República Democrática Popular Lao
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La República Democrática Popular Lao es un Estado comunista de partido único. La libertad de religión y de creencias está consagrada en su Constitución y en sus leyes. La Constitución de 1991, modificada en 2015, detalla los derechos de las personas, entre los que incluye la libertad de religión (artículo 9). Sin embargo, en la práctica, la situación de la libertad religiosa en Laos es similar a la de su vecino oriental, Vietnam, debido a la ideología comunista que ha marcado de manera decisiva la reciente historia, la cultura y las instituciones políticas de ambos países[1].
El marco jurídico para la religión puede describirse como un sistema de petición y concesión, en el que las organizaciones religiosas solicitan permiso a las autoridades gubernamentales para llevar a cabo sus actividades y estas, a su vez, conceden o deniegan dichas solicitudes. Por ejemplo, el artículo 43 de la Constitución garantiza «el derecho y la libertad de creer o no creer en religiones que no sean contrarias a la ley». Sin embargo, los artículos 8 y 9 contienen limitaciones vagas a este derecho, como la prohibición de «todos los actos que creen división y discriminación entre grupos étnicos» y entre «religiones y clases de personas»[2]. Estas disposiciones se han utilizado para justificar la injerencia del Estado en las actividades de los grupos religiosos. En el centro del marco jurídico laosiano que regula la religión se encuentra lo que podría denominarse «extralimitación gubernamental», según la cual los funcionarios públicos disfrutan de una autoridad prácticamente ilimitada para gestionar los asuntos religiosos[3].
Además de la Constitución, Laos cuenta con una serie de leyes que regulan la religión. En 2002 entró en vigor el Decreto n.º 92 sobre la Gestión y Protección de las Actividades Religiosas. Este fue sustituido el 16 de agosto de 2016 por el Decreto n.º 315[4]. Firmado por el primer ministro Thongloun Sisoulith, el nuevo decreto podría mejorar la situación de la libertad religiosa si los funcionarios locales lo comprendieran y aplicaran en su totalidad[5].
El Decreto n.º 315 introdujo mejoras respecto al Decreto n.º 92, entre ellas la de otorgar a todas las religiones una misma condición jurídica ante la ley, la de hacer más coherente y transparente la normativa gubernamental y la de definir con mayor claridad los procedimientos por los que los grupos religiosos pueden obtener el reconocimiento oficial. Sin embargo, ambos decretos presuponen que el Estado sigue controlando los asuntos religiosos del país. Por ejemplo, el Decreto n.º 315 otorga amplios poderes al Ministerio del Interior para regular todos los aspectos de la vida religiosa. Oficialmente, exige que los grupos religiosos soliciten la aprobación previa de dicho ministerio para casi todo lo que deseen hacer, como establecer congregaciones en nuevos distritos, modificar sus locales, construir nuevos lugares de culto y organizar reuniones religiosas. Aún más invasivo es el requisito de que, al menos una vez al año, los grupos religiosos presenten al Ministerio el calendario con todas las actividades programadas. Además, en virtud del artículo 7, las entidades religiosas tienen que presentar en las oficinas del Ministerio, tanto centrales como locales, el nombre de sus representantes para su «estudio, consideración y aprobación», y recibir la conformidad del Ministerio para operar en más de una provincia[6]. Además, en su artículo 5.2, se otorga al Gobierno amplios poderes para supervisar la gestión interna y la doctrina de las organizaciones religiosas, ya que corresponde a los funcionarios del Ministerio determinar si los grupos religiosos son «coherentes con los fundamentos de la religión, sus preceptos religiosos y sus enseñanzas religiosas»[7].
En general, el Decreto n.º 315 otorga al Ministerio del Interior carta blanca «para restringir las actividades religiosas que considere contrarias a las costumbres locales, las políticas nacionales, la estabilidad nacional, el medio ambiente o la unidad entre los grupos religiosos y étnicos»[8].
El Gobierno de Laos reconoce cuatro grupos religiosos: budistas, cristianos, musulmanes y bahaíes. Entre los grupos cristianos, las autoridades solo han concedido reconocimiento administrativo a las Iglesias católica, evangélica de Laos y adventista del Séptimo Día[9].
