Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución china de 1982 (revisada en 2018) establece que «los ciudadanos de la República Popular China gozan de libertad para profesar creencias religiosas. Ningún organismo del Estado, organización pública o individuo puede obligar a un ciudadano a profesar, o no, una religión, ni tampoco puede discriminar a quienes creen, o no, en una religión» (artículo 36). Además, señala que el Estado protege «las actividades religiosas normales», sin aportar una definición sobre lo que se considera «normal»; en cambio, prohíbe claramente el uso de la religión para actividades «que alteren el orden público, perjudiquen la salud de los ciudadanos o perturben el sistema educativo del Estado» (ibid.). Asimismo, las organizaciones y actividades religiosas no deben estar «sometidas a ninguna dominación extranjera»[1].
En la práctica, el citado artículo 36 de la Carta Magna protege solo las actividades de las cinco tradiciones religiosas oficialmente reconocidas (budismo, taoísmo, islam, protestantismo y catolicismo) y, dentro de estas, solo aquellas reguladas por las asociaciones «patrióticas» autorizadas por el Estado. La práctica o expresión religiosa fuera del aparato controlado por el Estado es ilegal y en los últimos 75 años se ha enfrentado a distintos grados de sanción, represión y persecución, aunque en algunos lugares ha sido tolerada parcialmente por las autoridades locales.
El 1 de febrero de 2018 entró en vigor el «Reglamento revisado sobre asuntos religiosos», que constituye una de las nuevas legislaciones más restrictivas en materia de práctica religiosa. Este ordenamiento actualiza el «Reglamento sobre asuntos religiosos» de 2005 y limita las actividades religiosas colectivas a los lugares registrados. Según Christian Solidarity Worldwide (CSW), este reglamento revisado «endurece aún más el control sobre las actividades religiosas», al establecer que «ninguna fuerza extranjera debe controlar los grupos religiosos, las escuelas religiosas, los lugares de actividad religiosa y los asuntos religiosos» y estipular que la religión no debe poner en peligro la seguridad nacional. El reglamento también impone nuevas restricciones a la comunicación de contenidos religiosos, a las escuelas religiosas y a las obras benéficas[2].
Desde marzo de 2018, los asuntos religiosos se encuentran bajo la dirección del Departamento de Trabajo del Frente Unido, agencia del Partido Comunista Chino, que absorbió la Administración Estatal de Asuntos Religiosos (SARA). La integración de la SARA otorgó al Partido Comunista la gestión directa de los asuntos religiosos[3].
En abril de 2018, el Gobierno chino publicó un nuevo libro blanco titulado «Políticas y prácticas de China sobre la protección de la libertad de creencia religiosa». Según el libro blanco, se proporcionará «orientación activa» a las organizaciones religiosas para ayudarlas a «adaptarse a la sociedad socialista» y los extranjeros podrán realizar actividades religiosas a las que asistan extranjeros en lugares aprobados por los departamentos de asuntos religiosos del Gobierno a nivel de condado o superior[4]. Según el libro blanco, las enseñanzas y normas religiosas deben interpretarse «conforme a las condiciones nacionales y las exigencias de la época». En la práctica, esto significa que la religión debe estar al servicio del Partido Comunista.
