BURUNDI
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Burundi de 2018[1] garantiza el derecho a la libertad de expresión, religión, pensamiento, conciencia y opinión (artículo 31), así como el derecho a la libertad de reunión y asociación (artículo 32). En ella, Burundi se define como «una república independiente, soberana, laica, democrática y unitaria que respeta su diversidad étnica y religiosa» (artículo 1). Todos los burundeses son iguales «en valor y dignidad», tienen «los mismos derechos y [...] protección por parte de la ley», y a nadie se le puede «excluir de la vida social, política o económica a causa de su raza, lengua, religión, sexo u origen étnico» (artículo 13).
En septiembre de 2022, la Asamblea Nacional aprobó una ley sobre religiones[2], que revisaba una ley de 2014[3], y concedió a los grupos religiosos un plazo de dos años para cumplirla (artículo 70). La ley los obligaba a registrarse en el Ministerio del Interior, presentando sus estatutos y aportando el nombre e información personal de los miembros de su órgano rector. Una vez obtenida la aprobación del Ministerio, podían llevar a cabo sus actividades libremente[4].
La ley también exige que los líderes religiosos tengan una licenciatura, regula la financiación de la Iglesia e impone una distancia mínima entre los lugares de culto (500 metros en zonas urbanas y un kilómetro en zonas rurales). Además, la ley obliga a las organizaciones religiosas a informar al Ministerio del Interior de cualquier donación o legado extranjero.
Muchos líderes religiosos consideran que la ley es restrictiva y argumentan que el plazo de dos años para su cumplimiento es insuficiente. También han manifestado su preocupación por otros aspectos: las normas sobre la distancia, que no se aplican en algunas zonas de la capital económico, Buyumbura; los requisitos que deben cumplir los lugares de culto en construcción, lo que provoca retrasos debido a la ineficacia burocrática; y la exigencia de que los líderes religiosos tengan una licenciatura[5].
Incidentes y acontecimientos
Durante el período estudiado en este informe, el conflicto que asola la región de los Grandes Lagos, en particular el resurgimiento de la rebelión del M23 en la parte oriental de la República Democrática del Congo, ha tenido repercusiones en la estabilidad de Burundi. Aunque el país no se encuentra en el centro del conflicto, su participación —con el despliegue de tropas en la República Democrática del Congo y su implicación en la fuerza regional de África Oriental— ha despertado la preocupación en materia de seguridad.
El presidente Évariste Ndayishimiye se describe a sí mismo como ferviente[6] católico y ha acusado a sus oponentes de actuar en contra de la voluntad de Dios, tildando a quienes dudan de su visión para el país de «siervos de Satanás»[7]. En diciembre de 2024, durante el tradicional festival Umuganuro, Ndayishimiye y la primera dama, Angéline Ndayubaha, presidieron una cruzada nacional de oración preparatoria para la consagración de la nación en el año 2025. El acto manifestó la estrecha relación que se da en Burundi entre la autoridad política y la expresión religiosa[8].
En septiembre de 2022, el presidente acusó al entonces primer ministro Alain-Guillaume Bunyoni de planear un golpe de Estado para destituirlo de su cargo. En abril de 2023, Bunyoni fue detenido y condenado a cadena perpetua por conspirar para derrocar al presidente. En 2024, Bunyoni recurrió la condena[9].
El 4 de abril de 2023, la policía detuvo a 61 miembros de la Iglesia de Cristo Gloria Mundial en la provincia de Ngozi. Fuentes locales informaron de que estaban rezando en una casa del distrito de Kinyami 2, en la capital de la provincia, también llamada Ngozi. Las mismas fuentes indicaron que los detenidos, entre los que se encontraban 29 mujeres, fueron encarcelados en condiciones extremadamente precarias, confinados en celdas pequeñas y superpobladas[10].
El 3 de octubre de 2023, el Gobierno y la Conferencia Episcopal de Burundi crearon una comisión mixta con seis subcomités, lo que supone un importante avance en las relaciones entre el Estado y la Iglesia[11]. Esta iniciativa está basada en el Acuerdo Marco de 2012 entre la República de Burundi y la Iglesia católica[12]. Los subcomités se ocupan de ámbitos clave de cooperación, como las asociaciones de laicos, educación, sanidad, servicios de capellanía, desarrollo humano y asistencia social, así como la restitución de los bienes eclesiásticos confiscados anteriormente por el Estado. El arzobispo Bonaventure Nahimana, presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Burundi, subrayó la importancia de oficializar el reconocimiento legal de las asociaciones católicas de laicos, que contribuyen activamente a las misiones de caridad y apostólicas[13].
