COREA DEL NORTE
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de la República Popular Democrática de Corea de 1972 (revisada en 2016)[1] garantiza, en el artículo 68, «la libertad de creencias religiosas». Este derecho incluye «la aprobación de la construcción de edificios religiosos y la celebración de ceremonias religiosas»; sin embargo, añade que «nadie puede valerse de la religión como pretexto para introducir fuerzas extranjeras o para perjudicar al Estado o al orden social».
La Constitución establece que «la República Popular Democrática de Corea se guía en sus actividades por las ideas juche y songun, que son una visión del mundo centrada en el pueblo y una ideología revolucionaria que pretende alcanzar la independencia de las masas populares» (artículo 3). El término juche representa la ideología de la autosuficiencia[2].
El preámbulo de la Constitución consagra el lugar de Kim Il-Sung y el de su hijo y primer sucesor, Kim Jong Il, en la mitología nacional de Corea del Norte: «Los grandes camaradas Kim Il-Sung y Kim Jong Il son el sol de la nación y la estrella polar de la reunificación de la patria. Respecto a la reunificación de la patria como tarea suprema de la nación, dedicaron todos sus esfuerzos y empeño a su realización […]. La República Popular Democrática de Corea y todo el pueblo coreano mantendrán a los grandes camaradas Kim Il-Sung y Kim Jong Il como eternos dirigentes de la Corea juche, y completarán la revolución juche defendiendo y llevando adelante sus ideas y gestas bajo la dirección del Partido de los Trabajadores de Corea»[3].
El 4 de diciembre de 2020, Corea del Norte promulgó la Ley de Rechazo de la Ideología y la Cultura Reaccionarias, conocida comúnmente como Ley contra el Pensamiento Reaccionario, que penaliza el acceso a contenidos culturales extranjeros, en particular, a los medios de comunicación surcoreanos, considerados una amenaza para la unidad socialista. La ley impone duras sanciones, entre las que se cuentan largas penas de prisión, trabajos forzados o incluso la pena capital. Modificada en agosto de 2022 para reforzar aún más el control ideológico, la ley prohíbe explícitamente la posesión y distribución de textos religiosos, incluida la Biblia. Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio por suprimir la libertad religiosa y eliminar el pluralismo ideológico en el país[4].
La Ley de Garantía de la Educación Juvenil de Corea del Norte, aprobada por la Asamblea Popular Suprema en septiembre de 2021, forma parte de un marco legislativo más amplio destinado a erradicar la disidencia ideológica y reforzar la lealtad al régimen. Compuesta por cinco capítulos y 45 artículos, establece una serie de comportamientos prohibidos a los jóvenes, entre los que se incluyen explícitamente la exposición a «culturas extranjeras y capitalistas», a medios de comunicación no autorizados o no socialistas, e incluso la prohibición de ciertos estilos de vestimenta o formas de expresión. Las infracciones se castigan con duras penas, entre las que se cuentan condenas a trabajos forzados de entre cinco y diez años; hay infracciones que pueden llegar a ser castigadas con la pena de muerte, dependiendo de la gravedad que se les atribuya. La ley se ha aplicado con especial severidad contra las actividades religiosas no autorizadas entre los jóvenes: la posesión de biblias, grabaciones religiosas o la participación en prácticas espirituales se clasifican como subversión ideológica y son punibles en virtud de esta ley, a menudo en combinación con la Ley contra el Pensamiento Reaccionario de 2020[5].
En enero de 2023, Corea del Norte promulgó la Ley de Protección del Idioma Cultural de Pyongyang. Esta ley definió el dialecto de Pyongyang como la única forma correcta de hablar para los residentes de Corea del Norte. Las personas a las que se sorprenda utilizando otros dialectos, especialmente palabras o frases surcoreanas, pueden enfrentarse a seis años de trabajos forzados, trabajos forzados de por vida o incluso la muerte[6].