Los miembros del Partido Comunista Chino y las fuerzas armadas deben ser ateos y tienen prohibido practicar cualquier religión. Desde la entrada en vigor del «Reglamento revisado sobre asuntos religiosos» de 2018, varias provincias —sobre todo Henan y Sinkiang— han aplicado políticas que prohíben a los menores de 18 años asistir a servicios religiosos, participar en la educación religiosa o entrar en lugares de culto[5]. El 8 de abril de 2018, una circular emitida en la provincia de Henan por la Asociación Patriótica de Henan y la Comisión de Asuntos Eclesiásticos de Henan prohíbe explícitamente a los menores de 18 años entrar en iglesias o participar en actividades religiosas, incluidos campamentos y conferencias[6]. En la práctica, esto ha dado lugar a medidas visibles, como carteles que prohíben la entrada de menores a las iglesias y funcionarios apostados en las puertas para impedir la entrada a los niños, lo que ha suscitado preocupación por la erosión de la libertad religiosa y la transmisión intergeneracional de la fe. Las iglesias son supervisadas por asociaciones religiosas autorizadas por el Estado, y se presiona al clero para que cumpla estas restricciones, o se le imponen sanciones. Los líderes eclesiásticos están respondiendo a esta prohibición orientándose hacia el discipulado basado en la familia[7]. Múltiples fuentes locales indicaron que la aplicación y el cumplimiento de la prohibición varían considerablemente tanto entre las diferentes regiones como dentro de ellas. Según la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, hay seis colegios religiosos que operan a nivel nacional[8].
El artículo 27 de la Ley de Seguridad Nacional china también se refiere a la libertad de religión o de creencias. Esta ley ha sido criticada por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su «alcance extraordinariamente amplio» y su terminología imprecisa, lo que deja «la puerta abierta a nuevas restricciones de los derechos y libertades de los ciudadanos chinos, y a un control aún más estrecho de la sociedad civil»[9].
Asimismo, hay otras normativas que pueden tener repercusiones sobre la libertad de religión o de creencias, por ejemplo, el Documento 9 (notificación de la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista), de abril de 2013, y una nueva ley sobre organizaciones no gubernamentales extranjeras, aprobada en 2016. El Documento 9, titulado «Comunicado sobre el estado actual de la esfera ideológica», presenta los valores occidentales, la democracia constitucional occidental y los medios de comunicación libres al estilo occidental como contrarios a los valores del Partido Comunista Chino y defiende que las peticiones y cartas en las que se pide la protección de los derechos humanos son obra de «fuerzas occidentales antichinas»[10]. La Ley de ONG extranjeras, que entró en vigor en enero de 2017, otorga a la policía un poder sin precedentes para restringir la labor de los grupos extranjeros en el país y limitar la capacidad de los grupos locales para recibir financiación extranjera y colaborar con organizaciones extranjeras. Las ONG extranjeras deben contar con una organización gubernamental china como patrocinadora y estar registradas en el Ministerio de Seguridad Pública o sus equivalentes a nivel provincial antes de establecer una oficina en China continental. La policía dispone de nuevos poderes para citar arbitrariamente a los representantes de organizaciones extranjeras en China, incautar documentos, examinar cuentas bancarias y revocar registros. Los extranjeros o las organizaciones extranjeras que se considere que participan en actividades dirigidas a «dividir el país, socavar la reunificación nacional o subvertir el poder del Estado» pueden ser detenidos, se les puede prohibir salir del país, o bien, ser deportados[11].
En abril de 2016, el presidente chino Xi Jinping, dirigiéndose a altos cargos del Partido Comunista en una reunión sobre religión, afirmó que «los grupos religiosos [...] tienen que adherirse a la dirección del Partido Comunista Chino». Los miembros del Partido deben ser «firmes ateos marxistas» que «resueltamente se guarden contra las infiltraciones extranjeras que llegan por medios religiosos»[12]. Estas palabras fueron pronunciadas después de que en 2014 el director de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos de China dijera, en un seminario sobre la chinización del cristianismo, que la teología cristiana china debería ser compatible con el camino socialista del país[13]. El marco legislativo introducido por el Gobierno está claramente diseñado para cumplir este objetivo.
