MALASIA
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Malasia protege la libertad religiosa. Sin embargo, los derechos de las comunidades religiosas están limitados por los privilegios constitucionales y legales otorgados al islam suní. Según la Constitución, «el islam es la religión de la Federación [de Malasia], aunque en cualquier parte de la Federación se pueden practicar otras religiones en paz y armonía» (artículo 3.1)[1]. El artículo 11 establece que todo individuo «tiene derecho a profesar y practicar su religión», pero el párrafo 4 del mismo artículo declara que las leyes federales y estatales «podrán controlar o restringir la difusión de cualquier doctrina o creencia religiosa entre quienes profesan la religión islámica». Los tribunales han interpretado que la Constitución permite que los estados impidan que los musulmanes se conviertan a otras religiones y que restrinjan cualquier secta minoritaria musulmana que las autoridades religiosas de Malasia consideren desviada.
La Constitución define «malasio» como, entre otras cosas, «individuo que profesa la religión islámica» (artículo 160). Cerca del 70 % de la población pertenece a los bumiputeras, malasios étnicos de la península de Malasia, y a los grupos indígenas de Malasia Oriental (en su mayoría animistas o cristianos). Desde el punto de vista étnico y religioso, la Constitución los considera distintos a las personas de origen chino e indio[2], que en su mayoría profesan el budismo, el hinduismo, el cristianismo y otras religiones, o no tienen religión[3].
Los no malasios tienen libertad para convertirse a la religión que quieran, incluida el islam. Por el contrario, la conversión desde el islam a otra religión por parte de los malasios se considera apostasía y está prohibida en muchos estados[4]. Sin embargo, técnicamente existe un procedimiento mediante el cual los musulmanes pueden convertirse a otra religión abandonando el islam, un proceso largo que requiere el consentimiento de un tribunal de sharía (islámico). En algunos estados, los musulmanes que desean convertirse a otra religión deben pasar meses en centros de «rehabilitación» en los que se les presiona para que sigan siendo musulmanes[5].
Los tribunales civiles han dictado mediante una serie de sentencias que los casos de apostasía deben remitirse a los tribunales de sharía. Sin embargo, en los últimos años, se han dado casos en los que han intervenido los tribunales porque había fundadas sospechas de que los individuos en cuestión no eran anteriormente musulmanes[6].
Para los musulmanes de Malasia, las leyes estatales someten todos los asuntos de la vida personal, como el matrimonio, el divorcio y la herencia, a la jurisdicción de los tribunales de sharía. Una disposición constitucional estipula que los tribunales civiles no tienen jurisdicción alguna sobre los asuntos que son competencia de los tribunales de sharía.
Cada estado tiene su propia autoridad islámica que gobierna los asuntos musulmanes. Estas autoridades han marginado en gran medida las formas minoritarias del islam mediante regulaciones sobre la actividad religiosa. A mayor escala, en 1996 el Consejo Nacional de Fetuas declaró desviado el islam chií y lo prohibió totalmente, a pesar de que Malasia alberga a cientos de miles de chiíes practicantes[7]. La autoridad religiosa federal, el Departamento de Desarrollo Islámico (JAKIM), junto con los comités estatales de fetuas, supervisan de cerca y controlan sistemáticamente todas las formas de islam. Las autoridades religiosas estatales desempeñan una función de supervisión sobre las mezquitas, influyen en el contenido de los sermones y garantizan que las enseñanzas que transmiten se ajustan a la ortodoxia suní tal y como la interpreta el Estado.
Malasia tiene un sistema judicial dual en el que conviven la ley estatal y la ley islámica (sharía), y ambas se aplican a los musulmanes. Sin embargo, en febrero de 2024, el Tribunal Federal de Malasia declaró «nulas e inválidas» dieciséis leyes islámicas del estado de Kelantan. Dos abogados impugnaron la constitucionalidad del Código Penal de Sharía de Kelantan promulgado en 2019, que tipifica como delito actos como la destrucción de lugares de culto, la sodomía, el acoso sexual y el consumo de sustancias estupefacientes. El presidente del tribunal, que falló por mayoría, afirmó que el estado nororiental carecía de autoridad para promulgar esas leyes, ya que se trataba de cuestiones cuya competencia era del Parlamento[8]. Las sentencias de Kelantan siguen el precedente del caso Iki Putra de 2021, que anuló la ley contra la sodomía de la sharía en el estado de Selangor[9].
