Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución argentina[1] invoca «la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia» (preámbulo) y proclama que «el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano» (artículo 2), si bien establece que todos los habitantes de la nación gozan del derecho a «profesar libremente su culto» (artículo 14).
Al tomar posesión de su cargo, «el presidente y el vicepresidente prestarán juramento, respetando sus convicciones religiosas» (artículo 93).
Según el artículo 73, «los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso».
En 2021[2], 2022[3] y nuevamente en el período que se estudia en este informe, se presentaron proyectos de ley sobre libertad religiosa. También ha habido intentos de derogar o ampliar el alcance de la Ley n.º 21.745, relativa al registro de los grupos religiosos. En los últimos 30 años se han presentado varias propuestas legislativas similares.
La ley prohíbe toda forma de discriminación contra los trabajadores, incluida la discriminación por motivos religiosos (artículo 17); asimismo, está prohibido que los empleadores pregunten a los empleados sobre sus creencias religiosas (artículo 73)[4].
La ley de educación obliga a respetar la libertad de conciencia de los alumnos (artículo 126.b) y garantiza a los padres el derecho a tener en cuenta sus creencias religiosas al elegir colegio y universidad para sus hijos (artículo 128.c)[5].
El Código Penal argentino castiga el asesinato por motivos religiosos con cadena perpetua (artículo 80.4). Según el artículo 119.b, en los casos de abuso sexual, ser miembro del clero es una circunstancia agravante[6].
Argentina reconoce a la Iglesia católica y sus actividades en virtud de un acuerdo firmado con la Santa Sede en 1966[7]. Dicho acuerdo fue ratificado por el Congreso Nacional Argentino que, conforme al artículo 75.22 de la Constitución, tiene la facultad de «aprobar o rechazar los tratados celebrados con otras naciones y con organizaciones internacionales, y los concordatos con la Santa Sede». Argentina y la Santa Sede también han firmado un acuerdo sobre el ordinariato militar y la capellanía en las Fuerzas Armadas[8].
El Estado solía pagar los salarios y prestaciones de algunos miembros del clero católico[9], pero en 2018 la Conferencia Episcopal Argentina decidió ir prescindiendo gradualmente de la financiación pública. Esta medida formaba parte de un acuerdo con el Gobierno en respuesta a las peticiones de separación total entre la Iglesia católica y el Estado[10]. Todas las contribuciones finalizaron el 31 de diciembre de 2023[11].
El Código Civil y Comercial argentino especifica que la Iglesia católica es persona jurídica (artículo 146.c)[12]. Como tal, se rige por sus propias estructuras jurídicas (artículo 147)[13]. Las demás Iglesias, confesiones o entidades religiosas son personas jurídicas privadas, regidas por el Código Civil y Comercial y por sus propios estatutos (artículo 148.e)[14].
Todas las organizaciones religiosas tienen que inscribirse en el Registro Nacional de Religiones, excepto la Iglesia católica, que ya está reconocida en virtud del concordato[15].
Algunas festividades católicas son días festivos oficiales. Las personas que profesan otras religiones, como el judaísmo o el islam, tienen sus propios días festivos reconocidos como días no laborables[16].
Cualquier ministro de una religión reconocida que se vea implicado en un procedimiento judicial tiene derecho a no revelar información confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones religiosas (artículo 244)[17].
La Ley 27.678 de julio de 2022 desarrolla la forma de cubrir las necesidades espirituales de los pacientes que reciben cuidados paliativos[18].
En la provincia de Neuquén, se presentó un proyecto de ley para garantizar a los miembros de la policía el derecho a profesar libremente su religión y recibir atención espiritual[19].
La provincia de Buenos Aires presentó un «Proyecto de ley sobre educación pública sin injerencia religiosa»[20] para garantizar una educación «laica» en todas las escuelas públicas y privadas; este incluía la prohibición de las prácticas y ritos religiosos en los centros escolares, así como el uso de símbolos religiosos.
Incidentes y acontecimientos
En marzo de 2023, la Universidad de Cuyo, en Mendoza, organizó una exposición fotográfica que algunos líderes cristianos calificaron como blasfema y que causó «dolor, malestar, perplejidad y rechazo», por considerarse una «expresión ofensiva a los sentimientos religiosos»[21].