En septiembre de 2018, la Santa Sede alcanzó un acuerdo preliminar con el Gobierno chino sobre el nombramiento de obispos, válido por dos años. Al tratarse de un acuerdo provisional y no de un tratado formal, el texto sigue siendo secreto, pero se entiende que otorga al Gobierno chino el derecho a proponer candidatos al nombramiento de obispo, que posteriormente son confirmados o rechazados por el Vaticano. La Santa Sede y el Gobierno chino renovaron el acuerdo en septiembre de 2020, en octubre de 2022[14] y, una vez más, en octubre de 2024, esta vez por un período de cuatro años[15]. El 24 de noviembre de 2022, el Gobierno chino violó el acuerdo al nombrar a un obispo (que había sido nombrado y ordenado en secreto por el papa Francisco en 2014) para una diócesis que la Santa Sede no reconocía, sin consulta previa ni aprobación del Vaticano[16]. En un comunicado de prensa, la Santa Sede expresó su «sorpresa y pesar» por la instalación episcopal, que consideró incompatible con el espíritu y las disposiciones del Acuerdo Provisional sobre el Nombramiento de Obispos entre la Santa Sede y la República Popular China. El Vaticano señaló además que al reconocimiento civil del obispo Peng le había precedido «una presión prolongada e intensa por parte de las autoridades locales»[17]. El Gobierno chino violó el acuerdo por segunda vez al trasladar a un obispo a la diócesis de Shanghái y nombrarlo obispo local en abril de 2023 sin la aprobación del Papa, aunque el papa Francisco aprobó posteriormente el nombramiento[18].
El 1 de mayo de 2021 entraron en vigor las «Medidas sobre la gestión del clero religioso», promulgadas por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos el 9 de febrero. Estas Medidas forman parte de una serie de nuevas normativas que complementan el «Reglamento revisado sobre asuntos religiosos» de 2018; su objetivo es aumentar el control y la vigilancia del Estado sobre el clero de los cinco grupos religiosos autorizados por el Estado en China —la Asociación Budista de China, la Asociación Taoísta China, la Asociación Islámica de China, el Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías (protestante), y la Asociación Patriótica Católica China— e imponer sanciones al clero que viole las políticas estatales. Las medidas prohíben una vez más la actividad religiosa del clero independiente que no pertenece a los cinco grupos religiosos aprobados por el Estado[19]. De acuerdo con estas medidas, los grupos religiosos también deben elaborar un código de conducta para el clero religioso que incluya un mecanismo de recompensas y castigos, así como un sistema de evaluación del clero religioso[20].
Las «Medidas para la Administración de los Servicios de Información Religiosa en Internet», que entraron en vigor el 1 de marzo de 2022[21], prohíben compartir contenidos religiosos en línea sin una «licencia especial» (es decir, una Licencia de Servicio de Información Religiosa en Internet), ya sean mensajes de texto, imágenes, audio o vídeo. También prohíben los contenidos religiosos que «induzcan a los menores a creer en la religión»[22]. Estas medidas han provocado la disolución de grupos de WeChat por parte de los fieles y una estricta autocensura. También imponen la prohibición de retransmitir en directo actos religiosos y la retirada de vídeos de actos religiosos de Internet[23].
El 1 de junio de 2022 entraron en vigor las nuevas «Medidas de gestión financiera para los lugares de actividad religiosa». Estas normas otorgan al Departamento de Trabajo del Frente Unido y al Ministerio de Finanzas el control de las cuentas de los lugares religiosos de los grupos controlados por el Estado y regulan las donaciones y ofrendas[24].
En julio de 2023, se publicaron las «Medidas para la administración de los lugares de actividad religiosa», en las que se confirmaba que los edificios destinados a actividades religiosas debían someterse a una evaluación y aprobación oficiales y se establecía que no podían utilizarse para actividades que «pongan en peligro la seguridad nacional, alteren el orden social [o] perjudiquen los intereses nacionales»[25].
El 24 de octubre de 2023, la Asamblea Popular Nacional aprobó la Ley de Educación Patriótica, cuyo artículo 22 estipula que «el Estado alienta y apoya a los grupos religiosos, las universidades religiosas y los lugares de actividad religiosa a impartir educación patriótica» con el fin de reforzar «los sentimientos patrióticos del clero y los creyentes religiosos» y orientar a las religiones «para que se adapten a la sociedad socialista». Esta ley proporciona otra herramienta para fomentar el patriotismo, que desde hace tiempo se ha integrado en todos los ámbitos de la sociedad, contribuyendo a un tipo de nacionalismo cada vez más intolerante con la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias y reforzando la campaña de chinización[26].
