INDONESIA
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Indonesia, el país de mayoría musulmana más poblado del mundo, no es un Estado islámico. Su constitución garantiza la libertad de religión y culto, pero establece una serie de restricciones. La ideología o filosofía oficial del Estado se denomina pancasila (cinco principios). El preámbulo de la Constitución la define como «la creencia en un único Dios, una humanidad justa y civilizada, la unidad de Indonesia y la vida democrática guiada por la sabiduría de ideas deliberadas entre los representantes del pueblo, y la consecución de la justicia social para todo el pueblo de Indonesia»[1]. La Constitución no impone ninguna religión en particular, sino que exige que los ciudadanos crean en una deidad y protege los derechos de los practicantes de las seis religiones oficialmente reconocidas: islam, protestantismo, catolicismo, hinduismo, budismo y confucianismo. No están igualmente protegidos los derechos de los creyentes de otras religiones, ni siquiera de las creencias tradicionales locales, ni los derechos de los agnósticos y ateos.
Indonesia no aplica la sharía (ley islámica) a nivel nacional, pero se estima que se han introducido al menos 78 normativas inspiradas en la sharía a nivel local, repartidas entre 52 de los 470 distritos y municipios de Indonesia[2]. Varias fuentes sostienen que la cifra real es aún mayor y que hay al menos 151 ordenanzas locales basadas en la sharía en Java, las Célebes, Sumatra y Nusa Tenggara Occidental[3].
Según la Constitución, «toda persona será libre de escoger y practicar la religión de su preferencia» (artículo 28.E.1) y «tendrá derecho a la libertad de creer en la fe de su preferencia (kepercayaan), y a expresar sus opiniones y pensamientos, de acuerdo con su conciencia» (artículo 28.E.2). Además, el Estado «garantiza a todas las personas la libertad de culto, a cada una según su propia religión o creencia» (artículo 29.2).
En 1965, el entonces presidente Sukarno promulgó el Decreto Presidencial n.º 1/PNPS/1965 sobre la Prevención de la Blasfemia y las Ofensas a las Religiones, conocido informalmente como la «ley de blasfemia». El artículo 1 de este decreto, que empezó a aplicar el sucesor de Sukarno, el presidente Suharto (en el poder entre 1967 y 1998), prohíbe cualquier interpretación y actividad que «se desvíe de las enseñanzas básicas de la religión»[4] y exige al presidente que disuelva cualquier organización que practique enseñanzas «desviadas»[5].
Como parte de su política de represión de las desviaciones religiosas, el Órgano Coordinador de la Vigilancia de las Creencias Indígenas (Bakor Pakem)[6], departamento de la Fiscalía General de Indonesia[7], lanzó a finales de 2018 una aplicación para teléfonos móviles. Denominada «Smart Pakem», permite a los usuarios denunciar a las autoridades las prácticas religiosas «desviadas»[8], entre las que se mencionan específicamente el islam chií, el gatafar y el ahmadí[9].
En 1969, el Ministerio de Asuntos Religiosos y el Ministerio del Interior emitieron un decreto ministerial conjunto en el que se detallaban los procedimientos necesarios para autorizar la construcción de lugares de culto. En 2004, el entonces presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, dio instrucciones al ministro de Asuntos Religiosos para que revisara el decreto de 1969, lo que dio lugar a un decreto ministerial conjunto (n.º 8 y 9/2006) titulado «Directrices para los Presidentes y Vicepresidentes Regionales sobre la Gestión de la Armonía Religiosa»[10].
Según estas disposiciones, la construcción de lugares de culto requiere el apoyo de la población local, declarar los nombres con prueba de identidad de al menos 90 miembros del nuevo lugar de culto, ser aprobados por las autoridades locales, e ir acompañados por cartas de apoyo de al menos 60 miembros de la comunidad local que pertenezcan a una religión diferente y refrendadas por el jefe del pueblo. Los críticos observan que el decreto es una receta para exacerbar las tensiones interreligiosas, ya que es difícil imaginar que una comunidad cristiana minoritaria consiga el respaldo de 60 musulmanes locales para construir una iglesia.
Además, la solicitud debe obtener una recomendación por escrito de la oficina del distrito del Ministerio de Asuntos Religiosos y del Foro de Armonía Religiosa del distrito o ciudad local[11]. Una vez reunida toda la documentación, la solicitud se envía al alcalde de la localidad, quien tiene 90 días para decidir si la acepta o no[12].
