordenar mujeres. Como consecuencia del conflicto en Gaza, se han multiplicado los incidentes de odio contra judíos y musulmanes en Europa, y los ataques a cristianos han continuado.
La hostilidad contra los cristianos en los países occidentales de la OSCE suele recibir poca cobertura mediática por falta de documentación. Este vacío debilita las respuestas oficiales, favorece un tratamiento desigual y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades cristianas (véase el antecedente «La persecución educada: el pecado de la omisión»). Sin embargo, también hay excepciones notables. Tribunales del Reino Unido y Estados Unidos han sostenido los derechos religiosos en importantes casos sobre la libertad de expresión y la protección del empleo; estos casos demuestran que, cuando se respeta la independencia judicial, los sistemas democráticos ofrecen garantías efectivas a la libertad religiosa.
Detrás de la pantalla: la persecución digital y el futuro de la libertad religiosa
El mundo digital ha introducido potentes herramientas de represión. En muchos países, los contenidos religiosos son censurados en internet y hay personas que sufren arresto por sus publicaciones en sus redes sociales. Regímenes autoritarios que suelen tachar las minorías de extremistas utilizan tecnologías de vigilancia para monitorear cualquier manifestación religiosa. En Rusia y China, se localiza y se castiga la disidencia y se bloquean las plataformas religiosas. Grupos extremistas también utilizan herramientas digitales para incitar a la violencia y difundir su propaganda. Las redes sociales se usan como armas para silenciar a las minorías, difundir mensajes de odio y promover la polarización. En Pakistán, cada vez más acusaciones de blasfemia (a menudo, sin fundamento) se vinculan con publicaciones en internet. Redes organizadas monitorizan la actividad digital para reclamar una intervención gubernamental o incitar a la violencia colectiva. Un informe de 2023 del Ministerio de Asuntos Religiosos que utilizaba datos de la Agencia Federal de Investigación de Pakistán documentaba más de 400 000 quejas, demostrando cómo el control digital facilita la represión religiosa.
El uso potencial de la inteligencia artificial (IA) en la manipulación y la represión de los creyentes es enorme y profundamente preocupante. Noticias de Corea del Norte señalan que las autoridades han impuesto un sistema de vigilancia que hace una captura de pantalla de todos los teléfonos cada cinco minutos y que, después, las almacena para someterlas a monitorización estatal. Un control humano efectivo y con garantías éticas debe supervisar las enormes posibilidades de la IA, de forma que su uso defienda la dignidad humana y contribuya a la protección de la libertad de pensamiento, conciencia y religión en todas sus dimensiones (Véase el antecedente «Un cambio epocal: la libertad religiosa en la era de la inteligencia artificial»).
Semillas de esperanza: la defensa de la libertad religiosa
A pesar tantas amenazas, las comunidades religiosas juegan una papel clave en la promoción de la paz, del diálogo y de la dignidad humana. A menudo, las organizaciones de matriz religiosa lideran intervenciones humanitarias, defienden los derechos humanos y apoyan a poblaciones desplazadas. En zonas de conflicto —por todo Oriente Medio, África, Asia, y América Latina— los líderes religiosos ofrecen dirección moral y asistencia concreta. En Cabo Delgado, Mozambique, la Iglesia ha llegado a ser un pilar de apoyo y de diálogo interreligioso en medio de la violencia yihadista (véase el caso práctico «El papel activo de la Iglesia en Cabo Delgado»). En países como Burkina Faso, iniciativas locales promueven el diálogo interreligioso incluso frente a las amenazas extremistas (véase el caso práctico «Burkina Faso: el partido por la paz»).
La educación también juega un papel decisivo en esta lucha, al fortalecer la cohesión social, afirmar la dignidad humana y empoderar cultural y socio-económicamente a las minorías (véase el antecedente «Educar en libertad: cómo enseñar tolerancia empodera a las minorías»).
Por último, papa Francisco era una de las voces globales que defendía con más autoridad el diálogo y la libertad religiosa (véase el antecedente «El papa Francisco y la libertad religiosa: el derecho a la paz»).
Sin embargo, para que estas señales de esperanza germinen en un cambio duradero, hace falta un compromiso colectivo y permanente. La defensa y la promoción de la libertad religiosa no deben recaer únicamente sobre los hombros de los líderes religiosos o de actores de la sociedad civil; tiene que involucrar a gobiernos, instituciones, educadores e individuos. La libertad religiosa es una responsabilidad compartida. Todos debemos alzar la voz para exigir en todo el mundo la protección urgente de la libertad de religión y conciencia que garantiza el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Es esencial salvaguardar la libertad religiosa de todos. La libertad religiosa es un derecho humano, no un privilegio.