En noviembre de 2023, la archidiócesis de Buyumbura organizó una reunión para jóvenes católicos, a los que animó a adoptar las plataformas digitales como forma de apostolado. Organizada con el fin de garantizar que los jóvenes puedan comunicarse de manera eficaz y respetando los valores católicos, esta iniciativa formaba parte de un movimiento cuyo objetivo es evangelizar y promover la paz a través de las redes sociales y otras herramientas en línea[14]. Sin embargo, persiste la preocupación sobre la censura en línea y la vigilancia gubernamental[15].
En febrero de 2024, los líderes de la Iglesia metodista realizaron importantes esfuerzos para salvar la brecha entre la fe y la política. Entre sus iniciativas está el diálogo entre líderes políticos y grupos religiosos para fomentar la unidad y garantizar que las cuestiones relacionadas con la fe se aborden en el marco político. La colaboración ha sido elogiada por fomentar la convivencia pacífica, pero también plantea dudas sobre la autonomía de las organizaciones religiosas en un entorno en el que las tensiones políticas suelen influir en la libertad de expresión[16].
El 15 de abril de 2024, la Conferencia Episcopal Católica de Burundi envió un mensaje muy crítico al Gobierno antes de las elecciones de mayo de 2025[17]. Leída en las iglesias de todo el país, la declaración advertía contra las tendencias autoritarias, denunciaba la injerencia política en el poder judicial, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y el agravamiento de la pobreza, y pedía pluralismo político, competencia leal y libre acceso a los medios de comunicación. Los obispos también condenaron los asesinatos por motivos políticos y la corrupción; asimismo, criticaron la contratación en el sector público basada en la lealtad al partido o en sobornos. Su mensaje sirvió como una clara advertencia sobre el retroceso democrático y reclamaba una mayor rendición de cuentas y la inclusión en la gobernanza[18].
En julio de 2024, en Burundi se ordenaron cerca de 90 sacerdotes católicos, lo que refleja la importante influencia de la Iglesia. Este auge de las vocaciones locales contrasta fuertemente con la década de 1960, cuando los sacerdotes autóctonos eran una rareza e ilustra cómo la Iglesia ha llegado a desempeñar un papel fundamental en la sociedad burundesa como brújula moral, consejera espiritual y educadora cívica, especialmente en tiempos turbulentos[19].
En septiembre de 2024, una visita a Burundi del obispo Anthony Poggo, secretario general de la Comunión Anglicana, impulsó la cooperación interconfesional. El obispo elogió a la Iglesia anglicana de Burundi por su capacidad de adaptación a la hora de abordar retos como la pobreza y la injusticia social, a menudo vinculados a la discriminación religiosa. La visita reforzó la importancia de la libertad religiosa y el apoyo mutuo para promover la armonía social[20].
Aunque predominantemente cristiana, Burundi alberga una minoría musulmana, en su mayoría suní y concentrada en las zonas urbanas[21]. El 23 de diciembre de 2024, el gran muftí de Uganda, el jeque Shaban Ramadan Mubaye, elogió a la comunidad musulmana de Burundi por garantizar la transición pacífica del poder que condujo a la investidura del jeque Salum Nayabagabo como nuevo muftí de Burundi. El mensaje del jeque Mubaye, transmitido por el muftí adjunto de Uganda, el jeque Muhammad Ali Waiswa, ensalzó la unidad y la lealtad de la comunidad, reflejadas en la gran afluencia de público en un acto celebrado en el Estadio Nacional de Fútbol de Gitega. En representación del Gobierno de Burundi, Révérien Ndikuriyo elogió a la comunidad musulmana por su compromiso y reafirmó el apoyo del Estado a la nueva dirección[22].
El 28 de diciembre de 2024, el presidente Ndayishimiye y su esposa participaron en la Oración Nacional de Acción de Gracias en Buyumbura. La ceremonia fue oficiada por el arzobispo católico de Buyumbura, monseñor Gervais Banshimiyubusa[23].
Futuro de la libertad religiosa
Persiste la preocupación por la política autoritaria en Burundi, pues, aunque no se dirige principalmente contra la libertad religiosa, tiene amplias repercusiones en los derechos humanos. A pesar de las garantías constitucionales, las autoridades han politizado cada vez más el discurso religioso y han intensificado el control de las organizaciones religiosas, en particular las que critican al Gobierno. Esto ha restringido su autonomía, especialmente en las actividades humanitarias y de consolidación de la paz relacionadas con la crisis regional.
La ley de 2022 sobre los grupos religiosos también sigue siendo motivo de preocupación, especialmente en lo que respecta a sus posibles repercusiones sobre el ejercicio de la libertad religiosa y al alcance de la injerencia estatal. A pesar de estas amenazas, el país ha sido testigo de una campaña de evangelización impulsada por los jóvenes, a la vez que el diálogo interreligioso ha fomentado la unidad. La comunidad musulmana ha renovado a sus líderes, que también hacen hincapié en la unidad. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen sin cambios.
Fuentes