Marco legal de la libertad religiosa y aplicación actual
La Asamblea Nacional de Eritrea aprobó la constitución del país en 1997, cuatro años después de su independencia. En ella se salvaguarda «el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y creencia» (artículo 19.1) y añade: «Toda persona tendrá libertad para practicar su religión y manifestar tales prácticas» (artículo 19.4)[1]. Sin embargo, la Constitución nunca se ha implementado y las autoridades siempre han gobernado a base de decretos.
En 2002, el gobierno publicó una proclamación que reconocía tan solo cuatro confesiones religiosas: la Iglesia ortodoxa tewahedo eritrea, la Iglesia luterana evangélica de Eritrea, la Iglesia católica y el islam suní[2]. Se prohibía así el resto de religiones, consideradas ilegales[3]. Incluso aquellas reconocidas solo podían obrar en medio de restricciones[4].
Aunque en Eritrea formalmente se proclama la separación entre Estado y religión, el Frente Popular por la Democracia y la Justicia (PFDJ, por sus siglas en inglés) ejerce un control estricto sobre todas las comunidades religiosas reconocidas. El gobierno regula las Iglesias cristianas y la comunidad musulmana desde distintos ámbitos: nombrando a los líderes de la comunidad musulmana y de la Iglesia ortodoxa, así como controlando los salarios y el transporte —incluida la distribución de gasolina— de los líderes ortodoxos, además de sus actividades y contabilidad. Las Iglesias católica y luterana, en cambio, conservan un mínimo de autonomía. Las minorías religiosas —como los testigos de Jehová, pentecostales y los musulmanes considerados «radicales», como los wahabíes— padecen restricciones muy estrictas. Mientras que los líderes de las comunidades ortodoxa, católica, luterana y suní operan bajo la supervisión del Estado, el régimen favorece a los cristianos ortodoxos de la etnia tigrinya, mientras que es mucho menos permisivo con los musulmanes, a quienes considera a menudo críticos[5].
Los líderes y medios de comunicación religiosos no pueden opinar sobre asuntos políticos. La Oficina de asuntos religiosos recuerda cada año esta prohibición, contenida en el decreto 73 de 1995 sobre organizaciones religiosas, para velar por su cumplimiento[6]. El decreto también estipula que, si las Iglesias desean llevar a cabo una labor social, deben apoyar el trabajo del gobierno eritreo. De lo contrario, puede ser consideradas agentes al servicio de una potencia extranjera. Además, deben facilitar a las autoridades examinar cualquier donativo recibido de fuera del país[7].
El procedimiento para registrar grupos religiosos sin reconocimiento oficial es tan complejo que no se ha aprobado ningún grupo nuevo desde la proclamación de 2002. Tras solicitarlo cada año desde 1959, los bahaíes han logrado un reconocimiento de facto[8]. Carecer de registro supone que los grupos quedan expuestos al acoso de las autoridades.
El código penal de 2015 contiene previsiones contra la blasfemia —como la «Difamación de o interferencia con grupos religiosos y étnicos» (artículo 195) y la «Molestia de los sentimientos religiosos o étnicos»—, así como contra la «reunión ilegal». Tales previsiones limitan gravemente la libertad religiosa. El artículo 195 y las cláusulas relacionadas con él criminalizan la denigración pública y deliberada de las ceremonias o ritos de cualquier grupo religioso legal, así como la profanación de los lugares, imágenes u objetos usados en tales ceremonias; los castigos contemplan penas de hasta un año de cárcel. El código también castiga la interrupción ilegal o la obstaculización de los servicios o asambleas religiosas con penas semejantes[9].
Bajo la Proclamación n.º 82/1995, Eritrea obliga a los ciudadanos de entre 18 y 50 años a prestar el servicio militar. El artículo 6 exige una participación obligatoria, mientras que el artículo 8 contempla seis meses de entrenamiento militar seguidos por doce meses de servicio militar o civil activo. El artículo 18 da al ministro de Justicia el poder de extender este servicio más allá de los 18 meses cuando sea necesario. En la práctica, esta disposición se traduce en un reclutamiento indefinido: muchas personas prestan servicio sin posibilidad de liberación. Observadores externos lo consideran una forma trabajo forzado[10].
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Human Rights Watch describen esta situación de trabajo forzado como «semejante a la esclavitud»[11]. Aunque, oficialmente, el servicio debería durar 18 meses, a menudo se extiende durante décadas; la media oscila entre los seis y los 12 años. Eritrea no es parte firmante del Acuerdo de 2022 para el cese de las hostilidades entre Etiopía y las fuerzas tigrayanas, y sus tropas se mantienen activas en Tigray. Desde mediados de 2022 hasta comienzos de 2023, las autoridades eritreas han lanzado un plan nacional de reclutamiento dirigido a sus supuestos evasores —mujeres y niños incluidos—. Aquellos que se niegan por motivos políticos, religiosos y de conciencia, padecen arrestos arbitrarios, torturas, desalojos forzados y prisión[12].
