CAMERÚN
Marco legal de la libertad religiosa y aplicación actual
El preámbulo de la constitución de Camerún, promulgada en 1972 y enmendada en 2008, reconoce que «la persona humana, sin distinción de raza, religión, sexo o credo, posee derechos sagrados e inalienables». Nadie, continúa el texto, «será acosado por sus orígenes, opiniones o creencias religiosas filosóficas o políticas, que son sujetos de respeto en la política pública»[1].
El artículo 14 del preámbulo declara que «el Estado es laico» y que «se garantizará la neutralidad e independencia del Estado respecto a todas las religiones». El mismo artículo añade que «se garantizará la libertad religiosa y de culto»[2].
La ley exige que los grupos religiosos reciban aprobación gubernamental para obrar en el país; además, el gobierno «podrá suspender las actividades de los grupos sin registrar».[3] El registro, concedido por decreto presidencial, permite a los grupos la compra de propiedades sin impuestos; también, facilita el trabajo de los misioneros extranjeros, a quienes se les permite solicitar una visa de largo plazo[4].
Los colegios privados pueden ofrecer educación religiosa; los públicos, no. Por otra parte, solo se permiten aquellos colegios privados que cumplen con los mismos parámetros educativos y de infraestructura que los públicos[5].
Las vacaciones cristianas y musulmanas más importantes también son fiestas nacionales. Entre ellas, destacan Navidad, Viernes Santo, Pascua, la Ascensión, la Asunción, Aíd-al-Fitr, Aíd-al-Adha y Mawlid, el cumpleaños del Profeta[6].
Incidentes y acontecimientos
Camerún se enfrenta a serios desafíos que entremezclan religión y seguridad, vinculados a revueltas islamistas y a conflictos separatistas internos. Desde 2014, Boko Haram (también llamado Jama’atu Ahl as-Sunnah li-Da’awati wal-Jihad o JAS) desestabiliza la Región del Extremo Norte; el Estado Islámico-Provincia del África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) hace otro tanto, si bien desde tiempos más recientes. Boko Haram opera en Camerún desde 2009; en 2023, experimentó un resurgimiento que coincidió con la creciente presencia del ISWAP. Ambos grupos no dejan de sofisticar sus tácticas, llegando a utilizar drones y explosivos en las zonas fronterizas con Nigeria y Chad. Sus actividades han provocado la migración de dos millones de personas en la Cuenca del Chad. Además, han causado un sufrimiento enorme a los civiles, con ejecuciones, secuestros y abusos cometidos por insurgentes y fuerzas de seguridad[7].
Boko Haram fue el grupo más activo y letal del país en 2024. A pesar de que su actividad fue un 28 % inferior respecto a la del año anterior, en total, fue responsable de 107 muertes y 69 ataques —algo más que la media nacional total—. La Región del Extremo Norte sufrió, una vez más, el embate de la violencia. Boko Haram fue autor del 92 % de todos los ataques y del 98 % de muertes vinculadas a ellos. Estas cifras evidencian la vulnerabilidad persistente de la región[8].
Comparados con datos del año anterior, en 2024 el número de secuestros por parte de Boko Haram y del ISWAP aumentó más del doble. Este incremento se debe al mayor número de operaciones militares en Chad, sobre todo a la Operación Haskanite, que empujó a varios militantes de Boko Haram a Camerún; esto explica el aumento de los secuestros y robo a civiles. La Multinational Joint Task Force, encargada de combatir la insurrección en la Cuenca de Chad, ha sido criticada por sus intervenciones desiguales, problemas de seguridad en la frontera y cierta reticencia a combatir contra los rebeldes. Como resultado, los civiles cada vez se enfrentan a mayores riesgos sin una acción militar coordinada[9].
Como reflejo de este deterioro general de la seguridad, por primera vez desde 2019, Camerún regresó en 2024 a la lista de los diez peores países en el Global Terrorism Index. Su inclusión manifiesta la amenaza del terrorismo y la erosión de la protección civil, sobre todo en regiones con profundas divisiones religiosas y étnicas[10].
