Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de la República de Botsuana[1] de 1966, modificada en 1994 y 1997, garantiza la «libertad de conciencia», en la que se incluyen «la libertad de pensamiento y de religión, la libertad de cambiar de religión o creencias, y la libertad de manifestar y difundir, individual o colectivamente, en público o en privado, la propia religión o creencia por medio del culto, la enseñanza, la práctica y la observancia» (artículo 11.1).
En su parágrafo 2, el artículo 11 añade: «Toda comunidad religiosa tiene el derecho de fundar y mantener, a sus propias expensas, centros de educación y de gestionar cualquier institución educativa que mantenga de forma exclusiva; y no se impedirá a ninguna comunidad de esta índole impartir enseñanza religiosa a sus miembros como parte de la educación ofrecida en los centros educativos que mantenga de forma exclusiva o como parte de la educación que ofrezca de otro modo».
Finalmente, la Constitución también declara que «no se exigirá a ninguno de los asistentes de un centro educativo recibir formación religiosa sin su consentimiento personal (o el de su tutor en el caso de los menores de edad), ni participar o asistir a ninguna ceremonia o culto religioso si dicha formación, ceremonia o culto pertenece a una religión que no sea la propia» (artículo 11.3).
Los grupos religiosos se tienen que inscribir en el Registro de Sociedades del Ministerio de Trabajo e Interior[2]. El registro conlleva una serie de beneficios legales; por ejemplo, los grupos religiosos no registrados no pueden firmar contratos, hacer negocios ni abrir cuentas bancarias. El número mínimo de miembros con los que deben contar los grupos religiosos nuevos para poder registrarse asciende a 150[3].
En junio de 2022, el Parlamento aprobó la Ley de Asociación de Profesionales de los Medios de Comunicación, que sustituyó a la homónima Ley de 2008. Esta ley obliga a todos los periodistas a registrarse ante el Gobierno. La mayor parte de los medios de comunicación de Botsuana son estatales, y los partidos de la oposición acusan a los medios estatales de favorecer al partido gobernante[4].
Aunque Botsuana solo reconoce oficialmente las festividades cristianas, se permite a los miembros de otros grupos religiosos observar sus fiestas sin que el Gobierno intervenga[5].
Incidentes y acontecimientos
Durante el período estudiado en este informe, se ha producido un escaso número de actos de intolerancia, discriminación o persecución contra o entre grupos religiosos.
En 2016, el Gobierno presentó un plan estratégico, Visión 2036[6], para hacer de Botsuana un país de ingresos altos, alentando a los grupos religiosos a desempeñar un papel crucial en el desarrollo de la nación. El documento, que se sigue aplicando, declara: «En Botsuana, las organizaciones religiosas han desempeñado un papel decisivo en la construcción del país y seguirán haciéndolo en el futuro. Siguen prestando servicios como tratamiento médico, liderazgo, cuidado de huérfanos y educación, por nombrar solo algunos»[7].
Además, el plan indicaba que los grupos religiosos desempeñarían un papel más importante en la defensa de los valores de la sociedad y en el asesoramiento a las autoridades: «Las instituciones religiosas de Botsuana, en colaboración con el Gobierno, desempeñarán un papel cada vez más importante en la salvaguarda de la moralidad, la promoción de la tolerancia y la garantía de una gobernanza progresista»[8].
En julio de 2023, la Asamblea Nacional debatió un proyecto de enmienda constitucional presentado por Kabo Morwaegn, ministro de Estado del presidente, cuyo objetivo era consagrar los derechos LGBTQ+ en la Constitución. La propuesta generó una importante oposición entre los cristianos evangélicos del país. El presidente de la Hermandad Evangélica de Botsuana, Pulafela Siele, pidió a los legisladores que rechazaran el proyecto de ley, afirmando que «abriría las compuertas de la inmoralidad» en el país[9]. Al año siguiente, Abraham Kedisang, de la Misión de la Fe Apostólica de Botsuana, manifestó que enmendar la Constitución para incluir los derechos LGBTQ+ «podría suponer una amenaza para el cristianismo, la democracia y la república en su conjunto»[10].
En agosto de 2023, el Parlamento aplazó el debate de un proyecto de ley para legalizar las relaciones entre personas del mismo sexo un mes después de que la Asociación Evangélica de Botsuana se manifestara en contra de ello. Este proyecto de ley se presentó después de que en 2019 el Tribunal Superior emitiera una sentencia que despenalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo; en 2021 el Tribunal de Apelación confirmó dicha sentencia y en 2022 el presidente Masisi prometió respetarla[11].
Futuro de la libertad religiosa
En general, en Botsuana se reconoce el derecho a la libertad religiosa y el papel positivo de las organizaciones religiosas en el país. Esto se ve reforzado por un buen diálogo interreligioso, especialmente en el tratamiento de las cuestiones de interés común; por todo ello, las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo positivas.
Fuentes