ETIOPÍA
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Etiopía de 1994 consagra el principio de separación entre Estado y religión (artículo 11.1 y 2): ninguna religión se considerará oficial (artículo 11.2) y el Estado no interferirá en los asuntos religiosos, ni la religión en los asuntos estatales (artículo 11.3). Se reconoce la libertad de conciencia y religión, incluida la libertad «de manifestar la propia religión o las propias creencias individual o colectivamente, en público o en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza» (artículo 27.1). Se establece el derecho a crear instituciones para difundir las creencias religiosas (artículo 27.2), a la vez que se garantiza la libertad de los individuos para profesar la creencia que elijan (artículo 27.3). El artículo 27.4 salvaguarda el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones[1].
El preámbulo de la Constitución expresa la intención de «asegurar una paz duradera, garantizar un orden democrático y promover nuestro desarrollo económico y social», que se basará en «nuestro rico y orgulloso legado cultural» y en «la interacción continua a diversos niveles»[2].
La Constitución prohíbe la enseñanza religiosa en todos los colegios, ya sean públicos o privados: «La educación será impartida de forma que esté, en todos los aspectos, libre de influencias religiosas, partidismos políticos o prejuicios culturales» (artículo 90.2). La educación religiosa está permitida en iglesias y mezquitas.
La «Proclamación revisada sobre el registro de partidos políticos» de 2008 (artículo 11.5) prohíbe a las organizaciones religiosas registrarse como partidos políticos[3].
Conforme a una ley promulgada en febrero de 2009 denominada «Proclamación sobre organizaciones y asociaciones benéficas», todas las Iglesias y grupos religiosos se consideran organizaciones benéficas y, como tales, deben ser reconocidas como personas jurídicas, para lo cual deben presentar una solicitud de registro al Ministerio de Justicia[4]. Cada tres años tienen que renovar dicha solicitud. En caso de no registrarse, no pueden realizar actividades como abrir una cuenta bancaria u obtener representación legal. La Iglesia ortodoxa Tewahedo de Etiopía y el Consejo Supremo de Asuntos Islámicos de Etiopía están exentos de este proceso de renovación trienal. Las Iglesias y otras asociaciones dedicadas a labores benéficas y de desarrollo deben registrarse en la Agencia de Organizaciones y Asociaciones Benéficas, independientemente del organismo religioso al que pertenezcan, quedando así sujetas a la legislación vigente sobre ONG.
Las organizaciones benéficas que reciben más del 10 % de su financiación del extranjero no pueden realizar campañas sobre derechos humanos, derechos de las personas con discapacidad o igualdad de género. Sin embargo, sí pueden llevar a cabo actividades benéficas que no se centren en la defensa de causas, como crear hospicios, poner en marcha proyectos agrícolas o llevar a cabo reforestaciones[5].
Las solicitudes para registrarse como grupo religioso se tramitan ante la Dirección de Fe y Asuntos Religiosos del Ministerio de Paz. El registro otorga a las organizaciones religiosas personalidad jurídica, lo que confiere a sus miembros el derecho a reunirse, adquirir terrenos para edificar lugares de culto y construir cementerios[6]. Los grupos religiosos tienen que presentar informes anuales y publicar memorias económicas.
Etiopía presenta una gran diversidad étnica y se define a sí mismo como un país de diferentes «naciones, nacionalidades y pueblos» (Constitución de 1994, artículo 8.1). En el país se hablan más de 80 idiomas. Los hablantes de amárico, oromo, tigriña y somalí constituyen aproximadamente dos tercios de la población[7]. El artículo 5 de la Constitución de 1994 concede el mismo estatus a todas las lenguas etíopes y otorga el derecho a cada uno de los once estados[8] regionales del país a elegir su lengua de trabajo (artículo 47.1); sin embargo, el amárico es la única lengua de trabajo del Gobierno federal etíope. La elección de esta lengua se ha convertido en un elemento de fricción entre los grupos étnicos más grandes del país, con implicaciones también en la religión. En 2020, el Gobierno central añadió como lenguas oficiales el afan oromo, el afar, el somalí y el tigriña[9].
