Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
En Bangladés, la situación constitucional de la libertad religiosa es enormemente paradójica. Por un lado, la Constitución de 1972 (revisada en 2014)[1] establece que, «sujeto a la ley, al orden público y a la moral, todo ciudadano tiene derecho a profesar, practicar o difundir cualquier religión» y «toda comunidad o confesión religiosa tiene derecho a establecer, mantener y administrar sus instituciones religiosas» (artículo 41.1.a y b). Por otro lado, el mismo documento consagra el islam como religión oficial del Estado, al tiempo que reconoce explícitamente el «laicismo» como principio constitucional básico.
Concretamente, tanto el preámbulo como el artículo 8 de la Carta Magna definen el laicismo como un ideal superior y uno de los principios fundamentales de la política estatal. El artículo 12, suspendido en el pasado pero restablecido en junio de 2011 en virtud de la 15ª enmienda, deja claro que el principio de laicismo implica la eliminación del «comunalismo», del favoritismo del Estado hacia cualquier religión, del abuso de la religión con fines políticos y de la discriminación contra las personas de una religión determinada[2]. Al mismo tiempo, el artículo 2 bis establece que «la religión oficial de la República es el islam», añadiendo la salvedad de que «el Estado garantizará la igualdad de condiciones y de derechos a la práctica de las religiones hindú, budista, cristiana y otras»[3].
Esta aparente contradicción se confirmó en 2016. El 28 de marzo, el Tribunal Superior (división del Tribunal Supremo) confirmó el estatus del islam como religión del Estado y se negó a admitir a trámite la demanda interpuesta por quienes deseaban eliminar esta disposición de la Constitución[4].
En abril de 2024, el Tribunal Superior volvió a confirmar esta disposición constitucional, dictaminando que no entraba en conflicto con los principios laicos del país[5]. El tribunal aclaró que el laicismo, tal y como está consagrado en la Constitución, no se define por la exclusión de la religión del Estado, sino por proteger la libertad religiosa y evitar el favoritismo religioso.
La sentencia respondía a un recurso de amparo presentado en 1988 por 15 ciudadanos que alegaban que la enmienda constitucional que establecía el islam como religión del Estado era incompatible con los ideales laicos fundacionales de Bangladés. El recurso fue finalmente desestimado por motivos de procedimiento, ya que el tribunal alegó que los demandantes carecían de capacidad legal[6].
A diferencia de Pakistán, Bangladés no tiene una ley contra la blasfemia. Sin embargo, el Código Penal de 1860, de la época colonial, tipifica como delito la ofensa intencionada a los sentimientos religiosos (artículo 298)[7]. En 2006, Bangladés aprobó una Ley de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), endurecida por el Gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina en 2013, en virtud de la cual es ilegal publicar en Internet contenido que pueda «atentar contra el orden público y la ley» o que pueda interpretarse como difamación contra las religiones[8]. Esta ley se ha utilizado para encarcelar a periodistas, estudiantes y profesores.
La Ley de Seguridad Digital[9] de octubre de 2018 otorgó a la policía la facultad de detener a cualquier persona sin una orden judicial[10]. Según un informe del Centro de Estudios sobre Gobernanza, entre marzo de 2021 y febrero de 2022, cada mes fueron demandadas una media de 147 personas y 67 fueron detenidas conforme a dicha ley[11]. Las víctimas eran principalmente activistas, periodistas y otras personas críticas con el Gobierno[12]. En 2023, el Gobierno de Sheikh Hasina derogó la Ley de Seguridad Digital y la sustituyó por la Ley de Ciberseguridad. Aunque los funcionarios del Gobierno afirmaron que «ningún miembro de los medios de comunicación será acosado por la propuesta Ley de Ciberseguridad»[13], los críticos afirmaban que la ley seguía utilizándose para reprimir la libertad de expresión[14].
En noviembre de 2024, el secretario de prensa del asesor jefe, Shafiqul Alam, anunció la derogación de la Ley de Ciberseguridad, reconociendo que, efectivamente, se había utilizado para acosar a personas pertenecientes a comunidades minoritarias. En su lugar, el Gobierno propuso la Ordenanza de Protección Cibernética de 2024, cuyo objetivo es combatir la ciberdelincuencia y salvaguardar la libertad de expresión[15]. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos defensores de los derechos humanos siguen manifestando su preocupación por el hecho de que el proyecto de ordenanza mantenga disposiciones restrictivas que podrían seguir utilizándose para reprimir la disidencia[16].