La normativa también exige que las autoridades locales creen un Foro para la Armonía Religiosa, compuesto por líderes religiosos locales en proporción al tamaño de sus respectivas comunidades. Esto supone, en la práctica, que el organismo estará dominado por musulmanes o cristianos, dependiendo de quién tenga la superioridad numérica en cada zona[13].
Las leyes para los grupos religiosos también llevan varios años en vigor. En junio de 2008, el Gobierno anunció un Decreto Conjunto del Ministro de Asuntos Religiosos, el fiscal general y el Ministro del Interior en relación con la «Amonestación e instrucción a los discípulos, miembros y/o miembros de la junta organizadora de la Yemaat Ahmadiya Indonesia y a los miembros del público»[14].
El decreto no llegó a una prohibición total, pero ordena a todos los ahmadíes dejar de difundir las interpretaciones y actividades que se desvían de las principales enseñanzas del islam, es decir, de difundir creencias que reconocen a un profeta posterior al profeta Mahoma, y toda su enseñanza»[15].
En agosto de 2008, el secretario general del Ministerio de Asuntos Religiosos, el fiscal general adjunto de Inteligencia y el director general de Unidad Nacional y Asuntos Políticos del Ministerio del Interior emitieron una circular conjunta relativa a las «Directrices para la Aplicación del Decreto Conjunto». En ella se especificaba que el Decreto Conjunto solo se aplica a los ahmadíes que «se declaran musulmanes», mientras que «aquellos que no se declaren musulmanes quedan exentos del fin de esta amonestación y orden»[16].
Cualquier violación de estas disposiciones se considera un delito penal, además de un ultraje a la religión y difamación religiosa, según lo establecido en el artículo 1 (que prohíbe las interpretaciones «desviadas» de la religión y las enseñanzas «desviadas»), en el artículo 3 del Decreto Presidencial n.º 1/PNPS/1965 sobre la Prevención de la Blasfemia y las Ofensas a las religiones, y el artículo 156.a del Código Penal de Indonesia. La pena máxima es de cinco años de prisión.
Además de la ley de blasfemia, la normativa sobre la construcción de lugares de culto y las directrices en contra de la comunidad ahmadí, se han promulgado cientos de ordenanzas municipales, leyes y reglamentos regionales que restringen la práctica religiosa.
En los últimos años, el Pew Forum ha clasificado sistemáticamente a Indonesia como uno de los países que presenta niveles más altos de restricciones impuestas por el Gobierno a la religión entre las 25 naciones más pobladas del mundo[17]. Sin embargo, en 2023, según el Índice de Armonía Religiosa, el 76, 02 % de los indonesios se consideraban tolerantes con las religiones de otras personas[18]. En 2024, el Índice de Armonía Religiosa de Indonesia (Índice KUB) alcanzó un nuevo máximo (el 76, 47 %), continuando con una tendencia positiva en la percepción pública de la tolerancia interreligiosa. El viceministro de Asuntos Religiosos, Saiful Rahmat Basuki, atribuyó este aumento a los esfuerzos del Ministerio por fomentar e interiorizar iniciativas que refuerzan las perspectivas y prácticas religiosas moderadas, como la puesta en marcha de una Secretaría Conjunta (Sekber) y una aplicación de seguimiento para supervisar la aplicación de las políticas[19]. Sin embargo, en 2025, la Conferencia Episcopal se vio obligada a escribir al Gobierno instándole a actuar con firmeza contra la intolerancia, tras una serie de ataques contra iglesias[20].
Musdah Mulia, presidenta de la Conferencia Indonesia sobre Religión y Paz, afirma que existían al menos 147 «leyes y políticas públicas discriminatorias en materia de religión» y considera que, «mientras se permita que se mantengan esas leyes», siempre habrá «una alta probabilidad de que se produzca violencia en la sociedad». Añadía que era necesario introducir reformas y nuevas leyes que fueran «más acordes con los principios de los derechos humanos, la democracia, la tolerancia y el pluralismo»[21]. Algunas de estas normativas locales se limitan a aplicar la legislación nacional, pero otras introducen nuevas restricciones.