Además del idioma, Etiopía se caracteriza por una gran diversidad de credos en una sociedad profundamente religiosa. Alrededor del 63 % de la población, que supera los 130 millones de habitantes, es cristiana y el 34 % es musulmana. Los cristianos ortodoxos representan alrededor del 44 %, y se establecen sobre todo en los estados de Tigray y Amhara y en algunas zonas de Oromia, mientras que los musulmanes suníes constituyen algo más de la mitad de la población en Oromia y son mayoritarios en las regiones de Somali y Afar. Los cristianos evangélicos y pentecostales representan alrededor del 19 % y se concentran principalmente en el sudoeste. Los católicos representan alrededor del 0,7 % de la población[10].
Los amharas, tigrayanos y hablantes de otras lenguas semíticas, en su mayoría cristianos ortodoxos, viven en las tierras altas del norte. Históricamente, han dominado la vida política del país. La mayoría de los musulmanes, protestantes y seguidores de creencias indígenas viven en las tierras bajas del sur y el este del país[11].
Una ley de 2008 tipificó como delito incitar a la hostilidad entre religiones a través de los medios de comunicación[12], así como blasfemar y difamar a los líderes religiosos[13]. Se están desarrollando diversas iniciativas tanto gubernamentales como de la sociedad civil dirigidas a fomentar la convivencia en armonía entre religiones y evitar y resolver los conflictos relacionados con la religión. El Gobierno ha creado el Consejo Nacional Interreligioso para la Paz[14], que colabora con los gobiernos estatales para fomentar la convivencia religiosa.
El Gobierno no concede visados permanentes a los trabajadores religiosos extranjeros, salvo que participen en proyectos de desarrollo gestionados por ONG registradas afiliadas a sus respectivas Iglesias. Esta política no suele aplicarse a la Iglesia ortodoxa etíope Tewahedo. Como la Iglesia católica se considera una organización benéfica, su personal religioso extranjero no puede jubilarse en Etiopía, pero puede seguir trabajando después de los 65 años.
En abril de 2021, Etiopía promulgó importantes reformas en materia de medios de comunicación con la adopción de la «Proclamación sobre los medios de comunicación n.º 1238/2021», que entró en vigor el 5 de abril de 2021. Por primera vez en la historia del país, la legislación permitió que las organizaciones religiosas solicitaran licencias de radiodifusión. Aunque estas licencias se limitaban a las plataformas de Internet y satélite, la reforma supuso un cambio notable en el panorama mediático de Etiopía, al reconocer oficialmente el papel de las instituciones religiosas en la esfera de la comunicación pública y permitirles llegar a un público más amplio a través de canales autorizados[15].
Algunas fiestas cristianas y musulmanas son días festivos oficiales. Entre las fiestas oficiales se cuentan la Navidad ortodoxa, la Epifanía, el Viernes Santo, la Pascua, Meskel (el descubrimiento de la Vera Cruz), Aíd al-Adha, Mawlid (nacimiento del profeta Mahoma) y Aíd al-Fitr[16]. Los funcionarios públicos musulmanes pueden tomarse un descanso de dos horas para la oración del viernes, pero esto no se aplica a los empleados del sector privado[17].
Los tribunales de sharía tienen jurisdicción en las cuestiones de estatuto personal cuando ambas partes son musulmanas y aceptan someterse a ellos[18].
Addis Abeba es sede de la Unión Africana, la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, la Cámara Panafricana de Comercio e Industria y la Fuerza Africana de Reserva.
