LIBIA
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Tras el derrocamiento del dictador Muamar el Gadafi en 2011, Libia no ha logrado encontrar la estabilidad. En 2021, se formó un Gobierno de Unidad Nacional (GUN) en Trípoli, la capital, bajo el mandato del primer ministro Abdul Hamid Dbeibeh, que encabeza el Gobierno reconocido internacionalmente. Sin embargo, en 2022, el Parlamento con sede en el este de Libia formó un gobierno rival, el denominado Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN). Desde entonces, ambas partes afirman ser el Gobierno legítimo de Libia[1].
El Consejo Nacional de Transición (CNT) promulgó una constitución provisional, la Declaración Constitucional Provisional, el 3 de agosto de 2011, que fue revisada el 13 de marzo de 2012.
La Declaración establece que el islam es la religión del Estado y la sharía (la ley islámica) la fuente principal de legislación. Al mismo tiempo, garantiza a los no musulmanes «la libertad de practicar sus ritos religiosos» (artículo 1). El artículo 6 promueve la igualdad de todos los libios ante la ley sin distinción por motivos de religión[2]. Es la primera vez que la libertad religiosa queda protegida constitucionalmente desde 1969, cuando el coronel Gadafi tomó el poder.
En 2016 se redactó una nueva constitución[3] que reconocía la sharía como única fuente de legislación (artículo 8), pero sin garantizar la libertad de religión y de creencias. El proyecto no ha sido aprobado[4].
Aunque la Declaración Constitucional Provisional prohíbe la discriminación por motivos religiosos, los continuos enfrentamientos entre los dos Gobiernos rivales han restringido su aplicación efectiva. Siguen aplicándose las leyes anteriores a la revolución que restringen la libertad religiosa, y la discriminación es generalizada. Los no musulmanes están sujetos a numerosas restricciones y prohibiciones legales[5].
No hay leyes que prohíban específicamente el proselitismo y la apostasía del islam[6], sin embargo, el Código Penal de Libia se utiliza para perseguir a las personas que los cometen. Los artículos 289, 290 y 291 del Código Penal tipifican como delito menospreciar, atacar y difamar la religión, especialmente el islam, la religión oficial del Estado[7]. Está prohibido que los no musulmanes difundan información que pueda resultar ofensiva para los musulmanes o suponga una amenaza para la estructura social del país. Menospreciar al islam o al profeta Mahoma, o «instigar a la división», se castiga con la pena capital[8].
Libia es un país donde predomina la rama suní, y la mayoría de sus fieles pertenecen a la escuela malikí[9].
La educación religiosa islámica es obligatoria tanto en los colegios de gestión estatal como en los privados. En los centros educativos no se ofrece ningún otro tipo de formación religiosa[10].
En el país hay varios lugares de culto no islámicos. La mayor parte de los cristianos extranjeros son migrantes subsaharianos, trabajadores filipinos católicos, algunos migrantes egipcios coptos y algunos europeos, entre los cuales hay anglicanos, ortodoxos griegos y rusos, así como cristianos sin denominación específica[11].
Libia, que en su día albergó una importante comunidad judía, vio cómo la discriminación y la persecución expulsaban a los judíos del país, especialmente después de 1948 y 1967. En 2004 ya no existía ninguna comunidad judía organizada en el país[12]. El derecho de culto de los no musulmanes está limitado; también existen restricciones sobre el clero extranjero, que tiene que solicitar visados o permisos de residencia de un año de duración.
En Libia, el Ministerio de Donaciones y Asuntos Islámicos (Awqaf) supervisa el culto islámico y tiene autoridad sobre las mezquitas, el clero y las prácticas religiosas, garantizando que se ajusten a la normativa gubernamental[13].
En septiembre de 2022, la Cámara de Representantes de Libia aprobó la Ley n.º 5 sobre la Lucha contra los Delitos Cibernéticos, que entró en vigor en febrero de 2023. La ley otorga amplios poderes para censurar los contenidos en línea considerados perjudiciales para el «orden público» o la «moral», sin supervisión judicial. Human Rights Watch y expertos de las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por su lenguaje ambiguo, sus duras sanciones y su posible uso indebido contra la libertad de expresión, la privacidad y la sociedad civil. Estos riesgos también pueden afectar a la libertad religiosa, en particular al hecho de compartir en línea creencias minoritarias o al diálogo interreligioso. Los grupos de la sociedad civil han pedido la derogación o la revisión de la ley[14].
