GUINEA ECUATORIAL
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Guinea Ecuatorial (aprobada en 1991 y modificada tras un referéndum celebrado en 2011) garantiza la libertad de conciencia, religión y culto (artículos 13.1.f, y 24.4), y contempla sanciones a la discriminación por motivos de tribu, etnia, sexo o religión, o por motivos sociales, políticos o análogos (artículo 15.1)[1]. Además, el texto constitucional prohíbe a los partidos políticos identificarse con una religión; en cambio, deben tener un «carácter y alcance nacional, por lo que no se basarán en la tribu, etnia, región, distrito, municipio, provincia, sexo, religión, condición social ni profesión u ocupación» (artículo 9.2). Los individuos tienen libertad para cambiar de religión y «los cristianos que se conviertan al islam pueden añadir nombres musulmanes a su nombre cristiano en los documentos oficiales»[2].
Se permite la libre elección en materia de educación religiosa (artículo 24.4), por lo que «toda persona, entidad privada o comunidad religiosa, legalmente constituida» tiene «derecho a fundar colegios», con la condición de que «se sometan al plan pedagógico oficial» (artículo 24.3). En la escuela pública el estudio de la religión es optativo, y se puede sustituir por una asignatura de educación cívica o social. Varios grupos religiosos, fundamentalmente católicos y protestantes, gestionan colegios tanto de educación primaria como secundaria[3].
Una ley de 1991, modificada por otra de 1992[4], establece las normas para el registro de los grupos religiosos. Además, sanciona oficialmente un trato preferencial a la Iglesia católica y a la Iglesia reformada de Guinea Ecuatorial, a ninguna de las cuales se les exige obtener el registro estatal[5]. Este trato preferencial se manifiesta en la inclusión de la misa católica en todas las ceremonias oficiales, especialmente durante las celebraciones del aniversario del golpe de Estado de 1979, del Día de la Independencia y del cumpleaños del presidente.
El resto de los grupos religiosos están obligados a registrarse en el Ministerio de Justicia[6]. La evaluación de esta solicitud se ha confiado al director general del Ministerio. Algunos grupos religiosos, como los musulmanes y los bahaíes, solo tienen que registrarse una vez, mientras que las confesiones más modernas tienen que renovar periódicamente su registro. Los grupos no registrados pueden ser prohibidos o condenados a pagar multas. El proceso de registro es extremadamente lento y, en algunos casos, puede llevar años. Sin embargo, esto se debe más a la burocracia que a una intención política explícita contra determinados grupos religiosos[7].
En octubre de 2012, el Gobierno y la Santa Sede firmaron un concordato que garantiza la personalidad jurídica de la Iglesia católica en el país[8]. Además, aborda temas como «el matrimonio canónico, los lugares de culto, los centros educativos y la asistencia espiritual a los fieles católicos en hospitales y prisiones»[9].
El 4 de abril de 2015, el Ministerio de Justicia publicó un decreto sobre las actividades religiosas que establece que todas las actividades religiosas que tengan lugar fuera del horario comprendido entre las 6 y las 21 horas, así como las celebradas fuera de los lugares de culto registrados, solo se podrán llevar a cabo con autorización previa del Ministerio. Este decreto prohíbe las actividades religiosas o la predicación en domicilios particulares si participan personas que no residen en ellos y exige a los representantes o autoridades religiosas extranjeros que obtengan autorización previa del Ministerio para dirigir o intervenir en actividades religiosas[10]. Celebraciones cristianas como la Navidad, el Viernes Santo, el Corpus Christi y la Inmaculada Concepción son fiestas nacionales[11].
Incidentes y acontecimientos
Guinea Ecuatorial es un pequeño país productor de petróleo, con 1,9 millones de habitantes, situado en la costa occidental de África Central, encajonado entre Camerún y Gabón; le pertenecen la isla de Bioko y otras cuatro islas más pequeñas del golfo de Guinea.
En enero de 2023 falleció en prisión, a la edad de 51 años, el líder opositor Julio Obama Mefuman. Según algunas informaciones, fue secuestrado en Sudán del Sur y trasladado a Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. Era ciudadano español y, apenas dos semanas antes de su muerte, España había abierto una investigación contra el ministro de Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial y uno de los hijos del presidente en relación con el secuestro[12]. El Parlamento Europeo condenó el secuestro y la muerte, y pidió sanciones contra las autoridades implicadas y la repatriación del cuerpo de Mefuman[13].
En junio, un tribunal militar condenó a Gabriel Nsé Obiang, líder del partido opositor Ciudadanos por la Innovación, y a numerosos miembros del partido, a penas de prisión que oscilan entre los 9 y los 29 años[14]. Los observadores consideraron inusual que se acudiera a un tribunal militar y que el juicio fuera celebrado a puerta cerrada, sin que los acusados tuvieran acceso a asistencia letrada independiente[15].