En julio de 2023, el Tribunal Supremo emitió una circular en la que prohibía a los jueces conceder y registrar matrimonios entre personas de diferentes religiones y creencias. La mayor parte de las parejas interreligiosas eluden esta prohibición aceptando uno de los cónyuges los ritos matrimoniales de la religión de su pareja y retomando la práctica de su propia religión después de la boda[22].
En diciembre de 2022, Indonesia adoptó un nuevo Código Penal[23] para sustituir al aprobado tras la independencia, que se basaba en la legislación neerlandesa[24]. Ambos son similares en lo que respecta a los delitos relacionados con la religión, ya que ambas versiones castigan la blasfemia, la herejía y la difamación religiosa. Concretamente, el artículo 156 impone hasta cuatro años de prisión a toda persona «que manifieste públicamente sentimientos de hostilidad, odio o desprecio hacia uno o varios grupos de la población de Indonesia», definiéndose los grupos por «raza, país de origen, religión, ascendencia, descendencia, nacionalidad o condición constitucional». El Código impone hasta cinco años de prisión por «ultrajar o mancillar una religión profesada en Indonesia» (artículo 156.a).
El nuevo Código Penal ha sido criticado porque tipifica como delito penal las relaciones sexuales fuera del matrimonio, aunque solo se puede procesar a quien sea denunciado por su marido, mujer, hijos o padres. Aun así, esto afecta a muchas parejas indonesias que no tienen un certificado de matrimonio oficial, como los indígenas y los musulmanes de las zonas rurales, que se casan mediante ceremonias islámicas llamadas kawin siri[25]. Además, los detractores de la nueva ley temen que las mujeres víctimas de violación puedan ser acusadas de adulterio si denuncian los hechos[26].
En 2023 y 2024, las organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el artículo 302 del nuevo Código Penal de Indonesia (Ley n.º 1/2023), que entrará en vigor el 2 de enero de 2026. La disposición tipifica como delito la incitación pública a la apostasía, que se define como el abandono de una de las religiones aprobadas en Indonesia. Establece penas de hasta dos años de prisión, o de hasta cuatro años en los casos en que se prueben coacción o amenazas. Su redacción vaga y ambigua ha sido ampliamente criticada por abrir la puerta a la represión de las creencias religiosas no reconocidas y por restringir la expresión pluralista[27]. Los expertos jurídicos advierten de que el artículo 302, junto con el capítulo VII (artículos 300-305) sobre delitos religiosos, puede funcionar como un conjunto de disposiciones excesivamente elásticas, susceptibles de interpretaciones y aplicaciones arbitrarias. Esto suscita hondas preocupaciones ante la posibilidad de que la ley pueda ser utilizada indebidamente, tanto por actores estatales como no estatales, para perseguir a grupos religiosos minoritarios, a personas disidentes o a quienes participan en el diálogo interreligioso[28].
Incidentes y acontecimientos
La tradición de pluralismo y la reputación de tolerancia religiosa de Indonesia se han visto cada vez más amenazadas en los últimos años. En su informe anual de 2023, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) afirmó que las acusaciones y condenas por blasfemia «siguen constituyendo continuas violaciones de la libertad religiosa en toda Indonesia»[29]. La agencia recomendó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyera a Indonesia en su Lista de Vigilancia Especial por «cometer o tolerar violaciones graves de la libertad religiosa»[30].
En enero de 2023, en Banda Aceh, capital de Achel, la única provincia de Indonesia regulada por la sharía, una mujer que se reunió con un hombre que no era su marido recibió públicamente 22 azotes propinados por una azotadora. Aunque en Aceh la flagelación no es algo nuevo, la introducción de azotadoras, que se han incorporado a la policía de la sharía para mantener una conducta moral estricta, es una novedad. Una azotadora que trabaja para la policía de la sharía afirmó que consideraba su trabajo un «deber para con Dios»[31].
El 15 de marzo de 2023, Lina Mukherjee, mujer indonesia influyente en las redes sociales, fue denunciada a la policía por blasfemia por rezar una oración islámica mientras comía cerdo en Bali. En septiembre de 2023 la condenaron a dos años de cárcel y a una multa de 16 000 dólares, aproximadamente cuatro veces el salario medio anual en Indonesia. Los documentos judiciales informaron de que la condena impuesta a Mukherjee respondía al delito de «difundir información destinada a incitar al odio contra personas religiosas y grupos específicos»[32].