Incidentes y acontecimientos
Abiy Ahmed, de etnia oromo y cristiano pentecostal, es primer ministro de Etiopía desde abril de 2018 y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2019 por su papel en la resolución del conflicto fronterizo con Eritrea[19]. En los primeros años de su mandato, el Gobierno liberó a miles de presos políticos, acogió a figuras de la oposición y eruditos religiosos exiliados y reabrió medios de comunicación anteriormente prohibidos. La tolerancia religiosa y la amenaza de la radicalización se convirtieron en temas centrales del discurso público, y Abiy promovió el diálogo interreligioso y la cooperación entre los líderes cristianos y musulmanes[20]. Estos esfuerzos fomentaron inicialmente un entorno cívico más abierto. Sin embargo, en los últimos años la situación se ha ido volviendo cada vez más compleja a causa de renovados conflictos internos y restricciones impuestas por el Estado, especialmente en las regiones de Amhara y Tigray, lo que plantea nuevas dificultades para las libertades civiles y la convivencia interreligiosa.
Desde principios de 2023, han resurgido las tensiones entre Etiopía y Eritrea, debido principalmente a los cambios en la dinámica tras la guerra de Tigray. Aunque el Acuerdo de Pretoria de noviembre de 2022 puso fin a la mayoría de las hostilidades entre Etiopía y el Frente Popular de Liberación de Tigray, la presencia continuada de tropas eritreas en Tigray ha alimentado la desconfianza en Adís Abeba. A principios de 2025, Eritrea llevó a cabo una movilización militar total y Etiopía desplegó fuerzas en la frontera, lo que aumentó los temores de un nuevo conflicto. Esta escalada está relacionada con la exclusión de Eritrea del proceso de paz, las aspiraciones de Etiopía de acceder al mar Rojo y las divisiones internas dentro del Frente Popular de Liberación de Tigray.
El conflicto en el norte de Etiopía estalló por primera vez después de que Abiy Ahmed pospusiera indefinidamente las elecciones parlamentarias previstas para agosto de 2020, lo que los tigrayanos consideraron un ataque a la democracia. Después de que siguieran adelante con las elecciones en su propia región, el Gobierno central suspendió la financiación y cortó las relaciones, lo que, según la administración de Tigray, equivalía a una «declaración de guerra».
En noviembre de 2020, acusaron al Frente Popular de Liberación de Tigray de atacar una base de la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía en la capital tigrayana de Melelle para robar armas, incidente que desencadenó una guerra a gran escala. En respuesta, la Fuerza de Defensa Nacional, respaldada por el ejército eritreo y milicias étnicas aliadas, entabló combate contra el Frente Popular de Liberación de Tigray, las Fuerzas de Defensa de Tigray y otros grupos rebeldes, como el Ejército de Liberación Oromo[21].
El Frente Popular de Liberación de Tigray, que en su día fue la fuerza dominante dentro de la coalición gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, se había retirado a su bastión regional en Tigray tras perder el poder nacional en 2018. Las crecientes tensiones por la marginación política y las disputas territoriales acabaron derivando en una guerra abierta.
El conflicto provocó una devastación inmensa, y se cometieron atrocidades generalizadas contra civiles y comunidades religiosas. Cientos de miembros del clero cristiano fueron asesinados, se destruyeron numerosos lugares de culto y se realizaron matanzas en festivales religiosos, entre las que destaca la masacre de 160 fieles en Maryam Dengelat a manos del ejército eritreo. El patriarca de la Iglesia ortodoxa Tewahedo de Etiopía fue puesto bajo arresto domiciliario, según se dice, por denunciar la violencia. Otro acto de represión religiosa, fue la detención arbitraria, en noviembre de 2021, de 17 miembros de un centro educativo salesiano en Adís Abeba, entre ellos sacerdotes y personal, a los que trasladaron a un lugar que no se reveló[22].
A pesar de la violencia continuada, los esfuerzos por alcanzar la paz fueron avanzando gradualmente. La tregua temporal declarada en marzo de 2022 no se mantuvo. A continuación, el Gobierno logró una serie de avances militares mediante el uso de drones suministrados por Turquía, lo que provocó numerosas víctimas civiles, entre ellas niños[23]. Los tigrayanos aceptaron una tregua humanitaria[24] y, el 2 de noviembre de 2022, el Gobierno etíope y el Frente Popular de Liberación de Tigray firmaron un acuerdo de alto el fuego en Sudáfrica, mediado por la Unión Africana[25]. Aunque provisional, el acuerdo supuso un paso importante hacia el fin del conflicto.
