ARABIA SAUDÍ
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Desde que subió al trono en 2015, el rey Salmán bin Abdulaziz al-Saud es al mismo tiempo el jefe del Estado y del Gobierno. El 27 de septiembre de 2022, nombró primer ministro a su hijo, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán[1]. Conforme a la Ley Básica de Gobernanza de 1992, el rey, soberano absoluto, debe seguir la sharía (ley islámica)[2]. La Constitución del Reino es «el Sagrado Corán y la Sunna (las tradiciones) del Profeta»[3].
Durante el reinado del fallecido rey Abdalá (2005-2015), el país se fue modernizando gradualmente[4]. Con el 17 % de las reservas de petróleo del mundo en 2024[5], el reino es uno de los países más ricos de la zona y una de las principales potencias políticas y religiosas del mundo árabe e islámico.
En 2016, el Gobierno saudí adoptó una serie de ambiciosas reformas económicas (Visión 2030 y el Programa de Transformación Nacional) para reducir la dependencia de los ingresos que aporta el petróleo[6].
Actualmente, la población saudí ronda los 33,6 millones de habitantes. En 2022, aproximadamente el 41,6 % de los residentes en el país eran extranjeros[7]. Los musulmanes suníes representan entre el 85 y el 90 % de la población, mientras que los musulmanes chiíes constituyen entre el 10 y el 12 % (con un porcentaje estimado del 25 al 30 % en la provincia oriental, rica en petróleo)[8].
Un censo no oficial publicado por el Vicariato Apostólico de Arabia del Norte calcula que hay más de un millón y medio de católicos, en su mayoría trabajadores extranjeros procedentes de la India y Filipinas. El Reino de Arabia Saudí no tiene relaciones diplomáticas oficiales con la Santa Sede[9].
Arabia Saudí es la cuna del islam y el lugar en el que están sus dos ciudades más sagradas, La Meca y Medina; el rey es el Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas del islam. Aunque la aplicación de la ley se basa en la escuela hanbalí de jurisprudencia islámica, también influyen enormemente las interpretaciones de Muhamad ibn Abd al-Wahab, en cuyas enseñanzas se basa el wahabismo. Esta estricta interpretación del islam suní, el wahabismo, incorpora restricciones a las mujeres y duras sanciones para una serie de delitos, entre ellas, la pena capital[10].
Todos los ciudadanos saudíes tienen que ser musulmanes. Los no musulmanes deben convertirse al islam para poder obtener la nacionalidad. Se considera que los hijos de padres musulmanes son musulmanes. Está prohibido difundir públicamente enseñanzas islámicas no oficiales[11].
La libertad religiosa ni se reconoce ni se protege. La conversión desde el islam a otra religión se considera apostasía, legalmente castigada con la muerte, igual que la blasfemia contra el islam. Últimamente, los tribunales saudíes tienden a ser indulgentes e imponen largas penas de prisión para los delitos de blasfemia en vez de la pena de muerte[12].
A raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de 2020, el Gobierno sustituyó la flagelación como castigo penal ta’zir (discrecional) por penas de prisión o multas[13]. En consecuencia, ya no se puede azotar a las personas condenadas por blasfemia, inmodestia pública u otros delitos. Sin embargo, según representantes judiciales, la flagelación puede seguir formando parte de las condenas por algunos delitos hudud, entre los que se cuentan beber, mantener relaciones sexuales sin estar casado y hacer acusaciones falsas de adulterio[14].
Están prohibidos los lugares de culto y la expresión pública de credos no musulmanes. El incumplimiento de esta norma es causa de discriminación, hostigamiento y detención, y a los extranjeros les puede suponer la deportación. A pesar de las declaraciones del Gobierno de que los no musulmanes que no se conviertan al islam pueden practicar su religión en privado, la falta de normas claras ha dejado a los no musulmanes a merced de la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, conocida también como la mutawa o policía religiosa[15].
En la escuela pública es obligatoria la educación religiosa basada en la interpretación oficial del islam. Los colegios privados no pueden utilizar programas de estudios diferentes a los de la escuela pública y se les obliga a ofrecer un programa de estudios islámicos a todos los alumnos musulmanes, tanto saudíes como de cualquier otro lugar. Los alumnos no musulmanes de los colegios privados reciben clases obligatorias de civilización islámica. En colegios privados internacionales se pueden enseñar otras religiones o civilizaciones[16].
Conforme a la sharía, todos los delincuentes reciben el mismo trato. No hay escrito un código penal completo y los fallos y sentencias difieren enormemente de un caso a otro. En virtud de la Ley de Pruebas de 2021[17], el sexo y la religión ya no se consideran criterios para determinar el valor de las pruebas legales ante un tribunal. Anteriormente, los jueces favorecían el testimonio de los musulmanes y, en ocasiones, los tribunales consideraban que el testimonio de una mujer valía la mitad del de un hombre[18].