Incidentes y acontecimientos
El presidente del país, Isaias Afwerki, y el único partido legal del país, el PFDJ, gobiernan con mano de hierro Eritrea desde que obtuvo su independencia en 1993. Para Freedom House, se trata de un Estado autoritario militarizado: no se celebran elecciones nacionales, se prohíbe la creación de una sociedad civil independiente y la detención arbitraria es una práctica generalizada[13]. Se reprimen sin miramiento derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, de religión y de reunión[14].
Varios informes señalan que muchas personas en Eritrea han sido arrestadas por asistir a reuniones religiosas no autorizadas, a menudo sin recibir acusaciones formales ni ningún tipo de explicación oficial. Los detenidos suelen sufrir durante largos períodos unas condiciones de internamiento muy duras y son recluidos en una nutrida red de instalaciones, como comisarías, prisiones militares y civiles, y otros centros sin revelar que van desde edificios en ruinas y contenedores de metal, hasta celdas subterráneas. Los reclusos carecen de un proceso con garantías legales, atención médica o comunicación con el exterior. También están ampliamente documentados los casos de tortura y de trabajos forzados[15], como abusos físicos y sexuales muy graves y grandes presiones para hacerlos renunciar a su fe. No están permitidas las prácticas religiosas como la oración, el canto, la predicación y la posesión de textos religiosos. Muchos centros de detención están abarrotados y los reclusos se ven obligados a dormir por turnos. El centro de detención de Mai Serwa, cerca de Asmara, conocido por albergar un hacinamiento extremo y por su aislamiento, epitomiza los abusos sistémicos que se cometen en Eritrea contra los prisioneros religiosos[16].
En febrero de 2023, se encontró en circunstancias sin aclarar el cadáver del monje ortodoxo Yeneta Ezra. Ezra era partidario de Abune Antonios, obispo que había fallecido en 2022, después de más de 15 años de arresto domiciliario por oponerse a la interferencia del Estado en los asuntos de la Iglesia[17].
En 2023, el gobierno eritreo intensificó su campaña contra los servicios sociales gestionados por la Iglesia. En total, embargó 21 centros de salud dirigidos por organizaciones religiosas, sobre todo, por la Iglesia católica. Ubicadas en áreas rurales y semiurbanas abandonadas a su destino, dichos centros habían proporcionado durante mucho tiempo servicios esenciales como atención materna, educación y apoyo a huérfanos. El número total de centros confiscados alcanza los 29[18]. Los católicos eritreos de Londres realizaron una vigilia en noviembre de 2024 para protestar por estos cierres y expresar su apoyo a la misión humanitaria de la Iglesia[19].
De enero a abril de 2023, 177 miembros de grupos cristianos sin registrar fueron detenidos mientras rezaban o grababan música en casas privadas[20].
En marzo de 2023, nueve cristianos —entre ellos, el pastor Abenet Yemane— fueron puestos en libertad tras nueve años en prisión[21].
El 9 de abril de 2023, el pastor pentecostal Tesfay Seyoum, fundador de la Iglesia Meserete Kristos, sufrió una hemorragia cerebral y falleció después de un arresto de diez años. Al parecer, las autoridades prohibieron a su familia enterrarle en el sitio que habían escogido y dejaron su cadáver sin enterrar durante varios días[22].
También en abril de 2023, 95 jóvenes del grupo de oración Mahalians fueron arrestados después de reunirse en la capital, Asmara, para grabar un vídeo religioso. Aunque en septiembre de 2023, la mayoría de ellos fueron puestos en libertad, 15 miembros de apenas veinte años seguían detenidos en febrero de 2025. Después de sus arrestos, se les obligó a firmar declaraciones en las que se comprometían a no asistir a reuniones cristianas. Muchos se negaron a pesar de ser sometidos a torturas[23].
En julio de 2023, 300 estudiantes musulmanes fueron puestos en libertad. Llevaban detenidos desde 2017, cuando habían protestado contra las políticas de educación[24].
En enero de 2024, The Washington Post publicó un informe detallado que recogía entrevistas a 42 exprisioneros eritreos y documentaba las condiciones inhumanas de la red penal del país. Muchos entrevistados afirmaron que habían sido detenidos sin acusación formal, que habían sido torturados y que les habían negado cualquier atención médica. También declararon que habían recibido palizas y que muchos reclusos murieron por asfixia[25]. En la mayoría de los casos, fueron encarcelados por negarse al reclutamiento obligatorio.
El 20 de enero de 2024, 30 adultos cristianos y varios niños fueron arrestados después de celebrar el nacimiento del primogénito de una familia cristiana[26].
En mayo de 2024, el reverendo Ghirmay Araya falleció después de pasar más de tres años en una prisión de alta seguridad[27]. Araya, miembro de la Iglesia del Full Gospel, fue arrestado en 2021 junto con otro pastor, Samuel Okbamichael[28].