En septiembre de 2023, el Senado de Guinea Ecuatorial propuso enmiendas a la Ley n.º 4/1991 sobre libertad religiosa para abordar los problemas relacionados con sectas no reguladas que practican formas supuestamente fraudulentas de evangelización, causando daño a la sociedad[16]. Entre las principales recomendaciones para actualizar la ley se cuentan la realización de evaluaciones periódicas de las organizaciones religiosas, la aplicación de requisitos más estrictos para la concesión de licencias y la lucha contra la explotación y las actividades delictivas dentro de las sectas mediante inspecciones. Las recomendaciones proponían, además, la suspensión de los líderes no cualificados, la creación de una comisión de supervisión y el establecimiento de inspecciones obligatorias de los lugares de culto, con sanciones como el cierre por incumplimiento[17].
También en septiembre de 2023, el Gobierno cerró seis iglesias pentecostales y evangélicas por incumplir la nueva normativa de registro. Esta medida formaba parte de una iniciativa más amplia que el Senado del país justificaba con la necesidad de «proteger al pueblo» de lo que describía como «malas prácticas de las sectas y confesiones religiosas»[18]. Anteriormente, en mayo de 2023, el Ministerio de Justicia conminó a las Iglesias evangélicas y pentecostales a formar una confederación similar a la de las Iglesias católica y presbiteriana. Así, el 11 de mayo de 2023 se creó la Confederación de Iglesias, integrada por representantes de la mayoría de las confesiones y por políticos, con el objetivo declarado de atender a las necesidades administrativas[19]. El Ministerio ordenó que todas las Iglesias que no formaban parte de la Confederación cesaran sus servicios, revocando de hecho los registros anteriores que les permitían operar de forma independiente. Las Iglesias y los pastores tuvieron solo nueve días para cumplir la orden de unirse a la confederación y registrar sus credenciales. Los pastores debían presentar certificados de estudios en teología o religiosos realizados en instituciones internacionalmente reconocidas, con certificación de equivalencia expedida por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial[20].
En una entrevista concedida en junio de 2024 a la Agencia Fides, el obispo de Mongomo, Juan Domingo-Beka Esono Ayang, presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Guinea Ecuatorial, comentando las nuevas dinámicas en la Iglesia, destacó el importante aumento de las vocaciones al sacerdocio en solo unos años, con un incremento de seminaristas de unos 40 a casi 90 en el seminario mayor de Bata[21].
En julio de 2024, fue puesto en libertad a Rubén Maye Nsue Mangue, pastor y exministro de Justicia, tras ser indultado por el presidente Teodoro Obiang Nguema. Mangue fue arrestado en 2022 por llamar «demonio» al presidente en una grabación de audio que tuvo una amplia difusión[22]. Al negarse a pedir perdón, fue acusado de alteración del orden público y le prohibieron predicar. El presidente Obiang, que gobierna desde 1979 y ganó un sexto mandato en 2022 con casi el 95 % de los votos, concedió la amnistía a Mangue y a otras 19 personas confiando en que se comportaran como «ciudadanos arrepentidos». Mangue declaró que durante su detención no le habían proporcionado un abogado ni se le había juzgado. Ostentó el cargo de ministro de Justicia entre 1998 y 2004, año en el que el presidente Obiang le destituyó[23].
En noviembre de 2024, el Senado de Guinea Ecuatorial convocó al ministro de Justicia para debatir la creciente preocupación por el rápido aumento de las congregaciones religiosas y el uso indebido de la libertad religiosa[24]. En la sesión se insistió en cuestiones como la presunta corrupción existente entre pastores y líderes religiosos, la manipulación de las prácticas de culto y las actividades sectarias que, según se afirma, presentan a los pastores como figuras divinas con poderes curativos. Se informó de que estas actividades contribuían a la discordia y al malestar social. El Senado pretendía comprender el enfoque del Gobierno para hacer frente a estas amenazas, concretamente mediante medidas reglamentarias más estrictas[25].
El ministro de Justicia presentó un proyecto dirigido a prohibir las prácticas consideradas «satánicas», inhabilitar a sus promotores y llevar a cabo inspecciones exhaustivas de las Iglesias para identificar y rectificar irregularidades[26].
Futuro de la libertad religiosa
Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, Guinea Ecuatorial está asolada por la pobreza, la corrupción y la represión[27]. El presidente Obiang Nguema ocupa el poder desde 1979, lo que le convierte en el dirigente africano que más tiempo lleva en el cargo. A pesar de los problemas generales en materia de derechos humanos, en el período estudiado en este informe no se han registrado violaciones significativas de la libertad religiosa. La situación se ha mantenido estable, tendencia que probablemente continúe.
Fuentes
Guinea Ecuatorial