Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de la República de Azerbaiyán determina que es un Estado laico y democrático, y proclama la separación entre la religión y el Estado (artículo 18)[1]. También establece que «todas las religiones son iguales ante la ley», pero que «se prohibirá la difusión y propaganda [sic] de religiones (movimientos religiosos) que degraden la dignidad humana y contradigan los principios del humanismo» (ibidem). A su vez, establece el carácter laico del sistema educativo estatal.
En cuanto a la libertad de conciencia, se garantiza la libertad de religión, permitiendo que los individuos elijan y practiquen cualquier religión o ninguna, individual o colectivamente (artículo 48). Igualmente, la Constitución defiende el derecho de cada uno a manifestar y difundir sus creencias religiosas y establece además que los ritos religiosos pueden realizarse libremente si no perturban el orden público y no son contrarios a la moral pública, y siempre que la fe y las creencias religiosas no sirvan de excusa para infringir la ley (ibidem). No se puede obligar a nadie a manifestar su fe y sus creencias religiosas, ni a realizar ritos religiosos o participar en ceremonias religiosas (ibidem). Finalmente, está prohibida la discriminación por motivos religiosos (artículo 25).
En lo que respecta a la candidatura y elección como diputado en el Milli Majlis (Asamblea Nacional) de la República de Azerbaiyán, el artículo 85 excluye a los «funcionarios religiosos» de la elección como diputados, pero no define el término. Del mismo modo, los diputados electos pueden perder su mandato si se convierten en funcionarios religiosos (artículo 89). A pesar de que el artículo 76 de la Constitución prevé un servicio alternativo como sustituto del servicio militar obligatorio si este es contrario a las convicciones de una persona, esta disposición sigue sin aplicarse[2]. La Constitución alude repetidamente a la primacía de los tratados internacionales que Azerbaiyán ha ratificado, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[3], que incluye obligaciones relacionadas con la libertad religiosa.
La ley de 2009 «Sobre la libertad de creencias religiosas» establece el marco normativo para la práctica religiosa en Azerbaiyán[4]. Esta ley obliga a todos los grupos religiosos a registrarse en el Comité Estatal de Asociaciones Religiosas de la República de Azerbaiyán[5], y exige un mínimo de 50 miembros fundadores para formar una organización religiosa, denominada «asociación». Están prohibidas y sujetas a sanciones administrativas las actividades religiosas de las organizaciones religiosas no registradas, y la ley restringe severamente el proselitismo y la distribución de material religioso o la actividad misionera en espacios públicos sin permiso. Las organizaciones musulmanas están unidas bajo la Junta de Musulmanes del Cáucaso, mientras que las organizaciones no musulmanas pueden seguir sus propios estatutos si no entran en conflicto con la legislación azerbaiyana. La Junta de Musulmanes del Cáucaso supervisa el contenido de los sermones y gestiona diversas actividades de las organizaciones islámicas registradas[6]. El Comité Estatal de Asociaciones Religiosas también aprueba la literatura religiosa y garantiza el cumplimiento de las fechas de las fiestas religiosas fijadas por la Junta, y puede destituir a los imanes que no respeten dichas fechas. Aunque la ley generalmente protege a los grupos religiosos registrados de la injerencia del Gobierno, permite la intervención en los casos en los que surjan sospechas de extremismo o de actividades ilegales.
Estas medidas tienen por objeto proteger el orden público, la moral y la seguridad nacionales, pero han sido objeto de críticas por ser excesivamente restrictivas. Además, el Gobierno suele emplear una definición amplia de «extremismo» y recurre con frecuencia a acusaciones de actividades extremistas para perseguir a sus oponentes políticos y a quienes han discrepado de sus políticas[7]. Organismos internacionales como la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OIDDH/OSCE) y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa han manifestado su preocupación por esta tendencia[8].
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional designó a Azerbaiyán como «país de especial preocupación» en su informe anual de 2024[9]. Esto supone un retroceso con respecto a la designación un año antes como «país de vigilancia especial», siendo esa la primera vez que Azerbaiyán figuraba en la lista.
Incidentes y acontecimientos
Azerbaiyán está gobernado por un régimen autoritario liderado por Ilham Aliyev, que ocupa la presidencia desde 2003. El Estado extiende su control autoritario a los asuntos religiosos, no solo a través de la presión que ejerce sobre dichos grupos, sino también mediante casos de presuntos abusos físicos, detenciones y encarcelamientos de activistas religiosos[10].
