INDIA
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de la República de la India[1] garantiza la libertad religiosa; el país tiene una forma propia de laicismo basada en el tratamiento igualitario de las tradiciones religiosas. Sin embargo, desde que el primer ministro Narendra Modi y el Partido Bharatiya Janata (BJP) llegaron al poder en 2014, el laicismo indio no ha protegido adecuadamente la libertad religiosa de las comunidades minoritarias.
Con más de dos mil grupos étnicos, más de tres mil grupos de castas, al menos seis religiones y más de 122 lenguas habladas[2], la India cuenta con una larga historia de conflictos interreligiosos. Estos se remontan a la época precolonial, con las guerras religiosas y políticas entre el Imperio mogol (musulmán) y los marathas (hindúes)[3]. Durante el movimiento independentista del subcontinente y la partición de 1947 que dio lugar a las naciones independientes de la India y Pakistán, surgieron grupos nacionalistas hindúes con una fuerte influencia política, social y cultural. Entre estos grupos, conocidos colectivamente como sangh parivar (organización o asociación familiar), se cuenta la Rashtriya Swayamsevak Sangh (Organización Nacional de Voluntarios, RSS); todos ellos han crecido de forma espectacular desde la elección de Narendra Modi. Actualmente miembros de diversas organizaciones sangh parivar ocupan altos cargos en el Gobierno, las fuerzas armadas y el mundo académico.
Conforme a la Constitución de la República de la India, la libertad religiosa está garantizada, pues «todas las personas tienen el mismo derecho a la libertad de conciencia y el derecho a profesar, practicar y difundir libremente su religión» (artículo 25). No se puede obligar a nadie a pagar impuestos destinados a fomentar o financiar una confesión religiosa concreta (artículo 27). La Constitución dedica una cláusula específica, el artículo 26, a salvaguardar la libertad de «todas las confesiones religiosas» de «establecer y mantener instituciones con fines religiosos o caritativos» y «gestionar sus propios asuntos religiosos». Además, se defiende el derecho de las minorías, incluidas las religiosas, a fundar y administrar sus propias instituciones educativas (artículo 30).
A pesar del estatus oficialmente laico de la India, varios gobiernos, tanto a nivel federal como estatal, han promulgado leyes que restringen la libertad religiosa de individuos, instituciones y grupos. En diciembre de 2024, cobró protagonismo la Ley de Lugares de Culto de 1991 porque grupos de interés hindúes habían presentado numerosas peticiones para inspeccionar edificios religiosos musulmanes con el fin de determinar si en el pasado habían sido templos hindúes. Para evitar disputas, la ley tenía por objeto mantener la identidad religiosa de los lugares de culto tal y como eran en 1947. El Tribunal Supremo sometió la ley a un profundo estudio a raíz de que la policía de Uttar Pradesh matara a cinco musulmanes que protestaban contra un estudio de la mezquita Shahi Jama Masjid, en Sambhal, autorizado por un tribunal[4]. El 12 de diciembre de 2024, el Tribunal Supremo prohibió a los tribunales civiles presentar nuevas demandas que impugnaran la propiedad y la titularidad de cualquier lugar de culto u ordenar inspecciones sobre lugares en litigio[5].
En noviembre de 2024, el Ministerio del Interior publicó una nota en la que se indicaba que «en virtud de la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras se cancelará la licencia» de cualquier ONG cuya aceptación de financiación extranjera afecte a la armonía social o religiosa. Dicha cancelación impide a las ONG recibir donaciones extranjeras, lo que ha obligado a muchas de ellas a poner fin a sus actividades. En 2024, solo estaban activas 15 947 licencias de este tipo, mientras que otras 35 488 se habían cancelado o habían expirado y no se habían renovado[6].
Desde 2014, cada vez más frecuentemente las autoridades están congelando cuentas bancarias de organizaciones amparándose en la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras de 2010. Muchos observadores consideran que el Gobierno actual utiliza esta ley de forma selectiva contra ONG vinculadas a comunidades religiosas minoritarias, restringiendo, por ejemplo, la labor de organizaciones humanitarias y de desarrollo cristianas[7]. En enero de 2024, se canceló la licencia de World Vision, que llevaba suspendida tres años. Esto supone que World Vision India ya no puede recibir financiación internacional, lo que tendrá una enorme repercusión sobre su labor en el ámbito humanitario y de desarrollo[8].