Por otra parte, un proyecto de ley sobre los muftíes (expertos jurídicos musulmanes) presentado recientemente en los territorios federales otorgaría a estos juristas competencias que el Parlamento no podría impugnar. Los muftíes gozarían de inmunidad jurídica, por lo que el proyecto de ley podría crear «en los territorios federales, una segunda fuente de derecho contraria a la Constitución de Malasia»[10]. Un abogado argumentó que el proyecto de ley supondría una derogación de la opinión del yang di-pertuan agong (jefe de Estado de Malasia). Según los artículos 3.5 y 34.1 de la Constitución Federal, el agong (cargo rotatorio equivalente al de rey) es el jefe constitucional del islam en Malasia. El proyecto de ley no solo otorgaría más poder a los muftíes al hacer que sus dictámenes (fetuas) fueran jurídicamente vinculantes en todos los tribunales, tanto para los musulmanes como para los no musulmanes, sino que permitiría que los comités de fetuas de los territorios federales prevalezcan sobre las instituciones democráticas y tomen decisiones sobre cuestiones de «interés nacional» sin el acuerdo del Parlamento. En la actualidad, las fetuas solo tienen valor de opinión, a menos que se conviertan en parte oficial de la sharía. En virtud del proyecto de ley sobre los muftíes, las fetuas podrían convertirse en ley una vez publicadas en el Boletín Oficial, publicación gubernamental que recoge las leyes nuevas[11]. Latheefa Koya, abogada musulmana y antigua comisaria jefe de la Comisión Anticorrupción de Malasia, advirtió de que, dado que los muftíes son nombrados por recomendación de un ministro, el proyecto de ley otorgaría al Gobierno federal el poder de controlar todos los aspectos de la vida de los musulmanes: «Ningún Gobierno debería tener tales poderes sobre su pueblo en una democracia, utilizando la religión como pretexto», afirmó[12]. Además, los musulmanes de diversas tradiciones, entre ellos los malikíes, hanbalíes y quienes practican el islam liberal Nusantara, correrían el riesgo de ser perseguidos en virtud de este proyecto de ley sobre los muftíes[13].
Numerosas publicaciones chiíes siguen prohibidas conforme a la Ley de Comunicaciones y Multimedia de 1998, y desde 2015 se viene produciendo un aumento de las acciones legales para «presionar, investigar y/o detener a medios de comunicación, editores jefe y periodistas que supuestamente habrían traspasado los límites de la cobertura crítica»[14]. Además, el proselitismo o la difusión del islam chií puede suponer un riesgo más elevado de discriminación oficial y puede conducir a arrestos u otras formas de acoso por parte de las autoridades estatales[15].
La Ley de Prensa y Publicaciones de 1984 plantea problemas a los grupos no musulmanes en relación al uso de la palabra «Dios». Según dicha ley, la palabra «Alá» (término árabe para Dios) es exclusiva del islam. Esto ha llevado a que se prohíba una Biblia malasia que utiliza la palabra «Alá» para referirse a Dios y a la incautación de más de 20 000 ejemplares[16]. En 2023, el Ministerio del Interior retiró su recurso contra una sentencia del Tribunal Superior que permitía a los no musulmanes utilizar la palabra «Alá» en publicaciones destinadas exclusivamente a los cristianos[17].
El 23 de junio de 2014, el Tribunal Federal de Malasia se negó a admitir a trámite un recurso presentado por la Iglesia católica contra la prohibición del uso de la palabra «Alá» por parte de los no musulmanes. El semanario católico The Herald Malaysia argumentó que prohibir el uso de «Alá» en las publicaciones no islámicas era inconstitucional y constituía una violación de la libertad religiosa[18]. El Gobierno interpretó que la sentencia solo se aplicaba a la publicación católica en cuestión, aunque sentó un precedente legal para la prohibición general del uso del término entre los no musulmanes. El tribunal declaró que el uso de la palabra «Alá» no es esencial ni integral para la fe cristiana e impuso la verificación de cada discurso o práctica religiosa no musulmana por si ofende a los musulmanes[19].