En el noroeste y suroeste del país, la crisis anglófona todavía es una gran fuente de inestabilidad. El conflicto nace de agravios profundamente arraigados, de cierta negligencia económica y de la discriminación cultural; grupos separatistas —sobre todo, el grupo Ambazonia— alimentan el descontento para justificar la independencia de las regiones angloparlantes. Aunque no sea de naturaleza religiosa, la violencia ha afectado a las comunidades locales, grupos religiosos incluidos[11]. Esta inseguridad persistente ha entorpecido las actividades pastorales, pedagógicas y humanitarias de las organizaciones religiosas, agravando todavía más la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por el conflicto. En 2024, la rebelión fue responsable de casi la mitad de todos los ataques y de un tercio de las muertes provocadas por el terrorismo en todo el país. La confianza del gobierno, convencido de que basta una legislación antiterrorismo para gestionar la crisis, ha provocado críticas de observadores externos, porque complican la posibilidad de una resolución política. Hasta la fecha, el conflicto ha provocado más de 6000 muertes y desplazado a más de un millón de personas[12].
Los separatistas han secuestrado, torturado y asesinado a civiles sospechosos de colaborar con el gobierno y a aquellos que no querían apoyar actividades sediciosas, como participar en boicots económicos o políticos. En respuesta al conflicto, las fuerzas del gobierno han cometido arrestos arbitrarios y ejecuciones ilegales; las tropas han cometido violaciones a los derechos humanos, como quemar casas y pueblos, así como violaciones y torturas[13].
Entre las distintas tradiciones religiosas, la comunidad cristiana es vista como el grupo más perseguido. En el período estudiado, numerosos civiles cristianos y líderes religiosos han sido atacados. En 2021, el sacerdote católico Christopher Eboka —que fue víctima de un secuestro— indicó por qué, a pesar de la neutralidad de la Iglesia, los sacerdotes están en peligro en la crisis anglófona. «El efecto de la narrativa del gobierno», señaló, «es que la Iglesia alimenta el conflicto armado, mientras que, por otra parte, los actores no estatales sostienen un relato que reduce a la Iglesia al papel de cómplice del gobierno, que les sirve para justificar de una forma un tanto ingenua su persecución a la Iglesia»[14]. La siguiente selección de incidentes describe la caótica situación en la que está inmerso el país.
Según información proveniente de funcionarios locales, al menos 25 personas fueron secuestradas en el oeste de Camerún en abril de 2023, durante una semana de ataques llevados a cabo por hombres armados. Los secuestros ocurrieron en varias aldeas del distrito de Ako, cerca de la frontera con Nigeria. Cientos de personas en pueblos como Abafum, Akwancha y Abutu huyeron. El gobierno desplegó al ejército para rescatar a los secuestrados y asistir a los heridos. A pesar de que no se identificó a los atacantes, los funcionarios sospecharon de los pastores fulani extremistas de Nigeria, que a menudo se enfrentan contra los agricultores. La tensión en esta región, antes un refugio para quienes huían de la violencia separatista, ha aumentado por este tipo de ataques. Los supervivientes informaron de torturas por negarse a pagar a los atacantes y reportaron familiares desaparecidos[15].
En mayo de 2023, asaltantes sin identificar asesinaron a dos oficiales de aduanas, un policía y un civil en un ataque nocturno a un puesto de seguridad cerca de Mora, ciudad del norte de Camerún, a unos 30 kilómetros de la frontera con Nigeria. Se atribuyó la operación a Boko Haram, que ha incrementado su actividad en la región. El alcalde de Mora señaló que se trataba del primer ataque en la región desde 2013. En otro asalto a un puesto militar en Ziguague, un soldado y dos combatientes de Boko Haram perdieron la vida. Desde que comenzó su insurrección en 2009, Boko Haram es responsable de numerosos ataques y migraciones en Camerún, Nigeria, Chad y Níger[16].
En julio de 2023, los grupos armados en las regiones anglófonas de Camerún —ejército, separatistas y milicias— fueron acusados de abusos generalizados como asesinatos, torturas y violencia sexual. Los separatistas atacaron al grupo Mbororo Fulani, y milicias fulani respaldadas por el ejército camerunés cometieron atrocidades contra civiles. El gobierno fue criticado por no investigar los abusos ni perseguir a los culpables; en cambio, quienes informaron sobre violaciones a menudo sufrieron amenazas, detenciones y torturas[17].