En 2023, la provincia de Aceh promulgó nuevas normas más estrictas que prohíben a hombres y mujeres sin parentesco sentarse juntos en lugares públicos o vehículos. Las nuevas normativas tenían como objetivo reducir lo que los funcionarios del Gobierno denominaban «comportamiento pecaminoso». Como medida adicional, el alcalde de Banda Aceh, la capital, prohibió por completo la presencia de mujeres en lugares públicos después de las 23 horas[33]. En abril de 2024, los miembros de dos parejas recibieron 20 golpes con una vara cada uno por haber mantenido, supuestamente, relaciones sexuales fuera del matrimonio[34].
También en Aceh, sorprendieron a seis hombres apostando en línea y fueron azotados públicamente. Las apuestas, el consumo de alcohol y las reuniones con personas del sexo opuesto con las que no se tiene parentesco se castigan con flagelación. El alcalde afirmó que desplegaría a la policía de la sharía para que la gente cumpliera las nuevas normas[35]. Más recientemente, en febrero de 2025, dos hombres fueron detenidos por sus vecinos, que sospechaban que mantenían relaciones homosexuales. Posteriormente, les propinaron entre 77 y 80 azotes en público. Dado que en Indonesia las parejas del mismo sexo no pueden casarse, el nuevo código penal, al prohibir las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ilegaliza de hecho todas las actividades homosexuales[36].
Las leyes contra la blasfemia y las restricciones a la libertad de expresión en Indonesia siguen discriminando a favor del islam frente a otras tradiciones religiosas, incluido el cristianismo. Apollinaris Darmawan, un hombre de 74 años que se convirtió del islam al catolicismo, fue detenido en virtud de la ley contra la blasfemia por escribir un libro en el que criticaba la ley islámica y a los líderes musulmanes[37]. Finalmente, en julio de 2025 fue puesto en libertad, tras cumplir más de cuatro años de prisión[38].
Sin embargo, siguen existiendo incoherencias en la aplicación de la ley. En febrero de 2023, Wawan Kurniawan saltó una valla para interrumpir el servicio religioso de la Iglesia Cristiana Tabernáculo de David en la provincia de Lampung. El intruso amenazó a los fieles con palabras duras y exigió que se detuviera el servicio. En un primer momento acusaron a Wawan de violar las leyes contra la blasfemia, que se castigan con cinco años de prisión y multas. Sin embargo, la acusación se redujo posteriormente a allanamiento y se le impuso una multa de 30 dólares[39].
En septiembre de 2024, el papa Francisco inició su gira por cuatro países del sudeste asiático con una visita a Indonesia. El Papa se reunió con el presidente saliente, Joko Widodo, y con sacerdotes y monjas católicos. Durante su reunión con el presidente, Francisco reafirmó el compromiso de la Iglesia católica con el diálogo interreligioso, que calificó de «indispensable para afrontar retos comunes, como la lucha contra el extremismo y la intolerancia». El Papa instó al país a cumplir su promesa de «armonía en la diversidad»[40].
En octubre de 2024, Rudi Simamora, florista cristiano de la provincia de Sumatra Septentrional, fue detenido por unos comentarios que había publicado en las redes sociales sobre el islam. Al parecer, Simamora había afirmado que los mensajes del profeta Mahoma eran «de origen humano y no divino». En septiembre, detuvieron a otro cristiano, Muchtar Nababan, por haber afirmado, supuestamente, que los cristianos estaban «protegidos de la magia negra de los musulmanes»[41].
Otras comunidades religiosas, en particular los chiíes y los ahmadíes, también se enfrentan a una discriminación y presión constantes. En diciembre de 2024, presionado por los islamistas radicales, el Gobierno de Java Occidental prohibió la reunión anual de los musulmanes ahmadíes en la regencia de Kuningan. La prohibición dejó a 6000 ahmadíes abandonados en una estación de tren. Henrek Lokra, secretario ejecutivo de Justicia y Paz de la Unión de Iglesias de Indonesia, condenó la prohibición y afirmó que las reuniones religiosas eran «una manifestación de la libertad de religión garantizada por la ley»[42].
