FILIPINAS
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución actual de Filipinas, promulgada en 1987, garantiza el libre ejercicio de la religión y establece la separación entre la Iglesia y el Estado. Así, en la «Declaración de Derechos», se dispone que «no se promulgará ley alguna que establezca una religión o que prohíba su libre ejercicio. Se reconoce para siempre el libre ejercicio y disfrute de toda profesión y culto religiosos, sin discriminación ni preferencia alguna. No se exigirá prueba religiosa alguna para el ejercicio de los derechos civiles o políticos» (artículo 3.5)[1]. El preámbulo especifica que la Constitución ha sido promulgada por el «pueblo soberano filipino», que, al hacerlo, «implora la ayuda de Dios todopoderoso».
Después de que España cediera Filipinas a Estados Unidos en 1898, se adoptaron muchas ideas y prácticas culturales estadounidenses, incluida la separación entre la Iglesia y el Estado. Según el artículo 2.6 («Declaración de principios y políticas estatales»), la separación entre la Iglesia y el Estado «será inviolable».
Conforme a la Constitución, «las instituciones benéficas, las iglesias y las casas parroquiales o conventos anexos a ellas, las mezquitas y los cementerios sin ánimo de lucro», así como sus terrenos y edificios, están exentos del pago de impuestos siempre que se utilicen exclusivamente «con fines religiosos, benéficos o educativos» (artículo 6.28).
El cristianismo ha ejercido una gran influencia en la cultura filipina desde el siglo XVI, cuando los españoles comenzaron la colonización del archipiélago. A pesar de la separación constitucional entre la Iglesia y el Estado, la Iglesia católica romana conserva una posición influyente en la política nacional y configura, por ejemplo, el sistema educativo del país. Un ejemplo de la influencia histórica de la Iglesia es que el Gobierno permite la enseñanza religiosa en la escuela pública: «Conforme a la elección expresada por escrito de los padres o tutores, se permitirá enseñar religión a sus hijos o tutelados en los colegios públicos de enseñanza primaria y secundaria dentro del horario lectivo habitual» (artículo 14.3).
Filipinas, país predominantemente cristiano, cuenta con una pequeña pero significativa minoría musulmana (entre el 5 y el 6 %), que se concentra principalmente en la gran isla meridional de Mindanao, conformando el 24 % de la población de toda la isla; la mayor parte de este porcentaje vive en la Región Autónoma de Bangsamoro, en Mindanao Musulmán[2]. La mayoría de los musulmanes de Mindanao son suníes.
La integración de la minoría musulmana sigue constituyendo un importante problema político aún sin resolver en la política del país. En Mindanao, los seguidores del islam, a quienes los españoles denominaban «moros», constituyen una cuarta parte de la población local total, pero son mayoría en algunas provincias. A pesar de la Constitución prometía la presencia de «regiones autónomas en Mindanao Musulmán» (artículo 10.1), desde 1969 se han producido repetidos conflictos violentos entre el Gobierno filipino y los musulmanes insurgentes.
Después de los acuerdos de paz firmados en 2018 entre el Gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), el entonces presidente Rodrigo Duterte firmó la Ley Orgánica de Bangsamoro. Ratificada por plebiscito en 2019, esta última abolió oficialmente la región autónoma del Mindanao Musulmán y la sustituyó por una nueva entidad conocida oficialmente como Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán o, simplemente, Bangsamoro. Abarca una zona geográfica más amplia y su población, mayoritariamente musulmana, disfruta de una mayor autonomía[3].
Según el expresidente Duterte, «la favorable ratificación de esta Ley Orgánica nos permitirá crear un ambiente propicio para la convivencia pacífica entre musulmanes, cristianos, lumades [pueblos indígenas] y todas las tribus [...] que considerarán que Mindanao es su hogar»[4]. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de paz, los grupos terroristas excluidos de las negociaciones gubernamentales siguen llevando a cabo ataques generalizados contra comunidades religiosas no musulmanas en todo Mindanao, lo que obliga a sus desplazados a abandonar sus hogares.
Con la ratificación de la Ley Orgánica de Bangsamoro, se estableció un Tribunal Superior de Sharía, con jurisdicción sobre la población musulmana de la región[5]. Según el Decreto Presidencial n.º 1083, el Gobierno filipino reconoce y autoriza que se nombre un juez de un tribunal de circuito de sharía de una lista de candidatos preseleccionados presentada al presidente por el Consejo Judicial y del Colegio de Abogados[6]. Los musulmanes que residen en otras zonas del país, para poder emprender acciones legales ante un tribunal de sharía, tienen que desplazarse a los distritos de Mindanao que cuentan con tribunales de sharía reconocidos, cuya competencia se limita a las cuestiones relacionadas con el derecho consuetudinario y personal. Su jurisdicción se limita a los musulmanes y no tienen competencia en materia penal. Además, operan bajo la supervisión administrativa del Tribunal Supremo de Filipinas.
