HAITÍ
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Haití[1] estipula que todas las religiones y creencias se ejercerán libremente en el país y que todos los ciudadanos tienen derecho a profesar su religión y a practicar su fe, siempre y cuando el ejercicio de este derecho no altere el orden ni la paz públicos (artículo 30).
La carta prohíbe obligar a nadie a pertenecer a una organización religiosa o a seguir una enseñanza contraria a sus creencias (artículo 30.1) y establece las condiciones para el reconocimiento y la práctica de las religiones y credos (artículo 30.2).
Los sindicatos se consideran esencialmente «apolíticos, con fines no lucrativos y no confesionales» (artículo 35.4)
Se permite a los extranjeros, así como a las sociedades extranjeras, el derecho de propiedad inmobiliaria en el país para cubrir las necesidades de sus «empresas religiosas, humanitarias o de enseñanza» (artículo 55.2).
El presidente de la República debe jurar su cargo con las siguientes palabras: «Juro ante Dios y ante la Nación…» (artículo 135.1). Por su parte, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia deben pronunciar estas palabras: «Juro ante Dios y ante la Nación juzgar con la imparcialidad y la firmeza que convienen a un hombre probo y libre, siguiendo mi conciencia y mi íntima convicción» (artículo 187).
Los centros de creencias africanas se consideran parte de la herencia de la nación y están protegidos por el Estado (artículo 215).
A través de un concordato firmado con la Santa Sede, se permite al Vaticano elegir a los obispos católicos con el consentimiento del Gobierno. En virtud de dicho acuerdo, el Gobierno haitiano proporciona apoyo económico a las iglesias y sacerdotes católicos[2]. Sin embargo, fuentes de la Iglesia local informan de que el Gobierno lleva varios años incumpliendo estos acuerdos[3].
Por ley, las organizaciones religiosas se tienen que registrar en la Oficina de Cultos, que forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, y presentar anualmente una memoria de actividades actualizada. El registro otorga a dichas organizaciones religiosas algunas exenciones fiscales. El Ministerio de Justicia permite a los miembros del clero de los grupos religiosos registrados expedir documentos con validez civil, como certificados de bautismo y matrimonio[4].
El vudú fue reconocido como religión en 2003[5].
Las comunidades islámicas llevan años intentado obtener el reconocimiento oficial de la Oficina de Cultos, pero hasta ahora solo se ha registrado la comunidad ahmadí[6]. Suníes y chiíes siguen esperando respuesta; por este motivo, no se reconocen civilmente los matrimonios islámicos, y los musulmanes tienen que contraer matrimonio civil además del religioso; esto también se aplica a los ahmadíes, ya que su clero aún no ha recibido la certificación[7].
En Haití, algunos grupos cristianos y musulmanes han optado por trabajar de manera informal, sin reconocimiento oficial[8].
Haití es miembro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde 1976[9].
Incidentes y acontecimientos
Haití lleva décadas sufriendo inestabilidad y caos político, económico y social; esta situación no ha hecho más que agravarse en los últimos años, provocando una grave crisis humanitaria. En palabras del ex primer ministro de transición Garry Conille, «en las últimas décadas, Haití ha sufrido un colapso total de sus instituciones. Nuestras estructuras estatales están en ruinas, desprovistas de los recursos que necesitan para funcionar»[10], y añadía: «La corrupción es generalizada y la violencia ha destrozado estas mismas instituciones, privando a los ciudadanos de los servicios básicos»[11].
Las bandas criminales controlan partes del país y aterrorizan a la población; William O'Neill, experto de la ONU, señaló que los saqueos, secuestros y asesinatos se han convertido en algo cotidiano[12]. A estos problemas se suman la escasez de agua potable, atención sanitaria, vivienda y educación. O'Neill destacaba que la región meridional de Haití lleva tres años sin electricidad ni combustible para hacer funcionar los generadores, mientras que muchas escuelas se han convertido en refugios para los desplazados[13].