El 9 de enero de 2024, el Parlamento de Libia, aliado con las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), aprobó una nueva ley que penaliza la «brujería y la hechicería», con penas que pueden llegar hasta 14 años de prisión e incluso hasta la pena de muerte. La ley ha suscitado gran preocupación por sus repercusiones sobre la libertad de conciencia y religión, especialmente para las minorías religiosas y étnicas, entre ellas los musulmanes sufíes y la etnia amazig (bereberes) que siguen la tradición ibadí[15].
Incidentes y acontecimientos
En febrero de 2023, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto informó de la liberación de seis cristianos egipcios que habían sido secuestrados y detenidos ilegalmente a principios de ese mes en el oeste de Libia[16]. Según noticias de prensa, habían sido torturados y tratados aún peor desde que sus secuestradores descubrieron que eran cristianos. Se pagó un rescate por su libertad[17].
En febrero de 2023, la cantante Ahlam al-Yamani y la bloguera Hanin al-Abdali fueron detenidas por haber violado, presuntamente, «el honor y la moral pública». El Ministerio del Interior de Bengasi las acusó de menospreciar «el estatus de la mujer libia casta y digna en nuestra sociedad conservadora con actos y comportamientos que nos son ajenos y ofenden nuestras costumbres, tradiciones y la verdadera religión». Posteriormente pusieron a las dos mujeres en libertad[18]. Ese mismo mes, la Agencia de Disuasión para la Lucha contra el Terrorismo y el Crimen Organizado detuvo en Trípoli a la actriz iraquí Dalia Farhud, acusada de publicar en Internet contenidos «inapropiados» para la sociedad libia[19].
En marzo de 2023, seis libios se enfrentaban a la pena de muerte por convertirse al cristianismo y hacer proselitismo. Las acusaciones se basaban en el artículo 207 del Código Penal de Libia, que sanciona cualquier intento de «alterar los principios constitucionales fundamentales o las estructuras esenciales del orden social»[20]. Según The Guardian, la Agencia de Seguridad Interna de Libia afirmó en un comunicado que las detenciones tenían por objeto «atajar una acción organizada por una banda con el fin de incitar y hacer que las personas abandonen el islam»[21]. Durante ese período, también se expulsó a ciudadanos extranjeros acusados de hacer proselitismo[22].
En febrero de 2024, Amnistía Internacional pidió que se pusiera fin a los abusos cometidos por la Agencia de Seguridad Interna en aras de la «defensa de la virtud». La organización internacional defensora de los derechos humanos afirmó que había recopilado pruebas de la intensificación de la represión de la libertad de pensamiento, expresión y creencia por parte de la Agencia, apoyándose en un decreto emitido en mayo de 2023 por la Awqaf para combatir lo que denomina «desviaciones religiosas, intelectuales y morales». Ese mismo año, la Agencia de Seguridad Interna publicó varios vídeos en los que aparecían personas confesando haber menospreciado al islam o haberse convertido al cristianismo. Preocupa la posibilidad de que estas «confesiones» se obtuvieran bajo coacción[23].
En mayo de 2023, el papa Francisco nombró al arzobispo Savio Hon Tai-Fai nuevo nuncio apostólico en Libia[24]. En julio de 2023, nombró a Sandro Overend Rigillo OFM vicario apostólico de Bengasi[25]. El obispo Overend Rigillo declaró a TVMnews que Libia, y en particular Bengasi, puede actuar como puente entre cristianos y musulmanes de buena fe: «Bengasi es un lugar en el que podemos ver el puente que la Iglesia quiere tender con nuestros hermanos musulmanes, los que son moderados, naturalmente»[26].
