Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Andorra es una diarquía democrática parlamentaria (artículo 43,2)[1]. Los copríncipes son el presidente de la República francesa y el obispo de Urgell, diócesis de España.
La Constitución del Principado garantiza la libertad religiosa y dispone que «la libertad de manifestar la propia religión o las creencias solo estará sujeta a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias en interés de la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o para la protección de los derechos y libertades fundamentales de los demás» (artículo 11,2).
La Constitución reconoce una relación especial entre el Estado andorrano y la Iglesia católica «de conformidad con la tradición andorrana» y «reconoce la plena capacidad jurídica de los órganos de la Iglesia católica romana, que tienen estatuto jurídico de conformidad con sus propias normas» (artículo 11,3). El Concordato de 2008 regula las relaciones con la Santa Sede[2].
La Constitución también establece que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe «la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, origen, religión, opinión, o cualquier otra condición personal o social» (artículo 6,1).
En febrero de 2019, el Consejo General de Andorra (parlamento) aprobó la Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación[3], que prohíbe la discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad o ausencia de ella, origen racial o étnico, sexo o género, religión, creencias religiosas o filosóficas, opinión política o sindical, idioma, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (artículo 4,2). Dicha ley también creó la Oficina del Defensor del Pueblo (artículo 28) y el Observatorio de la Igualdad (artículo 29), y estableció las sanciones para las infracciones (artículo 40).
No se otorga personalidad jurídica como grupo religioso a ningún credo salvo al catolicismo romano, pero las comunidades religiosas se pueden registrar como organizaciones culturales conforme a la ley de asociaciones[4]. Este registro es necesario para construir lugares de culto o recibir ayuda económica del Estado[5].
Dada su condición jurídica, la Iglesia católica disfruta de una serie de privilegios que no se conceden a otros grupos religiosos. Por ejemplo, el Gobierno paga los salarios de los sacerdotes católicos extranjeros que prestan su servicio en las parroquias locales. En cambio, los extranjeros que desempeñan funciones religiosas para grupos no católicos no pueden obtener permisos como trabajadores religiosos, pero normalmente se les permite residir y desempeñar labores religiosas con un estatuto de inmigración diferente[6].
En Andorra no hay mezquitas, si bien la comunidad musulmana cuenta con dos salas de oración. La comunidad judía tiene una pequeña sinagoga y un centro comunitario[7].
En un informe de 2024, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa volvió a recomendar a Andorra que resuelva la carencia de cementerios judíos y musulmanes, conceda un estatuto especial a las religiones minoritarias, revise la legislación sobre el establecimiento de asociaciones religiosas y garantice que los musulmanes dispongan de salas de oración adecuadas[8]. A tenor de esas recomendaciones, se ha anunciado que se abrirá un cementerio multiconfesional en 2025 o 2026[9].
A principios de abril de 2022, se aprobó por unanimidad la Ley 10/2022, enmienda legislativa a la ley de educación de Andorra. Esta prohíbe tanto a los empleados de los colegios como a los alumnos exhibir «símbolos y signos de índole religiosa» en los centros. La ley también incluye una disposición que permite a los alumnos la opción de estudiar una asignatura laica alternativa a la de religión católica[10].
Incidentes y acontecimientos
Durante el período estudiado no se han denunciado violaciones de la libertad religiosa en Andorra.
Hasta ahora, a las comunidades judía y musulmana se les ha permitido utilizar los cementerios existentes, sin disponer de uno distinto para uso propio. Como consecuencia, la mayoría han optado por enterrar a sus muertos fuera del país[11]. En junio de 2023, el Gobierno anunció que había encontrado un emplazamiento para un cementerio multiconfesional y la planificación ya estaba en marcha a finales de ese mismo año[12].
Algunos miembros de la comunidad musulmana han planteado su preocupación por el hecho de que haya que quitarse el tocado religioso para las fotografías de los documentos oficiales[13].
Andorra facilita regularmente datos a la base de datos anual sobre delitos de odio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Los últimos datos presentados corresponden a 2023 e informan de siete delitos de odio, ninguno de ellos relacionado con la religión o las creencias[14].
En abril de 2022, la prohibición de símbolos religiosos en los colegios derivada del cambio de la ley de educación afectó directamente a una niña de 11 años a la que no se permitió llevar hiyab en el colegio. El Tribunal Constitucional había dictado con anterioridad que la prohibición de tales símbolos en los colegios era inconstitucional, asumiendo que la niña llevaba el hiyab por voluntad propia[15]. El Estado ha tenido en consideración a la niña permitiéndole cursar estudios a distancia, mientras que sus hermanos tienen que asistir presencialmente al colegio[16]. En noviembre-diciembre de 2023, la familia tuvo problemas con la custodia de sus dos hijos gemelos tras las acusaciones de malos tratos contra el padre. La madre denunció en los medios de comunicación locales que, cuando sus hijos gemelos estuvieron al cuidado de los servicios sociales, se les obligó a comer carne de cerdo. Además, alegó que, tanto ellos como su hermana, habían sufrido discriminación debida a su fe islámica[17].
Futuro de la libertad religiosa
Andorra, al ser un microestado situado entre España y Francia, es un país particular. El número de habitantes que profesan religiones minoritarias, entre ellas el judaísmo y el islam, es muy pequeño. Salvo el posible caso citado anteriormente, en la nación no se han producido violaciones significativas de la libertad religiosa desde el último informe. Además, el Gobierno ha tomado medidas efectivas para permitir a las comunidades musulmana y judía enterrar a sus muertos en su propio cementerio. Las perspectivas para la libertad religiosa en Andorra siguen siendo muy positivas.
Fuentes