Dado el caos social y la imposibilidad de confirmar la veracidad de los hechos, los siguientes incidentes deben considerarse meramente ilustrativos.
Tras la crisis desencadenada por el asesinato del presidente Jovenel Moise el 7 de julio de 2021, la situación en Haití se deterioró rápidamente. En febrero de 2024, la población salió a las calles para protestar y exigir la dimisión del primer ministro interino, Ariel Henry[14]. Las bandas rivales, que también se habían sumado a las manifestaciones, llevaron a cabo ataques coordinados contra comisarías y prisiones, lo que permitió la fuga masiva de unos 4700 presos[15]; además, se saquearon contenedores de ayuda humanitaria en el puerto de la capital[16]. Bruno Maes, representante de UNICEF, declaraba: «Estamos asistiendo a una catástrofe humanitaria». El Gobierno no tardó en declarar el estado de emergencia[17].
En 2024, se alcanzó un consenso para nombrar un Consejo de Transición Presidencial[18] con el objetivo de elegir un nuevo primer ministro[19] y un Consejo Electoral Provisional. Ambos consejos incluyen representantes de las comunidades religiosas[20].
Diciembre de 2024 fue un mes especialmente violento: nueve personas murieron en un ataque en Petite-Riviere[21] y más de 207 personas fueron asesinadas entre el 5 y el 21 de diciembre[22] después de que un líder de una banda acusara a varias personas de haberle echado un maleficio vudú a su hijo, que padecía una grave enfermedad[23].
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, visitó Haití a principios de 2023[24] y, poco después, la ONU aprobó el despliegue de una fuerza internacional encabezada por Kenia[25].
En 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)[26] advirtió de un aumento significativo de la violencia de las bandas y la delincuencia organizada. En 2024, el mismo organismo informó de al menos 5601 asesinatos[27], 1494 secuestros[28] y 700 000 haitianos desplazados[29].
La violencia de las bandas armadas ha tenido un efecto profundamente perjudicial sobre la vida religiosa de Haití, especialmente en la capital, Puerto Príncipe[30]. Según fuentes de la Iglesia local, alrededor de 70 parroquias han sido abandonadas o se han visto obligadas a suspender la mayor parte de sus actividades pastorales debido a la inseguridad reinante. En algunas zonas, los sacerdotes no pueden celebrar misa ni llevar a cabo obras caritativas sin correr graves riesgos. Fuera de la capital, la situación de seguridad es comparativamente más estable; sin embargo, la pobreza extrema y generalizada sigue siendo un obstáculo importante para el ejercicio pleno y libre de la religión[31].
En una entrevista concedida a Ayuda a la Iglesia Necesitada, Max Leroy Mésidor, arzobispo de Puerto Príncipe, describía así cómo la violencia de las bandas ha limitado gravemente su labor pastoral: «La vida cotidiana es sufrimiento, violencia, tiroteos, pobreza y privaciones... No puedo visitar dos tercios de mi diócesis porque las carreteras están bloqueadas... Llevo dos años sin ir a la catedral». Recordó la ocasión en que se quedó atrapado en su oficina durante cuatro horas a causa de un tiroteo cercano, mientras las balas impactaban contra su ventana[32].
Durante el período que se estudia en este informe, se han producido ataques contra ministros religiosos e iglesias[33].
En agosto de 2023, el reverendo Marcorel Zidor, pastor de una iglesia evangélica, organizó una protesta contra una banda. Sus seguidores realizaron una marcha en la que algunos portaban palos y machetes, pero dispararon contra ellos dejando un saldo de siete muertos, varios heridos y otros secuestrados[34].
En mayo de 2024, miembros de una banda de Puerto Príncipe prepararon una emboscada contra una pareja de misioneros estadounidenses, Davy y Natalie Lloyd, y un colega haitiano, Jude Montis, cuando salían de un acto juvenil de la Iglesia y los asesinaron[35].
