MAURITANIA
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Mauritania, ubicada en la costa occidental de África, es prácticamente un desierto escasamente poblado y uno de los países más pobres del mundo. Es una república islámica desde su independencia en 1960. Su Constitución[1] reconoce el islam como la religión oficial «del pueblo y del Estado» (artículo 5) y establece que el presidente del país tiene que ser musulmán (artículo 23)[2].
Mauritania es la única república islámica que queda en África desde que en 2018 Gambia se convirtió en una república laica[3]. Casi toda la población de Mauritania profesa el islam suní, organizado mayoritariamente en hermandades sufíes como la Qadiriya, la Tiyaniya y la Hamallya[4]; la proclamación del país como república islámica en el momento de la independencia reflejó una visión política según la cual la unidad religiosa podía servir como fuerza cohesionadora entre sus diversas comunidades[5].
Entre la población tradicionalmente nómada, la observancia religiosa está profundamente arraigada en la vida cotidiana, y las fiestas islámicas, los horarios de oración y el mes de ayuno del Ramadán marcan el ritmo de la sociedad. Las interpretaciones conservadoras del islam influyen en las normas sociales, especialmente en lo que se refiere a las normas de vestimenta, como la melhfa que visten las mujeres, y los roles de género, y refuerzan las expectativas de decencia y segregación[6]. La educación y los medios de comunicación también están impregnados de valores religiosos: es muy frecuente la asistencia a las escuelas coránicas y las emisiones estatales están dominadas por la programación islámica. Todo ello refleja el papel central del islam tanto en la esfera pública como en la privada[7]. Los colegios internacionales no están obligados a enseñar religión islámica[8].
Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló que la libertad de conciencia y de religión no está oficialmente garantizada en Mauritania[9]. De hecho, ninguna de estas libertades se menciona en la Constitución. Tampoco se menciona la no discriminación por motivos religiosos. Cambiar de religión se considera apostasía y se castiga con la pena de muerte[10].
El Ministerio de Asuntos Islámicos y Educación Tradicional es el órgano responsable de promulgar y difundir fetuas, combatir el «extremismo», fomentar la investigación en estudios islámicos, organizar las peregrinaciones del hach y la umra, y supervisar las mezquitas[11].
El Código Penal de Mauritania[12] se modificó en 2018 para hacer obligatoria la pena de muerte en los casos de blasfemia, sin excepciones[13]. Antes de la modificación, el artículo 306 del código solo imponía la pena de muerte cuando el acusado se negaba a mostrar arrepentimiento o a pedir perdón, pero esto ha cambiado[14]. La ley también contempla penas de hasta dos años de prisión y multas de hasta 600 000 uguiyas (unos 15 940 dólares estadounidenses) por «ofender la moral pública y los valores islámicos» y por «incumplir las prohibiciones de Alá» o ayudar a incumplirlas[15].
A lo largo de los años, Human Rights Watch ha manifestado su profunda preocupación por el uso continuado en Mauritania de leyes represivas para eliminar la disidencia y restringir las libertades fundamentales. Según las informaciones, la legislación sobre blasfemia, ciberdelitos y difamación penal se ha aplicado de manera selectiva y punitiva contra los defensores de los derechos humanos, periodistas, blogueros y activistas de la sociedad civil[16]. Estas disposiciones legales, redactadas a menudo de forma imprecisa e interpretadas de manera amplia, han permitido a las autoridades procesar a personas por expresar opiniones críticas o compartir contenidos considerados ofensivos para el Gobierno o la ortodoxia religiosa. La aplicación sistemática de estas leyes amenaza la libertad de expresión y contribuye a crear un clima de intimidación y autocensura, especialmente en cuestiones relacionadas con la religión y las creencias[17].