En febrero de 2024 entraron en vigor las Enmiendas al Reglamento sobre Asuntos Religiosos de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, que establecen que todos los lugares de culto nuevos o renovados deben reflejar «las características y el estilo chinos». El reglamento establece específicamente que cualquier renovación de una mezquita que modifique la distribución o las funciones existentes debe ser aprobada por las autoridades de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang[27]. Este requisito se aplica de manera uniforme en toda China. El artículo 50 de las «Medidas para la administración de los lugares de actividad religiosa» exige que todos los lugares en los que se realice alguna actividad religiosa reflejen una estética claramente china, incorporando elementos de la cultura china en su diseño arquitectónico, escultura, pintura, decoración interior y otros aspectos visuales[28].
En marzo de 2024, Hong Kong introdujo una nueva ley de seguridad local, la Ordenanza de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, que se suma a la draconiana ley de seguridad impuesta a Hong Kong por Pekín en 2020. Aunque esta nueva ley de seguridad, basada en el artículo 23 de la Ley Fundamental de Hong Kong, no está dirigida específicamente a las actividades religiosas, sus implicaciones se dejarán sentir en toda la sociedad, incluidos los creyentes, y supone una amenaza para la libertad de religión o de creencias, como se detalla más adelante en este informe[29].
Incidentes y acontecimientos
Durante el período estudiado en este informe, todas las minorías religiosas sufrieron restricciones. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) señaló el deterioro de las condiciones de libertad religiosa en China como consecuencia de la intensificación por parte del Gobierno de la aplicación de su política de «chinización de la religión». Tal y como describe el sociólogo Richard Madsen, la formulación actual de «chinización desde arriba» tiene su origen en el presidente Xi Jinping. En varios de sus discursos oficiales, Xi ha esbozado su visión de que todas las religiones (y, de hecho, todos los aspectos de la cultura china) deben contribuir al desarrollo nacional de China, ponerse en sintonía con los valores culturales tradicionales e integrarse en una sociedad socialista con características chinas. En la práctica, este proceso de «chinización» exige un estricto cumplimiento de las directrices del Partido Comunista Chino, lo que supone, en la práctica, subordinar la expresión religiosa y cultural a los objetivos ideológicos definidos por el Estado[30].
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, «las autoridades han seguido arrestando y deteniendo a líderes y miembros de grupos religiosos, a menudo relacionados con grupos no registrados en las asociaciones religiosas autorizadas por el Estado. Según se informa, las autoridades han utilizado acusaciones vagas o insustanciales, a veces relacionadas con la actividad religiosa, para sentenciar y condenar a líderes y miembros de grupos religiosos a largas penas de prisión»[31]. Las autoridades han desplegado vigilancia de alta tecnología fuera de los lugares de culto, además de represión transnacional, desinformación, violencia contra las minorías religiosas y étnicas en la diáspora (incluso durante la visita del presidente Xi a San Francisco en 2023)[32] y amenazas contra sus familiares que siguen en China[33].
Como ha señalado el Consejo de Relaciones Exteriores, «China alberga una de las mayores poblaciones de presos religiosos»[34]. La ONG de derechos humanos Dui Hua Foundation, cuya base de datos sobre presos políticos constituye una de las recopilaciones de información más importantes sobre presos de conciencia en China, informó de que, a fecha de 1 de julio de 2025, las autoridades mantenían detenidas a 2538 personas por «organizar o utilizar una secta para socavar la aplicación de la ley»[35].
Continúa el genocidio de la población uigur, predominantemente musulmana, reconocido tanto por el Tribunal Uigur independiente presidido por el abogado británico Geoffrey Nice en 2021[36], como por el Departamento de Estado de los Estados Unidos[37].
