BURKINA FASO
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Burkina Faso, aprobada originalmente en 1991 y modificada en 2015, fue objeto de una nueva revisión en octubre de 2022 con la adopción de una carta transitoria presentada por el recién nombrado presidente de transición, Ibrahim Traoré[1]. Traoré también anunció una «modificación parcial» de la Constitución, a la que criticó por representar «las opiniones de un puñado de iluminados» en lugar de las de «las masas populares». Las nuevas enmiendas se aprobaron en diciembre[2] y en mayo[3] de 2023, y en octubre de 2024[4].
Estas revisiones se referían principalmente al marco institucional del país y no afectaban a las disposiciones constitucionales sobre la libertad de religión. La Constitución sigue definiendo a Burkina Faso como un Estado laico que no concede privilegios especiales a ninguna confesión religiosa y garantiza la plena libertad de creencias a sus ciudadanos.
La Constitución prohíbe «las discriminaciones de todo tipo, especialmente las fundadas en la raza, la etnia, la región, el color, el sexo, la lengua, la religión, la casta, las opiniones políticas, la riqueza y el nacimiento» (artículo 1)[5] y garantiza «la libertad de creencia, de no creencia, de conciencia, de opinión religiosa, de filosofía, de ejercicio de las creencias, la libertad de reunión, la libre práctica de las costumbres, así como la libertad de procesión y de manifestación, sin perjuicio del respeto a la ley, al orden público, a las buenas costumbres y a la persona humana» (artículo 7)[6].
El artículo 23 define a la familia como «la unidad básica de la sociedad» y prohíbe la discriminación por motivos religiosos «en asuntos de matrimonio», el cual tiene que estar basado «en el consentimiento libre» de ambos esposos y libre de discriminación «por motivos de raza, color, religión, etnia, casta, origen social [y] situación económica»[7].
Las comunidades religiosas pueden registrarse ante las autoridades a través del Ministerio de Administración Territorial y Descentralización, que supervisa los asuntos religiosos, si bien no están obligadas a ello. Las que deciden registrarse tienen que cumplir los mismos requisitos legales que se aplican a cualquier otra organización registrada[8].
En la escuela estatal no está permitida la formación religiosa; sin embargo, hay colegios privados de educación primaria y secundaria musulmanes, católicos y protestantes, así como centros educativos de niveles superiores de dichas confesiones. Los centros educativos tienen libertad en las cuestiones relacionadas con su personal, aunque deben informar al Gobierno de la designación de los directores. El Estado inspecciona los programas de estudio de los colegios confesionales para que la orientación y la obediencia religiosa se adecuen al plan de estudios académico estándar. En el caso de las escuelas coránicas de Burkina Faso, el control del Estado no es especialmente efectivo, ya que muchas de ellas no están registradas[9].
En 2023, el Gobierno asignó 127 000 dólares a las comunidades musulmana, católica, protestante y animista, pero ninguna había recibido los fondos al final del año[10]. El apoyo debía demostrar un trato equitativo hacia los diferentes grupos religiosos.
El 11 de octubre de 2024, la Santa Sede y Burkina Faso firmaron en Uagadugú el Segundo Protocolo Adicional a su acuerdo de 2019 sobre el estatuto jurídico de la Iglesia católica. El protocolo, que entró en vigor inmediatamente, facilita el reconocimiento de las personas jurídicas canónicas públicas en virtud de la legislación burkinesa, lo que permite la expedición de certificados de personalidad jurídica. La medida tiene por objeto reforzar la misión y la contribución de la Iglesia al bien común[11]. El acuerdo original, firmado en el Vaticano el 12 de julio de 2019 y en vigor desde su ratificación el 7 de septiembre de 2020, reconocía a la Iglesia católica y sus instituciones como sujetas al derecho público y esbozaba el marco de cooperación entre la Iglesia y el Estado[12].
Incidentes y acontecimientos
La seguridad de Burkina Faso, que en su día fue considerado un modelo de armonía interreligiosa en África Occidental, ha sufrido un grave deterioro desde finales de 2015, convirtiéndose en uno de los principales epicentros de la violencia yihadista en el Sáhel. Los grupos extremistas que inicialmente se infiltraron en el norte del país desde la vecina Mali, han ido ampliando su presencia en las regiones occidental, central y oriental[13].
Entre los grupos activos en la zona se encuentran el Estado Islámico-Provincia de África Occidental y Yamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, vinculado este último con Al Qaeda en el Magreb Islámico. En 2023, Burkina Faso fue el país más afectado por el terrorismo a nivel mundial, según el Índice Global de Terrorismo, posición que mantuvo en 2024[14].
