AUSTRALIA
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Australia es una federación con el poder dividido entre el Gobierno federal, seis gobiernos estatales y diez territorios.
Protecciones federales
A nivel nacional, la Constitución de Australia de 1901 (revisada en 1985)[1] establece lo siguiente: «La Mancomunidad no promulgará ninguna ley para establecer una religión, imponer cualquier observancia religiosa ni prohibir el libre ejercicio de cualquier religión, y no se exigirá ninguna prueba religiosa como requisito para ocupar un cargo o fideicomiso público en el seno de la Mancomunidad» (artículo 116).
El Tribunal Supremo de Australia ha interpretado esta sección de manera restrictiva, determinando que las injerencias en la libertad religiosa solo serán inconstitucionales si persiguen un objetivo prohibido por el artículo 116[2], que además se aplica únicamente a las leyes federales y no a las aprobadas por los estados. Los estados individuales tienen soberanía para aprobar sus propias leyes en materia de libertad religiosa. Esto incluiría, hipotéticamente, leyes que, en la práctica, podrían prohibir el libre ejercicio de la religión[3]. Muchas de las leyes que repercuten de forma negativa sobre la libertad religiosa se encuentran a nivel estatal.
Además de las protecciones positivas de la Constitución, la legislación federal en materia de empleo también protege a los trabajadores contra medidas perjudiciales para ellos basadas, entre otras cosas, en su religión[4].
La libertad religiosa está protegida además mediante excepciones a la ley contra la discriminación (también conocidas como «cláusulas de equilibrio»). Por ejemplo, aunque es ilegal la discriminación por motivos de sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil o relación sentimental, o embarazo, el artículo 37.1.d de la Ley contra la Discriminación por Razones de Sexo de 1984 incluye excepciones para actividades como la ordenación o nombramiento de ministros religiosos y «cualquier otro acto o práctica de un organismo establecido con fines religiosos, si dicho acto o práctica se ajusta a las doctrinas, principios o creencias de dicha religión o si es necesario para evitar ofender la sensibilidad religiosa de los seguidores de dicha religión»[5]. Los grupos religiosos no están obligados a registrarse ante el Gobierno, pero para obtener la exención fiscal deben estar registrados en la Comisión Australiana de Organizaciones Benéficas y Sin Ánimo de Lucro y solicitarla a la Oficina Tributaria Australiana[6].
Los gobiernos federal, estatal y territorial comparten la política educativa. Se permite una «educación religiosa general», es decir, formación acerca de las religiones del mundo, mientras que la «educación religiosa especial» sobre «creencias y prácticas distintivas de una confesión religiosa aprobada» solo está permitida en algunas jurisdicciones, y en algunas de estas, incluso durante el horario lectivo[7].
Protecciones estatales y de los territorios
Cada estado protege la libertad religiosa mediante tres métodos legales que articulan las protecciones federales.
El primero de ellos son las constituciones estatales o las cartas de derechos[8] que establecen la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Sin embargo, estos derechos no pueden hacerse valer por sí mismos, sino que solo pueden utilizarse como claves interpretativas para otras leyes o para emitir una declaración de que se ha producido una violación. Las cartas no proporcionan ningún recurso por sí mismas.
El segundo método es la protección contra la discriminación por motivos de creencias o actividades religiosas. Todos los estados y territorios, excepto Australia Meridional y Nueva Gales del Sur, incluyen algún tipo de protección de la religión en sus leyes contra la discriminación[9].
El tercero son las exenciones a las leyes contra la discriminación que funcionan de manera similar a las que se encuentran en las leyes federales.
Aunque este sistema podría hacer pensar que el nivel de protección de la libertad religiosa en Australia es elevado, en la práctica las leyes de cada estado pueden menoscabarlo.
Por ejemplo, en determinados estados y territorios, los centros confesionales de atención a personas mayores están obligados a permitir la eutanasia y el suicidio asistido en sus instalaciones, independientemente de las objeciones religiosas que puedan tener como institución o cada uno de los trabajadores individualmente[10]. Además, los médicos que tienen objeciones religiosas al aborto siguen estando obligados a derivar a las mujeres que desean abortar a un médico que realice esta intervención[11]. También, la prohibición de las terapias de conversión limita la libertad religiosa a la hora de enseñar y atender a personas LGBTQ+ de forma coherente con las creencias religiosas, y el estado de Victoria incluso prohíbe específicamente «la realización de prácticas religiosas, incluidas, entre otras, las prácticas basadas en la oración» en su Ley de Prohibición de las Terapias de Cambio o Supresión (Conversión) de 2021[12].