En mayo de 2023, un tribunal de Misrata condenó a muerte a 23 personas por pertenecer al grupo Estado Islámico. Otras 14 personas fueron condenadas a cadena perpetua por los mismos cargos; y otras a penas de prisión menores. Los acusados fueron condenados, entre otras acusaciones, por la decapitación de 21 cristianos coptos egipcios en Libia en 2015[27].
Israel y Libia no mantienen relaciones diplomáticas[28], pero en agosto de 2023, la ministra de Asuntos Exteriores de Libia, Nayla al-Mangush, mantuvo una reunión informal con su homólogo israelí, Eli Cohen. Esto provocó una gran polémica en el país, a raíz de la cual fue destituida[29]. En octubre de 2023, el gran muftí de Libia, el jeque Sadiq Al-Gariani, hizo un llamamiento a los jóvenes musulmanes para que se unieran a la denominada operación «Inundación de Al-Aqsa», iniciada por las Brigadas Al-Qasam palestinas contra Israel[30].
En noviembre de 2023, el Comité Al-Hasyn, encargado por el Awqaf de combatir la «brujería y la hechicería», denunció ataques contra lugares culturales y religiosos minoritarios, entre ellos la demolición de santuarios sufíes y actos de vandalismo en yacimientos arqueológicos. Según Amnistía Internacional, imanes, predicadores y fieles malikíes e ibadíes fueron objeto de ataques en la ciudad de Yefran[31].
En febrero de 2024, el jeque sufí Muftah Al-Amin Al-Biyu, de 79 años, fue detenido arbitrariamente en su domicilio de Bengasi durante una campaña de represión llevada a cabo por grupos armados contra clérigos y activistas sufíes. Estos grupos operan en alianza con las autoproclamadas Fuerzas Armadas Árabes Libias, que controlan de facto el este de Libia. Un año después, «seguía desaparecido»[32].
En junio de 2024, el Awqaf del oeste de Libia, enfureció a la comunidad minoritaria ibadí de la zona, tras afirmar que no debían considerarse válidos los testimonios de los ibadíes, a quienes describió como «gente hereje y caprichosa». Esto supone, en la práctica, el rechazo del ibadismo como forma legítima de islam. En respuesta, el Consejo Supremo del Ibadismo pidió al Gobierno de Unidad Nacional (GNU) y al Alto Consejo de Estado que disolvieran el Awqaf y lo sustituyeran por una nueva agencia que respetara todas las doctrinas islámicas que se siguen en Libia[33]. El primer ministro del GNU, Abdul Hamid Dbeibah, envió una carta al jefe del Awqaf en la que se protestaba porque la declaración de la agencia había provocado conflictos entre los libios y había sobrepasado su jurisdicción[34].
Según Amnistía Internacional, en noviembre de 2024, el Consejo Supremo del Sufismo Islámico de Libia emitió un comunicado en el que condenaba la persecución continua contra los jeques sufíes y sus seguidores en el país. Alegan que los sufíes son víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de malos tratos, así como de muertes bajo custodia y desapariciones forzadas. En Bengasi, se han utilizado «confesiones» forzadas para acusar a varios jeques del delito de «brujería»[35].
En noviembre de 2024, Emad Trabelsi, ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional, anunció que el Ministerio del Interior tenía previsto reactivar la policía «de la moral». Añadió que las mujeres no podrían salir de sus casas sin llevar el velo islámico ni viajar solas sin un tutor masculino. También afirmó que los derechos humanos tal y como se entienden en Europa no eran compatibles con el islam[36]. Según la prensa, la declaración del ministro desató la polémica en la sociedad libia[37].
Futuro de la libertad religiosa
Durante el período estudiado en este informe, el respeto a la libertad religiosa, así como al resto de los derechos humanos fundamentales, disminuyó a nivel jurídico y político, ya que los gobiernos rivales y sus respectivas milicias intentaron ganar legitimidad fomentando la islamización. Las minorías musulmanas (sufíes e ibadíes) y los no musulmanes (cristianos extranjeros y locales) fueron objeto de fuertes ataques. La vida cotidiana de muchos musulmanes, especialmente de las mujeres, también se ha visto más restringida. Dada la continua división política y la inestabilidad de Libia, no hay perspectivas de que la situación mejore en un futuro próximo.
Fuentes
Libia