IRÁN
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Irán es una república islámica basada en una constitución teocrática adoptada tras la Revolución Islámica que derrocó al sha en 1979[1]. La Constitución de la República Islámica de Irán (revisada en 1989) establece que «la religión oficial de Irán es el islam y la escuela duodecimana ya'fari [en usul al-dîn y fiqh], y este principio permanecerá eternamente inmutable artículo 12». Sin embargo, estipula que «se respetarán plenamente las demás escuelas islámicas, entre ellas la hanafí, shafií, malikí, hanbalí y zaydí, y sus seguidores tendrán libertad para actuar de conformidad con su propia jurisprudencia en el ejercicio de sus ritos religiosos». El artículo 13 reconoce algunas minorías religiosas protegidas: «Los iraníes zoroastrianos, judíos y cristianos son las únicas minorías religiosas reconocidas, quienes, dentro de los límites de la ley, tienen libertad para practicar sus ritos y ceremonias religiosas y para actuar de acuerdo con sus propios cánones en materia de asuntos personales y educación religiosa»[2]. Dos escaños del Parlamento iraní, la Asamblea Consultiva Islámica de Irán (Maylis), están reservados para los cristianos armenios, la minoría cristiana más numerosa del país (aproximadamente unas 300 000 personas), y uno para los cristianos asirios, los judíos y los zoroastrianos respectivamente[3].
El Estado[4] está subordinado a la autoridad del clero chií, que gobierna a través del rahbar-e mo'azzam-e Irán, el líder supremo de Irán, cargo vitalicio designado por una Asamblea de Expertos, conformada por 88 miembros, elegidos por el pueblo para un mandato de ocho años[5]. El Consejo de Guardianes, órgano de 12 juristas, actúa como órgano legislativo superior (con seis miembros nombrados por el líder supremo y seis juristas civiles designados por el Consejo Judicial Supremo y elegidos por el Maylis)[6]. El Consejo de Guardianes ejerce control sobre las leyes y los órganos de gobierno del Estado, incluida la presidencia, cuyo titular se elige por sufragio directo para un mandato de cuatro años, renovable una sola vez[7].
Uno de los principales obstáculos de Irán para conseguir la plena libertad religiosa es la «apostasía». El Gobierno considera musulmán a todo ciudadano que no pueda demostrar que él o su familia eran no musulmanes antes de 1979[8]. La conversión desde el islam a cualquier otra religión no está explícitamente prohibida en la Constitución ni en el Código Penal, pero es difícil debido a las poderosas tradiciones musulmanas del país y al sistema legal basado en la sharía (ley islámica). Para todas los casos que no están contemplados explícitamente en la Constitución, los jueces tienen la opción de remitirse a «fuentes islámicas autorizadas o fatawa [fetuas] auténticas» (artículo 167). Las condenas para los casos de apostasía se basan en la sharía y las fetuas, y los castigos pueden incluir la pena de muerte[9]. Los cristianos conversos no pueden registrarse legalmente como cristianos ni tienen los mismos derechos que los miembros reconocidos de las comunidades cristianas.
El Código Penal del país contiene disposiciones contra la blasfemia, así establece lo siguiente: «Toda persona que insulte los valores sagrados del islam o a cualquiera de los Grandes Profetas o [doce] imanes chiíes o a la Santa Fátima, si es considerada saab ul-nabi [por haber cometido acciones merecedoras del castigo hadd por insultar al Profeta], será ejecutada; en caso contrario, será condenada a una pena de uno a cinco años de prisión» (artículo 513). Además, «toda persona que, por cualquier medio, insulte al imán Jomeini, fundador de la República Islámica, y/o al líder supremo será condenada a una pena de prisión de seis meses a dos años» (artículo 514)[10].