La ley de lucha contra el terrorismo de 2017 sanciona a «todo aquel que cuestione, directa o indirectamente, la religión o la justicia del rey o del príncipe heredero». También constituye delito fomentar de cualquier forma ideologías ateas, «intentar derribar los fundamentos del islam», las publicaciones que «contradigan las disposiciones de la ley islámica», el culto público no islámico, exhibir en público símbolos religiosos no islámicos, convertir a un musulmán a otra religión y el proselitismo realizado por un no musulmán[19].
A pesar de la política gubernamental contraria a los enterramientos de no musulmanes en el país, existe al menos un cementerio público no islámico en Yeda[20].
Las normas sobre derechos humanos se observan «a la luz de las disposiciones de la sharía»[21]. Arabia Saudí no forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[22]. Esto quiere decir que los derechos humanos tal y como están definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU no se reconocen ni protegen.
La mutawa sigue vigilando el comportamiento y la moralidad públicos[23], pero debe informar a la policía ordinaria para hacer cumplir la estricta interpretación wahabí de las normas islámicas. Sus agentes tienen que ir debidamente identificados y sus competencias han quedado enormemente limitadas por decreto real[24]. El resultado es que se han denunciado menos casos de hostigamiento y se han llevado a cabo menos redadas[25].
En 2022, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán anunció una iniciativa para documentar rigurosamente los hadices más auténticos del Profeta con el fin de evitar su explotación por parte de extremistas. El proyecto establece una clasificación en tres niveles: los hadices mutawatir (aproximadamente 100) tienen que observarse estrictamente, los hadices ahad requieren una evaluación crítica, mientras que los hadices jabar, más débiles, por lo general deben ignorarse, a menos que se considere que sirven al interés público[26].
En marzo de 2024, Amnistía Internacional informó de que el proyecto de código penal de Arabia Saudí, filtrado en julio de 2022, se había elaborado sin consulta pública ni transparencia. Según esta ONG internacional, el proyecto se aleja significativamente de las normas internacionales de derechos humanos y refuerza las restricciones a las libertades de expresión, religión y reunión. Son especialmente alarmantes las disposiciones que codifican la pena de muerte, incluso para menores, y siguen permitiendo algunas formas de castigo corporal, como la flagelación. Amnistía Internacional advierte de que, si se aprueba, el código institucionalizará las violaciones de los derechos humanos; por este motivo, instó a las autoridades saudíes a modificarlo conforme a las normas internacionales[27].
Incidentes y acontecimientos
En enero de 2023, la Iglesia copta ortodoxa de Egipto celebró su primera misa en Arabia Saudí. El metropolitano de Shubra el-Jeima, el obispo Marcos, realizó una visita de un mes a los coptos egipcios residentes en Arabia Saudí, que concluyó con la Divina Liturgia de Nochebuena. El obispo visitó varias ciudades, entre ellas Riad y Yeda, así como la región oriental, donde muchos coptos y eritreos también pudieron asistir a las misas, gracias al apoyo de las autoridades saudíes[28].
También en enero de 2023, las fuerzas saudíes irrumpieron en viviendas de la provincia oriental, rica en petróleo y de mayoría chií, y detuvieron a diez jóvenes. Según la agencia de noticias Shia Waves, las autoridades saudíes han intensificado las «detenciones por motivos políticos», procesando y condenando a «escritores disidentes y defensores de los derechos humanos pacíficos»[29].
En febrero de 2023, fueron condenados a muerte cuatro ciudadanos saudíes chiíes porque supuestamente se habían manifestado en Al-Awamiya contra «la discriminación del Gobierno hacia la comunidad»[30]. El Tribunal Penal Especializado los acusó de apoyo al terrorismo. Según la Organización Saudí para los Derechos Humanos, aunque la Fiscalía «no había solicitado la pena de muerte» y solo había pedido «una pena máxima de 20 años de prisión», el Tribunal Penal Especializado los condenó a muerte[31]. Esta Organización advirtió de que se trataba de un precedente peligroso.
En febrero de 2023, se detuvo a Seyed Nazir Abas Taqvi, secretario general del Consejo de Ulemas Chiíes de Pakistán, por llevar una bandera con el nombre de Ali, el primer imán chií (Ali ibn Abi Talib), durante la peregrinación que realizó a La Meca[32].
En febrero de 2023, el secretario general de la Liga Musulmana Mundial, Mohamed bin Abdulkarim al-Isa, se reunió en Riad con el cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, quien llegó a Arabia Saudí con su delegación por invitación de la Liga[33]. En diciembre de 2024, Mohamed bin Abdulkarim al-Isa se reunió con el papa Francisco en Roma[34].