La regulación estatal de las instituciones religiosas, tanto mayoritarias como minoritarias, afecta a la libertad religiosa. Desde la independencia, gran cantidad de templos hindúes han sido regulados por los gobiernos estatales y centrales. El artículo 25.2 de la Constitución establece que el Estado puede promulgar leyes que regulen la actividad religiosa y garanticen la apertura de las instituciones hindúes a todas las clases de hindúes[9]. En septiembre de 2024, la Vishwa Hindu Parishad, gran organización nacionalista hindú, exigió al partido gobernante, el Bharatiya Janata Party, que «liberara los templos hindúes» del control gubernamental. La demanda se produjo después de que el ministro principal de Andhra Pradesh acusara al Gobierno anterior de haber permitido que uno de los templos más grandes de la India utilizara grasa animal para preparar la comida del templo[10].
En 2024, el Tribunal Superior de Tamil Nadu determinó que las instituciones educativas minoritarias, entre las que se incluyen universidades y colegios cristianos y musulmanes, tienen que establecer un proceso de contratación abierto en el que puedan presentar su candidatura personas de todas las religiones, especialmente si la institución recibe ayudas del Gobierno. El tribunal respondía así a la diócesis católica de Tirunelveli, que estaba nombrando a personas en función de su antigüedad en la diócesis. El tribunal afirmó que ejercería sus facultades de revisión judicial en virtud del artículo 226 de la Constitución si se violaban los derechos de los candidatos aptos[11]. También en 2024, los tribunales superiores pidieron la creación de un organismo estatal en Tamil Nadu para gestionar las propiedades cristianas y los procedimientos de contratación[12].
Como dato positivo, en 2024, el Tribunal Supremo confirmó la Ley de la Junta de Educación Madrasa de Uttar Pradesh de 2004 (que garantiza que la educación de las madrasas —escuelas islámicas— cumpla con los estándares educativos requeridos, respetando al mismo tiempo su naturaleza religiosa), que había sido derogada por el Tribunal Superior de Allahabad. El Tribunal Superior afirmó que las madrasas «obligaban a los alumnos a estudiar el islam» y que algunas materias modernas eran optativas. Dictó que el Estado no podía «discriminar» impartiendo una educación basada en la religión[13], pero también que, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución, las instituciones minoritarias tenían derecho a crear y gestionar instituciones para impartir tanto educación religiosa como laica. Además, el artículo 28 no prohibía que las instituciones educativas creadas mediante una dotación o un fideicomiso, pero mantenidas con fondos estatales, impartieran educación religiosa[14].
En 2024, el Parlamento aprobó la Ley de Enmienda del Waqf, que se refiere a las propiedades donadas por musulmanes. Esta ley permite que se nombre a personas no musulmanas para formar parte de los consejos del waqf e incluso que constituyan la mayoría de los once miembros. Los musulmanes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los miembros no musulmanes del consejo pudieran decidir el futuro de las donaciones del waqf. La misma preocupación se manifestó respecto a la representación religiosa en los consejos comunitarios que gestionan las donaciones hindúes y sijes[15]. Los detractores de la ley argumentan que esta viola la libertad religiosa de las instituciones, tal y como se establece en el artículo 26 de la Constitución.
En marzo de 2024, el Gobierno promulgó normas sobre la aplicación de la Ley de Enmienda de la Ciudadanía de 2019, que, aunque tenía por objeto ayudar a las minorías que huían de la persecución, ha dado lugar a la exclusión discriminatoria de los tamiles de Sri Lanka, los butaneses y grupos musulmanes como los rohinyás, los hazaras, los chiíes y los ahmadíes. Mientras que esta ley eliminaba las barreras para adquirir la ciudadanía india a hindúes, sijes, budistas, jainistas, parsis y cristianos llegados de Afganistán, Bangladés y Pakistán antes de finales de 2014, no hacía lo propio con los miembros de aquellos grupos minoritarios musulmanes que viven en zonas tribales como Mizoram. Los detractores de la ley la consideran un «arma contra la población musulmana minoritaria de la India» [16]. Además, en virtud de las nuevas normas de la Ley de Enmienda de la Ciudadanía, el Gobierno puede cancelar el registro de la ciudadanía india en el extranjero de las personas que infrinjan la ley o participen en protestas[17].