En febrero de 2021, el Estado iraní modificó los artículos 499 y 500 del Código Penal, ampliando el ámbito de persecución de los cristianos, especialmente de los conversos del islam al cristianismo[11]. El artículo 499 bis establece penas de prisión de dos a cinco años y/o una multa para «quien insulte [...] las religiones divinas [...] reconocidas por la Constitución y provoque con ello violencia o tensiones», o para quien cree o promueva «sectas desviadas» consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
Esta disposición se ha utilizado ampliamente para perseguir a los cristianos conversos y a las minorías religiosas no reconocidas, a quienes se acusa con frecuencia de difundir una «ideología desviada». El artículo 500 bis tipifica, además, como delito el uso de los medios de comunicación, las plataformas educativas o las redes sociales para difundir contenidos considerados desviados desde un punto de vista ideológico o sectario, especialmente cuando el Estado los considera contrarios al orden público o a la seguridad nacional. Estas enmiendas, redactadas en términos muy generales, han facilitado la represión estatal de la libertad de religión y de expresión[12].
Incidentes y acontecimientos
El 28 de enero de 2023, Anahita Jademi, esposa del preso cristiano Mathias (Abdulreza) Ali-Haghneyad, fue puesta en libertad bajo fianza[13]. Citada el 3 de enero de 2023 para ser interrogada en las oficinas del servicio de inteligencia en Bandar Anzali, fue detenida tras ser acusada de «propaganda contra el Estado» y «alteración de la opinión pública». Su detención se produjo una semana después de la de su marido[14].
En enero de 2023, las autoridades pusieron en libertad a Abás Dehghan, miembro de la minoría religiosa de los derviches gonabadi de Irán, después de pasar casi cinco años entre rejas[15].
En enero de 2023, un tribunal condenó al clérigo kurdo suní Seyed Seyfollah Hoseini a un total de 17 años de prisión, 74 latigazos y dos años de exilio interno en Ardabil, al noroeste de Irán, por cargos entre los que se cuenta «incitar a la población a alterar la seguridad del país». El tribunal también expulsó a Hoseini del sacerdocio[16].
En febrero de 2023, el pastor Yusef Nadarjani fue liberado tras varios años en prisión gracias a una amnistía ordenada por el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, con motivo del aniversario de la Revolución Islámica de 1979[17]. Según un informe de Christian Solidarity Worldwide, en julio de 2023 los pastores Nadarjani y Mathias (Abdulreza) Ali-Haghneyad fueron nuevamente acusados de atentar contra la seguridad del Estado por una pareja de fieles de su iglesia, que habían recibido presiones de la policía política para que los denunciaran[18].
En marzo de 2023, el relator especial de la ONU Javaid Rehman intervino en la 52 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y manifestó su preocupación por las graves denuncias en relación con el asesinato, encarcelamiento, torturas y violaciones de personas, así como por los casos de persecución y desaparición forzada en Irán[19].
Desde la detención de Jina Mahsa Amini, una joven kurdo-iraní, por incumplir el código de vestimenta y su posterior muerte bajo custodia policial en septiembre de 2022, la cuestión del hiyab sigue suscitando una enorme controversia en Irán. La muerte de la joven bajo custodia policial desencadenó manifestaciones en todo el país que fueron brutalmente reprimidas por el Gobierno[20]. Según la ONU, entre septiembre de 2022 y febrero de 2023, unas 20 000 personas fueron detenidas y encarceladas por apoyar o participar en dichas manifestaciones[21]. En junio de 2023, un informe de la ONU afirmaba que los miembros de las comunidades minoritarias fueron objeto de detenciones desproporcionadas durante las protestas[22]. En julio de 2023, al menos 12 civiles y activistas kurdos fueron detenidos en la provincia de Azerbaiyán Occidental antes del aniversario de la muerte de Mahsa Amini[23].
En mayo de 2023, Irán ejecutó a Yusef Mehrdad y Sadrollah Fazeli Zare por, entre otras cosas, blasfemia e insultos al islam, al profeta Mahoma y a otras figuras sagradas[24].
En mayo de 2023, tres mujeres iraníes convertidas al cristianismo —Shilan Oramineyad, Razieh (Maral) Kohzady y Zahra (Yalda) Heidary— fueron detenidas sin cargos y recluidas en régimen de incomunicación en la prisión de Evin, en Teherán, durante 40 días[25].
