YIBUTI
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Según su Constitución (revisada en 2010), Yibuti es una «república democrática, soberana, única e indivisible», y todos sus ciudadanos son iguales «sin distinción de lengua, origen, raza, sexo o religión» (artículo 1)[1]. El islam es la religión oficial, el 94 % de la población es musulmana suní y el Ministerio de Asuntos Islámicos y Waqfs supervisa los asuntos religiosos[2]. El islam desempeña un papel fundamental en la sociedad yibutiana, como lo demuestran los cambios introducidos en la propia Constitución sobre su estatus. En la versión de 1992[3], el islam era reconocido como religión del Estado en el preámbulo, mientras que ahora, en la revisión de 2010, se le otorga preeminencia en el artículo 1[4].
Conforme al artículo 6 de ambas versiones de la Constitución, los partidos políticos tienen prohibido identificarse con una raza, etnia, sexo, religión, secta, idioma o región. Se garantiza a toda persona el «derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, culto y opinión, dentro del respeto al orden establecido por la ley y los reglamentos» (artículo 11)[5]. Sin embargo, el Gobierno restringe severamente la libertad de expresión y los periodistas practican la autocensura, ya que se les persigue si se pronuncian en contra del presidente y del partido gobernante, la Unión por la Mayoría Presidencial (UMP)[6]. El Gobierno controla estrictamente los medios de comunicación: la radio, la prensa escrita y la televisión. Además es propietario de las principales editoriales de periódicos, cadenas de televisión y radio, e imprentas[7].
El presidente de Yibuti no está sujeto a límites de mandato y gobierna desde 1999, a pesar de que el país mantiene en apariencia un sistema político con varios partidos.
La Constitución de Yibuti no prohíbe explícitamente el proselitismo, pero esta práctica está prohibida en público[8]. Sin embargo, las leyes no castigan a quienes no cumplen las normas islámicas o profesan otra religión.
Un decreto de 2014 otorga al Ministerio de Asuntos Islámicos amplios poderes sobre las mezquitas del país y el contenido de las oraciones públicas[9]. Su autoridad se extiende a los colegios privados confesionales (sobre los que también tiene jurisdicción el Ministerio de Educación) y a los actos religiosos. Los imanes se han convertido en funcionarios públicos empleados oficialmente por el Ministerio. El objetivo del Gobierno es impedir actividades políticas en las mezquitas, permitir que las autoridades controlen lo que hacen y limitar las influencias extranjeras. Desde la entrada en vigor del decreto, casi todas las mezquitas tienen un imán designado por el Gobierno. El sistema de enseñanza pública es laico, pero hay unas 40 escuelas islámicas privadas[10].
Independientemente de si son locales o extranjeros, los grupos religiosos, tanto musulmanes como no musulmanes, tienen que registrarse en el Ministerio del Interior. Los grupos musulmanes también tienen que informar de su existencia al Consejo Islámico Superior del Ministerio de Asuntos Islámicos y Waqfs. Los trabajadores religiosos extranjeros tienen que adquirir una tarjeta de residencia anual, pero actualmente están exentos de solicitar un permiso de trabajo[11]. Los grupos extranjeros, musulmanes o no, también necesitan un permiso del Ministerio de Asuntos Exteriores antes de poder trabajar en Yibuti[12]. El registro puede ser oneroso, con estrictos controles de antecedentes que examinan «la dirección, la afiliación religiosa, las finanzas y los objetivos del grupo en el país, con la posibilidad de ser rechazado por tener vínculos, agendas políticas o relaciones extranjeras extremistas»[13].
Todos los altos cargos y funcionarios públicos importantes, como el presidente y los miembros de los Tribunales Supremo y Constitucional, están obligados a prestar juramento religioso. No existe ninguna disposición que contemple juramentos o afirmaciones que no estén basados en la religión[14].
Los musulmanes pueden acudir a los tribunales de familia o a los tribunales civiles para resolver cuestiones relacionadas con el matrimonio, el divorcio o la herencia. Los tribunales de familia se basan tanto en el derecho civil como en el islámico. Para los no musulmanes, estas cuestiones son competencia exclusiva de los tribunales civiles[15], y los matrimonios civiles son celebrados por dichos tribunales civiles tanto para los naturales de Yibuti como para los extranjeros. El Gobierno reconoce los matrimonios religiosos no musulmanes si se presenta un documento oficial expedido por la organización que celebró el matrimonio[16]. En virtud del Código de Familia, no se permite el matrimonio entre varones no musulmanes y mujeres musulmanas, a menos que el futuro marido se convierta al islam[17]. Además, según el artículo 39.2, el marido tiene derecho a divorciarse de su mujer por cualquier motivo, mientras que la mujer solo puede obtener el divorcio en circunstancias específicas[18].