La campaña del Partido Comunista Chino de chinización y asimilación forzosa en Sinkiang y el Tíbet también continúa[38]. En febrero de 2024, se introdujeron enmiendas al Reglamento de Asuntos Religiosos de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, reforzando la política de chinización y continuando con la imposición de fuertes restricciones. En marzo, Ma Xingrui, secretario del PCCh en Sinkiang, insistió en la chinización del islam, calificándola de «tendencia inevitable»[39].
En junio de 2024, Human Rights Watch informó de que el Gobierno chino había cambiado los nombres de cientos de pueblos uigures de Sinkiang como parte de sus medidas para borrar el patrimonio cultural y religioso uigur. Alrededor de 630 aldeas se vieron afectadas, y los nombres que hacían referencia a la religión, la historia o la identidad local —como «Mazar» (santuario) u «Hoja» (maestro sufí)— fueron sustituidos por términos genéricos o lemas del partido como «Felicidad», «Unidad» y «Armonía», en consonancia con la ideología del Partido Comunista Chino[40].
En agosto de 2024, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció la falta de avances en materia de derechos humanos para las minorías religiosas de Sinkiang, ya que se sigue encarcelando a los musulmanes uigures por sus actividades religiosas, incluidas las contribuciones benéficas y la instrucción religiosa[41]. En julio, el Gobierno chino había calificado la evaluación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de «ilegal y nula»[42]. Prácticas religiosas básicas como el ayuno durante el Ramadán, llevar barba de una determinada longitud o, en el caso de las mujeres, un hiyab, abstenerse de consumir cerdo y alcohol, leer el Corán o rezar pueden dar lugar a detenciones y encarcelamientos. Se han cerrado o destruido numerosas mezquitas, y las que permanecen abiertas están sometidas a una estrecha vigilancia y a restricciones[43].
En el Tíbet continúa la persecución de la religión y la cultura. En febrero de 2023, expertos de las Naciones Unidas llamaron la atención sobre la asimilación forzosa de casi un millón de niños tibetanos mediante la asistencia imperativa a internados, donde «se les impone un plan de estudios de “educación obligatoria” en chino mandarín (putonghua) sin acceso a un aprendizaje tradicional o culturalmente relevante... En consecuencia, los niños tibetanos están perdiendo fluidez en su lengua materna y la capacidad de comunicarse fácilmente con sus padres y abuelos en tibetano, lo que contribuye a su asimilación y a la erosión de su identidad». Los expertos manifestaron su preocupación ante esta situación: «Nos alarma lo que parece ser una política de asimilación forzosa de la identidad tibetana a la mayoría dominante china han, mediante una serie de medidas opresoras contra las instituciones educativas, religiosas y lingüísticas tibetanas»[44]. Además, la policía detuvo y encarceló a budistas tibetanos por mencionar al Dalai Lama en público y en privado, y las autoridades han indicado que tienen la intención de intervenir en el proceso de sucesión del Dalai Lama y de castigar a los tibetanos que se opongan a ello[45].
La persecución de los practicantes de Falun Gong también ha continuado durante el período estudiado en este informe. Según la publicación vinculada con Falun Gong Minghui, en 2024 al menos 164 practicantes de Falun Gong murieron como consecuencia de la persecución[46] y 764 fueron encarcelados[47]. Fuentes de Falun Gong documentaron 6514 casos de acoso o detención, 1190 condenas de prisión y 209 muertes a causa de la persecución en 2023[48]. En marzo de 2023, la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York publicó un informe en el que se concluía que había «pruebas suficientes de que China sigue practicando la extracción forzada de órganos a presos de conciencia». Reveló que, de los 60 000 a 100 000 trasplantes realizados entre 2000 y 2014, los practicantes de Falun Gong fueron las principales víctimas[49], lo que confirmaba la conclusión de 2019 del Tribunal Independiente de China sobre este asunto[50].
