Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Las Comoras son una cadena de islas africanas situadas en el océano Índico, en el extremo norte del canal de Mozambique. Tres de las cuatro islas principales se independizaron de Francia en 1975 y adoptaron el nombre de República Federal Islámica de las Comoras; la cuarta, Mayotte, permaneció bajo dominio francés como departamento de ultramar. Desde entonces, el país ha sufrido varios golpes e intentos de golpe de Estado, ha cambiado su Constitución varias veces y ha luchado por alcanzar cierto grado de estabilidad política[1].
En la actualidad, el nombre oficial del país es Unión de las Comoras, y su Constitución vigente, aprobada en referéndum el 6 de agosto de 2018, mantiene el carácter federal del Estado, en el que cada una de las islas principales posee una autonomía significativa (título IV de la Constitución)[2].
La Constitución reconoce «la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin distinción de raza, sexo, religión, creencia política, y asegura a todos los ciudadanos el pleno disfrute de las libertades fundamentales» (artículo 2). Sin embargo, también reserva un lugar especial al islam, la religión mayoritaria. A diferencia del preámbulo de la Constitución de 2001, que describía el islam como la fuente «de los principios y normas que rigen la Unión»[3], la nueva carta hace del islam la religión del Estado (artículo 97) y del islam suní la base de la identidad nacional (preámbulo)[4].
Según el artículo 98, «el muftí de la República es la máxima autoridad religiosa del Estado. Es nombrado por decreto del presidente de la Unión». Por tanto, el gran muftí no solo es el clérigo musulmán de más alto rango del país, sino también un funcionario del Gobierno[5].
Dado el estatus del islam suní, los derechos de otros grupos están restringidos, incluidos los de los musulmanes no suníes, como los chiíes[6] y los ahmadíes[7]. Según el experto constitucionalista comorense Mohamed Rafsanyani, según la Constitución de 2018, «si no eres suní, no formas parte de la comunidad nacional»[8].
El Gobierno de la Unión ejerce un estricto control sobre las cuestiones religiosas. En 2018, el Ministerio del Interior comenzó a colaborar con el Consejo Nacional de Muftíes (muftiato) para controlar más estrechamente a imanes, predicadores y profesores de escuelas coránicas. Con este fin, introdujo un «carnet profesional» para quienes hubieran adquirido las cualificaciones necesarias para desempeñar sus funciones[9].
Está prohibida toda forma de proselitismo o propaganda de religiones distintas del islam suní. El capítulo 23 del Código Penal de Comoras trata de la difusión de las religiones no islámicas. Según el artículo 175, «quien divulgue, difunda y enseñe a los musulmanes una religión distinta del islam será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año y una multa de 50 000 a 500 000 francos comorenses» (entre 110 y 1100 dólares estadounidenses). Este artículo impone también las mismas penas a quien venda u ofrezca gratuitamente a musulmanes «libros, folletos, revistas, discos y casetes o cualquier otro soporte que divulgue una religión distinta del islam»[10]. Los extranjeros implicados en tales actividades pueden ser deportados[11]. Tanto la blasfemia como la apostasía son delitos penales[12].
En cuanto a la educación, la enseñanza religiosa no es obligatoria; sin embargo, el Corán se utiliza para enseñar árabe en la escuela pública de enseñanza primaria, mientras que en los centros públicos y privados de enseñanza secundaria y preparatoria las creencias islámicas a veces se enseñan junto con el árabe. El Gobierno de las Comoras también financia parcialmente escuelas de pago que imparten enseñanza coránica[13].
En materia de empleo y ocupación, se considera que todas las personas son iguales ante la ley, con independencia de su sexo, credo, creencias, origen, raza o religión, y se afirma que las autoridades lo hacen cumplir de manera efectiva[14]. Sin embargo, la Constitución prevé «restricciones al ejercicio de los derechos políticos y al acceso a determinados cargos o empleos públicos para los ciudadanos comorenses de origen extranjero» (artículo 17)[15].
