Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
En el Preámbulo de la Constitución del país[1], Antigua y Barbuda se define como nación soberana que reconoce «la supremacía de Dios, la dignidad y el valor de la persona humana» y «los derechos y libertades fundamentales del individuo».
Toda persona tiene derecho a la protección de sus derechos humanos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, lugar de origen, opinión o afiliación política, color, credo o sexo (artículo 3). Estos derechos incluyen la libertad de conciencia, de expresión y de reunión y asociación pacíficas, siempre que se respeten los derechos y libertades de los demás y el interés general[2].
La objeción de conciencia al servicio militar es reconocida en el artículo 6[3].
Según el artículo 11.1, no se le impedirá a nadie disfrutar de su libertad de conciencia, en la que están incluidas la libertad de pensamiento y de religión, la de cambiar de religión, así como la libertad de manifestar y difundir dicha creencia mediante el culto, la enseñanza, la práctica y la observancia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
Salvo con el consentimiento propio (o el de los padres o tutores en el caso de los menores de 18 años), no se obligará a ninguna persona que asista a un centro educativo a recibir formación religiosa, ni a participar en servicios o asistir a ceremonias que no sean de la religión que profesa (artículo 11.2).
Además, no se obligará a nadie a prestar juramento contrario a sus creencias o de forma contraria a su religión o creencia (artículo 11.3).
Ninguna ley podrá ser discriminatoria «en sí misma o en sus efectos», entendiendo por discriminación el trato diferente a los individuos a causa de su raza, lugar de origen, opinión o afiliación política, color, credo o sexo (artículo 14).
La condición de clérigo constituye un impedimento para ser elegido senador (artículo 30) o parlamentario (artículo 39).
Son festividades nacionales Viernes Santo, Pascua, Lunes de Pentecostés y Navidad[4].
Según la Ley de Educación de 2008[5], los alumnos pueden manifestar cualquier creencia u opinión religiosa, política, moral o de otra naturaleza, siempre y cuando no afecten a los derechos de otro alumno o de otra persona del centro (artículo 19).
El artículo 29 establece que no se puede denegar la admisión en la escuela pública por motivos de raza, lugar de origen, credo o sexo[6].
La formación religiosa forma parte del plan de estudios de la escuela pública y semipública y se da siguiendo un programa adoptado por la escuela que no puede incluir el catecismo distintivo de ninguna religión (artículo 147). Los padres pueden expresar su objeción si así lo desean (Constitución, artículo 11.2).
En enero de 2019 se promulgó una ley[7] que permite a los miembros de grupos religioso —incluidos, entre otros, los rastafaris— cultivar, poseer y portar determinadas cantidades de cannabis con fines religiosos. También se permite el uso de cannabis en actos religiosos, pero se requiere un registro previo ante las autoridades.
Las organizaciones religiosas tienen que registrarse mediante un formulario fiscal en línea, en el que describen sus actividades. Este es revisado por la Agencia Tributaria, que decide su registro. Una vez registrados, los grupos pueden beneficiarse de exenciones fiscales y adquirir propiedades[8].
Incidentes y acontecimientos
En junio de 2023, el Centro de Ministerios Cristianos decidió no aceptar como padrinos a fumadores de cannabis, por considerarlo incompatible con su función de ayudar en el crecimiento en la fe de sus ahijados[9].
En junio de 2024, la Alianza Evangélica de Antigua y Barbuda manifestó su preocupación por el consumo de cannabis en lugares públicos y espacios sagrados, especialmente en iglesias y cementerios durante los funerales. El grupo instó al Gobierno a emprender una campaña educativa para informar al público de que el consumo de cannabis en lugares públicos sigue siendo ilegal. Aunque defendió el uso religioso del cannabis por parte de los rastafaris, el primer ministro Gaston Browne subrayó la necesidad de cumplir la ley y respetar los lugares sagrados de otras religiones[10].
En junio de 2024 se completó la modernización de la Iglesia adventista del Séptimo Día Tindall Temple gracias a la colaboración entre el Gobierno y la Iglesia. Se trata del primer lugar de culto adaptado para servir de refugio de emergencia ante condiciones meteorológicas adversas. El Departamento de Medio Ambiente seleccionó cuatro iglesias para que formaran parte de este programa[11].
En agosto de 2024 se celebró la Semana Nacional de la Juventud, centrada en la forma en la que los jóvenes pueden contribuir al desarrollo sostenible a través de la fuerza espiritual. Comenzó con un servicio religioso al que asistieron líderes del Gobierno[12]. Ese mismo mes, el Gobierno, preocupado por la escalada de violencia entre los jóvenes, invitó a la Comisión Eclesiástica a ofrecer orientación y proporcionar estrategias; finalmente se tomó la decisión de «que en todas las escuelas públicas se recen unas oraciones al comienzo de cada jornada escolar»[13].
En septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Antigua y Barbuda inició una ronda de consultas sobre una solicitud dirigida a anular la Ley de Delitos contra la Persona de 1861 que restringe el aborto. La cuestión divide al país, enfrentando a quienes consideran la ley obsoleta con los grupos religiosos que creen que protege la vida[14]. La Alianza Evangélica de Antigua y Barbuda solicitó ser considerada parte interesada[15].
En septiembre de 2024, ante el aumento de la delincuencia y la preocupación por la seguridad pública, el Gobierno anunció un Día Nacional de Oración. Según un medio de comunicación, el Gobierno «busca la intervención divina para lograr la paz y la seguridad»[16].
Futuro de la libertad religiosa
Durante el período estudiado en este informe no se han registrado incidentes de intolerancia religiosa y el Gobierno ha agradecido la contribución de los grupos religiosos al bien del país. Las relaciones entre las distintas religiones son pacíficas. Las perspectivas para la libertad religiosa son positivas.
Fuentes
Antigua y Barbuda