Tras el alto el fuego, al término de su asamblea ordinaria anual, los obispos católicos del país emitieron un mensaje en el que animaban a las partes a trabajar «diligentemente» por una paz duradera[26].
A pesar de ello, desde 2023 Etiopía ha experimentado una notable escalada de disturbios violentos, debido principalmente a la actividad insurgente en las regiones de Oromia y Amhara. En Oromia, el Ejército de Liberación Oromo ha cometido numerosos secuestros y extorsiones, lo que ha aumentado la inseguridad entre la población civil y los trabajadores extranjeros[27]. Aunque en diciembre de 2024 se alcanzó un acuerdo de paz parcial con una facción de este Ejército de Liberación, la violencia esporádica ha continuado[28].
A mediados de 2023, estalló una rebelión a gran escala en la región de Amhara[29] en respuesta a los esfuerzos del Gobierno por desarmar a las milicias locales que habían apoyado al Gobierno en la lucha contra el Frente Popular de Liberación de Tigray. La milicia Fano lideró una insurgencia sostenida, lo que provocó ataques con drones, detenciones arbitrarias y numerosas bajas civiles. En respuesta, el Gobierno federal impuso el estado de emergencia desde agosto de 2023 hasta junio de 2024[30].
El grupo terrorista Al-Shabab sigue representando una grave amenaza a lo largo de la frontera entre Somalia y Etiopía, especialmente en la región de Bale, donde se estima que siguen activos unos mil combatientes. Aunque en los últimos meses no se han registrado ataques a gran escala, el grupo ha puesto a prueba de forma constante las defensas etíopes y ha llevado a cabo actos de violencia selectivos[31]. En respuesta, Etiopía ha reforzado las medidas de seguridad interna y ha mantenido su participación militar en Somalia[32]. Sin embargo, la cooperación regional en materia de lucha contra el terrorismo se enfrenta a una presión cada vez mayor debido al aumento de las tensiones con el Gobierno somalí, tensiones que se han agravado aún más por el acuerdo de Etiopía con Somalilandia, que le da acceso al golfo de Adén[33]. En este contexto, Al-Shabab sigue representando una amenaza tangible para la estabilidad interna de Etiopía y para la arquitectura de seguridad general del Cuerno de África.
Los cristianos de regiones como el estado de Somali y algunas zonas de Oromia han sufrido ataques por parte de turbas islámicas y, con frecuencia, se les ha negado el acceso a los recursos comunitarios compartidos, lo que ha dado lugar a su exclusión social y a una mayor vulnerabilidad. En particular, los conversos a confesiones protestantes no tradicionales que residen en zonas con una fuerte presencia musulmana u ortodoxa etíope han sufrido una presión cada vez mayor, aislamiento social y, en algunos casos, violencia física[34].
En enero de 2023, el Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa Tewahedo de Etiopía excomulgó a tres arzobispos y 25 obispos. Los arzobispos habían intentado establecer un sínodo rival para crear un patriarcado independiente para la región de Oromo. Algunos han considerado que el motivo de este cisma en la Iglesia ha sido la política de identidad, según la cual los líderes eclesiásticos deseaban establecer un patriarcado que reflejara los actuales acuerdos políticos y administrativos basados en la etnia[35]. Los tres arzobispos que iniciaron la escisión afirmaron que la Iglesia ortodoxa Tewahedo no nombraba obispos de la región de Oromo, sino que «nombraba padres espirituales de una sola región (Amhara)».
En febrero de 2023, los 25 obispos acordaron renunciar a sus títulos y volver a sus antiguos cargos[36], mientras que el sínodo con sede en Adís Abeba acordó hacer un esfuerzo y ofrecer servicios y clases en los idiomas locales para satisfacer las demandas de la población. Los seminarios también formarán a los ministros locales para que comprendan las lenguas nativas de la población del país. Aunque se ha alcanzado un acuerdo entre los antiguos obispos y los líderes, existe el temor de que este incidente provoque tensiones y agrave las rivalidades religiosas y étnicas.