En mayo de 2023, el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires acogió una exposición en la que se exhibía una provocativa escultura del artista argentino León Ferrari denominada La civilización occidental y cristiana, que ya había sido objeto de críticas por parte del arzobispo Jorge Bergoglio[22]. La obra representa a Cristo crucificado en un avión de combate estadounidense. Creada en 1965 en respuesta a la guerra de Vietnam, la pieza suscitó una intensa controversia cuando, expuesta en 2004 en Buenos Aires, Bergoglio la calificó como «una blasfemia que avergüenza a nuestra ciudad»[23].
En este período los tribunales provinciales también se han pronunciado sobre cuestiones relacionadas con la libertad religiosa. En Mendoza, un complejo turístico fue condenado a indemnizar a una joven musulmana a la que no habían permitido bañarse con un burkini[24]. En Córdoba, se concedió a una mujer el derecho a rezar en una mezquita en la misma sala que los hombres, como hacía anteriormente bajo la autoridad de otro jeque[25].
El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) lleva tiempo manifestando su preocupación por la proliferación de ordenanzas municipales que establecen registros religiosos y restricciones a los lugares de culto[26]. Esta cuestión ha cobrado relevancia durante el período que se estudia en este informe. En 2023, el gobierno provincial de La Pampa creó un Registro Provincial de Entidades Religiosas y Ministros de Culto[27], y registró seis Iglesias nuevas en una ceremonia en la que se destacó sus contribución social y espiritual[28]. En la provincia de Mendoza, el gobierno aprobó una ordenanza que regula los «templos de fe» e instaura la Dirección Municipal de Cultos, con facultades para llevar un registro de los lugares de culto[29]; en Puerto Madryn, provincia de Chubut, está pendiente de aprobación una propuesta similar[30].
En marzo de 2023, durante la reunión anual de la Comisión Episcopal para la Pastoral Indígena, las comunidades indígenas y los representantes de la Iglesia denunciaron injusticias tanto históricas como actuales. Entre ellas figuraban la apropiación violenta de tierras ancestrales, la supresión de la identidad cultural y espiritual, y la marginación por parte de gobiernos sucesivos. Los participantes criticaron al Gobierno por incumplir repetidamente sus compromisos, como reconocer los derechos sobre la tierra, garantizar protecciones legales e incorporar voces indígenas en los procesos de toma de decisiones. El Estado fue apremiado a adoptar medidas concretas en consonancia con los marcos jurídicos nacionales e internacionales que protegen los derechos de los indígenas[31].
Ese mismo mes, el Ministerio de Justicia organizó un debate con mujeres musulmanas para celebrar el Día Internacional de la lucha contra la islamofobia[32].
En marzo de 2023, el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (FAERA) manifestaron su preocupación por la viabilidad económica de los colegios católicos tras las últimas decisiones del Gobierno. Los colegios, que dependen en gran medida de las subvenciones estatales y de las matrículas, se enfrentan a un déficit económico provocado por el aumento obligatorio de los salarios de los docentes en un 66 %, mientras que el incremento del precio de las matrículas está limitado a solo un 16,8 %. El desequilibrio generado por tener que destinar entre el 80 % y el 85 % del gasto escolar a salarios amenaza la sostenibilidad de los centros[33].
En abril de 2023, el Tribunal Supremo desestimó la solicitud de una persona de cambiar el sexo en su certificado de bautismo, señalando que el registro de los sacramentos es competencia de la Iglesia católica y queda fuera del ámbito del Estado[34].
En junio de 2023, fue profanada la parroquia de la Santa Eucaristía de Buenos Aires y robaron la custodia con la Sagrada Eucaristía[35]. En julio de 2023 se denunció un incidente similar en la parroquia de la Sagrada Familia[36].
En junio de 2023, el Congreso aprobó la Ley 27.744, que declara el 18 de julio día de luto nacional en memoria del atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)[37]. En abril de 2024, se aprobó la Ley 27.741, que establece el 31 de octubre como Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes[38]. Se calcula que actualmente hay seis millones de evangélicos en Argentina, lo que representa el 15 % de la población. En agosto de 2024, la provincia de Neuquén estableció el Día provincial del Pastor Evangélico, que se celebrará cada año el 22 de septiembre, en reconocimiento a la labor de los ministros evangélicos[39].