Incidentes y acontecimientos
Incidentes antirreligiosos
En Australia se ha producido un aumento significativo de las agresiones antisemitas desde el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023. Según los registros del Consejo Ejecutivo de los Judíos de Australia, desde dicho acontecimiento hasta el 30 de septiembre de 2024, los incidentes antijudíos aumentaron un 316 % en comparación con el año anterior[13]. Entre estos sucesos se cuentan agresiones, vandalismo, insultos, mensajes de odio y pintadas. Por poner dos ejemplos significativos, una manifestación celebrada frente a la Ópera de Sídney incluyó cánticos de «F*ck the Jews» (Que se j*n los judíos) y, según varios testigos, «Gas to the Jews!» (Gas a los judíos)[14]; un incendio provocado destruyó además una sinagoga de Melbourne[15].
El Registro de Islamofobia de Australia también observó hasta 13 veces más incidentes islamófobos desde los atentados del 7 de octubre de 2023[16]. Entre los ejemplos proporcionados en el Informe sobre la islamofobia en Australia 2023-2024 se cuentan agresiones físicas y verbales, escupitajos a personas que vestían ropa islámica, así como un caso de una mezquita que untaron con heces[17].
Legislación
En abril de 2023, el Territorio de la Capital Australiana aprobó una ley para adquirir el Hospital Calvary, cuya propiedad y gestión estaba en manos de las Hermanas de la Pequeña Compañía de María y que era el único hospital católico de este territorio[18]. La ley permitía al Gobierno adquirir por la fuerza el hospital, con todos sus terrenos, edificios, servicios y sus 1800 empleados. Aunque se afirmó que la adquisición no tenía relación con sus gestores católicos, se produjo menos de un mes después de que una investigación del Gobierno australiano sobre los servicios de aborto especificara que era «problemático que uno de los principales hospitales del Territorio de la Capital Australiana tuviera restricciones en los servicios que podía prestar por conceder prioridad a un ideario religioso» y recomendara al Gobierno que solucionara «la dependencia éticamente delicada de las Hermanas de la Pequeña Compañía de María para la prestación de servicios sanitarios»[19].
La libertad religiosa garantizada mediante exenciones a la ley contra la discriminación, en particular las exenciones que regulan el funcionamiento de los colegios confesionales, siguen siendo objeto de controversia porque se ha difundido la idea de que ofrecen un trato especial a los grupos religiosos en detrimento del personal y los alumnos.
El Gobierno federal del Partido Laborista se comprometió a garantizar que los colegios religiosos no discriminen al personal ni a los alumnos por motivos de orientación sexual, identidad de género, estado civil o relación sentimental, o embarazo, y al mismo tiempo sigan «construyendo una comunidad de fe dando preferencia, de buena fe, a las personas que profesan la misma religión que la institución educativa en la selección del personal»[20], y encargó a la Comisión de Reforma Legislativa de Australia que estudiara las reformas legislativas necesarias para cumplir este compromiso.
La Comisión recomendó la derogación de todas las exenciones para instituciones educativas religiosas contenidas en las leyes federales contra la discriminación[21]. Si se aplican estas recomendaciones, las instituciones educativas confesionales no podrán exigir a su personal y a sus voluntarios que se comporten de acuerdo con los valores religiosos del colegio, aunque no compartan sus creencias. La aplicación de las recomendaciones también dificultaría que las instituciones educativas religiosas enseñen sus doctrinas religiosas sobre el matrimonio, el género y la sexualidad, o establezcan normas sobre el comportamiento de los alumnos en relación con estas cuestiones, y las expondría al riesgo de que se les demande por discriminación.
El Gobierno federal aún no ha respondido a las recomendaciones de la Comisión, además de que ya ha suspendido un proyecto de ley que se venía debatiendo desde hacía tiempo y que habría prohibido la discriminación por motivos de creencias o actividades religiosas en ámbitos ajenos al empleo.