La Iglesia de Dios Todopoderoso también siguió siendo objeto de persecución, con la detención de miles de sus miembros[51], algunos de los cuales, según se informó, murieron como consecuencia de las torturas y los malos tratos sufridos[52].
A lo largo del período estudiado en este informe, determinadas comunidades cristianas de China han seguido sufriendo persecución. Según la USCIRF, los cristianos protestantes de las iglesias domésticas fueron objeto de una persecución «intensificada», ya que «el Gobierno continuó su campaña de represión a nivel nacional contra las iglesias domésticas, deteniendo, arrestando y condenando a protestantes independientes alegando motivos de seguridad y presentando acusaciones penales»[53].
En marzo de 2023, China Aid informó de que las autoridades habían detenido a miembros del personal de la Iglesia de la Abundancia de Xi'an, provincia de Shaanxi, entre ellos a los pastores Lian Changnian y Lian Xuliang, así como al predicador Fu Juan, y los habían sometido a tortura. Otros dos cristianos, conocidos como el hermano Wang y el hermano Jia, también fueron torturados. A Wang intentaron coaccionarle para que renegara de su fe y traicionara a los pastores. Un año después, el 25 de marzo de 2024, la Iglesia de la Abundancia de Xi'an emitió una carta de petición de oración en la que revelaba las últimas novedades del caso del pastor Lian Changnian, el pastor Lian Xuliang y el predicador Fu Juan, a los que habían acusado de «fraude» y podrían enfrentarse a una pena de hasta cinco años de cárcel[54].
En abril de 2023, las autoridades detuvieron al pastor Wang Chanchun, de la Iglesia Reformada Piedra Vida de Bengbu, en la provincia de Anhui, acusándolo inicialmente de «operaciones comerciales ilegales», pero luego cambiaron los cargos a «fraude». También acusaron de fraude a la esposa del pastor Wang y a cuatro trabajadores de la Iglesia[55].
En julio de 2023, las autoridades procesaron a tres líderes —Li Jie, Han Xiaodong y Wang Qiang— de la Iglesia Linfen Covenant House, en la provincia septentrional china de Shanxi, acusándolos de formar una «banda» criminal y obtener «ingresos ilegales». Según CSW, Li y Han fueron recluidos en régimen de incomunicación y sometidos a coacción y abusos, entre ellos privación del sueño, y se presionó a los miembros de la Iglesia para que firmaran declaraciones de que habían sido víctimas de fraude y se comprometían a no asistir a la Iglesia en el futuro[56].
En agosto de 2023, prohibieron que los obispos y laicos católicos de China continental viajaran a Mongolia para acompañar al papa Francisco en su visita al país, aunque se permitió a los líderes católicos de Hong Kong viajar a Ulán Bator[57].
En septiembre de 2023, el padre Joseph Yang Xiaoming, sacerdote católico, fue condenado por «suplantar a personal religioso» y obtener dinero mediante fraude, tras negarse a registrarse en la Asociación Patriótica Católica China, aprobada por el Estado[58]. El tribunal le impuso sanciones administrativas, entre ellas la orden de cesar en el ejercicio del sacerdocio[59].
El 28 de septiembre de 2023, la policía irrumpió en la iglesia doméstica más grande de Pekín, conocida como Iglesia Sion de Pekín, y detuvo a 31 personas, dos de las cuales, Huang Duojia y Li Mingjie, permanecieron detenidas durante más de 100 horas[60].
En diciembre de 2023, arrestaron a Ding Zhongfu, anciano de la Iglesia doméstica Ganquan en la provincia de Anhui, bajo sospecha de fraude, junto con otros cuatro miembros de alto rango de la Iglesia[61].
Según Ayuda a la Iglesia Necesitada, en 2023 detuvieron en China a 20 miembros del clero católico[62].