En junio de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores nombró un Representante Especial para la Lucha contra el Antisemitismo, encargado de llevar a cabo iniciativas preventivas a nivel nacional e internacional, entre ellas participar en foros[40].
El 18 de julio de 2023, Argentina puso en marcha un programa nacional denominado «MenstruAR» para promover el acceso equitativo a la salud menstrual. Desarrollada por la Dirección Nacional de Políticas Integradoras de Igualdad, la iniciativa se alinea con la declaración conjunta de las Naciones Unidas del 8 de marzo de 2019, que instaba a los Estados a desmantelar los tabúes en torno a la menstruación. La declaración señalaba que, en algunos países, consideran impuras a las mujeres y las niñas durante la menstruación y se les prohíbe participar en ceremonias religiosas o culturales o entrar en lugares de culto[41].
El 18 de septiembre de 2023, la Secretaría de Culto, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro lanzaron el Programa Internacional de la Esperanza. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la colaboración y el diálogo entre los sectores social, cultural, comunitario, político y religioso, con el fin de construir un futuro más justo, inclusivo, equitativo y sostenible. Se promueve la esperanza como catalizador del progreso social y se busca establecer una red de cooperación basada en el respeto mutuo, el cuidado de la «casa común» y la protección de los derechos humanos[42].
Ese mismo año se celebraron los actos conmemorativos del 180 aniversario de la Iglesia evangélica alemana en Argentina, en los que participaron clérigos de diversas confesiones[43].
En 2023, durante la campaña para su reelección, el alcalde de La Matanza, Fernando Espinoza, publicó un vídeo promocional en el que aparecía una imagen de la Virgen de Luján, acompañada del logotipo municipal y la palabra «fe», término que hace referencia tanto a la creencia religiosa como a sus propias iniciales. En el vídeo, Espinoza relata su devoción personal y su vínculo familiar con la Virgen, lo que provocó críticas por el uso de simbolismo religioso en el mensaje político[44].
Argentina sigue destacando por su diálogo interreligioso. En 2023, líderes religiosos, senadores y funcionarios participaron en un acto titulado «Diálogo global para fomentar la tolerancia, la paz y el respeto a la libertad de religiones y creencias». El objetivo era visibilizar la lucha contra la discriminación religiosa y generar conciencia respecto al preocupante aumento de la intolerancia y la violencia, motivadas en muchos casos por la islamofobia, el antisemitismo y la cristianofobia[45].
En enero de 2024, la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Buenos Aires admitió el recurso de apelación presentado por una niña judía de 12 años, permitiéndole viajar a Israel para celebrar su bat mitzvá con su familia. La sentencia destacó la primacía del interés superior de la menor y su derecho a la libertad religiosa, teniendo en cuenta su origen judío ortodoxo y la importancia cultural del acto. Un tribunal inferior había denegado inicialmente la solicitud, alegando motivos de seguridad debido al actual conflicto de Oriente Medio. El tribunal de apelación revocó esa decisión, afirmando la importancia del desarrollo religioso y cultural de la niña y señalando que se habían adoptado suficientes medidas de seguridad[46].
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) destacó el fuerte aumento de los incidentes antisemitas en 2023. Los casos aumentaron un 44 % en comparación con 2022, y el 57 % se produjo en los tres meses siguientes al ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023[47]. La tendencia se intensificó en enero de 2024, cuando se documentaron más de 100 incidentes, un aumento del 600 % en comparación con enero de 2023[48].
En febrero de 2024, el Gobierno anunció su intención de disolver el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo creado en 1995 con el objetivo, entre otros, de apoyar a las víctimas, incluidas las pertenecientes a comunidades religiosas[49]. Se justificó esta decisión afirmando que formaba parte de los esfuerzos por racionalizar la administración pública. A pesar de las fuertes críticas de organizaciones y grupos defensores de los derechos humanos, como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)[50], el instituto quedó disuelto oficialmente en agosto de 2024 mediante el Decreto 696/2024 y sus funciones fueron transferidas al Ministerio de Justicia[51].
En marzo de 2024, un grupo de manifestantes que participaba en el Día Internacional de la Mujer destrozó una iglesia evangélica en Luján[52]. La Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) emitió un comunicado condenando el incidente. La Red Respeto Religioso, fundada en 2021 por laicos católicos para defender la fe contra las ofensas públicas, manifestó su solidaridad con la comunidad evangélica y pidió justicia[53].