El Código Penal revisado, en vigor desde 1930, tipifica como delitos los actos cometidos en el contexto del culto religioso. Se prohíbe a toda persona realizar «actos notoriamente ofensivos para los sentimientos de los fieles» en lugares de culto religioso o «durante la celebración de cualquier ceremonia religiosa» (artículo 133). Se tipifica como delito que un funcionario del Estado ponga trabas o interrumpa un servicio religioso (artículo 132)[7]. En 2020, el entonces presidente Duterte impulsó la Ley Antiterrorista[8] en el Congreso filipino. Esta ley estableció un Consejo Antiterrorista con facultades para designar a personas como «terroristas» y autorizó al Gobierno a detener a sospechosos sin orden judicial ni cargos durante un máximo de 14 días[9]. Defensores de los derechos humanos han criticado la ley por coartar la libertad de expresión y tipificar como delito las críticas al Gobierno[10].
En enero de 2023, la Cámara de Representantes aprobó en tercera y última lectura la ley Carta Magna sobre Libertad Religiosa[11]. Esta ley garantiza la protección del derecho de todo individuo a elegir una religión o un grupo religioso, a ejercer o expresar sus creencias, prácticas, actos o actividades religiosas, a actuar de acuerdo con su conciencia, a propagar sus creencias religiosas, a difundir publicaciones religiosas, al culto y a las ceremonias religiosas, a la independencia organizativa y el derecho a no sufrir discriminación en el empleo[12].
En julio de 2023, el presidente Marcos adoptó una estrategia nacional para combatir el lavado de dinero, el terrorismo y la financiación de la proliferación ilícita de armas, que se extenderá hasta 2027[13].
En septiembre de 2024, el Congreso aprobó el proyecto de ley del Senado n.º 2766, también conocido como Ley Integral contra la Discriminación, con el objetivo de prohibir la discriminación directa e indirecta basada en atributos protegidos, entre los que se hallan «la edad, la cultura, la identidad indígena, el origen racial o étnico, las creencias religiosas, el sexo, el género, la orientación sexual, las características sexuales, la identidad de género, la expresión de género, la discapacidad, el estado de salud y otros atributos que suelen ser objeto de estigmatización y prejuicios»[14]. Sin embargo, una serie de comunidades religiosas, entre ellas grupos musulmanes, cristianos, judíos e indígenas, han manifestado su preocupación por el hecho de que algunas secciones de la ley ―como la «prohibición de la discriminación en el empleo, que obliga a los empleadores a ofrecer igualdad de oportunidades y adaptaciones a todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual o creencias religiosas»― puedan restringir la capacidad de las organizaciones religiosas para operar de acuerdo con sus doctrinas[15]. Los autores del proyecto de ley argumentan que se han incluido disposiciones para proteger la libertad religiosa, pero sigue habiendo preocupación por la interpretación y la aplicación de la ley.
Filipinas es el único país, aparte del Vaticano, donde el divorcio es ilegal, aunque los musulmanes pueden divorciarse según la sharía. En mayo de 2024, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de divorcio absoluto. Si lo aprueba el Senado, el divorcio será legal[16]. Los obispos católicos de Filipinas instaron a la población a considerar los «efectos a largo plazo de la legalización del divorcio» y las repercusiones que tendrá sobre la sociedad filipina[17].
Incidentes y acontecimientos
El 30 de junio de 2022, Ferdinand «Bongbong» Marcos Jr. tomó posesión como decimoséptimo presidente de Filipinas, lo que supuso el regreso al poder de la familia Marcos después de 36 años. Su aplastante victoria se produjo en un momento de corrupción generalizada y creciente descontento de la opinión pública[18]. El anterior Gobierno de Duterte había recibido fuertes críticas por la guerra contra las drogas del expresidente y sus intentos de reinstaurar la pena de muerte[19].
Los grupos separatistas musulmanes han seguido cometiendo atentados en el país. En diciembre de 2023, las tropas filipinas se enfrentaron a terroristas islámicos en la provincia meridional de Maguindanao del Sur, en la isla de Mindanao, y mataron a once insurgentes[20].
También en diciembre de 2023, una bomba explotó durante una misa católica celebrada en la Universidad Estatal de Mindanao; murieron cuatro personas y otras 50 resultaron heridas. El ataque fue atribuido al grupo terrorista islamista Dawla Islamiya-Maúte[21].
En enero de 2024, nueve presuntos miembros del grupo terrorista Dawla Islamiya-Maúte fueron asesinados en la aldea montañosa de Tapurog, en Piagapo, Lanao del Sur[22]. El 12 de febrero, las Fuerzas Armadas de Filipinas confirmaron la muerte de un comandante clave de Dawla Islamiya-Maúte y declararon que este grupo, vinculado al Estado Islámico, estaba a punto de caer[23].