En enero de 2024, fue detenido el obispo clandestino de Wenzhou, Peter Shao Zhumin[63]. Al obispo Shao ya le habían detenido en múltiples ocasiones, además de en enero de 2024[64]; le volvieron a arrestar en marzo de 2025 por celebrar una misa con motivo del jubileo de la Iglesia en diciembre de 2024[65].
En enero de 2024, Kan Xiaoyong, pastor protestante, fue condenado a 14 años de prisión por «utilizar una organización sectaria para socavar la aplicación de la ley» y participar en «actividades comerciales ilegales»[66].
No obstante, algunas fuentes informan de signos de mejora para los cristianos en China, especialmente desde el Acuerdo Provisional de 2018 entre la Santa Sede y la República Popular China. En noviembre de 2024, a su regreso de Singapur, el papa Francisco declaró que «los resultados son buenos» y señaló avances tangibles, especialmente en lo que respecta al nombramiento de obispos, atribuyendo estos avances a la buena voluntad y al diálogo pragmático en curso. Según Fides, agencia de noticias vinculada al Dicasterio para la Evangelización del Vaticano, aunque el acuerdo ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores, ha facilitado la normalización de los nombramientos episcopales, integrando a obispos anteriormente ilícitos en la plena comunión con el Vaticano. El proceso se considera un posible paso hacia mejoras más amplias en la gobernanza y la libertad religiosa de la comunidad católica china[67].
A medida que continúa la represión de los derechos civiles y políticos en Hong Kong, durante el período estudiado en este informe ha aumentado la preocupación por las implicaciones que esto tiene para la libertad religiosa en el territorio. En noviembre de 2023, la ONG Hong Kong Watch publicó el primer informe detallado sobre las amenazas actuales y potenciales a la libertad religiosa, titulado Sell Out My Soul: The Impending Threats to Freedom of Religion or Belief in Hong Kong (Vender mi alma: las amenazas inminentes a la libertad de religión o de creencias en Hong Kong)[68]; en enero de 2024, el Comité para la Libertad en Hong Kong publicó un informe similar titulado Hostile Takeover: The CCP and Hong Kong’s Religious Communities (Adquisición hostil: el PCCh y las comunidades religiosas de Hong Kong)[69]. Ambos exponen las señales de alerta, principalmente la autocensura de los líderes religiosos en sus sermones, la vigilancia de los lugares de culto y las implicaciones para el sistema educativo, dado que el 60 % de las escuelas financiadas por el Gobierno de Hong Kong están gestionadas por organizaciones religiosas[70].
En 2024, la introducción en Hong Kong de la nueva ley de seguridad local conocida como Artículo 23 de la Ley Fundamental de Hong Kong (u Ordenanza de Salvaguardia de la Seguridad Nacional), además de la draconiana Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020, suscitó preocupación ante las posibles amenazas a la inviolabilidad y confidencialidad del sacramento de la reconciliación, o confesión, de la Iglesia católica. Cuando un funcionario del Gobierno se mostró poco dispuesto a ofrecer garantías de protección, 16 expertos internacionales en libertad religiosa emitieron una declaración en la que manifestaban su preocupación. Entre los firmantes estaban la presidenta de la Secretaría para la Libertad Religiosa Internacional, Nadine Maenza; la directora del Centro para la Libertad Religiosa del Instituto Hudson, Nina Shea; el presidente del Instituto de Libertad Religiosa, David Trimble; el presidente del Foro Británico para la Libertad de Religión o Creencias del Reino Unido, Mervyn Thomas, y George Weigel, miembro distinguido y titular de la cátedra William E. Simon de Estudios Católicos del Centro de Ética y Políticas Públicas. La declaración decía: «Como personas y organizaciones comprometidas con los valores de los derechos humanos, el Estado de derecho y, en especial, la libertad de religión o de creencias, tal y como se establece en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, manifestamos nuestra profunda y grave preocupación por las implicaciones que tiene para la práctica de la libertad religiosa o de creencias en Hong Kong la nueva ley de seguridad nacional propuesta por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, conocida como la legislación del “artículo 