Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El sultanato de Brunéi está situado en Borneo, isla que comparte con Malasia e Indonesia. Habiendo sido en tiempos un gran imperio, decayó durante el siglo XIX hasta convertirse en 1888 en un protectorado británico. Los japoneses ocuparon el país durante la Segunda Guerra Mundial. Brunéi no recuperó su independencia plena respecto del Reino Unido hasta 1984.
En 1959 se adoptó la Constitución actual de Brunéi, que se revisó en 2006. Según el artículo 2.1, la religión oficial es el islam «según la escuela shafi’í de la ahl al sunna wal yamaa». La escuela shafi’í es una de las cuatro escuelas o interpretaciones principales de jurisprudencia islámica (fiqh). La Constitución otorga cierta protección de la libertad religiosa en el momento en que declara que «las personas que profesan el resto de las religiones pueden practicarlas en paz y armonía» (artículo 3)[1].
El Sultanato de Brunéi es una monarquía absoluta. Con la ayuda de un Consejo Supremo, el Sultanato promueve la filosofía nacional de melayu islam beraja, o monarquía islámica malaya[2]. El mandato del Consejo Supremo es impulsar la filosofía nacional y fomentar la práctica del islam[3].
Los tribunales civiles y los de sharía de Brunéi funcionan en paralelo. Los tribunales civiles se basan en el derecho anglosajón (common law) y en un código penal laico. Los tribunales de sharía aplican la ley islámica tal y como la interpreta la escuela shafi’í. Los tribunales de sharía se ocupan de causas penales, de familia y de otras causas civiles. No solo aplican la antigua legislación de la sharía, sino también el nuevo Código Penal de la Syaria (sharía). El Gobierno promulgó la primera fase de este nuevo código en 2014, a la que siguieron las fases segunda y tercera en abril de 2019.
La sharía se aplica tanto a los musulmanes como a los no musulmanes. Ningún ciudadano de Brunéi, ni visitante extranjero, puede mostrar conductas consideradas no islámicas, sea o no musulmán, y todos están sujetos a sanciones penales. Entre las prohibiciones de la sharía se cuentan el consumo de bebidas alcohólicas y comer en público durante las horas de ayuno del Ramadán, que se aplican de forma rutinaria. Sin embargo, los no musulmanes no están sujetos a algunos de los requisitos específicos de la práctica religiosa islámica, como la oración de los viernes y la zakat (limosna).
Existe una amplia gama de disposiciones legales que protegen la religión oficial de disitintas maneras. Se considera delictivo cualquier acto que «tienda a empañar la imagen del islam». También es ilegal criticar el Código Penal de la Syaria[4]. Desde 2015 está prohibido celebrar públicamente la Navidad, por ejemplo, colocando adornos y cantando villancicos, porque podría dañar la «aqida (las creencias) de la comunidad musulmana»[5]. A pesar de la prohibición, algunos establecimientos venden artículos relacionados con la Navidad y anuncian actividades de temática navideña, y esta sigue siendo una fiesta nacional oficial[6]. Asimismo, desde 2015, el Gobierno ha endurecido las restricciones a la celebración pública de las festividades religiosas chinas[7].
Todos los grupos religiosos deben registrarse ante las autoridades. Esto implica proporcionar información sobre su organización, sus miembros y sus actividades. El registro es necesario, pero la Oficina del Registro tiene facultades discrecionales y puede denegarlo. Carecer de él puede dar lugar a una acusación de reunión ilegal, que conlleva multas. La pertenencia a una organización no registrada se sanciona conforme al derecho penal, con penas de hasta tres años de prisión. Cualquier reunión pública de cinco o más personas, incluyendo las que tienen fines de culto, precisa de una licencia oficial[8].
Las renovaciones y ampliaciones de los edificios gestionados por grupos religiosos no musulmanes están sujetas a la normativa gubernamental y el resultado es que estos locales suelen ser demasiado pequeños o inadecuados. En Brunéi hay algunas iglesias, además de unos pocos templos budistas, taoístas e hindúes. Aunque, en principio, se pueden reparar las infraestructuras de las Iglesias y los colegios privados gestionados por ellas, en la práctica el proceso de aprobación es largo, complejo y se ve sometido a retrasos. Una fetua vigente prohíbe a los musulmanes ayudar a los no musulmanes a conservar su religión, lo que también dificulta las obras en las instalaciones no musulmanas[9].
El Gobierno ha prohibido una serie de grupos religiosos, como, por ejemplo, la forma ahmadí del islam, el arqam (rama del islam con sede en Malasia), la fe bahaí y los testigos de Jehová. Las prohibiciones están incluidas en unas fetuas elaboradas por el muftí del Estado y por el Consejo Religioso Islámico. Según el nuevo Código Penal, en la actualidad, los musulmanes que deseen renunciar a su fe pueden hacerlo, pero deben notificarlo formalmente al Consejo Religioso Islámico[10].