Bangladés es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[17].
Incidentes y acontecimientos
Bangladés se independizó de Pakistán en 1971 y, desde entonces, ha bregado con la cuestión de su identidad fundamental. Actualmente, el país se encuentra en una posición más ambivalente y conflictiva que en cualquier otro momento desde su independencia.
A la vez que el islam suní ocupa un lugar importante en la identidad del país, muchos bangladesíes también se sienten orgullosos de sus tradiciones tolerantes y moderadas. En 1972, Bangladés adoptó una constitución basada en una identidad lingüística y laica. Sin embargo, en 1988, un régimen militar dirigido por el teniente general Hussain Muhammad Ershad modificó la Constitución para convertir el islam en la religión oficial del Estado. Desde entonces, un poderoso movimiento político e intelectual está intentado reforzar la laicidad, mientras que un movimiento opuesto fomenta la islamización.
En enero de 2024, Sheikh Hasina, líder de la Liga Awami, se convirtió en primera ministra de Bangladés por cuarta vez. Los críticos afirmaron que había amañado las elecciones y coaccionado a la oposición. El 6 de junio de 2024, un día después de que el Tribunal Superior de Bangladés restableciera el controvertido sistema de cuotas laborales (que favorece a los descendientes de quienes lucharon en la guerra de independencia de 1971), se convocaron manifestaciones estudiantiles. El 5 de agosto de 2024, Sheikh Hasina huyó a la India cuando los manifestantes entraron en su residencia para exigir su dimisión. Se formó un Gobierno provisional, que nombró como jefe (consejero jefe interino) al premio Nobel de la Paz y fundador del Grameen Bank, Muhammad Yunus[18]. Cuando se le pidió que fijara una fecha para las elecciones, Yunus respondió que, si «los partidos políticos acordaban celebrar las elecciones antes de lo previsto con unas reformas mínimas, como la elaboración de un censo electoral impecable, las elecciones podrían celebrarse a finales de 2025»[19].
El conflicto entre laicistas e islamistas se ha mantenido sin cambios a lo largo de los años, tanto previos como posteriores al derrocamiento de la Liga Awami en 2024, y ha tenido consecuencias ambivalentes para la libertad religiosa tanto a nivel político como social. Cuando la Liga Awami, bajo el liderazgo de Sheikh Hasina en 2009, resultó elegida, el Gobierno trató de frenar la influencia islamista en la sociedad y la política, lo que, en teoría, aumentó la seguridad de las minorías religiosas así como el espacio social y cívico para la libertad religiosa. Sin embargo, las propias políticas laicistas han violado en muchas ocasiones la libertad religiosa y otras libertades civiles, y la propia intransigencia de estas políticas alimentó la polarización social y política, y provocó además la intensificación de la reacción islamista. Por ejemplo, el enjuiciamiento por crímenes de guerra de líderes islamistas por parte del Gobierno suscitó críticas de los observadores internacionales por la falta de protección de los derechos de los acusados, además de provocar una intensa hostilidad interna por parte de los conservadores religiosos y de quienes se oponían a la Liga Awami[20].
Tras la huida de Sheikh Hasina a la India, en respuesta a estas políticas de la Liga Awami, militantes islamistas iniciaron una campaña violenta y a gran escala contra blogueros laicos, activistas de derechos humanos y minorías religiosas. Las minorías religiosas, entre ellas hindúes y cristianos, sufrieron agresiones por su supuesto apoyo a la Liga Awami. Por ejemplo, durante las manifestaciones de agosto de 2024, se destruyeron, saquearon e incendiaron quince templos hindúes en 45 distritos del país, y también fueron atacadas las oficinas de la agencia católica de ayuda humanitaria Cáritas Bangladesh, en el suroeste del país[21]. Aunque el Gobierno provisional ha negado que se discrimine a las minorías[22], los indicadores revelan que las violaciones de la libertad religiosa están aumentando.