Incidentes y acontecimientos
A pesar de las garantías constitucionales, a la población de Corea del Norte le son negados, de una forma u otra, todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los norcoreanos están obligados a mostrar una devoción total a la dinastía Kim, que gobierna el país. El núcleo del programa de adoctrinamiento de Corea del Norte lo constituyen los Diez Principios para el Establecimiento del Sistema de Ideología Única (los Diez Principios)[7], que conforman la vida de cada norcoreano desde la primera infancia. Los Diez Principios dictan que toda la sociedad norcoreana debe creer únicamente en la familia Kim. Se castiga cualquier desviación o sospecha de deslealtad, en particular la adopción de creencias religiosas.
El sistema songbun de Corea del Norte (que clasifica a las personas según su origen y su lealtad al régimen, determinando este aspecto el acceso a servicios básicos como la asistencia sanitaria), clasifica a los cristianos como «hostiles»[8].
Según la Lista Mundial 2025 de Open Doors International, Corea del Norte es «el país de la tierra en el que más se persigue a los cristianos»[9].
Es casi imposible identificar casos individuales de violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte debido a las estrictas restricciones impuestas a los extranjeros para entrar en el país. Por tanto, la información recopilada por las comisiones internacionales y los grupos de defensa de los derechos humanos es crucial, aunque sus conclusiones siguen siendo aproximadas, basadas en los limitados datos disponibles.
En su Libro Blanco sobre la libertad religiosa en Corea del Norte de 2024, el Centro de Datos sobre los Derechos Humanos en Corea del Norte informó de que el 96,6 % de los encuestados afirmaba que las actividades religiosas «no estaban permitidas». Cuando les preguntaron si participaban en secreto en actividades religiosas, el 98,8 % de los encuestados respondió que no. El 5 % de las personas encuestadas afirmó haber visto objetos religiosos, como una Biblia. El 64 % de los casos de persecución religiosa se produjo por participar en «actividades religiosas», mientras que casi el 18 % de los casos de persecución se debió a la posesión de «objetos religioso». Solo el 4,7 % declaró haber presenciado a otras personas participando en actividades religiosas secretas, entre las que se cuentan no solo reuniones cristianas clandestinas, sino también prácticas de otras religiones, como el chamanismo[10]. Las religiones populares y las creencias supersticiosas no están exentas de represión. El chamanismo se considera ilegal y, por lo tanto, se practica de forma clandestina, sin organización formal, ya que a sus practicantes podrían encarcelarlos y enviarlos a campos de reeducación y trabajo[11].
Desde 2019, el régimen norcoreano también intensificó su represión contra los practicantes de Falun Gong. A pesar de que este movimiento espiritual se enfrenta a una persecución implacable en China, ha ganado adeptos en Corea del Norte, especialmente entre los migrantes norcoreanos que trabajan al otro lado de la frontera. Paradójicamente, la represión ha hecho crecer el interés por Falun Gong, que se está difundiendo principalmente en las redes clandestinas de Pyongyang[12].
La capital, Pyongyang, cuenta con cinco iglesias autorizadas por el Gobierno (tres protestantes, una católica y una ortodoxa), pero el acceso a esas instalaciones está «muy restringido, especialmente para la gente corriente»[13]. En octubre de 2024, un prelado surcoreano afirmó que «se está desvaneciendo la esperanza» de reconciliación o reunificación entre Corea del Norte y Corea del Sur[14].