Los colegios gestionados por el Ministerio de Educación Religiosa o Ministerio de Asuntos Religiosos dan educación religiosa islámica. En estos colegios, la educación islámica es obligatoria para los niños musulmanes y opcional para los alumnos no musulmanes. Además, se obliga a los padres musulmanes a matricular a sus hijos en colegios que ofrezcan formación religiosa complementaria. Si no lo hacen, se les puede imponer multas o penas de prisión de hasta un año. Los programas de educación religiosa aprobados por el Gobierno no contemplan credos no musulmanes[11].
El Ministerio de Educación reconoce a los colegios privados gestionados por las Iglesias, que pueden aceptar alumnos de cualquier religión. Sin embargo, ni siquiera a estos colegios privados gestionados por Iglesias se les permite ofrecer enseñanza religiosa cristiana; el incumplimiento de esta prohibición puede resultar en sanciones penales. No se contempla la enseñanza de otras formas de islam. Las confesiones que no sean la islámica según la escuela shafi’í solo se pueden enseñar en espacios privados, como viviendas familiares, o iglesias registradas[12].
El Ministerio de Asuntos Religiosos redacta el contenido de los sermones de las oraciones del viernes, que solo pueden predicar los imanes registrados ante el Estado[13]. El Gobierno ha advertido a la población en contra de cualquier otra forma de islam, ya sea islam liberal, salafí o wahabí. Esta imposición de una determinada forma de islam en el país se suele justificar como una defensa contra el extremismo[14].
La mayor parte de las reuniones oficiales comienzan con oraciones islámicas. Durante la oración de los viernes se cierran los negocios, y los restaurantes no sirven comida en las horas de ayuno del Ramadán. A los habitantes del país se les obliga a llevar documentos de identidad que, en la práctica, se usan para conocer la religión del portador. A quienes visitan el país se les pide que especifiquen su religión al solicitar el visado[15].
Brunéi mantiene la aplicación del Código Penal de Sharía, que impone normas estrictas sobre las prácticas religiosas. Este Código Penal prohíbe la difusión de religiones distintas del islam entre los musulmanes o las personas sin fe, con sanciones que incluyen multas, penas de prisión o ambas.
Además, el Código incluye disposiciones que tipifican como delito criticar el islam o al propio código, y prohíbe el desprecio o el insulto al sultán o a cualquier ley relacionada con el islam. Estas medidas siguen afectando a la libertad religiosa en el país[16].
Incidentes y acontecimientos
En Brunéi, el Año Nuevo Islámico se celebró los días 7 y 8 de julio de 2023. El sultán pronunció un discurso sobre cuestiones relacionadas con la salud mental. Tras señalar que más de 11 000 personas están recibiendo tratamiento psiquiátrico y psicológico en el Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, insistió en la necesidad de mejorar los programas de salud mental y de integrar enfoques científicos y espirituales, entre ellos la educación religiosa. Relacionó estos esfuerzos con el concepto de «hégira», que representa el cambio positivo y la mejora. El monarca también destacó el tema de este año, «Nutrir la mente», subrayando la importancia de una mente sana para una vida sana y la prohibición de las sustancias tóxicas en el islam[17].
En 2023, Brunéi se unió a otros países de mayoría musulmana para condenar el incidente de la quema del Corán en Suecia. El Gobierno manifestó su firme desaprobación por el acto, calificándolo de islamófobo e instando a que se adoptaran medidas legales internacionales para impedir este tipo de acciones[18].
Desde la muerte del cardenal Cornelius Sim en 2021, la pequeña comunidad católica de Brunéi ha seguido perseverando bajo el liderazgo del vicario general, el padre Robert Leong. A pesar de ser una pequeña minoría en un país predominantemente musulmán, la Iglesia local, compuesta por tres parroquias, sigue siendo muy dinámica, gracias en gran parte a la participación activa de los fieles migrantes filipinos. Su devoción y sus prácticas religiosas populares sostienen y enriquecen profundamente la vida católica de la nación[19].
Futuro de la libertad religiosa
Durante el período que se estudia en este informe, el panorama religioso de Brunéi se ha caracterizado por la aplicación estricta de la ley islámica, con severas restricciones a la libertad religiosa de los no musulmanes. Sigue en vigor el Código Penal de Sharía, que incluye duras penas como la muerte por lapidación por adulterio y homosexualidad, y la amputación por robo[20]. Las prácticas religiosas no musulmanas están estrictamente controladas, con importantes limitaciones al culto público, la educación religiosa y la distribución de material religioso. Estos acontecimientos ponen de relieve la importancia que Brunéi siempre ha concedido a la consolidación del poder a través de la autoridad religiosa, a pesar de las críticas internacionales y de la preocupación por las violaciones de los derechos humanos.
Fuentes
Brunéi