23”, que se publicó la semana pasada. Nos alarma especialmente la sugerencia de que, en virtud de la nueva ley de seguridad, el delito de “no revelar la comisión de traición por parte de otros” significa que si una persona sabe que otra ha cometido “traición” pero no lo revela a las autoridades en un plazo razonable, esa persona es culpable de un delito punible con hasta 14 años de prisión. Para muchas tradiciones religiosas, y especialmente para la Iglesia católica, la práctica de lo que se conoce como el sacramento de la penitencia (también conocido como el sacramento de la reconciliación o “confesión”) es un acto religioso de importancia absolutamente fundamental y sacrosanta. En el centro del sacramento de la penitencia se encuentra el principio absolutamente vital de la confidencialidad... Para la Iglesia católica, lo que se conoce como «secreto de confesión» es precisamente eso. Aunque un sacerdote puede animar a un penitente que ha cometido un delito grave a confesarlo a las autoridades, el sacerdote no puede denunciarlo él mismo y nunca debe ser considerado responsable penalmente por haber escuchado esa confesión. Obligar a un sacerdote a revelar lo que se ha dicho en confesión, en contra de su voluntad y su conciencia y en total violación de la privacidad de la persona que se confiesa, constituye una vulneración absoluta del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, como tal, es completamente inaceptable y debe ser condenado por las personas de conciencia de todas las religiones y de cualquier otra creencia en todo el mundo»[71].
Es significativo que Jimmy Lai, el laico católico más destacado de Hong Kong, empresario y activista prodemocrático, permanezca en prisión desde su detención en diciembre de 2024 y siga teniendo que comparecer en juicio en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. También se ha informado de que se le ha negado el derecho a recibir el sacramento de la Sagrada Comunión desde finales de 2023[72].
También es significativo que, desde su detención y juicio en 2022, el obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, de 93 años, haya mantenido un perfil mucho más bajo y haya evitado pronunciarse como lo hacía anteriormente sobre cuestiones de democracia, derechos humanos y libertad religiosa. Aunque no está encarcelado, se ha informado de que ha tenido que entregar su pasaporte a las autoridades y que los tribunales de Hong Kong solo le han permitido viajar al extranjero, a Roma, durante cinco días para asistir al funeral del papa Benedicto XVI en enero de 2023, y para participar tanto en el funeral del papa Francisco como en la Congregación General previa al cónclave en 2025[73].
La campaña gubernamental de chinización de la religión se ha aplicado a todas las religiones, entre ellas a la cristiana, la musulmana, la budista y la taoísta, y se ha intensificado en el Tíbet y Sinkiang[74]. Según la USCIRF, esta política coactiva de chinización ha «transformado fundamentalmente el entorno religioso de China» y está diseñada para lograr «la completa subordinación de los grupos religiosos a la agenda política y la visión marxista del Partido Comunista Chino»; la chinización se aplica mediante reglamentos y organizaciones religiosas controladas por el Estado, erradicando por la fuerza los elementos religiosos considerados opuestos a la agenda del PCCh[75]. Por ella, se exige que los lugares de culto y los líderes religiosos exhiban consignas del Partido Comunista Chino, que incorporen los valores socialistas fundamentales y la ideología del PCCh en los sermones, que integren la propaganda del Partido Comunista Chino en las enseñanzas religiosas y que modifiquen la arquitectura de los lugares de culto de acuerdo con las instrucciones del PCCh[76].
Futuro de la libertad religiosa
Bajo el actual liderazgo de Xi Jinping y el Partido Comunista Chino, las perspectivas para la libertad religiosa en China son muy sombrías. Los dirigentes actuales parecen decididos a restringir y controlar la libertad religiosa, y a perseguir a quienes tratan de practicar sus creencias religiosas fuera de las organizaciones religiosas controladas por el Estado o independientemente del PCCh. Es muy probable que continúe la represión de la libertad religiosa, que se ha intensificado en los últimos años.
Fuentes
China