El Ministerio de Trabajo es responsable de tramitar los casos de discriminación y suele remitir a los tribunales los casos no resueltos[16].
Comoras es uno de los tres países africanos que no mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede (los otros dos son Mauritania y Somalia)[17]. El Vicariato Apostólico del Archipiélago de Comoras, que incluye Mayotte, se creó en 2010. El obispo Charles Mahuza Yava es el vicario apostólico[18]. El nuncio apostólico en Madagascar ejerce como delegado apostólico en el país. El actual titular del cargo es el arzobispo Tomasz Grysa[19].
Comoras ha ratificado varios convenios internacionales de derechos humanos que afectan a la libertad religiosa, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño[20].
Sin embargo, la presión para ajustarse a las prácticas y costumbres musulmanas ortodoxas se deja sentir en todas partes. Los cristianos locales, en su mayoría conversos, están sometidos a una presión constante y sufren actos de intimidación, como acoso y hostigamiento en el lugar de trabajo y en las calles, y pueden ser multados o encarcelados si hablan de religión en público o predican fuera de la iglesia[21], aunque los extranjeros no musulmanes no suelen verse afectados por ello[22]. Los padres cristianos no tienen libertad para educar a sus hijos como desean, lo cual viola la Convención sobre los Derechos del Niño.
La comunidad católica representa menos del 0,5 % de la población[23]. Hay una iglesia católica romana en Moroni, la capital, en la isla de Ngazidja (Gran Comora), y otra en Mutsamudu, en la isla de Ndzuani (Anjouan)[24]. También hay una iglesia protestante en Moroni[25].
El 9 de enero de 2024, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su lista anual de países que violan la libertad religiosa conforme a la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998. Las Comoras fueron sometidas a vigilancia especial, igual que países como la República Centroafricana, Azerbaiyán y Vietnam[26].
Incidentes y acontecimientos
En enero de 2024, el presidente comorense Azali Assoumani fue reelegido para un cuarto mandato, lo que suscitó preocupación por los continuos problemas a los que se enfrenta la pequeña minoría cristiana del país. Assoumani, que llegó al poder en 1999 tras un golpe de Estado, ocupó la presidencia entre 2002 y 2006, antes de volver al cargo en 2016. Posteriormente, modificó la Constitución para prolongar su mandato[27]. La pequeña comunidad cristiana, compuesta en su mayoría por extranjeros residentes en Moroni, sigue sufriendo marginación social, trabas burocráticas y restricciones para construir lugares de culto[28].
Tras el anuncio de la victoria de Assoumani, se produjeron enfrentamientos en la capital entre las fuerzas de seguridad y manifestantes, hasta el punto de que se tuvo que imponer un toque de queda durante la noche y el ejército recurrió al uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes[29]. Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó a las fuerzas gubernamentales a garantizar «los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica», y pidió a todos que actuaran «con moderación»[30]. A pesar del ambiente tenso, los observadores internacionales consideraron que las elecciones habían sido en gran medida libres y justas. Sin embargo, la baja participación ―solo 55 259 votantes de 189 000 inscritos― suscitó dudas sobre la legitimidad del proceso. Assoumani negó las acusaciones de fraude de la oposición[31].
Desde que asumió el poder, Assoumani se ha enfrentado a crecientes acusaciones de autoritarismo. Las tensiones se intensificaron tras la agresión con arma blanca que sufrió a mediados de septiembre de 2024, en la que resultó herido en la mano antes de que redujeran al agresor[32]. Al día siguiente, el agresor fue hallado muerto en su celda, donde se encontraba recluido en régimen de aislamiento[33].
Según Comores-Infos, el 24 de abril de 2024 fue detenido y encarcelado un predicador islámico, Abdallah Yusuf Chamda, por cuestionar la obligación de ayunar durante el Ramadán cuando se recorre una distancia de cinco kilómetros al día. Este suceso desencadenó protestas y disturbios civiles; el encarcelamiento del predicador suscitó interrogantes sobre la libertad de expresión religiosa[34].