En la actualidad, operan múltiples facciones yihadistas en todo el país, siendo Yamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin la más dominante, seguida por el Estado Islámico-Provincia de África Occidental y Ansarul Islam. Estos grupos, a la vez que mantienen conexiones con redes yihadistas transnacionales, participan en formas híbridas de violencia que combinan el extremismo ideológico con la insurgencia localizada y el crimen organizado. El conflicto se ha intensificado aún más debido a los enfrentamientos entre estos grupos armados y las fuerzas armadas, incluido el ejército y la milicia progubernamental conocida como Voluntarios para la Defensa de la Patria[15].
En 2024 se produjeron en Burkina Faso una quinta parte de las muertes relacionadas con el terrorismo a nivel mundial, y la mayoría de los ataques se concentraron en las regiones del norte y el este, cerca de la frontera con Níger. De las 1532 víctimas mortales del país, 682 se produjeron en las regiones del centro-norte y el este, siendo el centro-norte la zona con mayor número de víctimas. El ataque más mortífero, perpetrado por el Yamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, tuvo lugar en la aldea de Barsalogho, a unos 80 km (50 millas) de la capital, y tuvo como víctimas a los civiles que cavaban trincheras sin protección del ejército[16]. Los yihadistas mataron a unas 600 personas[17] y alegaron falsamente que sus víctimas eran combatientes[18].
En muchas zonas rurales, los grupos yihadistas siguen controlando vastos territorios y están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los centros urbanos que antes se veían menos afectados.
La situación se ve agravada por la inestabilidad política actual, que comenzó tras la destitución del presidente Blaise Compaoré en 2014 y se agudizó tras dos golpes de Estado en 2022, el segundo de los cuales llevó al poder al presidente en funciones, el capitán Ibrahim Traoré. Como estudiante, había pertenecido a una asociación marxista y, tras hacerse con el control del país, se ha convertido en un elocuente defensor del panafricanismo y la ideología «antiimperialista»[19].
Burkina Faso ha reconsiderado sus alianzas internacionales, distanciándose de sus aliados occidentales tradicionales en favor de estrechar lazos con países como China y Rusia. Este cambio geopolítico se acentuó cuando los gobiernos militares de Burkina Faso, Mali y Níger se retiraron conjuntamente de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que en enero de 2022 había suspendido a Burkina Faso tras el golpe de Estado liderado por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba[20]. En julio de 2024, los tres países formalizaron su alianza mediante la creación de la «Confederación de Estados del Sáhel», cuyo objetivo es promover la integración regional mediante la creación de un banco de inversión y mecanismos para la libre circulación de personas, bienes y servicios. Esta iniciativa fue posterior a la formación, en septiembre de 2023, de la Alianza de Estados del Sáhel, pacto de defensa conjunta destinado a coordinar los esfuerzos antiterroristas en toda la región[21]. En diciembre de 2024, Burkina Faso, Mali y Níger anunciaron un período de transición de seis meses para su retirada de la CEDEAO, período que terminaría el 29 de julio de 2025. A pesar de los intentos de la CEDEAO por revertir la decisión durante una cumbre en Abuya, los tres gobiernos militares reafirmaron su salida, lo que supuso un importante cambio geopolítico en el Sáhel y un giro hacia unas relaciones más estrechas con Rusia[22].
Durante el período que se estudia en este informe se produjeron numerosos ataques dirigidos tanto contra la población militar como contra la civil, incluidas las comunidades religiosas. La violencia también se tradujo en el secuestro y asesinato de líderes religiosos. Los siguientes ejemplos ilustran, aunque no de forma exhaustiva, la gravedad y el alcance de estos incidentes.
El 2 de enero de 2023, hombres armados no identificados tendieron una emboscada y asesinaron al padre Jacques Yaro Zerbo, sacerdote de 66 años de la diócesis de Dédougou, cuando viajaba por la carretera de Dédougou a Gassan. Según el obispo Prosper Bonaventure Ky, el ataque se produjo en una de las regiones más afectadas por la violencia de Burkina Faso y fue perpetrado por terroristas. Los agresores también le robaron el vehículo. Las autoridades locales señalaron que era al menos el cuarto sacerdote asesinado en la zona[23].