El 31 de mayo de 2023, las fuerzas de seguridad etíopes dispersaron violentamente protestas masivas cerca de la mezquita Grand Anwar de Adís Abeba. El motivo de las manifestaciones fue la demolición de al menos 19 mezquitas en una zona urbana en rápida expansión, Sheger City, vinculada supuestamente a iniciativas de remodelación del Gobierno. Según la Comisión Etíope de Derechos Humanos, aproximadamente 140 personas fueron detenidas por su presunta participación en las violentas protestas[37].
Instituciones islámicas de todo el país condenaron enérgicamente el uso excesivo de la fuerza y la respuesta judicial, acusando a las autoridades de atacar a los musulmanes que defendían pacíficamente sus derechos. Solo unos días antes, el 26 de mayo, las fuerzas de seguridad habían abierto fuego contra los musulmanes que participaban en una protesta pacífica tras las oraciones del viernes, lo que provocó al menos dos muertos, múltiples heridos y decenas de detenciones[38].
En septiembre de 2023, el Gobierno controló férreamente la celebración de Demera, que conmemora el hallazgo de la cruz de Cristo por santa Elena en Jerusalén en el siglo IV. Se prohibió a los asistentes al festival vestir con los colores nacionales y se les ordenó ir de blanco. La única bandera utilizada durante la celebración fue la de la Iglesia ortodoxa etíope Tewahedo[39].
En febrero de 2024, 80 seguidores de una secta llamada Iglesia de los Discípulos de Cristo viajaron desde el este de Uganda a Etiopía, tras haberles dicho su pastor, Simon Opolot, que «conocerían a Jesucristo» y que el mundo se acabaría después de que hubieran ayunado en ese lugar durante 40 días. Las autoridades etíopes encontraron a los integrantes del grupo, compuesto principalmente por profesores y funcionarios, muy deteriorados, y los repatriaron a Uganda[40].
Un estudio de febrero de 2024 titulado «Medios de comunicación y religión en Etiopía» reveló que las recientes reformas constitucionales y regulaciones de los medios de comunicación han transformado significativamente la relación entre la religión, los medios de comunicación y el Estado. Aunque la «Proclamación sobre los Medios de Comunicación» de 2021 permitió a las organizaciones religiosas solicitar licencias de radiodifusión, el Gobierno ha adoptado un enfoque prudente. Entre 2021 y 2023, se concedieron licencias a aproximadamente 50 grupos religiosos; sin embargo, estos permisos se limitan a la radiodifusión por Internet y por satélite, excluyendo el acceso a la radio local o la televisión terrestre. Al mismo tiempo, la expresión religiosa se ha vuelto más visible en los medios de comunicación convencionales. En las emisoras públicas cada vez es más habitual que los presentadores lleven símbolos religiosos visibles, como cruces ortodoxas o hiyabs musulmanes, lo que refleja una creciente aceptación de la identidad religiosa en la esfera pública. La declarada fe evangélica del primer ministro Abiy Ahmed también ha contribuido a este cambio, reforzando la importancia de la religión en el discurso nacional[41].
En agosto de 2024, el sínodo de la Iglesia ortodoxa Tewahedo de Etiopía se disculpó por no haber hecho un llamamiento a la paz durante la guerra con Tigray, pero los críticos del sínodo afirmaron que la disculpa no era suficiente. En 2021, los obispos de Tigray rompieron sus vínculos con el sínodo como protesta por su falta de condena de la guerra y fueron excomulgados. Uno de los obispos separatistas, Petros Haileselassie, afirmó que los líderes de la Iglesia ortodoxa Tewahedo de Etiopía se habían convertido en «partidarios y líderes de la guerra genocida»[42].