En este período, se ha seguido aplicando la legislación contra la conversión, lo que ha aumentado las restricciones sociales a la libertad religiosa. Varios estados han aprobado leyes de libertad religiosa (o, como las denominan sus detractores, «leyes contra la conversión»), dirigidas a regular las conversiones religiosas realizadas, supuestamente, por medios coercitivos o fraudulentos.
En diciembre de 2024, el gabinete del estado noroccidental de Rajastán aprobó el Proyecto de Ley de Prohibición de la Conversión Ilegal de Religión[18]. La Asamblea Legislativa del Estado lo aprobó en febrero de 2025[19], convirtiendo a Rajastán en el duodécimo estado indio con una ley contra la conversión. Los demás estados son Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Guyarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Uttarakhand y Uttar Pradesh[20].
La torcida intención de estas leyes es evidente en el hecho de que rara vez, o nunca, se han utilizado para investigar o enjuiciar a hindúes, incluso en situaciones en las que se ha criticado al sangh parivar por recaudar fondos para financiar la «reconversión» al hinduismo[21]. Las leyes perjudican a las minorías religiosas, como ya se puso de manifiesto en 2015, cuando el Tribunal Supremo dictó que una persona «reconvertida» del cristianismo al hinduismo tiene derecho a recuperar una serie de beneficios que se pierden al convertirse a otra religión. Las personas reconvertidas tienen derecho a estos beneficios si sus antepasados pertenecían a una casta registrada y la comunidad las acepta de nuevo.
Las leyes contra la conversión suelen aprobarse a instancias de grupos nacionalistas hindúes que temen que el carácter hindú de la India se vea amenazado por el crecimiento de otras religiones. Afectan especialmente a los musulmanes y a los cristianos porque ambas comunidades religiosas realizan actividades misioneras. Estas prohibiciones brindan a los funcionarios locales y a las organizaciones supremacistas hindúes la oportunidad de acosar e intimidar a los miembros de las comunidades minoritarias[22].
En 2024, Uttar Pradesh aprobó una enmienda a su ley contra la conversión que permite a cualquier persona denunciar a personas o grupos por conversiones ilegales. Hasta entonces, solo podían presentar denuncias los familiares cercanos de menores, mujeres o personas consideradas «convertidas ilegalmente». Los detractores temen que esta nueva disposición pueda ser susceptible de abuso. La ley se basa en otra anterior, aprobada en 2021, para combatir la «yihad del amor», teoría promovida por grupos hindutva que buscan establecer el dominio cultural del hinduismo. La teoría defiende que hay hombres musulmanes que atraen a las mujeres hindúes al matrimonio para convertirlas al islam[23]. En virtud de la ley modificada, se puede condenar a cadena perpetua a toda persona que amenace, conspire o prometa matrimonio para provocar la conversión. Además, se ha declarado que este delito es inaplazable. Para convertirse con fines matrimoniales, las personas deben presentar al magistrado una declaración jurada con al menos dos meses de antelación. Uttar Pradesh es el primer estado en promulgar una ley contra la conversión religiosa con fines matrimoniales[24].
El Código Penal de la India[25] cuenta con una disposición sobre blasfemia. El artículo 295.a penaliza la ofensa a los sentimientos religiosos si se comete con intención «deliberada y maliciosa». La ley se ha aplicado contra cristianos, tanto indios como extranjeros, que supuestamente han criticado el hinduismo en el curso de su labor evangelizadora[26].
En diciembre de 2023, el Parlamento aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que amplía los poderes del Gobierno para ordenar el cierre de Internet. La India es el país democrático que más veces ha bloqueado la Red[27]. En abril del mismo año se introdujeron normas sobre tecnología de la información que, según los críticos, debilitan el cifrado, restringen la libertad de expresión en línea y amenazan la democracia y la libertad individual[28].