En medio del aumento de las tensiones con Irán tras un ataque armado contra la embajada de Azerbaiyán en Teherán en enero de 2023, defensores locales de los derechos humanos informaron de que cientos de musulmanes chiíes habían sido detenidos[11]. Las autoridades acusaron a varios de los detenidos de actuar bajo las órdenes de Irán, y los medios de comunicación afines al Gobierno los relacionaron con actividades de espionaje, sabotaje o intentos de golpe de Estado. Sin embargo, muchos de ellos indicaron que estos arrestos se debían a su apoyo en Internet a clérigos chiíes, a la recaudación de fondos para presos de conciencia o a su participación en peregrinaciones a Irán[12]. La mayor parte de ellos fueron acusados de actividades relacionadas con drogas, imputaciones que, según los activistas, eran falsas[13].
En enero de 2023, se juzgó a al menos siete musulmanes chiíes por llevar a sus hijos a una celebración por el cumpleaños de Fátima al-Zahra, la hija del profeta Mahoma[14]. A cuatro de ellos les impusieron multas por «involucrar ilegalmente a menores en ceremonias religiosas»[15].
El Movimiento de Unidad Musulmana, grupo chií que se opone a la supervisión de las prácticas religiosas por parte de Azerbaiyán, sufrió graves maltratos por parte de las autoridades estatales[16]. La policía detuvo a varios de sus miembros, les impuso arrestos administrativos y, supuestamente, los sometió a palizas y torturas[17]. En marzo de 2023, Mahir Azimov, miembro del Movimiento, fue condenado a cuatro años de prisión por tráfico de drogas. Azimov alegó que la policía le había colocado las drogas[18]. En noviembre, el mismo tribunal condenó a Etibar Ismailov a casi 10 años de prisión por cargos similares[19]. En febrero de 2023, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó al Gobierno de Azerbaiyán a pagar 64 000 euros en concepto de indemnización a ocho personas detenidas durante los acontecimientos de Nardaran: agentes de las fuerzas de seguridad irrumpieron, enmascarados, en una casa perteneciente al Movimiento de Unidad Musulmana[20] en la que se encontraba un grupo de personas vinculadas al Movimiento, que fueron sometidas a malos tratos durante su detención, hecho que las autoridades no investigaron.
En julio de 2023, detuvieron a Gubad Ibadoghlu, destacado académico y activista anticorrupción azerbaiyano, acusándole de posesión de moneda falsa y de material religioso «extremista». A Ibadoghlu, que niega todos los cargos, le podrían imponer una pena de hasta 17 años de prisión[21].
A lo largo del período estudiado en este informe, testigos de Jehová sufrieron medidas punitivas por oponerse al servicio militar obligatorio, entre ellas arrestos y otras consecuencias legales[22]. En junio de 2023, el Tribunal Supremo de Azerbaiyán rechazó el recurso presentado por el testigo de Jehová Seymur Mammadov contra la condena suspendida a un año de prisión (partiendo de una pena inicial de nueve meses de prisión) que le había sido impuesta por negarse a cumplir el servicio militar, mientras las autoridades seguían denegando pasaportes e imponiendo prohibiciones de salida del país a otros testigos de Jehová por el mismo motivo[23].
A finales de 2023, la ONG Unión por la Libertad de los Presos Políticos de Azerbaiyán identificó como «creyentes pacíficos» a 183 personas encarceladas injustamente en el país por sus convicciones o prácticas religiosas[24], lo que supone un aumento significativo con respecto a la cifra del año anterior[25]. La mayor parte de ellos fueron detenidos durante la represión que siguió a la crisis iraní. El número volvió a aumentar significativamente a finales de 2024, cuando la Unión para la Libertad de los Presos Políticos de Azerbaiyán registró 233 creyentes encarcelados, a los que considera injustamente acusados[26]. Cabe señalar que las publicaciones que detallan estos casos de encarcelamiento presentan a una gran mayoría de los que califican como «creyentes» también como activistas religiosos musulmanes.
Expertos y líderes religiosos locales señalaron que los ciudadanos y la sociedad civil siguen siendo tolerantes y, en ocasiones, apoyan económicamente a los grupos minoritarios establecidos que consideran «tradicionales», como los católicos, los judíos y los cristianos ortodoxos rusos, mientras que miran con recelo a los grupos más nuevos, como los baptistas y los testigos de Jehová[27].
En julio de 2023, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, visitó Bakú por invitación del presidente Aliyev. El objetivo principal de la visita del cardenal Parolin y de su reunión con altos funcionarios fue tratar sobre las relaciones positivas existentes entre la Santa Sede y Azerbaiyán[28]. El cardenal Parolin volvió a visitar Azerbaiyán en 2024, para participar en la conferencia sobre el clima COP29 celebrada en Bakú[29]. El sitio web oficial del presidente informó de que el cardenal Parolin expresó su gratitud por la construcción de la segunda iglesia católica del país, y que tanto el presidente como el cardenal se pronunciaron positivamente sobre las relaciones que mantienen el Vaticano y Azerbaiyán[30].