Se desconoce el número exacto de cristianos mauritanos, si es que hay alguno, ya que en la cultura tribal abandonar el islam no solo se considera una traición religiosa, sino también una traición a la tribu y a la familia[18]. En consecuencia, los pocos no musulmanes que hay en Mauritania no tienen ninguna oportunidad real de vivir su fe, al menos no públicamente[19]. La sharía (ley islámica) se aplica a los asuntos civiles, especialmente en lo que se refiere a cuestiones familiares. Algunos delitos y determinadas violaciones de la sharía se castigan severamente con flagelación, lapidación y amputación[20].
No se reconoce la libertad religiosa. Los extranjeros pueden asistir a servicios religiosos en unos pocos lugares específicos, pero los ciudadanos mauritanos tienen prohibido participar en ellos[21]. Medidas no oficiales del Gobierno limitan de hecho el culto a unas pocas confesiones cristianas, entre ellas la Iglesia católica, a las que se prohíbe la tarea de evangelizar[22]. Las iglesias se encuentran principalmente en las grandes ciudades de Nuakchot, Kaedi, Atar, Nuadibú y Rosso[23].
Incidentes y acontecimientos
El 5 de marzo de 2023, cuatro reclusos vinculados a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) se fugaron de la prisión civil de Nuakchot tras una violenta agresión a los guardias, que se saldó con dos guardias muertos y varios heridos. En respuesta, las autoridades lanzaron una persecución a escala nacional, impusieron un bloqueo de seguridad y suspendieron temporalmente el acceso a Internet móvil para impedir la coordinación entre las redes de militantes. Finalmente, abatieron a tres de los fugitivos y al otro lo volvieron a capturar[24].
En abril de 2023, el expresidente de Mauritania, Mohamed Uld Abdel Aziz, que gobernó entre 2008 y 2019, fue juzgado por corrupción; le condenaron por enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. El tribunal también ordenó la confiscación de los bienes adquiridos ilícitamente. A Aziz le impusieron la condena más larga de las impuestas a todos los condenados, mientras que dos exministros quedaron absueltos. El abogado de Aziz, Mohameden Uld Ichedu, consideró que se trataba de un juicio y un veredicto con motivaciones políticas, mientras que otro de los abogados anunció su intención de recurrir. Sin embargo, el abogado del Estado, Brahim Uld Ebetti, calificó el veredicto de «muy indulgente». En mayo de 2025, un tribunal de apelación condenó al expresidente a 15 años de prisión[25]. Los procesos judiciales contra antiguos jefes de Estado son poco frecuentes, especialmente en África, donde a la mayoría de los dirigentes anteriores, si llegan a los tribunales, se les juzga por crímenes contra la humanidad y no por corrupción[26].
En julio de 2023, Mariya Ubed, estudiante de secundaria de 19 años, se enfrentó a graves acusaciones de blasfemia porque supuestamente había mostrado falta de respeto hacia el profeta Mahoma durante un examen. Conforme al artículo 306 del Código Penal de Mauritania, podrían condenarla a la pena de muerte. La polémica comenzó cuando un profesor publicó en Facebook su examen, en el que figuraba la supuesta blasfemia, lo que provocó la indignación generalizada de la población. Aunque inicialmente se ocultó la identidad de la estudiante, el caso dio lugar a protestas en las que se exigía que se la juzgara. La Asociación de Ulemas de Mauritania, la máxima autoridad religiosa del país, pidió la pena de muerte e instó al Gobierno a actuar con rapidez. Unos días más tarde, el diputado Mohamed Buy intentó politizar el caso sustituyendo el nombre del profeta por el del presidente Ghazouani en el examen, lo que agravó aún más las tensiones. El 26 de julio, enviaron a Ubed a prisión preventiva acusada de blasfemia y de socavar los valores sagrados del islam a través de las redes sociales. Su familia negó las acusaciones, alegando sus problemas de salud mental y pidiendo clemencia. Sin embargo, los eruditos religiosos rechazaron sus argumentos[27]. El caso aún no ha terminado.