En febrero de 2024, el estado de Uttarakhand promulgó el Código Civil Uniforme, medida destinada a armonizar las disposiciones legales relativas al matrimonio, el divorcio, la adopción y la herencia en todas las comunidades, independientemente de la religión que profesen. La ley también introdujo la obligación de que las parejas registren sus relaciones de convivencia en el plazo de un mes, so pena de enfrentarse a condenas de hasta tres meses de prisión. Aunque se ha presentado como un paso hacia la igualdad jurídica y la uniformidad social, líderes musulmanes han criticado este código argumentado que socava el pluralismo religioso al prohibir prácticas permitidas por la ley islámica, como la poligamia y el divorcio. Los detractores manifiestan su preocupación por la erosión de la diversidad cultural y religiosa protegida por la Constitución[29].
En diciembre de 2024, el Parlamento aprobó tres leyes penales para sustituir el Código Penal de Procedimiento Penal y la Ley de Pruebas de la India, heredadas de los británicos tras la independencia de 1947. Los abogados y activistas que se oponen a estas leyes temen que los cambios ―por ejemplo, el aumento de la duración de la detención policial de 15 a 60 días y, en casos especiales, a 90 días― puedan dar lugar a abusos[30]. Otro cambio que podría utilizarse para reprimir la disidencia y aumentar la represión estatal es la admisión como prueba de registros electrónicos, como mensajes de texto y publicaciones en Facebook. Por otra parte, la ley Bharatiya Nyaya Sanhita, que sustituye a la antigua ley de sedición, añadió una disposición que tipifica como delito «los actos que pongan en peligro la soberanía, la unidad y la integridad de la India»[31]. Los detractores temen que el amplio alcance de esta nueva medida pueda utilizarse para reprimir las críticas al Gobierno y violar los derechos de quienes desean ejercer el de protesta.
Incidentes y acontecimientos
Durante el período estudiado en este informe, en diversas partes de la India ha continuado la violencia contra las minorías religiosas. La violencia más común y destructiva ha sido la colectiva. En 2023 se registraron 32 disturbios ―11 de los cuales tuvieron lugar en Maharashtra y se cobraron 15 vidas (cuatro hindúes y cinco musulmanas)― y 21 incidentes en los que se produjeron asesinatos cometidos por turbas, que se saldaron con la muerte de 16 víctimas (todas ellas musulmanas)[32]. El desencadenante más común de este tipo de violencia colectiva suele ser una acusación de haber matado una vaca.
En 2023 se registraron 33 incidentes de discursos de odio, pero esta cifra no incluye el discurso de odio vertido en determinados medios de comunicación en lenguas vernáculas. En 2024 se produjo un aumento del 84 % en el número de disturbios, con 59 incidentes registrados. La mayor parte de ellos tuvieron lugar durante festivales religiosos o procesiones[33]. En marzo de 2023, en Guyarat, una procesión dirigida por la organización nacionalista Vishwa Hindu Parishad modificó su ruta habitual para pasar por delante de una mezquita y un santuario musulmán. Los manifestantes destrozaron el santuario mientras múltiples procesiones de hindúes marchaban por la zona musulmana de la ciudad. Se desataron disturbios y se detuvo a numerosas personas, en su mayoría musulmanas[34].
Mientras el país se preparaba para las elecciones generales de abril y mayo de 2024, se produjo un aumento de los disturbios y la violencia contra musulmanes y cristianos. Durante la campaña electoral, el primer ministro Narendra Modi utilizó retórica antimusulmana empleando palabras como «infiltrados»[35]. Afirmó que los partidos de la oposición planeaban quitarles los fondos a los dalits, los adivasis y otros grupos para dárselos a los musulmanes. La Comisión Electoral de la India pidió a X que retirara un vídeo antimusulmán creado por el Partido Bharatiya Janata, que estaba exacerbando las tensiones[36].