En mayo de 2023, las autoridades liberaron de prisión a los cristianos Sara Ahmadi y Homayun Zhaveh cuando un juez, rompiendo con los precedentes, legalizó la participación en reuniones de iglesias domésticas[26].
En junio de 2023, un complot para asesinar al clérigo suní Molavi Abdulhamid quedó frustrado. El detenido en relación con el incidente parecía ser un estudiante religioso que afirmaba que el plan para envenenar al influyente líder suní había sido orquestado por los servicios de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Iraní. El clérigo había criticado abiertamente al Gobierno iraní por una represión mortal que dejó unos 100 muertos en Zahedan[27]. El Gobierno intentó presionar a los responsables de la mezquita Makki de Zahedan, donde predica el clérigo, para que negaran el intento de asesinato[28].
Posteriormente, en junio de 2023, las fuerzas de seguridad detuvieron al nieto del clérigo suní Molavi Abdulhamid, conocido por sus controvertidas declaraciones, para presionarle[29]. Los musulmanes suníes son mayoría en la provincia de Sistán y Baluchistán, al sureste de Irán, pero minoría en el resto del país. En junio de 2023, IranWire informó de que otro clérigo suní, Molavi Abdulmyid Moradzahi, había sido recluido en régimen de aislamiento durante cuatro meses sin cargos formales. Moradzahi, asesor de Molavi Abdulhamid, fue detenido en enero de 2023 durante las protestas contra el Gobierno en Zahedan y, según algunas informaciones, fue sometido a torturas[30].
En julio de 2023, las autoridades iraníes lanzaron una nueva campaña para obligar a las mujeres a llevar el velo islámico, volviendo a enviar a las calles a la policía de la moral diez meses después de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, hecho que había desencadenado protestas por todo el país[31].
En octubre de 2023, una joven iraní de 16 años, Armita Geravand, falleció tras un incidente en el metro de Teherán, donde resultó herida en un enfrentamiento con agentes de la policía de la moral porque supuestamente había infringido la ley del hiyab del país, acusación que las autoridades iraníes rechazan[32].
En octubre de 2023, en Kashan, las autoridades detuvieron a Arash Moradi, derviche gonabadi, y le fueron confiscadas sus pertenencias, entre ellas el ordenador portátil y el teléfono móvil[33].
Según un informe de la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, en 2023 en Irán se ejecutaron al menos 834 personas, lo que supone un aumento del 43 % respecto a las 582 de 2022. Dos fueron ejecutadas tras haber sido condenadas por blasfemia y 39 por «corrupción en la tierra» y «enemistad con Dios»[34].
Según un informe de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), en 2023 los tribunales condenaron a 115 personas pertenecientes a minorías religiosas a un total de 5113 meses de prisión. El informe añade que las detenciones de miembros de minorías religiosas aumentaron un 1,4 %, mientras que las penas privativas de libertad se incrementaron un 45 %, con un aumento global del 48 % en el número de encarcelamientos con respecto a 2022. La mayoría de las violaciones de los derechos humanos contra minorías religiosas afectaron a los bahaíes (85 %), los suníes (11 %), los yarsaníes (2 %), además de a los derviches gonabadi, los cristianos y a otros grupos[35].
En diciembre de 2023, el Tribunal Revolucionario de Teherán condenó a Arash Moradi, sufí gonabadi, a un total de ocho años por distintas acusaciones: dos años por alterar la opinión pública, uno por propaganda contra el régimen, tres por blasfemia y otros dos por insultar al antiguo y al actual Tribunal Supremo de Irán; estas penas se cumplirán de forma simultánea[36].
En diciembre de 2023, un tribunal condenó a los clérigos kurdos suníes Seyed Soleyman Ahmadi, Yunes Nowjah, Seyed Yamaladín Vazhi y Sharif Mahmudpur a un total de 11 años de prisión, acusados de «actos contra la seguridad nacional y alteración de la opinión pública»[37].