Corea del Norte ya era la nación más aislada del mundo, pero desde la pandemia de COVID-19 ha reforzado aún más sus fronteras y ampliado el control estatal con el pretexto de las medidas de salud pública. Según un informe de Human Rights Watch de marzo de 2024, titulado A Sense of Terror, Stronger than a Bullet: The Closing of North Korea 2018–2023 (Una sensación de terror más fuerte que una bala: el cierre de Corea del Norte 2018-2023), el régimen puso en marcha nuevas regulaciones, como la orden de disparar a discreción, la ampliación de las vallas y el aumento de los puestos de guardia, lo que ha impedido prácticamente todo movimiento transfronterizo, incluido el comercio y la ayuda humanitaria. Entre 2020 y 2023, Corea del Norte construyó 482 kilómetros de nuevas vallas y reforzó otros 260 kilómetros, según confirman las imágenes de satélite. El refuerzo de la fortificación ha agudizado el aislamiento del país, limitando gravemente el flujo de información y haciendo prácticamente imposible el seguimiento de las condiciones de salud pública o de la represión, especialmente contra las minorías religiosas, como los cristianos[15].
En marzo de 2023, las autoridades norcoreanas condenaron públicamente a diez jóvenes por ver vídeos surcoreanos y utilizar el idioma surcoreano. Algunas fuentes informan de que el cabecilla del grupo fue condenado a diez años de trabajos forzados[16], mientras que otras indican que condenaron a doce años de trabajos forzados al menos a dos de los jóvenes[17].
Durante el período que se estudia en este informe, las Naciones Unidas han emprendido numerosas iniciativas multilaterales para supervisar, informar y ejercer presión diplomática en relación con las violaciones de los derechos humanos que se siguen cometiendo en la República Popular Democrática de Corea. El 4 de abril de 2024, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovó el mandato del Relator Especial sobre Corea del Norte y encargó un informe exhaustivo sobre los derechos humanos que deberá presentarse en septiembre de 2025. La resolución apoya la responsabilidad penal y vincula los abusos con el programa armamentista de Corea del Norte.
En junio de 2024, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró un debate abierto en el que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por Corea del Norte, entre ellas la represión, los trabajos forzados y las restricciones a la libertad de circulación y de expresión. Türk rechazó las leyes que persiguen a los disidentes y a los medios de comunicación extranjeros, así como el agravamiento de la crisis alimentaria; asimismo, exigió que Corea del Norte rindiera cuentas a nivel internacional y que se reintegrara en la comunidad internacional[18].
El 17 de diciembre de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que expresaba su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. La resolución insta a Corea del Norte a respetar las libertades fundamentales, entre ellas las de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión, y exige la derogación de las leyes y prácticas que restringen estos derechos[19].
Además de las violaciones sistemáticas de la libertad de religión o de creencias cometidas por Corea del Norte, es importante considerar el papel de la República Popular China en el agravamiento de estos abusos. Pekín aplica una política de repatriación forzosa de los fugitivos norcoreanos. Esta postura refleja la interpretación que China lleva haciendo desde hace tiempo de su acuerdo de repatriación de 1986 con Corea del Norte, apartándose de las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, de los que China es signataria.
Las organizaciones de derechos humanos han criticado enérgicamente esta postura, afirmando que viola el principio de no devolución y socava las protecciones internacionales contra la tortura y la persecución. La práctica de la repatriación forzosa somete habitualmente a los repatriados a graves violaciones de los derechos humanos, como la detención arbitraria, la tortura, los trabajos forzados y, especialmente en los casos relacionados con actividades religiosas, la ejecución[20]. En 2023, más de 200 desertores repatriados a la fuerza desde China a Corea del Norte fueron detenidos en campos de prisioneros. De ellos, los que habían intentado llegar a Corea del Sur o habían tenido contacto con cristianos durante su estancia en China fueron enviados inmediatamente a estos campos. Haber leído la Biblia o haber estado expuesto a las enseñanzas cristianas dio lugar a penas de prisión, equivalentes a menudo a cadena perpetua[21].