En enero de 2024, después de la esperada consagración del templo de Ram en Ayodhya, se produjo un aumento de los ataques contra las minorías religiosas[37]. En el estado de Maharashtra, estalló la violencia en Mira Road, en el extremo norte de Bombay, después de un presunto ataque contra una procesión hindú, lo que provocó el incendio de negocios propiedad de musulmanes y la detención y agresión de jóvenes musulmanes. No habían pasado 48 horas desde que se produjeron los actos violentos, cuando las autoridades locales demolieron con excavadoras edificios de propiedad musulmana que calificaron de «estructuras ilegales»[38], un caso más de la creciente «justicia de las excavadoras» que las autoridades estatales han utilizado para demoler propiedades de musulmanes. En febrero de 2024, la Autoridad de Desarrollo de Delhi demolió la mezquita Akhondiji, de 600 años de antigüedad, alegando ser la propietaria del terreno en el que se había construido el edificio[39].
Durante el período que se estudia en este informe se produjeron numerosos ataques de hindúes contra musulmanes en el marco de la denominada «vigilancia de las vacas», violencia relacionada con la sospecha de contrabando y sacrificio de vacas y consumo de carne de vacuno. Uno de los incidentes más impactantes tuvo lugar en agosto de 2024, cuando en un tren de Bombay agredieron a un hombre de 72 años porque alguien sospechó que transportaba carne de vacuno[40]. Un mes después, en Haryana, un grupo de «vigilantes de vacas» persiguió y acabó matando a tiros a un joven hindú al que habían confundido con un contrabandista musulmán de vacas.
En la primera mitad de 2023 se registraron actos violentos contra cristianos en 23 estados[41]. Los cristianos son atacados principalmente por acusaciones de conversiones forzadas. El cristianismo ha crecido entre muchos grupos diferentes, pero especialmente entre las comunidades tribales rurales. Alarmados por el creciente número de conversos al cristianismo, los extremistas hindúes iniciaron campañas para «reconvertir» a los cristianos tribales y comenzaron a atacar los lugares de culto cristianos, a menudo con el apoyo tácito de las autoridades locales. Los críticos alegan que la policía ha quitado importancia a los ataques o ha hecho la vista gorda. Según el Foro Cristiano Unido, los ataques contra cristianos han aumentado de 127 en 2014 a 834 en 2024. Uttar Pradesh, el estado más poblado, ha registrado el mayor número de incidentes (209), seguido de Chhattisgarh (165)[42].
Aunque son demasiados los ataques contra los cristianos como para enumerarlos uno por uno, entre los casos más representativos se cuentan los siguientes:
En enero de 2023, en Uttar Pradesh acusaron a una pareja de Kerala de inducir, supuestamente, a dalits hindúes a convertirse al cristianismo. Les acabaron condenando a cinco años de prisión. Ningún dalit se había quejado de la pareja; al contrario, decían que la pareja les animaba a estudiar y a mantenerse alejados del alcohol[43].
En mayo de 2023, estalló la violencia étnico-religiosa entre la tribu meitei, predominantemente hindú, y las tribus cristianas kuki-zo y naga, cuando los meitei solicitaron el estatus de tribu registrada, lo que les daría derecho a las tierras de las tribus cristianas. Cientos de personas murieron asesinadas y se incendiaron iglesias y viviendas. Pueblos enteros quedaron arrasados[44]. Un grupo de 550 organizaciones de la sociedad civil[45] alega que el ministro principal de Manipur protegió a la comunidad meitei, de mayoría hindú, y acusó a las tribus kuki, de mayoría cristiana, de traficar con drogas y acoger a refugiados de Myanmar[46]. A diferencia del Gobierno del estado de Mizoram, que ha acogido a los refugiados de Myanmar, el Gobierno del estado de Manipur se ha alineado con la postura del Gobierno central y los ha detenido y repatriado. El arzobispo Peter Machado, de Bangalore, afirmó que la violencia continuada en Manipur demuestra «el peligro al que se enfrentan las personas perseguidas por sus creencias y prácticas religiosas»[47].
En mayo de 2023, desnudaron y obligaron a desfilar por las calles a dos mujeres cristianas de Manipur, Glory y Mercy. A una la violaron y a la otra le dieron una paliza. El padre y el hermano de las víctimas murieron tratando de protegerlas[48] [49]. Las dos mujeres y su hermano se refugiaron en un vehículo de la policía, estando presentes al menos cinco agentes, pero estos huyeron cuando se acercó una turba y sacó a los jóvenes del vehículo[50].