La afiliación religiosa en Laos tiende a seguir las líneas étnicas. Aproximadamente el 54 % de la población pertenece a la etnia lao, y de estos la mayor parte son budistas theravada[10]. La influencia cultural budista es tal que, en la práctica, ni los monjes ni las pagodas budistas están sujetos a las mismas restricciones que los miembros y los lugares de culto de otras religiones. El Partido Revolucionario Popular Lao, actualmente en el poder, ha tratado de cooptar el budismo para legitimar su poder[11]. A nivel nacional, el sangharaja, patriarca supremo del budismo de Laos, mantiene estrechos vínculos con los líderes políticos del país[12].
Las comunidades cristianas, que representan menos del 2 % de la población, se enfrentan a las peores amenazas. La persecución contra las iglesias cristianas evangélicas domésticas se produce principalmente en aldeas remotas[13]. La conversión al cristianismo provoca reacciones hostiles por parte de otros laosianos, que consideran a los cristianos «culpables de traicionar las tradiciones budistas de su comunidad»[14].
Dada la persecución continua que sufren los protestantes, una contribución alentadora al marco jurídico del país fue la promulgación de la Ley sobre la Iglesia evangélica por el Gobierno central el 19 de diciembre de 2019. Esta ley concedió oficialmente a los cristianos evangélicos el derecho a celebrar servicios de culto, predicar en todo el país y mantener relaciones y comunicación con cristianos de otros países. Sin embargo, a pesar de la ley, un cristiano de la zona comentaba que «la policía siempre se pone del lado de las autoridades del pueblo y del resto de los vecinos de la aldea, por lo que no tenemos a quién acudir en busca de ayuda»[15].
La comunidad católica de Laos, aunque pequeña y enfrentada a numerosos retos, sigue siendo dinámica y entregada a pesar de la cultura predominantemente budista y del régimen comunista del país. Los católicos en Laos son alrededor de 60 000 y actúan en un entorno restrictivo en el que no se permite que los misioneros permanezcan de forma permanente, por lo que las vocaciones locales son cruciales para el sostenimiento de la Iglesia. Aunque la Constitución de 1991 reconoce la libertad religiosa y varias religiones, entre ellas la cristiana, en la práctica esta libertad es limitada y a menudo se ve conculcada por los funcionarios locales y los vecinos budistas de las aldeas, que consideran el cristianismo como algo ajeno. No obstante, la Iglesia católica de Laos ha experimentado una mejora gradual en sus relaciones con el Gobierno desde su reconocimiento oficial en 1979. Si bien las actividades de la Iglesia están muy restringidas en el norte, son más sólidas en los centros urbanos y en las provincias del sur. El número limitado de sacerdotes y obispos, junto con la constante discriminación, pone de relieve las persistentes dificultades a las que se enfrentan los católicos, pero también su resistencia y su compromiso con su fe en circunstancias difíciles[16].
Incidentes y acontecimientos
Durante el período estudiado en este informe se han cometido varios ataques contra comunidades cristianas.
En 2023, el número de ataques contra iglesias aumentó a 25, en comparación con los 4 del año anterior, y fueron encarcelados 65 cristianos, frente a los 18 de 2022. Esta tendencia continuó en 2024, año en el que se informó de una fuerte represión, con la destrucción de edificios religiosos y el desplazamiento forzoso de comunidades cristianas[17].
A principios de 2023, los cristianos sufrieron una violenta persecución en el noroeste de Laos, uno de cuyos exponentes fue la expulsión de 15 familias cristianas y su pastor de Mai, aldea de la provincia de Luang Namtha, por parte de la etnia local ahka. Las autoridades solo empeoran la situación, como se ha visto en Luang Prabang, donde los funcionarios confiscaron a unas familias cristianas la documentación y no resolvieron una serie de casos de violencia ejercida contra los cristianos, por ejemplo, la tortura y asesinato de un pastor evangélico en la provincia de Khammouan[18].