El 26 de septiembre de 2023, el sacerdote católico Elvis Mbangsi fue gravemente herido cuando militantes atacaron la parroquia de San Martín de Tours en Kembong, al suroeste de Camerún. El sacerdote, miembro de los Misioneros de Mill Hill (MHM), recibió disparos en las dos piernas y en la mano izquierda por parte de supuestos combatientes separatistas. Este incidente sigue al brutal asesinato, en la misma parroquia, del sacerdote keniano recién ordenado Cosmas Ombato Ondari. El ataque ocurrió alrededor del mediodía, cuando seis hombres armados y en moto entraron en el recinto escolar de la parroquia y exigieron que los maestros salieran. Dispararon al padre Mbangsi, que se encontraba en la casa parroquial, en cuanto se acercó a la escena. También dispararon a los maestros, a algunos varias veces[18].
En febrero de 2024, la gruta mariana de Nuestra Señora de los Campos, de la parroquia de Mbandjock, en la diócesis de Obala, fue vandalizada. El párroco, Kisito Essele, condenó el acto y confirmó las investigaciones en curso. El padre Essele declaró que el incidente había ocurrido en las primeras horas del 7 de febrero y que había provocado daños materiales y espirituales. La gruta es un lugar de oración para muchos en la comunidad[19].
También en febrero de 2024, el papa Francisco expresó su tristeza e invocó «la fortaleza y el consuelo» de la Santísima Virgen María para las víctimas de un ataque con bomba en Nkambe, que mató al menos a una persona e hirió a muchas otras el 11 de febrero. La explosión interrumpió la misa en la parroquia de Cristo Rey, de la diócesis de Kumbo. En un mensaje de solidaridad, el cardenal Pietro Parolin dijo que el Papa oraba por las familias de las víctimas y por el eterno descanso de los fallecidos, que deseaba una pronta recuperación para los heridos y que reiteraba su llamamiento a respetar los espacios sagrados[20].
Según Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) Internacional, en 2024 fueron secuestrados tres sacerdotes católicos en incidentes separados. Todos fueron más tarde puestos en libertad[21].
En agosto de 2024, el arzobispo José Avelino Bettencourt, nuncio apostólico en Camerún, pidió el fin de la violencia y exhortó a los fieles a promover la paz durante la Peregrinación Anual por la Paz de la diócesis de Bafoussam. Durante la celebración eucarística en la catedral de San José, subrayó que la paz es un don divino, mientras que la violencia es una creación del mal y que nunca está justificada. En su homilía, el obispo camerunés Paul Lontsié-Keuné instó a los cristianos a convertirse en embajadores de la paz y a participar en las elecciones presidenciales de 2025 para ayudar a traer paz al país. Al mismo tiempo, defendió la unidad y rechazó el tribalismo[22].
El 7 de octubre de 2024, Christophe Badjogou Komla, sacerdote católico togolés perteneciente a la diócesis de Yagoua, fue asesinado por presuntos criminales en Yaundé. El ataque ocurrió frente a la residencia de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María (CICM) en el barrio de Mvolyé. Dos asaltantes en una motocicleta dispararon tres veces contra el padre Komla, párroco de la parroquia de San Pedro y San Pablo Zouzoui, para robarle su maleta[23].
En enero de 2025, en una entrevista con Ayuda a la Iglesia Necesitada, el P. Bruno Ateba, obispo de la diócesis de Maroua-Mokolo (región del Extremo Norte), subrayó que «por sí solas, las armas no derrotarán a Boko Haram. Antes, necesitamos educación y empleo. Si los jóvenes tienen futuro, es más difícil que el grupo los reclute y adoctrine»[24].
El futuro de la libertad religiosa
El marco legal de Camerún garantiza formalmente la libertad religiosa; sin embargo, el deterioro general de la seguridad mina su práctica. La región del Extremo Norte sigue expuesta a la violencia yihadista; allí, Boko Haram y el ISWAP realizan asesinatos, secuestros y ataques por motivos de religión, incluidos a musulmanes que no aceptan su ideología extremista. En las regiones anglófonas, cada vez más actores religiosos —sobre todo, los líderes cristianos— caen víctimas del conflicto separatista; los dos bandos cuestionan sus alianzas. Las iglesias, colegios y sacerdotes sufren ataques —a veces, deliberados— mientras que la falta de seguridad y la migración forzada han imposibilitado todavía más la libertad de culto.
A pesar de los continuos esfuerzos de líderes cristianos y musulmanes en pro de la reconciliación y unidad nacional, la escalada de violencia y la falta de un diálogo significativo obstaculizan cualquier iniciativa. En este contexto, el futuro de la libertad religiosa es frágil. Sin pasos concretos hacia una política decidida y una ciudadanía protegida, lo más probable es que las violaciones —directas e indirectas— de este derecho continúen.
Fuentes
Camerún