Durante el período estudiado en este informe, Azerbaiyán también vivió uno de los momentos más significativos de su historia reciente, con la toma total de Nagorno-Karabaj (conocido por sus habitantes de etnia armenia como la República de Artsaj) tras décadas de disputas. Entre 1988 y 1994, Armenia y Azerbaiyán estuvieron en guerra. En 1991, los armenios de Nagorno-Karabaj declararon la independencia, pero esta nunca fue reconocida internacionalmente.
La ocupación de la región por parte de Azerbaiyán tuvo consecuencias sobre la libertad religiosa debido al número de cristianos armenios que habitaban la zona. En diciembre de 2022, Azerbaiyán inició un bloqueo de Nagorno-Karabaj y, en agosto de 2023, supuestamente impidió las labores de socorro[31]. Azerbaiyán lanzó una segunda ofensiva en septiembre de 2023, con la que obtuvo el control total del territorio. Se estima que 120 000 personas de etnia armenia se vieron afectadas por la ofensiva, la mayoría de las cuales sufrieron desplazamientos forzados[32].
Durante la ofensiva de septiembre de 2023, las tropas azerbaiyanas destruyeron la segunda cruz metálica más alta de Europa[33], de 50 metros de altura, que se iluminaba por la noche y tenía vistas a la capital de Nagorno-Karabaj, Stepanakert (rebautizada por Azerbaiyán como Jankendi). Al mismo tiempo, apareció un vídeo en las redes sociales en el que se veía a un soldado azerbaiyano disparando contra el monasterio de Charektar, del siglo XIII[34]. Posteriormente, la organización sin ánimo de lucro Bellingcat[35] y otros analistas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) verificaron que el vídeo había sido filmado en el monasterio[36].
Tras la toma de Nagorno-Karabaj y el desplazamiento de su población cristiana, una de las amenazas que siguen pesando sobre la región es la destrucción de monumentos y lugares religiosos[37]. Caucasus Heritage Watch, que forma parte de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, vigila y denuncia lo que sucede con numerosos lugares afectados[38]. En noviembre de 2023 sufrieron daños la histórica iglesia de la Santa Madre de Dios de Meghretsots[39] y dos cementerios de Shusha[40]. En abril de 2024, las imágenes de satélite mostraron que la iglesia de San Juan Bautista de Shusha, que en su día había sido un importante foco espiritual de la zona, había quedado completamente destruida[41]. Un mes más tarde, en mayo de 2024, se descubrió que la iglesia de la Santa Ascensión de Berdzor/Lachin también había sido arrasada[42]. Al parecer, existe un plan para construir una mezquita en la ciudad y varias fuentes afirman que se construirá en el terreno de la iglesia destruida[43].
En mayo de 2023, el presidente del Comité Estatal de Asociaciones Religiosas de la República de Azerbaiyán, Mubariz Gurbanli, exigió la expulsión del clero armenio del monasterio de Dadivank[44], argumentando que no tenían vínculos históricos con el lugar, a pesar de que el monasterio se fundó en el siglo IX.
En noviembre de 2024, Azerbaiyán acogió en Bakú la 29 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), promocionándola como una «COP de la paz» en consonancia con sus objetivos generales de política exterior. La Alianza Evangélica Mundial (WEA), el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Christian Solidarity International (CSI) y otras organizaciones internacionales, emitieron una declaración conjunta en la que condenaban el uso que Azerbaiyán hacía de la COP29 para desviar la atención del trato que dispensa a la población cristiana de etnia armenia en Nagorno-Karabaj. Los firmantes manifestaron su profunda preocupación por el desplazamiento forzoso de este grupo y los continuos abusos contra los derechos humanos, entre ellos la detención prolongada de 23 civiles, soldados y líderes políticos capturados durante la toma de Nagorno-Karabaj[45].
Futuro de la libertad religiosa
La libertad religiosa en Azerbaiyán es compleja y difícil de definir. Mientras que los grupos religiosos tradicionales, como los católicos, los judíos y los cristianos ortodoxos rusos, gozan de tolerancia y relativa libertad religiosa, otros grupos sufren una clara persecución. Entre estos últimos se encuentran los grupos chiíes independientes, los musulmanes salafíes, los miembros del Movimiento de Unidad Musulmana y los testigos de Jehová.
Bajo el mandato de Ilham Aliev, Azerbaiyán ha apoyado una forma de islam controlada de forma centralizada y supervisada estrictamente por la Junta de Musulmanes del Cáucaso. Como consecuencia, le han acusado de detenciones masivas y represión de grupos religiosos considerados una amenaza para el estado actual de las cosas.
El acontecimiento más significativo del período estudiado en este informe es, sin duda, el control total de Nagorno-Karabaj por parte de Azerbaiyán y la consiguiente agitación que esto ha supuesto para la población de etnia armenia de la región, así como la amenaza que representa para los lugares históricos, religiosos y culturales. Las perspectivas para la libertad religiosa en Azerbaiyán son negativas.
Fuentes
Azerbaiyán