En febrero de 2024, el obispo Victor Ndione concedió una entrevista a Vatican News en la qué describió algunos de los retos a los que se enfrenta la diócesis de Nuakchot, que abarca todo el país. Una de las principales preocupaciones es la constante rotación del clero y los feligreses, debido a que la Iglesia está compuesta por extranjeros, lo que dificulta mantener la vida pastoral a largo plazo. El prelado también señaló que la inmigración ilegal y los recursos limitados son otros problemas importantes, ya que la Iglesia no puede contar con apoyo humano y económico local.
A pesar de ello, el multiculturalismo de la diócesis se considera una fortaleza para una labor pastoral eficaz, siempre y cuando se mantenga la unidad[28]. De hecho, la pequeña comunidad católica, formada por unos 4500 extranjeros, se reúne regularmente para celebrar la misa dominical. En 2024, muchos participaron con fervor en la Cuaresma, incluso aquellos que no asistían habitualmente a las celebraciones religiosas, participando en penitencias y en obras de caridad comunitarias, como las «ollas de Cuaresma», en las que se recogen alimentos, ropa y dinero, y se distribuyen entre los necesitados.
El obispo Ndione, que es el primer africano en dirigir la diócesis, tiene una larga trayectoria en la Iglesia de Mauritania. Sacerdote de la diócesis de Thiès, en Senegal, lleva en Mauritania desde 2003; incardinado en 2014 y nombrado vicario general en 2018, fue creado obispo de Nuakchot el 14 de abril de 2024[29].
En junio de 2024, entre los temas clave de la campaña para las elecciones presidenciales de Mauritania se contaban la estabilidad política, la migración, la seguridad regional, la corrupción y la preocupante cuestión de los derechos humanos en el país. El presidente en funciones, Mohamed Uld Ghazouani, que se presentaba a un segundo mandato, se enfrentaba a seis rivales, entre los que destacaba el activista antiesclavista Biram Uld Dah Uld Abeid.
En julio de 2024, Ghazouani fue reelegido en la primera vuelta con más del 56 % de los votos. Abeid rechazó los resultados calificándolos de «golpe electoral» y se negó a reconocer su derrota, mientras que Hamadi Sidi el-Mojtar, que quedó en tercer lugar, ya antes de las elecciones había manifestado su preocupación por una posible manipulación electoral[30]. Aunque se reconoce que, desde que asumió el cargo en 2019, Ghazouani ha aportado una relativa estabilidad al país, su gobierno sigue siendo objeto de críticas por las deficiencias democráticas y la persistencia de injusticias estructurales. Tras su reelección, el presidente puso en marcha un proceso de diálogo nacional para fortalecer la democracia del país y fomentar la cohesión social[31].
Futuro de la libertad religiosa
Las perspectivas para la libertad religiosa en Mauritania siguen siendo sombrías. No existen garantías legales para la libertad de religiosa o de creencias, y las normas sociales refuerzan un sistema en el que cualquier desviación del islam suní es objeto de una intensa presión, tanto por parte del Estado como de las comunidades locales.
Las leyes contra la apostasía y la blasfemia, incluida la enmienda de 2018 que establece la pena de muerte obligatoria en tales casos, siguen siendo un poderoso elemento disuasorio contra la disidencia religiosa o el pluralismo. La rígida interpretación de los principios islámicos en la vida pública y privada no deja prácticamente ningún margen para el ejercicio en Mauritania de otras religiones que no sean el islam, mientras que las restricciones gubernamentales y el estigma social llevan a que nadie explore o practique abiertamente otras creencias.
Aunque hasta ahora el país ha logrado impedir que los grupos yihadistas se establezcan en su territorio, la contrapartida ha sido una grave restricción de las libertades civiles, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión y de creencias. A pesar de ello, la Iglesia católica, integrada por una población reducida y totalmente extranjera, sigue prestando asistencia pastoral y su presencia suele ser apreciada por los servicios sociales que ofrece a personas de todas las confesiones sin distinción.
Si no se produce una reforma legal o un cambio social significativo, las perspectivas de que mejore la situación de la libertad religiosa siguen siendo muy limitadas.
Fuentes
Mauritania