En enero de 2024, las autoridades chinas reiteraron su postura de que los desertores norcoreanos son «migrantes económicos» y no refugiados con derecho a protección en virtud del derecho internacional. En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaraba que «en China no hay desertores de la República Popular Democrática de Corea. Las personas que entraron ilegalmente en China por motivos económicos no son refugiados»[22]. Según NK News, aproximadamente 260 norcoreanos fueron repatriados a la fuerza desde el condado de Changbai, en la provincia china de Jilin, a Corea del Norte en abril de 2024[23]. Por otra parte, Human Rights Watch informó de que, desde que Pyongyang cerró su frontera norte a principios de 2020, las autoridades chinas han devuelto a la fuerza a más de 670 norcoreanos: más de 500 personas fueron repatriadas el 9 de octubre de 2023; 40, el 18 de septiembre de 2023; 80, el 29 de agosto de 2023; y alrededor de 50, en julio de 2021[24].
China también ha intensificado sus esfuerzos para identificar y deportar a los desertores norcoreanos mediante la implantación de cuotas policiales y la ampliación de la vigilancia fronteriza. Entre las medidas adoptadas se incluyen el establecimiento de nuevos centros de deportación, colocación de cámaras de reconocimiento facial, refuerzo de las patrullas marítimas, mayor vigilancia de las redes sociales y recopilación de datos biométricos. Según las informaciones recibidas, las autoridades tienen registrada la información biométrica de más del 90 % de los norcoreanos de China[25]. En mayo de 2024, al conocer las informaciones relativas a la devolución por parte de las autoridades chinas de entre 60 y 260 desertores en abril, práctica ampliamente condenada por los grupos defensores de los derechos humanos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur reafirmó su compromiso de impedir la repatriación forzosa de desertores norcoreanos por parte de China[26].
En octubre de 2023, los titulares de mandatos especiales de las Naciones Unidas instaron a China a que pusiera fin a estas repatriaciones, destacando el alto riesgo de tortura, tratos inhumanos o degradantes y otros abusos graves a los que se enfrentan los repatriados. A las personas imputadas por «cruzar ilegalmente la frontera» se las acusa de ser delincuentes, mientras que a las sospechosas de haber intentado huir a Corea del Sur se las tilda de «traidoras» y se les imponen severas sanciones, como la detención sin garantías legales, la desaparición forzada o la ejecución[27].
El 18 de junio de 2024, las autoridades policiales de la provincia de Liaoning enviaron directivas a las comisarías locales en las que se indicaba que China prohíbe que en su territorio operen las agencias de refugiados de las Naciones Unidas y las organizaciones de rescate humanitario. Las directivas advertían de que las personas que apoyaran dichas actividades se enfrentarían a duras penas por «complicidad en la violación de la soberanía nacional»[28].
Futuro de la libertad religiosa
El régimen norcoreano sigue reprimiendo toda expresión religiosa, imponiendo la lealtad ideológica a la dinastía Kim a través de los Diez Principios, una vigilancia exhaustiva, castigos severos y otras violaciones graves de los derechos humanos. El cristianismo y otras creencias religiosas se consideran amenazas existenciales, y sus seguidores se enfrentan a penas de prisión, tortura y muerte por poseer material religioso o participar en cultos clandestinos, tal y como documentan los testimonios de desertores y los informes sobre derechos humanos.
La represión se ha intensificado en Corea del Norte desde la pandemia de la COVID-19. El cierre de fronteras y las órdenes de disparar a discreción han aislado aún más al país, obstaculizando la vigilancia externa y el contacto religioso. Leyes como la Ley de Rechazo de la Ideología y la Cultura Reaccionarias y la Ley de Garantía de la Educación Juvenil han ampliado el control estatal sobre la libertad de movimiento, expresión y pensamiento, sin dejar espacio para las creencias religiosas. Mientras tanto, la repatriación forzosa por parte de China de los fugitivos norcoreanos, incluidos aquellos con creencias religiosas, los expone a una persecución implacable. Las perspectivas para todos los derechos humanos, entre ellos la libertad de religión o de creencias, siguen siendo extremadamente sombrías.
Fuentes
Corea del Norte