El 11 de enero de 2023, militantes yihadistas atacaron la mezquita ahmadí de Goulgountou, en la región del Sáhel, Burkina Faso. Los asaltantes, que llegaron en motocicleta durante las oraciones de la tarde, irrumpieron en el recinto, separaron a nueve fieles de edad avanzada —entre ellos el imán Alhay Boureima Bidiga, de 67 años— y los ejecutaron por negarse a renunciar a su fe. Según los supervivientes, las últimas palabras del imán fueron: «Si queréis cortarme la cabeza, podéis hacerlo, pero no me es posible renunciar al islam ahmadí». A continuación, los atacantes advirtieron al resto de los fieles que reabrir la mezquita supondría la muerte[24].
En octubre de 2023, los terroristas obligaron a huir a la población cristiana de Débé, aldea del noroeste de Burkina Faso, tras lanzar un ultimátum de 72 horas. La orden se produjo después de que hubieran asesinado en el interior de la iglesia del pueblo a dos jóvenes pertenecientes a los scouts por formar parte de un grupo prohibido por los yihadistas y por ignorar la orden de mantenerse alejados de una zona controlada por los yihadistas. El obispo de Dédougou, Prosper B. Ky, afirmó que el suceso «no tenía precedentes», pues «hasta ahora, expulsaban a todos los habitantes de las aldeas, no solo a los miembros de una religión en particular»[25].
El 25 de febrero de 2024, decenas de personas murieron en el ataque a una mezquita en la localidad de Natiaboani, en la región oriental de Burkina Faso, donde operan múltiples grupos armados. El ataque tuvo lugar durante las oraciones matutinas y las autoridades confirmaron que las víctimas eran en su mayoría varones musulmanes. Según las noticias, los combatientes islamistas rodearon la mezquita y también atacaron a soldados locales y a una milicia de autodefensa. Los medios de comunicación locales describieron un ataque masivo por parte de insurgentes armados con ametralladoras en motocicletas. Entre los fallecidos se encontraba «un importante líder religioso»[26]. Los soldados y los miembros de los Voluntarios para la Defensa de la Patria, milicia que apoya al ejército, también fueron blanco de «estas hordas que llegaron en gran número». La fuente lo describió como un «ataque a gran escala» debido al elevado número de asaltantes, que también causaron daños importantes[27].
El mismo día del ataque a la mezquita, murieron al menos 15 civiles y otros dos resultaron heridos en un asalto a una iglesia católica durante la misa dominical en Essakane, en la diócesis de Diori, situada en la zona de las «tres fronteras» cerca de Burkina Faso, Mali y Níger. El padre Jean-Pierre Sawadogo, vicario de la diócesis de Dori, confirmó que el asalto fue un «ataque terrorista» perpetrado mientras rezaban. También fueron atacadas varias unidades militares en el este y el norte de Burkina Faso. Fuentes de seguridad informaron de que, en respuesta, cientos de insurgentes fueron neutralizados. Las mezquitas y los imanes ya habían sido blanco de los yihadistas anteriormente, con más de 20 000 muertos y más de dos millones de desplazados debido a la violencia[28].
Justin Kientega, obispo de Ouahigouya, describió un brutal ataque perpetrado durante una celebración dominical de la Palabra, en el que murieron doce personas, entre ellas dos niños de cuatro y catorce años. Relató que los extremistas armados suelen llegar en motocicletas, imponen normas estrictas, como la prohibición de las escuelas y el cumplimiento de los códigos de vestimenta islámicos, y a veces llevan a cabo ejecuciones públicas para sembrar el terror. En muchas zonas, ordenan a los residentes abandonar sus hogares de forma permanente. Los cristianos, que ya son una minoría, se enfrentan a restricciones especialmente duras: en algunas aldeas, pueden rezar, pero se les prohíbe dar clases de catecismo; en otras, el culto está totalmente prohibido. La consecuencia es que muchos han huido. En la diócesis del obispo Kientega, dos parroquias han cerrado debido a la inseguridad y otras dos siguen siendo completamente inaccesibles[29].
La violencia terrorista ha perturbado gravemente la vida de la Iglesia en Burkina Faso, lo que ha provocado la suspensión de numerosas actividades pastorales. En febrero de 2024, la Conferencia Episcopal de Burkina Faso y Níger informó de que se habían cerrado al menos 30 parroquias, especialmente en las regiones del norte y el este[30]. Con grupos armados que controlan entre el 40 y el 50 % del país, las actividades diocesanas se limitan principalmente a las capitales provinciales. En la diócesis de Dori, por ejemplo, tres de las seis parroquias han cerrado. Según el obispo Laurent Dabiré, los feligreses suelen pedir a los sacerdotes que se marchen cuando una zona se vuelve demasiado peligrosa[31].