El Gobierno federal también propuso ampliar las leyes vigentes contra la difamación para prohibir que se amenace con el empleo de la fuerza o la violencia a grupos basados en una característica protegida (entre ellas la religión), y ampliar la lista de características protegidas para incluir el sexo, la orientación sexual, la identidad de género y la condición de intersexual[22]. En general, se ha considerado que esto podría ser beneficioso para la libertad religiosa. No obstante, preocupa que unas leyes más amplias contra la difamación acaben restringiendo la expresión de las creencias religiosas[23]. Aunque una comisión de investigación del Senado ha recomendado que se apruebe el proyecto de ley[24], aún no se ha llevado a efecto.
Por otra parte, un informe encargado por el Gobierno a la Comisión de Productividad sobre Filantropía recomendó que «la mayor parte de las actividades benéficas» se consideraran deducibles de impuestos, pero que se excluyera a las organizaciones benéficas cuyo objetivo fuera promover la religión, así como a algunas dedicadas al cuidado de personas mayores y a la educación[25]. Estas recomendaciones, si se aplican, darán lugar a una disminución de las donaciones a organizaciones benéficas religiosas.
Es probable que la respuesta del Gobierno federal a la revisión[26] que está llevando a cabo la Comisión de Reforma Legislativa de Nueva Gales del Sur sobre sus leyes contra la discriminación acabe repercutiendo de forma negativa sobre la libertad religiosa. No hay plazo para la finalización de dicha revisión.
En mayo de 2024, la Comisión Parlamentaria Mixta de Derechos Humanos recomendó al Parlamento federal que promulgara una Ley de Derechos Humanos para Australia[27]. La legislación que la Comisión Australiana de Derechos Humanos propuso como modelo no ofrece una protección para la libertad religiosa coherente con las obligaciones internacionales adquiridas por Australia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[28]. La legislación modelo permitiría limitaciones que se consideren «razonables y que puedan justificarse de manera demostrable en una sociedad libre y democrática basada en la dignidad humana, la igualdad y la libertad»[29]. Dicha legislación modelo tampoco tendría ninguna influencia en las leyes estatales que restringen la libertad religiosa[30].
Incidentes relacionados con el discurso religioso
En este período, se han intentado limitar las manifestaciones basadas en la religión, especialmente en cuestiones relacionadas con el matrimonio, la sexualidad y el género. En mayo de 2024, tras las quejas de padres y alumnos, una ponencia que iba a pronunciar Jason Evert, popular defensor cristiano de la castidad, en una escuela católica pasó de ser obligatoria a opcional y de ser presencial a en línea[31].
En 2023, el Tribunal Civil y Administrativo de Queensland desestimó una denuncia contra un destacado activista cristiano, Lyle Shelton, tras tres años de litigio. La demanda había sido presentada por un grupo LGBTQ+, que contó con el apoyo del Servicio Jurídico LGBTIQ+ del gobierno estatal. El grupo alegó que Shelton había violado la ley contra la difamación al publicar entradas en un blog en las que afirmaba que las drag queens son «modelos peligrosos» que no deberían leer cuentos a los niños[32]. El grupo ha recurrido esta sentencia, por lo que el litigio continúa.
En junio de 2024, se inició una investigación parlamentaria en Tasmania sobre la discriminación y el acoso en las escuelas tras la publicación de una carta pastoral del arzobispo Julian Porteous de Hobart (Tasmania), ampliamente difundida en los colegios católicos y en la que se plasmaba la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, la transexualidad y el «wokismo»[33]. En abril de 2024, una estrella del netball se vio obligada a pedir disculpas públicas y a recibir formación sobre «inclusión» tras oponerse públicamente a que el Día de la Visibilidad Transgénero coincidiera con el Domingo de Pascua[34].
Futuro de la libertad religiosa
En Australia, las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo inciertas debido a una serie de importantes iniciativas estatales y federales que se están llevando a cabo. El 3 de mayo de 2025 se celebraron elecciones federales en Australia, cuyos resultados sin duda influirán en la agenda legislativa en materia de libertad religiosa. No obstante, a pesar de algunas deficiencias graves, especialmente a nivel estatal, las perspectivas para la libertad religiosa en Australia siguen siendo positivas.
Fuentes
Australia