Entre julio de 2023 y 2024, 218 cristianos fueron arrestados en Eritrea, muchos de ellos mujeres y niños[29].
En diciembre de 2024, las fuerzas de seguridad de Eritrea asaltaron una casa privada donde 17 estudiantes de secundaria, de entre 14 y 16 años, se habían reunido para rezar. Normalmente, son los vecinos quienes denuncian a la policía este tipo de reuniones. Los estudiantes, chicos y chicas, permanecieron en comisaría antes de ser conducidos a la prisión Mai Serwa, destinada a encarcelamientos prolongados[30].
Los testigos de Jehová también sufren arrestos y encarcelamientos con frecuencia. En mayo de 2025, 64 miembros aún seguían encarcelados[31]. En su caso, el motivo del arresto casi siempre suele ser negarse a realizar el servicio militar obligatorio. Además, no pueden ocupar empleos gubernamentales, recibir beneficios del gobierno o tener cuentas bancarias[32]. En septiembre de 2024, las fuerzas de seguridad irrumpieron en una reunión pacífica de testigos de Jehová en una casa privada; arrestaron a 24 personas. Aunque dos menores fueron liberados más tarde, días después, un hombre de 85 años fue arrestado de nuevo. Todos los arrestados fueron trasladados a la prisión de Mai Serwa. El 7 de diciembre de 2024, se liberó a Saron Ghebru, embarazada de nueve meses; el 15 de enero de 2025, Mizan Gebreyesus, de 82 años, fue también liberado[33].
En noviembre de 2024, cuatro testigos de Jehová de entre 16 y 18 años fueron arrestados y enviados a la prisión de Mai Serwa. Ese mismo mes, la policía detuvo a Almaz Gebrehiwot, todavía detenida en la 5.ª Comisaría de Asmara. Otras dos mujeres, Mikal Taddesse y Berekti Gebretatyos, fueron liberadas de las prisiones de Mai Serwa y Adi Abeto el 25 de febrero y el 12 de marzo de 2025, respectivamente[34].
Durante el período estudiado, las Naciones Unidas han condenado con varias declaraciones las continuas violaciones de derechos del gobierno eritreo —sobre todo, contra la libertad de religión—, exigiendo su inmediata revocación. En su informe de mayo de 2023, el Relator Especial de la ONU sobre Eritrea, Mohamed Abdelsalam Babiker, documentó la represión de la libertad religiosa, en concreto, las acciones dirigidas contra líderes de confesiones reconocidas legalmente. El gobierno quiso silenciar a los líderes católicos que criticaban los abusos contra los derechos humanos, como el arresto en octubre de 2022 de tres sacerdotes católicos. Los cristianos ortodoxos también sufrieron persecución; al menos 44 monjes partidarios del difunto patriarca Abune Antonios fueron detenidos en abril de 2023.
En junio de 2024, Babiker informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la situación de los derechos humanos en Eritrea seguía siendo grave, caracterizada por las detenciones arbitrarias y sin notificar, por las desapariciones forzadas y por un servicio nacional indefinido, que, en la práctica, equivale a trabajos forzados, acompañado de torturas y trato inhumano. La represión de las libertades fundamentales —incluida la libertad religiosa— se ha intensificado, con líderes religiosos prominentes encarcelados durante décadas y una extensa interferencia estatal en las instituciones religiosas. El informe también subrayaba la falta de procesos con garantías legales para los detenidos —muchos de los cuales son líderes religiosos, defensores de derechos humanos o críticos del régimen— y la asfixia del espacio cívico. Babiker instaba a las autoridades eritreas a detener sus abusos, implementar las recomendaciones aceptadas del Examen Periódico Universal, garantizar la rendición de cuentas y compensar a las víctimas[35].
La Comisión estadounidense sobre la libertad religiosa internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) informó de que, en mayo de 2025, más de 350 cristianos estaban todavía detenidos en Eritrea; más de 80 habían sido detenidos en los primeros cinco meses del año. La USCIRF también citó fuentes que calculan que alrededor de 10 000 objetores de conciencia están encarcelados en más de 300 centros de detención en el país[36]. Release International ha actualizado y corroborado estas cifras[37].
Desde 2004, el Departamento de Estado de los Estados Unidos considera a Eritrea un país que es motivo de singular preocupación por sus violaciones persistentes contra la libertad religiosa[38].
Futuro de la libertad religiosa
Eritrea sigue siendo un Estado autoritario. Además de carecer casi por completo de participación política, comete de forma sistemática violaciones contra derechos humanos fundamentales y libertades civiles básicas, como la libertad de expresión y la libertad de religión o creencia. Cientos de eritreos abandonan cada año el país. La situación de la libertad religiosa es grave y el futuro de este derecho fundamental es sumamente negativo.
Fuentes
Eritrea