En marzo de 2023, un ataque perpetrado por el grupo islamista radical Maylis-e Tahaffuz-e-Jatm-e-Nobuwat Bangladesh, autor de anteriores ataques contra la minoría musulmana ahmadí, arremetió contra la 98 Convención Anual de la Comunidad Musulmana Ahmadía de Ahmednagar, en el distrito de Panchagarh. Una turba saqueó, destrozó e incendió viviendas, negocios y una mezquita ahmadíes, causando importantes daños[23]. Yahid Hasan, musulmán ahmadí de 25 años, fue asesinado a golpes cuando intentaba proteger la zona. En el ataque quedaron destruidas 189 viviendas, 50 tiendas y una clínica médica en Darul Wahid Mohalla. El 2 de marzo de 2023 ya había indicios de la escalada de violencia cuando unos grupos atacaron viviendas y cementerios ahmadíes con la intención de infundir miedo. Se criticó enormemente la inacción de las autoridades locales, a pesar de las garantías de protección previas, y que la policía no hubiera intervenido hasta que ya fue demasiado tarde[24].
El 4 de noviembre de 2023, Selim Jan, bloguero ateo de 19 años, fue detenido y se le denegó la libertad bajo fianza. Incluso después de que el tribunal ordenara su libertad bajo fianza en marzo de 2024, Jan permaneció bajo custodia debido a «retrasos procesales»[25].
El 16 de julio de 2024, el Gobierno provisional ordenó el cierre de escuelas y universidades tras la muerte de seis estudiantes en manifestaciones contra las políticas de contratación de funcionarios públicos[26].
En julio de 2024, el Consejo de Unidad Hindú, Budista y Cristiana de Bangladés presentó su informe anual, en el que se registraban 1045 casos de violaciones de los derechos humanos contra minorías religiosas y étnicas entre julio de 2023 y junio de 2024, que se habían saldado con 45 muertes. El Consejo subrayó la urgente necesidad de adoptar medidas para proteger los derechos de las minorías y garantizar el enjuiciamiento de los autores, así como la exigencia de fomentar la armonía social y la convivencia pacífica[27].
El 5 de agosto, unos agresores atacaron a musulmanes ahmadíes en Ahmednagar, aldea del distrito de Panchagarh, golpeando a los hombres, saqueando casas y quemando 117 viviendas. Ese mismo mes atacaron también otros enclaves ahmadíes en Rangpur, Rajshahi, Nipharmari, Shahpur y Daca[28].
El 28 de agosto de 2024, el Gobierno provisional levantó oficialmente la prohibición del partido político islamista Jamaat-e-Islami y su ala estudiantil, Islami Chhatra Shibir. Según el Ministerio del Interior, la decisión se había basado en la falta de pruebas que vincularan a estos grupos con actividades terroristas. Citando el artículo 18 de la Ley Antiterrorista de 2009 como base legal, el Gobierno revocó una orden anterior, emitida el 1 de agosto de 2024 por el anterior Gobierno liderado por la Liga Awami, que prohibía ambos grupos. La decisión entró en vigor de inmediato, lo que supuso un cambio de orientación hacia la inclusión política y la reparación jurídica[29].
En agosto de 2024 se cumplió el séptimo aniversario del desplazamiento de cerca de 700 000 rohinyás de sus hogares en Myanmar. Estos refugiados, que viven hacinados en campamentos, siguen sin poder regresar a su país, ya que no tienen garantías de seguridad allí[30]. En 2024, los niños representaban la mitad de los más de 7000 rohinyás que abandonaron Bangladés y Myanmar en barco con la esperanza de llegar a Malasia o Indonesia[31].
Desde agosto de 2017, las autoridades bangladesíes han acogido a casi un millón de rohinyás, en su mayoría musulmanes, que han huido de la vecina Myanmar. Sin embargo, cada vez es más evidente que su situación es insostenible, en parte debido a la violencia de los militantes islámicos y de las bandas involucradas en el tráfico de drogas y de personas[32]. En marzo de 2025, un informe reveló que también los grupos militantes rohinyá que operan en los campos de refugiados de Bangladés estaban cometiendo graves abusos contra los derechos humanos. El informe, que documenta asesinatos, secuestros, torturas y amenazas, encontró «motivos razonables» para creer que estos actos, que pueden constituir crímenes de guerra, están relacionados con el reclutamiento para el conflicto armado que se está desarrollando en Myanmar[33].
Los grupos étnicos cristianos locales también temen cada vez más por su seguridad debido al aumento de la violencia en las colinas de Chittagong. La zona se ha vuelto inestable debido a la afluencia de musulmanes bengalíes sin tierras, patrocinada por el Estado, y a la proliferación de grupos rebeldes armados. Los numerosos incendios provocados y el asesinato de unos 23 miembros de grupos étnicos minoritarios en el último año han suscitado la preocupación por el futuro de muchos residentes. «Somos la población autóctona, pero actualmente no tenemos seguridad, ni en casa ni fuera», declaró un residente católico. «A menudo, no sabemos quién mata a quién, cuándo ni por qué. Las colinas de Chittagong se han convertido en un lugar convulso»[34].