En marzo de 2023, un clérigo saudí huyó del reino por temor a ser detenido tras haber «criticado las reformas radicales del Gobierno saudí en el ámbito del entretenimiento». En la plataforma X, Emad al-Mubayed, antiguo imán de la mezquita del rey Abdulaziz en Dammam, «pidió a las autoridades que temieran a Dios» al aplicar los cambios sociales que «están borrando la fe islámica y sustituyendo la identidad del islam por otras identidades»[35].
En marzo de 2023, un tribunal condenó a Mariam al-Qisum a 25 años de prisión y le impuso la prohibición de viajar durante 25 años por su labor en defensa de los derechos humanos y civiles de la minoría chií de Arabia Saudí[36].
En abril de 2023, un tribunal dictó una sentencia de 20 años de prisión contra un predicador chií, el jeque Fathi al-Yanubi, detenido en octubre de 2021. Shia Waves informó de que las autoridades «perseguían a eruditos religiosos chiíes, los detenían y les imponían largas penas de prisión o la pena de muerte»[37].
En mayo de 2023, en Medina fueron detenidos tres peregrinos chiíes estadounidenses por llevar camisetas con el nombre del segundo imán chií, Hasán al-Muytaba, cuando visitaron el cementerio de al-Baqi, destruido por los wahabíes hace un siglo. Doce días después los pusieron en libertad[38].
En mayo de 2023, el Instituto para el Seguimiento de la Paz y la Tolerancia Cultural en la Educación Escolar (IMPACT-SE), con sede en Israel, presentó los resultados de un estudio que mostraba que se habían eliminado casi todos los comentarios negativos sobre judíos y cristianos encontrados anteriormente en los libros de texto de religión islámica. Según el informe del Instituto, los nuevos contenidos criticaban las ideologías religiosas radicales y los grupos extremistas. Entre estos últimos se incluyen Hezbolá, el Estado Islámico, Al Qaeda y las milicias hutíes, además del ateísmo. La Hermandad Musulmana es calificada de «organización terrorista incendiaria»[39].
Desde junio de 2023, las peregrinas chiíes ya no pueden ver el lugar de enterramiento de algunos de los primeros imanes chiíes más venerados porque las autoridades han construido un muro a su alrededor. Anteriormente podían verlo a través de una valla[40]. Sin embargo, en julio de 2023, a diferencia de años anteriores, las autoridades permitieron que los musulmanes chiíes varones conmemorasen el aniversario del martirio del imán Husein en el cementerio de al-Baqi[41].
En julio de 2023, el Tribunal Penal Especializado condenó a muerte a Mohamed al-Gamdi, musulmán suní, por «describir al rey o al príncipe heredero de una manera que socava la religión o la justicia» y por otros delitos tipificados en la Ley Antiterrorista. Encarcelado por primera vez en 2022 por defender públicamente la liberación de presos por motivos religiosos, en septiembre de 2024 el mismo Tribunal revocó oficialmente la pena de muerte dictada contra él y le condenó a 30 años de prisión[42].
En julio de 2023, MENA Rights Group, ONG defensora de los derechos humanos con sede en Ginebra, afirmó en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el Examen Periódico Universal de Arabia Saudí de 2023 que «en Arabia Saudí, los miembros de la comunidad chií corren mayor riesgo de que se les condene a muerte que otras personas. Con frecuencia se les condena mediante juicios masivos y les imponen sentencias de muerte por delitos vagos que en numerosas ocasiones violan su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica»[43].
En agosto de 2023, el gabinete aprobó la creación de un organismo independiente, la Presidencia de Asuntos Religiosos de la Gran Mezquita y de la Mezquita del Profeta, para supervisar los dos lugares sagrados de La Meca y Medina, a sus imanes y muecines, y para gestionar todos los aspectos de su funcionamiento, incluida la organización de seminarios y la difusión de las enseñanzas islámicas[44].
En septiembre de 2023, la Autoridad General de Regulación de los Medios de Comunicación citó a una joven saudí por compartir publicaciones presuntamente insultantes hacia el profeta Mahoma y su esposa Jadiya. La activista de redes sociales fue remitida a la Fiscalía para que le impusieran medidas legales, entre ellas una posible pena de cinco años de cárcel y una multa de tres millones de riales saudíes (800 000 dólares estadounidenses)[45].
En octubre de 2023, se permitió a una delegación israelí visitar Riad para celebrar la festividad judía de Sucot en un hotel de la ciudad[46].
En noviembre de 2023, el gabinete aprobó el uso del calendario gregoriano para todos los asuntos oficiales, excepto los relacionados con la sharía, que seguirán rigiéndose por el calendario de la Hégira[47].