Se desincentiva la conversión desde el islam a otras religiones, y los conversos se enfrentan al ostracismo y la persecución, e incluso a la violencia física[19].
Entre los grupos cristianos, solo se permiten las Iglesias protestante, católica romana, ortodoxa griega y ortodoxa etíope; por lo demás, las actividades religiosas y el proselitismo se mantienen bajo control, especialmente las de los evangélicos. La Iglesia de la Cienciología está presente como entidad comercial[20].
Los no musulmanes siguen discriminados en el empleo público y la educación[21].
En la escuela pública se enseña religión, pero solo como una asignatura general, sin centrarse en ninguna fe particular[22].
Incidentes y acontecimientos
Yibuti es un pequeño país situado en el Cuerno de África con una población de poco menos de un millón de habitantes. Según estimaciones de la ONU para 2020, la población está compuesta principalmente por somalíes (60 %), seguidos de afares (35 %) y árabes. El presidente Ismaël Omar Guelleh lleva desde hace más de 20 años al frente de la coalición autoritaria Unión por la Mayoría Presidencial (UMP)[23].
En febrero de 2023 se celebraron elecciones legislativas, que fueron boicoteadas por la mayor parte de los principales partidos de la oposición, alegando que la Unión por la Mayoría Presidencial (UMP), partido en el poder, tenía asegurada la mayoría de los escaños. Tal y como se había previsto, la UMP obtuvo 58 de los 65 escaños, mientras que la Unión por la Democracia y la Justicia (UDJ), partido de la oposición, se hizo con el resto[24].
En 2023, el Gobierno siguió imponiendo restricciones a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. En marzo, Alexis Deswaef, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), fue detenido y deportado de Yibuti, y a un compañero suyo le denegaron la entrada en el aeropuerto[25]. Además, las autoridades yibutianas intensificaron la represión contra los inmigrantes irregulares y en abril de 2023 detuvieron a unas 3000 personas en la ciudad de Yibuti[26].
Al igual que el resto de África Oriental, Yibuti se encuentra amenazado por extremistas islamistas violentos, como el grupo terrorista somalí Harakat al-Shabab al-Muyahidin (al-Shabab), Daesh (Estado Islámico, EI) y salafíes de Somalilandia y del estado somalí de Puntlandia[27]. En consecuencia, muchos gobiernos extranjeros advierten a sus ciudadanos sobre el peligro de secuestro en Yibuti, especialmente cerca de la frontera con Somalilandia, instándolos a extremar las precauciones y a respetar las costumbres locales[28].
A pesar de la preocupación en materia de seguridad relacionada con los grupos islamistas, no se registraron incidentes de violencia religiosa o persecución ni en 2023 ni en 2024. Sin embargo, dado el fuerte control gubernamental y el estatus del islam como religión dominante, el acceso de los no musulmanes a muchos derechos y libertades sigue estando limitado. Hay niños no musulmanes que sufren discriminación en la escuela, y la libertad de expresión y de prensa están severamente restringidas[29].
En junio de 2024, La Voix de Djibouti, emisora de radio con sede en París que se describe a sí misma como «el único medio de comunicación libre e independiente de Yibuti»[30], informó de un aumento de la preocupación por la seguridad. Al parecer, en la ciudad de Yibuti fueron detenidos dos miembros de Al-Shabab que habían entrado en el país desde Etiopía y planeaban un atentado. Tras su detención, los servicios de seguridad los interrogaron, sobre todo para averiguar si tenían cómplices locales. Ante esta situación, las embajadas extranjeras decidieron cerrar sus puertas[31].
Futuro de la libertad religiosa
Dada su ubicación en una región inestable, Yibuti sigue siendo vulnerable tanto a los problemas internos (régimen autoritario, pobreza, alto desempleo) como a las amenazas externas (refugiados y grupos islamistas militantes)[32]. No obstante, la presencia de varias bases militares extranjeras proporciona cierto grado de protección contra las repercusiones de los conflictos en dos de sus países vecinos, Etiopía y Somalia[33]. Sin embargo, dentro de las fronteras, dado que las religiones no islámicas se consideran extranjeras, la libertad religiosa sigue estando sujeta a ciertas restricciones. Es poco probable que esta situación cambie en un futuro próximo, por lo que las perspectivas para la libertad religiosa se mantienen sin cambios.
Fuentes
Djibouti