En septiembre de 2024, una campaña contra la insurgencia se convirtió en intimidación contra el pueblo bawm, de mayoría cristiana, de la región de las colinas de Chittagong. A principios de año, las autoridades habían ordenado a los bawm que portaran sus documentos de identidad cuando salieran de sus hogares. Las autoridades también lanzaron un ataque contra el Frente Nacional Kuki-Chin, que tiene como objetivo establecer un estado autónomo para el pueblo bawm y la mayoría le considera protector de los derechos de las tribus de la zona, incluidos los bawm. Después de haber reforzado las medidas de seguridad contra el Frente Nacional Kuki-Chin, en la zona murieron dieciséis personas. Algunos miembros de la comunidad afirmaron que se habían realizado detenciones que poco tenían que ver con la insurgencia. Las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 140 miembros del pueblo bawm[35].
La creciente influencia de grupos islamistas como Jamaat-e-Islami también ha provocado un aumento de la hostilidad hacia los cristianos, que sufren discriminación laboral y retrasos en la concesión de permisos para construir iglesias. Se han cometido actos de vandalismo e incendios provocados contra colegios católicos a los que, además, se les exige que apliquen códigos de vestimenta islámicos y que sustituyan a los directores cristianos[36].
En octubre de 2024, fueron acusados de sedición 18 hindúes que celebraban una manifestación en Chattogram (antes Chittagong) para exigir un ministerio para las minorías. Chinmony Krishna Das Brahmachari, monje hindú y antiguo líder religioso de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, fue detenido un mes después acusado también de sedición por haber participado en dicha manifestación. El caso se tramitó conforme al Código Penal del país de 1860[37].
En octubre de 2024, unos extremistas incendiaron un venerado santuario sufí Dewanbag en Narayanganj, hiriendo a cuatro personas. Anteriormente, en agosto de 2024, fue atacado y reducido a cenizas un santuario sufí de Sonargaon[38].
En enero de 2025, el Consejo de Unidad Hindú, Budista y Cristiana de Bangladés acusó al Gobierno provisional de Muhammad Yunus de no proteger a las minorías religiosas y étnicas de la violencia y el acoso. Denunció 174 incidentes acaecidos entre el 21 de agosto y el 31 de diciembre de 2024, que se saldaron con 23 muertos y nueve violaciones entre las comunidades minoritarias, además de una serie de incendios provocados, actos de vandalismo y saqueos. El Gobierno refutó estas acusaciones y atribuyó los incidentes a motivos políticos más que a tensiones religiosas o étnicas[39].
En enero de 2025, el obispo auxiliar de Daca, Subroto Boniface Gomes, calificó de «buena» la relación entre la Iglesia católica y el nuevo Gobierno provisional de Bangladés. Sin embargo, insistió en la importancia de incluir representantes cristianos, independientemente de su confesión, en las seis comisiones de reforma recién creadas encargadas de revisar sectores clave como el sistema electoral, el poder judicial, la policía, la lucha contra la corrupción, la administración pública y la Constitución[40].
Futuro de la libertad religiosa
La actual inestabilidad social y política de Bangladés indica que todavía no hay una base estable para la libertad religiosa. Si bien el anterior Gobierno de la Liga Awami, de carácter laico, impuso restricciones a los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, ahora ha surgido la preocupación de que el actual Gobierno provisional, liderado por el asesor jefe Muhammad Yunus, pueda estar permitiendo una mayor influencia islamista. La decisión de levantar la prohibición del grupo Jamaat-e-Islami y su ala estudiantil, Islami Chhatra Shibir, parece indicar un cambio en este sentido. Queda por ver cómo abordará el nuevo Gobierno estas cuestiones tras las próximas elecciones.
Mientras tanto, las comunidades minoritarias siguen reclamando una mayor inclusión en la gobernanza. La difícil situación de los rohinyá sigue sin resolverse, ya que continúan soportando condiciones precarias en campamentos superpoblados y se enfrentan a múltiples formas de violencia. Ante estos acontecimientos, las perspectivas para la libertad religiosa en Bangladés parecen cada vez más negativas.
Fuentes
Bangladesh