En abril de 2024, secuestraron y asesinaron al catequista Edouard Zoetyenga Yougbare cerca de Saatenga, en la diócesis de Fada N'Gourma, al este de Burkina Faso. Según fuentes locales, el asesinato estuvo relacionado con una disputa por tierras con un grupo de pastores fulani, más que con motivos religiosos. El grupo armado también se llevó a otras personas, entre ellas a Jean Marie Yougbare, otro catequista al que detuvieron durante un breve tiempo y después liberaron, cuando los atacantes se dieron cuenta de que los había acogido en su casa durante una tormenta[32].
A finales de agosto de 2024, se produjo el mortífero atentado al que ya nos hemos referido; al menos 100 aldeanos y soldados murieron en el centro de Burkina Faso cuando combatientes de Yamaat Nusra atacaron la comuna de Barsalogho, a unos 80 km (50 millas) de la capital. El asalto tuvo como objetivo a los aldeanos a los que las fuerzas de seguridad habían obligado a cavar trincheras. Al Qaeda reivindicó la autoría y afirmó que había obtenido «el control total de una posición miliciana» en Kaya, ciudad estratégica para las operaciones de contrainsurgencia. Los vídeos analizados por un especialista en seguridad mostraban cadáveres apilados cerca de las trincheras[33].
Solo un día después de la masacre de Barsalogho, los yihadistas mataron a 26 personas en una iglesia de la aldea de Sanaba, en la diócesis de Nouna, al oeste de Burkina Faso. El 25 de agosto de 2024, los insurgentes rodearon la aldea, reunieron a la población y separaron a todos los varones mayores de 12 años que fueran cristianos (católicos y protestantes), practicantes de religiones tradicionales o considerados hostiles a la ideología yihadista. A estos 26 hombres los llevaron a una iglesia protestante cercana donde los degollaron. En los días siguientes, los yihadistas también atacaron tres parroquias católicas cercanas, lo que provocó la huida de unas 5000 mujeres y niños a Nouna. Entre mayo y agosto de 2024, asesinaron a unos 100 cristianos en la región pastoral de Zekuy-Doumbala, y a otros los secuestraron[34].
Un informe de Human Rights Watch de septiembre de 2024 destacó la escalada de violencia islamista en Burkina Faso, donde grupos armados vinculados al ISIS y a Al Qaeda «cometieron una matanza de aldeanos, desplazados y fieles cristianos»[35].
Mientras tanto, Human Rights Watch ha registrado masacres de civiles a gran escala cometidas por el ejército. En febrero de 2024, asesinaron a 223 civiles, entre ellos al menos 56 niños, en las aldeas de Soro y Nondin[36]. Un superviviente afirmó que el ejército había acusado a los aldeanos de no informarles sobre los movimientos yihadistas. En mayo de 2025, al menos otras 130 personas murieron en una masacre perpetrada por las fuerzas especiales burkinesas cerca de la ciudad occidental de Solezno[37].
Como Yamaat Nusrat al Islam wa l-Muslimin ha reclutado a muchos fulani para sus filas, los Voluntarios para la Defensa de la Patria, respaldados por la junta, han atacado y asesinado a civiles fulani en la capital, Uagadugú, y en la segunda ciudad, Bobo-Dioulasso, además de masacrar a 31 miembros de familias fulani en la localidad noroccidental de Nouna[38].
Es probable que el ejército y las milicias aliadas hayan cometido más atrocidades, dada la forma en que la junta ha intentado imponer una censura informativa, expulsando a los periodistas y bloqueando las agencias de noticias, especialmente aquellas que han informado sobre la ejecución de civiles por parte del ejército. En marzo de 2023, el Gobierno suspendió las emisiones de France 24 «hasta nuevo aviso», tras haber suspendido ya las de Radio France International en diciembre de 2022. Estas medidas fueron denunciadas por Reporteros sin Fronteras como «un nuevo ataque a la libertad de información»[39].
En abril de 2023, el Gobierno dio a dos periodistas —Sophie Douce, de Le Monde, y Agnes Faivre, de Libération— 24 horas para abandonar el país. Libération había estado investigando un vídeo en el que se veía cómo se ejecutaba a niños y adolescentes en un cuartel militar, y al menos un soldado se mostraba evidentemente descontento con lo que estaba sucediendo[40]. Aljazeera publicó un comentario de Reporteros sin Fronteras en el que se afirmaba que el Gobierno estaba atacando a los medios de comunicación para «camuflar sus abusos»[41].