El 19 de mayo de 2024, en la ciudad de Cotabato, en la isla de Mindanao, una granada lanzada contra una capilla hirió a dos de los veinte fieles que en ese momento se encontraban allí. El cardenal Orlando Quevedo, arzobispo emérito de Cotabato, condenó el ataque diciendo que se trataba de un «acto sacrílego y espantoso que clama al cielo»[24]. Ningún grupo reivindicó la autoría. El secretario Carlito Galvez Jr., de la Oficina del Asesor Presidencial para la Paz, la Reconciliación y la Unidad, declaraba: «Este horrible acto de violencia, perpetrado el domingo de Pentecostés, día de gran importancia religiosa para los católicos, es un ataque directo al compromiso del pueblo filipino con la libertad religiosa y la convivencia pacífica, y un flagrante desprecio por la vida humana»[25].
A lo largo del período que se estudia en este informe, la Ley Antiterrorista de 2020 ha agravado la práctica de «etiquetar como rojo», por la que se tilda de tapaderas de la insurgencia comunista a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones defensoras de la justicia social. Esto ha dado lugar a un aumento de casos de arresto sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales[26].
Como rojos, han sido etiquetados sobre todo los pueblos indígenas que buscan proteger sus tierras de las empresas mineras que explotan metales de transición, como el cobre y el níquel, muy demandados para la fabricación de turbinas eólicas y paneles solares. Entre 2012 y 2023, 117 indígenas murieron asesinados intentando defender sus tierras, 64 de ellos a manos del ejército.
El padre Raymond Montero-Ambray, sacerdote católico con sede en Mindanao, declaraba sobre estos hechos: «He sido testigo personalmente de cómo se utilizan las operaciones militares para amenazar a los líderes y activistas indígenas, tachándolos de insurgentes o terroristas por el simple hecho de oponerse a las incursiones mineras»[27]. En 2022, la Conferencia Episcopal Católica de Filipinas publicó una carta pastoral en la que rechazaba las «donaciones sucias de cualquier tipo» procedentes de la industria minera[28].
Según grupos defensores de los derechos humanos, en julio de 2024 había 51 personas designadas como «terroristas». Esta ley ha sido calificada como la «segunda llegada de la ley marcial» al país[29].
En agosto de 2022, se presentaron cargos penales contra 16 personas, entre ellas varias monjas de las Misioneras Rurales de Filipinas, por presunta financiación del terrorismo y violación de la ley antiterrorista[30]. Se las acusaba de proporcionar fondos al Partido Comunista de Filipinas y a su brazo armado, el Nuevo Ejército Popular. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos criticaron al Ministerio de Justicia porque, al parecer, había acelerado el caso sin transparencia, negando a los acusados una oportunidad justa de presentar su defensa[31]. El 9 de enero de 2023, un tribunal de Manila absolvió a Sor Emma Cupin y a Sor Elenita Belardo del delito de perjurio[32].
En julio de 2024, el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales del Vaticano, visitó Filipinas para promover el diálogo, las iniciativas de paz y la cooperación con la comunidad católica. Durante una reunión en el Palacio Presidencial de Malacañang, el presidente Ferdinand Marcos destacó la profunda identidad católica de Filipinas, describiendo al país como «no solo un país católico, sino un país muy católico» y resaltando la duradera colaboración entre Filipinas y la Santa Sede[33].
Una de las principales preocupaciones respecto a los derechos humanos en Filipinas es la persecución sistemática de periodistas, en especial de locutores de radio, como refleja la posición que ocupa el país en la clasificación de Reporteros sin Fronteras, que lo sitúa en el puesto 132 de 180 en su Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2024[34].
Según Reporteros sin Fronteras, 147 periodistas han sido asesinados desde 1986[35].
El 12 de marzo de 2025, el expresidente Rodrigo Duterte fue entregado a la Corte Penal Internacional, acusado de ser responsable indirecto de crímenes contra la humanidad, entre los que figuran asesinatos, torturas y violaciones. El tribunal determinó que el expresidente había dado su consentimiento para el asesinato de miles de delincuentes, o personas que se consideraba que tenían propensión a la delincuencia, sobre todo relacionados con las drogas[36].
Futuro de la libertad religiosa
Las perspectivas para la libertad religiosa en Filipinas siguen siendo inciertas. Aunque la Ley Orgánica de Bangsamoro ha aliviado en cierta medida la violencia entre el Gobierno y la comunidad musulmana de Mindanao, los grupos terroristas islamistas siguen atacando por toda la isla sobre todo a las comunidades cristianas, causando heridos y muertos.
En cuanto a la evolución jurídica, aunque la Constitución garantiza la libertad de religión, los cristianos temen que la Ley Integral contra la Discriminación de 2024 pueda suponer un problema para la libertad religiosa, por la interpretación y aplicación de las disposiciones relativas a la identidad de género y la orientación sexual, que pueden complicar las posibilidades que tienen las instituciones religiosas para contratar personal y llevar a cabo sus actividades de acuerdo con sus creencias religiosas. Por último, persiste la preocupación sobre el uso indebido de la ley antiterrorista, en concreto por prácticas como «etiquetar como rojo», para perseguir a quienes critican al Gobierno, entre ellos líderes religiosos y defensores de los derechos humanos. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen sin cambios en el país.
Fuentes
Filipinas