En su informe de 2024, el Instituto Setara, ONG indonesia centrada en la democracia, denunció un deterioro de la libertad religiosa en Indonesia, coincidiendo con el fin del mandato del presidente Joko Widodo y la toma de posesión de Prabowo Subianto. En 2024 se registraron 260 incidentes y 402 violaciones de la libertad religiosa, frente a los 217 y 329, respectivamente, de 2023. Actores estatales fueron los autores de 159 violaciones de la libertad religiosa, mientras que actores no estatales lo fueron de 243 casos análogos. El aumento estuvo relacionado con las tensiones políticas en torno a las elecciones de 2024. Entre las cuestiones clave figuraban el crecimiento de la intolerancia, el repunte de los casos de blasfemia (42 casos, frente a los 15 de 2023) y las restricciones continuadas a los lugares de culto. Los problemas estructurales siguen sin resolverse bajo el nuevo Gobierno[43].
Entre marzo y julio de 2024, varios incidentes en la provincia de Banten pusieron de manifiesto la creciente intolerancia hacia el culto cristiano. El 17 de marzo de 2024, los residentes musulmanes de Saga Bunar, en la provincia de Banten, protestaron contra un servicio religioso celebrado en una residencia privada. Al acabar el servicio, una multitud se reunió y presionó a la pastora Kinerinda para que firmara una declaración en la que se comprometía a no celebrar más cultos en su casa, «sin coacción alguna», fórmula que se utiliza a menudo para impedir el recurso legal. La policía dispersó la protesta y remitió el caso a las autoridades locales. Un representante del Instituto Setara señaló que el Decreto Ministerial Conjunto de 2006 de Indonesia permite el culto privado en domicilios particulares, y que solo se requieren permisos para los edificios religiosos construidos expresamente para ese fin[44].
El 21 de julio de 2024, apareció un vídeo en el que se veía a una turba, en su mayoría hombres vestidos con atuendos musulmanes tradicionales, interrumpiendo un servicio cristiano en una casa alquilada en Teluk Naga, provincia de Banten, en marzo. Alegando que la zona era predominantemente musulmana, el grupo se burló de la congregación e insistió en que el culto solo podía celebrarse en iglesias oficialmente reconocidas. Posteriormente, las autoridades del lugar manifestaron su pesar y ofrecieron a la Iglesia de Tesalónica un local temporal. El incidente refleja el continuo uso indebido del Decreto Ministerial Conjunto de 2006, que exige permisos solo para los edificios de culto permanentes, no para los espacios privados o alquilados[45].
En octubre de 2024, el nuevo Gobierno del presidente Prabowo Subianto anunció que iniciaría una nueva ola de transmigración a la provincia predominantemente cristiana de Papúa Occidental. Desde la década de 1970, los sucesivos Gobiernos han reubicado a sectores principalmente musulmanes de la población de islas superpobladas como Java a la parte oriental del país, lo que ha provocado la sustitución masiva de cristianos por unos 20 millones de migrantes y sus descendientes.
El 11 de noviembre de 2024, el Consejo de Iglesias de Papúa apeló al presidente para que cancelara el plan de transmigración, que, según ellos, era un intento de destruir la cultura papú.
Futuro de la libertad religiosa
Las perspectivas para la libertad religiosa en Indonesia siguen siendo muy frágiles. A pesar de que el marco constitucional garantiza la libertad de religión o de creencias, la discriminación estructural, el aumento de la intolerancia social y el uso continuado de leyes represivas (en particular, las disposiciones sobre blasfemia) apuntan a una tendencia al deterioro. El mandato de Jokowi terminó en estancamiento, y la fase inicial del mandato del presidente Prabowo Subianto aún no ha mostrado un compromiso claro con la reforma. En 2024, las denuncias de violaciones se elevaron a 402 actos individuales (frente a los 329 de 2023), incluyendo un fuerte aumento de los procesos por blasfemia. Los incidentes contra las iglesias cristianas domésticas en Banten y la prohibición de las reuniones de la comunidad ahmadí en Java Occidental ponen de manifiesto, aún más, la vulnerabilidad de las minorías. Mientras tanto, la inminente aplicación del artículo 302 del nuevo Código Penal, que tipifica como delito la incitación a la apostasía, suscita serias preocupaciones debido a su formulación imprecisa. Sin una reforma legal y una mayor rendición de cuentas en todos los niveles del Gobierno, Indonesia corre el riesgo de erosionar sus fundamentos pluralistas. El país debe seguir siendo objeto de una estrecha vigilancia.
Fuentes
Indonesia