El 11 de marzo de 2021, el Tribunal Superior revocó la sentencia. El juez Nor Bee dictó que la prohibición era «ilegal e inconstitucional» y que «la libertad de profesar y practicar la propia religión debe incluir el derecho a poseer material religioso»[20].
En Sarawak, la mayor parte de la población es cristiana. Sin embargo, en dicho estado está muy arraigada la discriminación contra ciertos grupos cristianos. Las iglesias más grandes y conocidas están reconocidas en virtud de la Ordenanza sobre Sociedades Misioneras, pero las iglesias más pequeñas tienen dificultades para registrarse y obtener apoyo del Gobierno. Además, esas iglesias más pequeñas tienen dificultades para solicitar subvenciones a UNIFOR (siglas en inglés para el Departamento de Otras Religiones), organismo del Gobierno estatal de Sarawak creado en 2017[21].
En 2023, el Gobierno malasio estudió, aunque finalmente descartó, un proyecto de ley para imponer sanciones a las personas que incitaran al odio racial o religioso. En diciembre de 2024, la viceministra de Unidad Nacional, Saraswathy Kandasami, afirmó que las leyes vigentes eran suficientes para salvaguardar la unidad racial y religiosa del país[22].
En 2023, el Parlamento de Malasia votó a favor de eliminar la pena de muerte obligatoria para una serie de delitos, reducir el número de delitos punibles con la pena capital y abolir la pena de cadena perpetua[23].
Incidentes y acontecimientos
Durante el período que se estudia en este informe, se han observado importantes motivos de preocupación tanto en el ámbito social como en el gubernamental en relación con la libertad religiosa en Malasia.
Se han verificado detenciones de individuos por faltar al respeto al islam. El 4 de junio de 2022, amparándose en el artículo 7 de la Ley de Delitos Penales de la Sharía en los Territorios Federales, una mujer malasia de 26 años, Siti Nuramira Abdullah, fue detenida porque, presuntamente, había insultado al islam durante una actuación en un club de monólogos cómicos. El 19 de julio de 2022, un día antes de que se le imputaran los cargos, fue puesta en libertad[24]. Sin embargo, en abril de 2023, la acusaron de «herir deliberadamente los sentimientos religiosos de otras personas» y le impusieron una multa de 8000 ringgits[25].
En junio de 2023, un comerciante de Johor fue acusado de «elaborar y difundir informaciones ofensivas mezcladas con insultos contra el islam, Alá y el profeta a través de una cuenta de Facebook»[26]. Anteriormente, en mayo de 2023 —atendiendo al artículo 298.a del Código Penal, que tipifica como delito causar discordia o enemistad por motivos religiosos—, la policía detuvo en Kuala Lumpur a un hombre por, al parecer, burlarse del saludo tradicional islámico «salam»[27].
En agosto de 2024, el rey de Malasia, Ibrahim Iskandar, instó a los malasios a no utilizar las redes sociales para insultar al islam o sembrar la discordia entre los musulmanes o las personas de otras religiones[28].
En 2023, una madre hindú, Loh Siew Hong, cuyos hijos fueron convertidos al islam en 2020 por su exmarido sin contar con su opinión, impugnó su conversión y solicitó la custodia de los niños. En mayo de 2023, el Tribunal Federal de Malasia determinó que la conversión de los niños era inconstitucional. Además, rechazó un intento del Gobierno del estado de Perlis y del Consejo Islámico Religioso y de Costumbres Malasias de Perlis de revocar la sentencia. El presidente del Tribunal Supremo se remitió al artículo 12.4 de la Constitución Federal de Malasia, que establece que la conversión religiosa de una persona menor de 18 años requiere el consentimiento de ambos padres[29].
El 31 de enero de 2024, una madre soltera de 37 años fue condenada a flagelación tras ser declarada culpable de jalwat, esto es, por estar en estrecha proximidad física con un hombre que no era ni su marido ni un mahram (pariente masculino cercano)[30]. Los expertos en derechos humanos llevan años advirtiendo sobre el creciente extremismo en este ámbito, ya que las formas de castigo previstas en la sharía (hudud) incluyen la lapidación y la amputación, y grupos islámicos como el Parti Islam SeMalaysia han propuesto incorporar estas medidas al Código Penal de Malasia[31]. Un parlamentario malasio, Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal, al ser preguntado por la lapidación de las mujeres condenadas por adulterio, respondió: «Bueno, no me gustaría verlo, pero es la ley de Dios y, como político, tengo el mandato de velar por que se cumpla su ley»[32].