En abril de 2024, un juez de Salta declaró culpables de «violencia de género» al arzobispo Mario Cargnello, al obispo emérito Martín de Elizalde, al vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóbal y al padre Lucio Ajalla por los hechos ocurridos en el histórico convento de las Carmelitas Descalzas de San Bernardo. La sentencia identificó diversas formas de abuso —religioso, psicológico, físico (aunque no sexual) y económico— cometidos durante dos décadas, incluida la injerencia en los asuntos internos del convento y la conducta abusiva durante el velatorio de la abadesa. Las tensiones entre las monjas carmelitas descalzas de Salta y el arzobispo Mario Cargnello se han intensificado en los últimos años, en gran parte debido al apoyo de las monjas a la devoción mariana no aprobada a la «Virgen del Cerro». El arzobispo Cargnello se ha negado sistemáticamente a reconocer las supuestas apariciones comunicadas por la vidente María Livia Galliano de Obeid y no ha autorizado la celebración de misas en el santuario vinculado al lugar[54]. En 2022, el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano reafirmó la autoridad del obispo diocesano, ordenando a las monjas que se adhirieran estrictamente a la vida monástica y se abstuvieran de participar en actividades apostólicas no autorizadas[55].
En junio de 2024, un tribunal de La Matanza dictó que un niño de 11 años, en situación de ser adoptado al haberle separado de su familia por motivos de violencia, debía ser acogido por una nueva familia que respetara su identidad judía. El niño había manifestado claramente su preferencia de ser adoptado por una familia judía, aunque no necesariamente ortodoxa. El juez hizo hincapié en que proteger su identidad religiosa redundaba en su interés superior y que, según la tradición judía, la adopción dentro de la misma fe ayuda a preservar la identidad, la continuidad de la comunidad y los valores religiosos[56].
En octubre de 2024, aparecieron pintadas antisemitas en un monumento del parque Rivadavia de Buenos Aires. Las autoridades respondieron con una investigación y medidas especiales de protección para las instituciones judías ante el aumento de la violencia[57].
En Tucumán, se rechazó la petición de que se retirase una imagen de la Virgen del Valle del salón del Colegio de Abogados presentada en octubre por un grupo de profesionales de dicho Colegio[58].
El 30 de noviembre de 2024, la parroquia de la Natividad del Señor, en el barrio Rucci de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, fue atacada con un cóctel molotov que dañó un piso, una valla y la pared de una capilla. Se encontró una nota en la que se exigía la liberación de Marcelo «Frentudo» Fernández, conocido delincuente recientemente detenido en el marco de una investigación por tráfico de drogas[59].
El 25 de noviembre de 2024, el Gobierno celebró el Día de la Libertad Religiosa, destacando «la ejemplar convivencia y el diálogo entre las diferentes religiones, que es deber del Estado promover»[60]. El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) hizo lo mismo[61].
En 2024, la Comunidad de Sant'Egidio y la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires organizaron un encuentro de oración por la paz[62]. Se produjo una nueva edición de «La Noche de los Templos»[63], que brindó a los participantes la oportunidad de visitar lugares de culto representativos de la diversidad religiosa[64].
A lo largo del período estudiado en este informe, la Iglesia católica ha seguido participando activamente en los debates sociales. En la Semana Social de 2023, la Comisión Episcopal de Pastoral Social hizo un llamamiento a «la escucha, la memoria y la consolidación de la democracia»[65]. En junio de 2024, Cáritas Argentina publicó su informe sobre la pobreza[66]. En diciembre de 2024, la Conferencia Episcopal Argentina escribió al recién elegido presidente para expresarle su disposición a entablar diálogo y cooperar con él[67], oferta que fue bien recibida[68].
Futuro de la libertad religiosa
En el período estudiado en este informe, se han observado dos tendencias positivas en Argentina: la disminución de los incidentes violentos motivados por la intolerancia religiosa y la reactivación del diálogo interreligioso, tradicionalmente fructífero en el país. Con el levantamiento de las últimas restricciones impuestas durante la pandemia de la COVID-19, las relaciones entre la Iglesia y el Estado mejoraron notablemente.
Durante este período, los tribunales argentinos también dictaron varias sentencias que protegen mejor la libertad religiosa. Las perspectivas para la libertad religiosa son positivas.
Fuentes
Argentina