En abril de 2024, tras las masacres perpetradas por el ejército en Soko y Nondin, la junta suspendió el acceso a las cadenas que habían cubierto la noticia, entre ellas Deutsche Welle, Le Monde, The Guardian, TV5 Monde, la BBC y Voice of America[42].
El domingo 6 de octubre de 2024, unos yihadistas atacaron la ciudad de Manni, en la región oriental de Burkina Faso, tomando como objetivo un mercado donde se habían reunido muchos cristianos después de la misa. La violencia se prolongó durante tres días, en los cuales se llegaron a producir agresiones al personal del hospital y una matanza de los hombres que permanecían en la ciudad. Fuentes locales estiman que más de 150 civiles, tanto cristianos como musulmanes, fueron asesinados. El obispo de Fada N'Gourma, Pierre Claver Malgo, calificó de «bárbara» la atrocidad, lamentó el ataque a la dignidad humana e instó a los fieles a permanecer unidos y esperanzados[43].
El 25 de enero de 2025, cuatro catequistas de la parroquia de Ouakara, en la diócesis de Dédougou, sufrieron una emboscada cerca de Bondokuy cuando regresaban de una sesión de formación sobre el ministerio catequístico. El grupo viajaba en dos motocicletas cuando dos hombres armados los atacaron; los catequistas que viajaban en la primera motocicleta lograron huir al bosque, mientras que a los otros dos los encontraron más tarde brutalmente asesinados. El comisario de policía de Bondokuy informó que este era el cuarto asesinato de este tipo en la zona y atribuyó la violencia a bandidos armados que intentaban hacerse pasar por terroristas para justificar sus ataques y sembrar el miedo entre la población[44].
A pesar de la violencia extremista constante, se han dado en este período algunos casos de unidad.
En abril de 2023, numerosos jóvenes musulmanes y cristianos burkineses se reunieron en la plaza pública de Uagadugú al atardecer para romper el ayuno juntos. El acto, celebrado durante el Ramadán y la Cuaresma, tenía como objetivo fomentar la tolerancia religiosa ante la insurgencia que sigue azotando Burkina Faso. Organizado por un grupo juvenil interreligioso local, el encuentro consistió en compartir comida y oraciones como acto simbólico de unidad contra las fuerzas militantes que intentan explotar las divisiones étnicas y religiosas[45].
El 17 de junio de 2023, Burkina Faso y la Santa Sede celebraron 50 años de relaciones diplomáticas. En una ceremonia celebrada en Roma, Jean Marie Karamoko Traoré, ministro delegado de Cooperación Regional de Burkina Faso, describió a la Iglesia católica como «inseparable» del desarrollo del país y elogió su papel en la educación, la catequesis y el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres. Agradeció con las siguientes palabras la solidaridad de la Iglesia durante la actual crisis de seguridad: «Desde el comienzo mismo de los ataques terroristas, hemos experimentado la solidaridad, la compasión y el testimonio de amor de la Iglesia»[46].
El 3 de octubre de 2024, el presidente en funciones Ibrahim Traoré se despidió del nuncio apostólico, monseñor Michael Francis Crotty, al término de su misión. Monseñor Crotty manifestó su gratitud por la cálida hospitalidad que había recibido durante sus cuatro años en el país y señaló su satisfacción con su misión religiosa como representante del Papa. Transmitió los saludos y el apoyo espiritual del papa Francisco al pueblo de Burkina Faso, especialmente a los afectados por el terrorismo. También reafirmó el compromiso de la Iglesia católica de apoyar el desarrollo del país, sobre todo en los ámbitos de la educación y la salud[47].
Futuro de la Libertad religiosa
En Burkina Faso las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo muy preocupantes. El país se enfrenta a una de las crisis humanitarias más graves del mundo, provocada por la inseguridad arraigada, la pobreza generalizada y la fragilidad institucional. Más de dos millones de personas se han visto desplazadas internamente[48], muchos como consecuencia directa de la violencia por motivos religiosos. Tanto las comunidades cristianas como las musulmanas han sufrido devastadores ataques yihadistas, y cada vez se cometen más ataques contra lugares de culto durante los servicios religiosos. Es frecuente que secuestren o asesinen a líderes religiosos, a menudo con impunidad. A pesar de los discursos oficiales que sugieren que se han logrado avances, hasta ahora el Gobierno no ha logrado restablecer la seguridad básica ni proteger el derecho al culto, lo que suscita serias preocupaciones para los próximos dos años.
Fuentes
Burkina Faso