En enero de 2024, las autoridades iraníes ejecutaron la condena de 74 latigazos y una multa impuesta a una mujer por «atentar contra la moral pública» por no cubrirse la cabeza[38].
En febrero de 2024, Laleh Saati, cristiana conversa que había regresado a Irán en 2017, fue detenida por «actuar contra la seguridad nacional al ponerse en contacto con organizaciones cristianas sionistas». Al mes siguiente, la condenaron a dos años de prisión[39].
En febrero de 2024, condenaron a Hakop Gochumyan a 10 años de prisión por «participar en actividades de proselitismo desviadas que contradicen la ley sagrada del islam», como miembro destacado de «una red de cristianos evangélicos». En junio de 2024, se rechazó su recurso de apelación[40].
El 20 de febrero de 2024, en Rask, al sureste de Irán, Ebrahim Firuzi, cristiano iraní de 37 años y antiguo preso de conciencia, fue encontrado muerto en su domicilio a causa de un ataque de corazón. Firuzi había sufrido repetidas detenciones y encarcelamientos debido a sus creencias y actividades religiosas, entre las que se cuentan su participación en iglesias clandestinas y la posesión de biblias. Detenido por primera vez en 2011, pasó varios años en prisión acusado de diversos cargos, entre ellos «propaganda contra la República Islámica» y «actuar contra la seguridad nacional»[41].
En marzo de 2024, Maryam (Marzieh) Jalili compareció ante el Tribunal Revolucionario de Isfahán acusada de «insultar al líder supremo» y de «blasfemia»[42].
En marzo de 2024, el clérigo suní Molavi Abdulhamid pidió a las autoridades que revelaran qué había ocurrido el 30 de septiembre de 2022 en lo que se conoció como la masacre del Viernes Sangriento, que se saldó con más de 100 muertos. Otra manifestación convocada en noviembre de 2022 provocó más muertes en el condado de Jash[43].
En abril de 2024, se lanzaron cócteles Molotov contra el antiguo mausoleo de Ester y Mardoqueo de Hamadán, importante yacimiento arqueológico de gran relevancia tanto para la tradición judía como para la cristiana. El gobernador de la ciudad afirmó que las autoridades habían identificado a las personas implicadas en el incidente gracias a las cámaras de vigilancia, pero aún se desconoce quién instigó el ataque[44].
En mayo de 2024, Josrow Besharat, suní que llevaba 14 años en prisión por matar a un imán, fue ejecutado. Según Iran International, los cargos contra él eran falsos[45].
En mayo de 2024, agentes del Gobierno desalojaron los arrozales propiedad de los bahaíes en Ahmadabad, aldea de la provincia de Mazandarán, destruyendo los cultivos y los diques de riego durante la operación[46].
En julio de 2024, un ataque armado contra un jeque sufí en Saqqez provocó la muerte de dos de sus seguidores, y el jeque acabó falleciendo a causa de las heridas[47].
En julio de 2024, las autoridades iraníes ejercieron una fuerte presión sobre los judíos iraníes para que votaran en las elecciones presidenciales del país; con este fin, establecieron por primera vez colegios electorales especiales para judíos y organizaron actos de campaña sin precedentes para la comunidad judía con representantes de los candidatos que se presentaban a las elecciones[48].
En agosto de 2024, ejecutaron a Reza Rasaei, miembro de los yarsaníes (grupo religioso también conocido como kakai) detenido durante las manifestaciones de 2022. Las autoridades obligaron a su familia a enterrar su cuerpo fuera del cementerio de su comunidad bajo estrictas medidas de seguridad[49].
En agosto de 2024, unos individuos sin identificar incendiaron el antiguo cementerio bahaí de Ahvaz. Por orden de las autoridades llevaba cerrado desde 2014[50].
En agosto de 2024, el Tribunal Eclesiástico Especial de Hamedan condenó al clérigo suní Mamusta Saber Jodamoradi por «propaganda contra el Estado» y le impuso una pena de 15 meses de prisión[51].