En diciembre de 2024, estudiantes musulmanas de la zona central de la región de Tigray protestaron contra la prohibición del hiyab, que, según ellas, les impedía asistir a la escuela y violaba sus derechos. El Consejo Islámico se reunió con la Oficina de Paz y Seguridad de Adís Abeba, la policía y el departamento de educación, y consiguió que se readmitiera a las estudiantes[43].
En septiembre de 2024, en Adís Abeba, el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Semunegus Hailegiorgis, reafirmó el compromiso de Etiopía con los Convenios de Ginebra, cuyo 75 aniversario se estaba celebrando[44]. Conforme al artículo 9.4 de la Constitución, todos los acuerdos internacionales ratificados por Etiopía forman parte de la legislación del país[45]. El artículo 24 del Primer Convenio de Ginebra establece que «el personal médico [...] será respetado y protegido en todas las circunstancias»[46].
En diciembre de 2024, antes de Navidad, los obispos católicos de Etiopía hicieron un enérgico llamamiento a la paz. En el mensaje final de su asamblea ordinaria, instaron a los fieles y a los líderes nacionales a inspirarse en el «Rey de la Paz» y a promover la convivencia pacífica en medio de las tensiones étnicas y las crisis humanitarias actuales. Insistiendo en el Adviento como tiempo de esperanza y promesa divina, llamaron a todos a convertirse en pacificadores. Los obispos también condenaron las repercusiones del conflicto sobre la misión de la Iglesia, señalando que las parroquias se habían vuelto inaccesibles, las instituciones habían sufrido daños y el personal se veía obligado a trabajar en condiciones inseguras[47].
En 2025, el conflicto en el norte del país reavivó la emigración de judíos a Israel, con un primer grupo de 26 personas que partieron en febrero y docenas más preparándose para irse. Estos se unirán a los cerca de 160 000 judíos beta israelíes que han abandonado Etiopía desde la década de 1980 para ir a Tierra Santa. Mientras tanto, la emigración a Israel de la comunidad falash mura —judíos etíopes que han adoptado la fe cristiana— se ha suspendido, debido a la inseguridad tras el ataque de Hamás en octubre de 2023 y a las objeciones de los judíos de Israel[48].
Futuro de la libertad religiosa
Aunque el acuerdo de paz de 2022 entre el Gobierno federal y el Frente Popular de Liberación de Tigray supuso un punto de inflexión crucial, la paz en Etiopía sigue siendo frágil. Se mantienen los factores subyacentes del conflicto (las rivalidades étnicas, los desequilibrios de poder y los agravios profundamente arraigados). La insurgencia en Amhara, la violencia continua en Oromia y las crecientes tensiones con Eritrea contribuyen a un clima de incertidumbre. Los actores religiosos han seguido sufriendo las consecuencias de esta inestabilidad: se ha asesinado a clérigos cristianos, se han destruido lugares de culto y atacado a comunidades religiosas en medio de una violencia política y étnica generalizada. La misión pastoral de la Iglesia también se ha visto gravemente perturbada, ya que las parroquias han quedado inaccesibles y el clero se ha visto obligado a trabajar en condiciones precarias.
La convivencia interreligiosa se ha visto sometida a una presión cada vez mayor, especialmente en regiones como el estado de Somali y algunas zonas de Oromia. También han surgido tensiones dentro de las propias comunidades religiosas. A principios de 2023, un cisma dentro de la Iglesia ortodoxa Tewahedo de Etiopía puso de relieve el estrecho vínculo entre el liderazgo religioso y la identidad étnica. En diciembre de 2024, las protestas de las estudiantes musulmanas de Tigray contra la aplicación de la prohibición del hiyab pusieron de relieve las continuas fricciones entre la práctica religiosa y la política administrativa. Estos acontecimientos reflejan la mayor vulnerabilidad de las minorías religiosas, los conversos y otros grupos marginados que viven en zonas dominadas por bloques religiosos o étnicos más grandes.
La persistente inestabilidad, la politización de la identidad religiosa y los recurrentes episodios de violencia por motivos religiosos sugieren que las condiciones generales para la libertad religiosa siguen en gran medida sin cambios.
Fuentes
Etiopía