En enero de 2024, detuvieron a varios aficionados al fútbol por alzar cánticos que conmemoraban el nacimiento de Ali ibn Abi Talib, el primer imán chií. La pena máxima es de cinco años de prisión[48].
El 20 de febrero de 2024, el patriarca de Bagdad de los Caldeos, el cardenal Louis Raphaël I Sako, participó en un foro en Riad sobre el papel de los medios de comunicación en el diálogo interreligioso. El patriarca calificó la experiencia de «sorprendente», ya que descubrió que el país es un lugar de apertura y encuentro con el que, según afirmó, «la Santa Sede debe entablar un diálogo serio»[49].
En marzo de 2024, el rabino Abraham Cooper, presidente de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), realizó una visita a Diriyah, lugar declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, donde le pidieron que se quitara la kipá (gorro usado tradicionalmente por los varones judíos), así como en todo momento en que se mostrase en público mientras estuviese en Arabia Saudí. Como se negó a cumplir con la solicitud, los funcionarios saudíes exigieron a la delegación de la USCIRF y a los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos que abandonaran el lugar[50]. La delegación de la USCIRF finalizó su visita oficial antes de lo previsto. El vicepresidente de la USCIRF, Davie, declaró: «La petición de los funcionarios saudíes al presidente Cooper de que se quitara la kipá fue sorprendente y dolorosa. Contradice directamente no solo el discurso oficial del Gobierno sobre el cambio, sino también los verdaderos signos de mayor libertad religiosa en el Reino que hemos observado de primera mano»[51].
En mayo de 2024, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD) criticó a Arabia Saudí por la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos infligidos al erudito religioso Safar bin Abdulrahman al-Hawali, y por mantenerlo en régimen de aislamiento sin juicio y sin las adaptaciones necesarias para su discapacidad. Según su sobrino, fue detenido en 2018 por criticar al príncipe heredero[52].
En septiembre de 2024, la Biblioteca Apostólica Vaticana anunció su participación en la próxima Bienal de Arte Islámico que se celebrará en Yeda en 2025, donde expondrá varias piezas de sus colecciones[53].
En noviembre de 2024, pusieron en libertad al erudito islámico sirio Saleh al-Shami, de 89 años, detenido en enero de 2023 sin cargos formales[54].
En enero de 2025, se arrestó a Mohammed Bu Jbara, recitador religioso chií de Al-Ahsa, por recitar un poema religioso[55].
En enero de 2025, la Organización Saudí Europea para los Derechos Humanos informó de que, en 2024, el número de ejecuciones batió los récords anteriores y los cargos aumentaron de una manera sin precedentes[56]. Las cifras se duplicaron en comparación con 2023. Según las estadísticas oficiales, desde 2015 hasta finales de 2024, Arabia Saudí ejecutó a 1585 personas, de las cuales 345 (el 22 %) murieron solo en 2024, lo que supone una ejecución cada 25 horas. Las cifras de 2024 reflejan un aumento del 100 % en comparación con 2023, año en el que se registraron 172 ejecuciones[57].
En febrero de 2025, cinco jóvenes y un empresario chiíes fueron condenados a muerte a causa de su confesión religiosa[58]. Los cinco eran menores de edad cuando participaron en manifestaciones pacíficas en Al-Qatif, en la provincia oriental de Arabia Saudí, en 2011 y 2012. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas calificó la sentencia como arbitraria[59]. Un responsable de derechos humanos del MENA Rights Group declaraba: «En conjunto, estos casos son los primeros en los que la ONU ha declarado que existe una discriminación sistémica contra los chiíes en relación con la pena de muerte»[60].
Futuro de la libertad religiosa
A pesar de avances loables, como los resultados del estudio IMPACT-SE, que revelan que se han eliminado casi todos los comentarios negativos sobre judíos y cristianos en los libros de texto de religión islámica, y los claros esfuerzos del Gobierno saudí por proyectar una imagen más abierta —como la invitación a líderes cristianos y judíos a participar en el diálogo interreligioso—, el Reino de Arabia Saudí sigue careciendo de libertad religiosa y de culto.
Esto se refleja, entre otras cuestiones, en el informe realizado por el MENA Rights Group para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que se afirma que «en Arabia Saudí los miembros de la comunidad chií corren mayor riesgo de que se les condene a muerte que otras personas», y en el informe de Amnistía Internacional de marzo de 2024, que revelaba que el proyecto de código penal saudí sigue contemplando la pena de muerte por blasfemia y apostasía del islam[61]. Las perspectivas para la libertad religiosa en Arabia Saudí siguen sin cambios.
Fuentes
Arabia Saudita