En octubre de 2024, el bahaí Faraz Razavian fue condenado a dos años y un día de prisión, a una multa de 80 millones de tomanes y a cinco años y un día de prohibición de participar en actividades sociales por promover el bahaísmo[52].
En noviembre de 2024, a Arvin Ghahremani, judío de 20 años, fue ejecutado. Le habían condenado a muerte por matar a un musulmán en defensa propia. Según la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), no tuvo un juicio justo y se le negó la opción de pagar el precio de la sangre (diya) por ser judío. «La ejecución de Arvin Ghahremani es una violación flagrante de la libertad religiosa que demuestra la precaria situación de los judíos en Irán, a pesar de su reconocimiento oficial como comunidad», reza la declaración de dicha Comisión en la que se informa del caso[53].
En noviembre de 2024, Tumay Ariankia, cristiano converso, fue condenado por «propaganda contra el régimen mediante la evangelización del cristianismo», «colaboración con potencias hostiles (Israel, Reino Unido y Estados Unidos)» y «pertenencia a grupos contrarios al régimen». Su condena consiste en una pena de diez años de prisión y dos años de prohibición de «actividades sociales»[54].
En noviembre de 2024, agentes de seguridad de la Universidad Islámica Azad de Teherán «detuvieron violentamente» a una alumna que se desnudó parcialmente en protesta por la «aplicación abusiva» del código de vestimenta de Irán[55]. Según la CNN, la Basich[56], fuerza paramilitar voluntaria, habría acosado a la estudiante en el campus universitario, arrancándole el pañuelo y la ropa[57]. Finalmente, la declararon enferma mental y posteriormente le dieron de alta del hospital sin que se tomaran medidas legales contra ella[58].
En noviembre de 2024, las autoridades del condado de Jash (provincia de Sistán y Baluchistán) ordenaron a una familia suní baluchi de ocho miembros que se convirtiera al islam chií si querían obtener los documentos de identidad necesarios para acceder a los servicios y prestaciones del Gobierno[59].
En noviembre de 2024, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) declaró en un comunicado de prensa que se estaba juzgando, o ya habían condenado a penas de prisión, a más de 1200 bahaíes a causa de su fe. Según este grupo defensor de los derechos humanos, la represión de Irán contra la comunidad bahaí se ha intensificado en los últimos años, en particular contra sus mujeres[60].
En noviembre de 2024, Tumay Aryan-Kia, cristiano converso, fue condenado a 10 años de prisión por «propagar el cristianismo»[61].
En diciembre de 2024, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, suspendió la «ley del hiyab y la castidad» antes de su entrada en vigor, alegando que era «ambigua y necesitaba reformas»[62]. Según esta ley, que se aplica a niñas de tan solo 12 años, las mujeres y las niñas se enfrentarán a penas más severas si muestran el cabello, los antebrazos y la parte inferior de las piernas, con penas de prisión de hasta 15 años. La ley también contiene una disposición que podría utilizarse para imponer la pena de muerte por «corrupción en la tierra»[63].
Según un grupo de expertos designado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el proyecto de ley constituye un ataque directo a los derechos de las mujeres y debe ser derogado[64]. En marzo de 2025, el periódico The Guardian informó de que Irán había reforzado la vigilancia sobre las mujeres para hacer cumplir la normativa vigente respecto al hiyab. Según el diario británico, la policía iraní está utilizando tecnología digital para detener a las mujeres que no respetan el estricto código de vestimenta impuesto por el Gobierno[65].
En marzo de 2025, la policía dispersó una manifestación que reclamaba una aplicación más estricta de las normas sobre el código de vestimenta en Irán[66]. Los manifestantes apoyaban la nueva ley sobre el hiyab, más estricta, aprobada por el Parlamento en septiembre de 2023[67] y ratificada por el Consejo de Guardianes en septiembre de 2024[68].