En septiembre de 2023, las autoridades locales de Khampou, aldea del distrito de Assaphone, en la provincia de Savannakhet, interrumpieron el servicio religioso que estaba celebrando el pastor Sard Onmeunsee en una casa y al que asistían 17 cristianos. El subjefe de la aldea y los agentes de seguridad ordenaron a los fieles que cesaran las actividades de culto, amenazándolos con arrestarlos y multarlos con cantidades considerables si continuaban realizándolas[19]. Unos días antes, en la provincia de Salavan, expulsaron por la fuerza de la aldea de Tabong a los siete miembros de una familia cristiana que se habían negado a renunciar a su fe. Demolieron su casa y posteriormente las autoridades locales los detuvieron[20].
El 4 de octubre de 2023, las autoridades locales del distrito de Sa Mouay, en coordinación con los funcionarios de la aldea, expulsaron por la fuerza de sus hogares a unas familias laosianas —aproximadamente 60 personas— porque se habían convertido al cristianismo. Los funcionarios justificaron esta acción alegando que la adopción del cristianismo viola las costumbres religiosas predominantes en la aldea, que tienen sus raíces en el animismo y el culto tradicional a los espíritus. Según las autoridades, quienes abandonan estas creencias tradicionales por el cristianismo pierden su derecho a residir en la aldea y a conservar sus propiedades[21].
En febrero de 2024, los jefes de Kaleum Vangke, provincia de Savannakhet, y otros vecinos de la aldea atacaron con gran violencia una iglesia doméstica durante un servicio dominical. Los agresores, entre los que se encontraban autoridades locales, destruyeron el lugar de culto y quemaron objetos religiosos[22]. A principios de ese mismo mes, Radio Free Asia había informado de que, al parecer, los vecinos de la aldea habían «convocado a seis familias cristianas y les habían instado a que dejaran de practicar su fe, ordenándoles específicamente que dejaran de celebrar los servicios dominicales».
En junio de 2024, las autoridades locales de la aldea de Tahae, distrito de Xaibouathong, provincia de Khammouane, detuvieron a un pastor identificado como el pastor Mum y a otros cinco cristianos que se habían reunido para rezar como preparación para el culto dominical. Según Sirikoon Prasertsee, director de Human Rights Watcher for Lao Religious Freedom (HRWLRF), las detenciones se produjeron en la residencia del pastor y los detenidos fueron trasladados a la prisión del distrito de Xaibouathong[23]. Seis semanas después pusieron en libertad a todos ellos[24].
El 2 de julio de 2024, los jefes de la aldea y los residentes atacaron una iglesia doméstica en Kaleum Vangke, distrito de Xonboury (provincia de Savannakhet). Los fieles de la Iglesia evangélica Lao, reconocida por el Gobierno, se habían reunido para el servicio dominical de la mañana cuando una turba los atacó, destruyendo biblias e incendiando la casa: «Las autoridades, entre ellas el jefe, los guardias de seguridad y otros miembros destacados de la aldea, nos atacaron de repente y destruyeron nuestro lugar de culto», explicó un testigo anónimo[25]. Otro testigo afirmó que el mes anterior «algunos aldeanos prominentes convocaron a seis familias cristianas locales y les dijeron que dejaran de practicar su religión, concretamente que dejaran de celebrar los servicios dominicales, ya que, de lo contrario, derribarían su edificio»[26].
El 22 de julio de 2024, dos agresores enmascarados asesinaron a Thongkham Philavanh, pastor cristiano de 40 años, miembro de la etnia jmu, que vive mayoritariamente en el norte de Laos. Philavanh recibió varios disparos en su domicilio de Vanghay, aldea de la provincia de Xai. Se desconocen los motivos del ataque[27].
Futuro de la libertad religiosa
En Laos la libertad religiosa está restringida, especialmente para los cristianos. A pesar de las garantías constitucionales, los repetidos incidentes ocurridos durante el período que se estudia en este informe reflejan un patrón más amplio de persecución de los cristianos, que incluye ataques a iglesias, desalojos forzosos y detenciones, principalmente en las zonas rurales. En general, en Laos no se da la protección y el respeto de la libertad religiosa, lo que evidencia la necesidad de reformas legales y sociales. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo negativas.
Fuentes
Laos