El 31 de marzo de 2025, bandas armadas asesinaron brutalmente a dos religiosas de la congregación de las Hermanitas de Santa Teresa del Niño Jesús en Mirebalais, a unos 50 kilómetros al noreste de Puerto Príncipe. Las hermanas Sor Evanette Onezaire y Sor Jeanne Voltaire estaban en misión en la ciudad cuando, debido a los ataques de bandas armadas, se vieron obligadas a refugiarse con otras personas en una vivienda. Los atacantes descubrieron su escondite y asesinaron a todo el grupo. Este trágico episodio pone de relieve la creciente vulnerabilidad de las comunidades religiosas en Haití, que frecuentemente son objeto de extorsión o represalias. En un contexto tan deteriorado, tanto el culto como el papel social de las instituciones religiosas se ven cada vez más comprometidos[36].
Otros religiosos y sacerdotes fueron secuestrados para pedir un rescate: el padre claretiano Antoine Christian Noah, que logró escapar; el padre Jean-Yves Médidor, de los Clérigos de San Viator[37], y seis religiosas de la Congregación de Santa Ana[38]; seis miembros de la Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón y un profesor fueron secuestrados el 23 de febrero de 2024[39]; ese mismo día, una banda secuestró a un sacerdote y a varios fieles[40]. El padre Alain Michel, de la iglesia de Santa Ana[41], y tres religiosas de la Congregación de San José de Cluny fueron secuestrados el 5 de marzo de 2024[42]. El padre Emmanuel Saintéliat, párroco de la iglesia de San Juan Bautista, fue secuestrado el 30 de junio de 2024 por miembros de una banda que también atacó el municipio de Gressier, cerca de la capital de Haití, Puerto Príncipe[43]. En la mayor parte de los casos, los secuestrados fueron liberados a los pocos días.
La Conferencia Episcopal de las Antillas ha afirmado que las iglesias se han convertido en el blanco de las bandas criminales[44]. Los siguientes incidentes corroboran esta afirmación. Marcella Catozza, hermana franciscana, hizo unas declaraciones sobre cómo las bandas amenazan a la gente para quedarse con sus casas[45]; varios sacerdotes quedaron atrapados en el Hospital Saint-Camille mientras estaba sitiado[46]; una banda irrumpió en la iglesia Rendez-Vous Christ durante una celebración religiosa con la intención de secuestrar al pastor[47]; el obispo André Dumas fue víctima de un atentado con explosivos[48]; las bandas irrumpieron en varios lugares para saquearlos, entre ellos una escuela histórica, el seminario menor de Saint-Martial[49],y el convento de las Hermanas de Sanfil[50].
La Iglesia católica ha denunciado en repetidas ocasiones tanto la violencia perpetrada por las bandas armadas como la indiferencia de los políticos[51], haciendo un llamamiento a la paz[52] e insistiendo en la necesidad de la «intervención urgente de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz»[53].
Una iniciativa positiva que tuvo cobertura mediática fue la Semana de las Religiones, destinada a fomentar el conocimiento de las diferentes confesiones y destacar su función social. La iniciativa contó con la participación de líderes religiosos, académicos y miembros de la sociedad civil, con el objetivo de promover el diálogo interreligioso y fortalecer el tejido social del país[54].
Futuro de la libertad religiosa
Es difícil imaginar cómo podría empeorar la situación de Haití. Las bandas criminales han aprovechado el vacío de poder para controlar gran parte del territorio y cometer actos violentos que aterrorizan a la población. Además de los problemas de seguridad y la crisis sanitaria, Haití está sufriendo la peor emergencia alimentaria del mundo occidental[55]. Las iglesias son saqueadas y los religiosos secuestrados. Las circunstancias y condiciones que normalmente permiten el ejercicio sin trabas de este derecho humano son, como consecuencia de la violencia extrema, inexistentes en la actualidad y probablemente lo seguirán siendo en un futuro próximo[56].
Fuentes
Haití