En diciembre de 2024, pusieron en libertad al pastor Matthias (Abdulreza) Ali-Haghneyad tras cumplir una condena de seis años por «actuar contra la seguridad del país al formar un grupo y propagar el cristianismo fuera de la iglesia y en la iglesia doméstica, y proporcionar información a los enemigos del islam»[69].
En enero de 2025, fue liberada Ghazal Marzban, conversa al catolicismo, que ya había cumplido un tercio de su condena. Fue detenida en noviembre de 2024, tras protestar por el acoso que había sufrido desde que se convirtió al catolicismo siete años antes. Un juez la había condenado en diciembre de 2024 a seis meses de prisión por «estar en lugares públicos y a la vista del público sin un hiyab religioso» y por «propaganda contra el régimen coreando consignas»[70].
En febrero de 2024, un informe conjunto de cuatro grupos defensores de los derechos de los cristianos (Article 18, Puertas Abiertas, Middle East Concern y Christian Solidarity Worldwide) señaló que en 2023 habían sido detenidos al menos 166 cristianos, frente a los 134 del año anterior. Las detenciones «se produjeron en oleadas, con solo un puñado de detenciones registradas antes de junio (de 2023), luego más de 100 en los tres meses siguientes, antes de una nueva oleada de detenciones en Navidad»[71].
En el último estudio conjunto publicado en enero de 2025, las cuatro ONG cristianas de defensa de los derechos humanos informaron de que al menos 139 cristianos fueron arrestados en 2024 por sus creencias o actividades religiosas: 80 de ellos fueron detenidos y 77 imputados. A finales de 2024, unos 18 cristianos seguían en prisión por su fe. Según el mismo informe, en 2024 los cristianos fueron condenados a más de 250 años de prisión, seis veces más que en 2023[72].
En enero de 2025, Irán anunció la detención en Isfahán de 13 bahaíes por proselitismo entre menores. En un comunicado, la unidad de inteligencia de la Guardia Revolucionaria afirmó que los bahaíes detenidos «actuaban ilegalmente y promovían indirectamente su desviación ideológica explotando a niños y adolescentes»[73].
En marzo de 2025, el cantante y músico Mehdi Yarrahi recibió 74 latigazos por cantar una canción en apoyo al movimiento de protesta que se extendió por todo el país en 2022 y 2023 y por animar a las mujeres a no llevar el hiyab[74]. En marzo de 2025, un cristiano converso, Naser Navard Gol-Tapeh, sufrió un derrame cerebral en la prisión de Evin, en Teherán, tras una huelga de hambre que había iniciado en protesta por la persecución de los cristianos en el país[75]. A sus 63 años, había pasado anteriormente casi cinco años entre rejas por practicar su religión, y en octubre de 2022 fue puesto en libertad, para ser detenido de nuevo en febrero de 2025[76].
Futuro de la libertad religiosa
En Irán, la libertad religiosa sigue estando muy restringida. Los cristianos sufren una persecución importante, a menudo acusados de propaganda contra el Gobierno y de actuar contra la seguridad nacional, lo que conlleva largas penas de prisión y la prohibición de participar en actividades sociales. Para los cristianos, en particular los conversos, la tendencia general es hacia una mayor persecución y penas más severas.
Esto es aún más cierto en el caso de la comunidad bahaí. Durante el período que se estudia en este informe, la comunidad religiosa no registrada más grande de Irán se enfrentó a varias oleadas de dura persecución. Al igual que en el pasado, el Gobierno iraní también persiguió a la minoría suní del país con detenciones y ejecuciones.
Las mujeres y las niñas sufrieron mayor violencia durante el período que se estudia en este informe por oponerse a las leyes que obligan a llevar el hiyab, y la policía de la moral aplicó las normas de forma brutal.
A pesar de la liberación de algunos presos detenidos por motivos religiosos, la tendencia general en los últimos años muestra un endurecimiento de las restricciones a la libertad religiosa, con un aumento de la persecución y la imposición de penas severas por el incumplimiento de las leyes de la República Islámica.
Las perspectivas para la libertad religiosa en Irán siguen siendo muy negativas.
Fuentes
Iran