En diciembre de 2023, fue puesto en libertad el padre Babu Francis, director de trabajo social de la diócesis de Allahabad, en Uttar Pradesh, tras pasar tres meses detenido, acusado de violar las leyes estatales contra la conversión[51].
En febrero de 2024, también en Uttar Pradesh, detuvieron al padre Dominic Pinto y a nueve laicos protestantes por organizar una reunión de pastores evangélicos en un centro católico[52].
En septiembre de 2024, una turba dio una paliza a un pastor pentecostal de Maharashtra cuando salía de celebrar la ceremonia de inauguración de una casa. Una veintena de hombres observaron que los cristianos se reunían en la casa, situada junto a un templo hindú; siguieron al pastor cuando se marchaba en su coche y lo atacaron[53].
En noviembre de 2024, en Assam, fue detenido un pastor baptista, Pranjal Bhuyan, por infringir la recién promulgada Ley de Curación Mágica de Assam tras rezar por los miembros de una tribu en una aldea. El arzobispo de Assam, John Moolachira, afirmó que calificar la oración de «curación mágica» era engañoso y que la curación «no es sinónimo de proselitismo»[54].
El día de Navidad de 2024, una turba de la organización ultraderechista Vishwa Hindu Parishad interrumpió un servicio en una iglesia de Mahuva al grito de «Jai Shri Ram» («Gloria a Rama») y diciendo que la Iglesia necesitaba permiso para celebrar el servicio. Al día siguiente, en Odisha, golpearon a dos mujeres de una tribu a las que acusaban de haber convertido por la fuerza a una persona de su aldea. Al mismo tiempo, en Uttar Pradesh, miembros de la misma organización tonsuraron a un cristiano dalit, le untaron la cabeza con bermellón y lo pasearon por la aldea[55].
Durante el período que se estudia en este informe ha continuado el vandalismo contra instituciones cristianas e iglesias. En agosto de 2023, en Delhi, una turba perteneciente a una organización hindú saqueó la sala de oración Sion y destrozó las instalaciones, coreando consignas[56]. A principios de año, en enero, fueron destrozadas 18 cruces y lápidas del cementerio de una de las iglesias católicas más antiguas de Bombay, San Miguel[57]. En febrero de 2024, en Telangana, una turba atacó una iglesia; destruyeron el crucifijo, las sillas y el techo e hirieron a 20 cristianos dalit al grito de «Jai Shri Ram» [58]. En abril, el colegio Madre Teresa, en el estado meridional de Telangana, fue destrozado porque los profesores se negaron a permitir que los alumnos entraran en el aula vestidos con ropa de color azafrán en lugar de sus uniformes. Los padres presentaron una denuncia contra el colegio amparándose en los artículos 153.a (fomento de la enemistad entre diferentes grupos religiosos) y 295.a (insulto a los sentimientos religiosos) del Código Penal[59].
Futuro de la libertad religiosa
La democracia de la India es la más dinámica del sur de Asia, mucho más fuerte que la de Pakistán, Bangladés, Sri Lanka y, sin duda, Myanmar. Se encuentra en un tenso enfrentamiento fronterizo con la potencia autoritaria más peligrosa del mundo: China.
Sin embargo, es profundamente preocupante el creciente nivel de restricciones que está imponiendo a los cristianos y otras minorías religiosas no hindúes. Además, se está verificando un aumento significativo de violencia por motivos religiosos, impunidad, intimidación y limitación a la libertad de las personas para que puedan practicar la religión de su elección. La India es un ejemplo de «persecución híbrida», en la que se utilizan tanto medidas pseudojurídicas como ataques sangrientos contra quienes profesan la religión «equivocada».
Existen importantes diferencias regionales, y estados como Uttar Pradesh, Chhattisgarh y Maharashtra, en el norte, y Karnataka, en el sur, son los que presentan mayores restricciones sociales y violencia no estatal. A pesar de que el partido del primer ministro Narendra Modi obtuvo una mayoría reducida en las recientes elecciones generales, existen problemas graves como las restricciones gubernamentales, entre ellas las nuevas leyes, más estrictas, contra la conversión y el continuo uso indebido de la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras para limitar el funcionamiento de las ONG religiosas. Por todo ello, las perspectivas para la libertad religiosa en la India siguen siendo negativas.
Fuentes
India