En 2024 la policía interrogó a Teresa Kok, veterana política católica, acerca de sus comentarios sobre la certificación halal obligatoria, tras declarar que podría suponer una carga económica para los propietarios de empresas pequeñas. Durante el interrogatorio policial, subrayó que no «faltaba al respeto al islam» y que simplemente se preguntaba cuáles serían los costes económicos[33].
En octubre de 2024, 137 orang asli (pueblo indígena de Malasia peninsular)[34] obtuvieron el derecho a comparecer ante un tribunal para impugnar su estatus religioso. Estas personas, que pertenecen a la tribu bateq tanum de Pahang, afirmaban que siempre habían profesado una religión animista tradicional y que les habían «convertido al islam» a la fuerza porque no entendían el idioma malayo. Este caso salió a la luz cuando una abogada y activista de derechos humanos de los orang asli, Siti Kasim, aceptó su defensa[35].
En el estado de Sabah, funcionarios del Gobierno fueron acusados de cambiar arbitrariamente la identidad oficial de cristianos por la de musulmanes. Abogados especializados en derechos humanos denunciaron casos en los que algunos cristianos fueron inscritos como musulmanes en sus documentos de identidad. En agosto de 2024, Rieno Glant Oleant George ganó el juicio para recuperar su identidad cristiana después de varios años intentando eliminar la mención «islam» de su documento de identidad. Una prueba crucial para el tribunal fue una carta del Departamento de Asuntos Religiosos Islámicos local en la que se afirmaba que Rieno no figuraba en la lista de conversos al islam de Sabah[36].
En noviembre de 2024, John Ilus, miembro de la Asamblea Legislativa de Sarawak, pidió al Ministerio de Educación que reintrodujera las clases de Biblia para los alumnos de las escuelas locales, con el fin de enriquecer «el desarrollo del carácter de los jóvenes de Sarawak». Dos tercios de la población cristiana de Malasia vive en los estados de Borneo (Sarawak y Sabah)[37].
En 2024, Firdaus Wong, conocido predicador islámico, fue investigado por incitar a profesores y líderes religiosos a convertir clandestinamente a menores no musulmanes[38].
En un clima de xenofobia generalizada, los refugiados rohinyá procedentes de Myanmar siguen sufriendo persecución y hostilidad, y las redes sociales avivan el «miedo a perder el empleo por culpa de los extranjeros»[39]. A pesar de su identidad musulmana, se considera que la mayoría de los rohinyá son inmigrantes ilegales no deseados. Además, la mayoría de los musulmanes malasios practican el islam según la escuela jurídica (madhab) shafií, mientras que los rohinyá siguen tradicionalmente la escuela hanafí. La consecuencia es que algunos rohinyá están adoptando las costumbres suníes malasias para integrarse[40]. Aunque Malasia en el pasado aceptó a refugiados rohinyá, ha ido limitando cada vez más el número de personas que entran en el país; por ejemplo, a principios de enero de 2025, las autoridades rechazaron dos barcos que transportaban a un total de casi 300 refugiados musulmanes rohinyá[41].
Futuro de la libertad religiosa
A pesar de que durante el período estudiado en este informe se han producido algunos avances positivos, por ejemplo, la derogación de las leyes estatales basadas en la sharía en Kelantan y las intervenciones judiciales para impedir la conversión de menores sin el consentimiento explícito de ambos padres, hay fundada preocupación por diferentes aspectos, como los continuos casos de detención y enjuiciamiento de personas acusadas de ofender los sentimientos religiosos. El Gobierno aún no ha presentado el proyecto de ley sobre la armonía religiosa prometido hace tiempo.
Si se aprueba el nuevo proyecto de ley sobre los muftíes, este ampliará considerablemente la autoridad de los juristas musulmanes en los territorios federales.
Aunque se han logrado algunos avances, las perspectivas para la libertad religiosa, tanto para los musulmanes como para los no musulmanes, siguen siendo negativas.
Fuentes
Malasia