En julio de 2024, en un barrio obrero de Moroni detuvieron a 36 musulmanes chiíes que celebraban la Ashura, una de las fiestas más importantes del chiísmo. En las Comoras solo está permitida la práctica del islam suní según la escuela shafií[35].
En noviembre de 2024, la policía municipal irrumpió en una iglesia malgache y prohibió temporalmente a los fieles reunirse[36]. La intervención, en la que los agentes cerraron por la fuerza el lugar de culto, indignó a la comunidad malgache. Esto también provocó fuertes reacciones en el Ministerio del Interior de Comoras, en el que los funcionarios acusaron a la policía de «excederse gravemente en sus funciones» y condenaron las acciones policiales como «ilegales» e incompatibles con el Estado de derecho. El Ministerio volvió a afirmar que las leyes nacionales protegen la libertad religiosa, incluso para los extranjeros. El Ministerio del Interior abrió una investigación interna sobre estos hechos.
Este incidente reavivó los debates sobre el lugar que ocupan las comunidades religiosas no musulmanas en una nación predominantemente musulmana y sobre el equilibrio entre la identidad nacional y los derechos individuales[37]. En un comunicado de prensa, el Ministerio tranquilizó a las comunidades religiosas sobre su derecho a practicar libremente su culto dentro de la ley, abordando las preocupaciones de la comunidad malgache. El ministro del Interior, Fakridine Mahamud Mradabi, insistió en que, aunque Comoras tiene una identidad musulmana suní, defiende los derechos fundamentales recogidos en los acuerdos internacionales[38].
En noviembre de 2024, el ministro de Educación de Comoras presionó al instituto francés local de Moroni para que revisara su política sobre el velo, cuestionando el carácter laico del centro. Según el periódico Al Watwan, una madre denunció el comportamiento del director del centro, que supuestamente agarró del brazo a su hija adolescente y la amenazó con expulsarla por llevar velo. El caso cobró importancia cuando el ministro de Educación de Comoras anunció que el director no podía prohibir el velo y solicitó que se revisara el reglamento interno del centro[39].
En enero de 2025, varios líderes de la oposición boicotearon las elecciones parlamentarias y acusaron al presidente Azali Assoumani y al partido gobernante de «adoptar medidas autoritarias; asimismo, manifestaron su profunda preocupación por la integridad electoral»[40].
En febrero de 2025, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertades de las Comoras organizó un taller de sensibilización sobre el matrimonio infantil con el objetivo de formar a los cadíes (jueces islámicos) de Ngazidja sobre los efectos nocivos de esta práctica y sus repercusiones en la sociedad. En las Comoras, muchas niñas se casan antes de cumplir los 18 años, lo que viola los derechos de los niños y obstaculiza su desarrollo académico, emocional y físico[41].
Futuro de la libertad religiosa
Desde que obtuvo la independencia de Francia en 1975, el archipiélago ha sufrido numerosos golpes militares y sigue enfrentándose a la inestabilidad política, el subdesarrollo económico, las altas tasas de pobreza, la inflación[42], la corrupción generalizada[43], la trata de personas y la migración indocumentada (especialmente hacia Mayotte)[44], lo que plantea importantes retos para el futuro del país.
La Constitución de 2018 defiende oficialmente la igualdad y garantiza a todos los ciudadanos el derecho a las libertades fundamentales; igualmente, el Ministerio del Interior declara que las leyes nacionales protegen la libertad religiosa. Pero, a pesar de todo ello, el estatus privilegiado del islam suní, junto con las prácticas legales existentes en materia de blasfemia y apostasía, otorgan a los musulmanes suníes una posición jurídica y social más elevada, lo que restringe de facto la libertad religiosa de los grupos religiosos minoritarios y de los musulmanes no suníes. También persiste la hostilidad abierta hacia determinados grupos religiosos[45].
La preocupación por el autoritarismo creciente y los casos registrados durante el período que se estudia en este informe, que ponen de relieve violaciones de la libertad religiosa, hacen que las perspectivas de este derecho fundamental en las Comoras parezcan desfavorables.
Fuentes
Comoras