MÉXICO
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
En México, la libertad religiosa está garantizada por la Constitución[1] y su ejercicio está regulado por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP)[2].
La Constitución mexicana[3] contiene elementos del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se afirma: «Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley»[4]. La LARCP aclara que en las creencias religiosas nadie está «exento en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país» (artículo 1)[5].
La Constitución reitera estas libertades al establecer que todas las autoridades gubernamentales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (artículo 1). Al mismo tiempo, añade que «el Congreso no podrá dictar leyes que establezcan o supriman religión alguna» (artículo 24)[6].
Asimismo, se prohíbe la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro factor que atente contra la dignidad humana (artículo 1)[7].
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define como discriminatorio cualquier intento de poner límites a la libertad de expresión de las ideas, así como cualquier acción dirigida a poner obstáculos a la libertad de pensamiento, conciencia o religión y a las prácticas o costumbres religiosas, siempre y cuando no atenten contra el orden público[8]. En mayo de 2022, una enmienda definió lo que se entiende por discriminación[9].
Por su parte, la referida Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público regula diversos aspectos de la vida de las asociaciones religiosas, como su naturaleza, constitución y funcionamiento (artículos 6 a 10), las relaciones con los asociados, ministros religiosos y representantes (artículos 11 a 15), el régimen patrimonial (artículos 16 a 20), los actos religiosos de culto público (artículos 21 a 24) y las relaciones de las autoridades con las asociaciones religiosas y su actividad (artículos 25 a 28), además de las infracciones a la Ley y las sanciones correspondientes (artículos 29 a 36)[10].
La Constitución establece la separación entre el Estado y la Iglesia (artículo 130), que se reitera en los artículos 1 y 3 de la LARCP[11]. Este principio de separación también se extiende a la educación pública, que, según la Constitución debe «mantenerse totalmente al margen de cualquier doctrina religiosa» (artículo 3.I)[12].
Para evitar la injerencia estatal, las autoridades tienen prohibido constitucionalmente intervenir en los asuntos internos de las asociaciones religiosas (artículo 130.b), así como en actos religiosos individuales o colectivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento «de la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable y la protección de los derechos de terceros» (LARCP, artículo 3)[13].
Asimismo, los funcionarios federales, estatales y municipales «no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares», salvo en caso de prácticas diplomáticas (LARCP, artículo 25)[14].
En cuanto a la independencia del Estado frente a las religiones, el artículo 24 de la Constitución establece que «nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión [religiosa] con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política»[15] y prohíbe a los miembros del clero ocupar cargos electos (artículo 130.d)[16].
Esta prohibición general es coherente con los artículos 55.VI y 58 de la Constitución, que excluyen a los miembros del clero de la posibilidad de ser diputados federales o senadores[17]. También se prohíbe que el presidente de México sea un ministro de culto (artículo 82.IV)[18].
La prohibición es reiterada por la LARCP, según la cual los miembros del clero no pueden ocupar cargos públicos, aunque «tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable» (artículo 14)[19].
Al igual que la Constitución (artículo 130.e), la LARCP (artículo 29.X) incluye más prohibiciones constitucionales que afectan a la separación de la Iglesia y el Estado, entre las que destaca la prohibición de que los miembros del clero se asocien entre sí con fines políticos, realicen propaganda a favor o en contra de cualquier candidato, partido o asociación política, o se opongan «a las Leyes del País o a sus instituciones en reuniones públicas»[20].
Del mismo modo, las asociaciones religiosas y los miembros del clero no pueden poseer ni administrar concesiones de telecomunicaciones, excepto para publicaciones impresas de carácter religioso (LARCP, artículo 16)[21].
Además, el artículo 130.a de la Constitución especifica que solo las Iglesias y grupos religiosos registrados tienen personalidad jurídica[22]. La LARCP establece las condiciones y requisitos que deben cumplirse para ello: «Los solicitantes del registro constitutivo de una asociación religiosa deberán acreditar que la iglesia o la agrupación religiosa: 1. Se ha ocupado, preponderantemente, de la observancia, práctica, propagación o instrucción de una doctrina religiosa o de un cuerpo de creencias religiosas; 2. Ha realizado actividades religiosas en la República Mexicana por un mínimo de cinco (5) años y cuenta con notorio arraigo entre la población, además de haber establecido su domicilio en la República; 3. Aporta bienes suficientes para cumplir con su objeto; 4. Cuenta con estatutos en los términos del párrafo segundo del artículo 6; y 5. Ha cumplido, en su caso, lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 27 de la Constitución» (artículo 7)[23].
Una vez constituidas, las asociaciones religiosas tienen derecho a un nombre exclusivo, a establecer sus estructuras internas de gobierno y funcionamiento, a celebrar actos de culto público y difundir su doctrina, así como a fundar y administrar establecimientos asistenciales, educativos y de salud, siempre que no persigan fines de lucro (LARCP, artículo 9)[24].
La Constitución también reconoce la capacidad de las asociaciones religiosas válidamente constituidas para adquirir, poseer o administrar bienes (artículo 27.II)[25]. Sin embargo, al igual que la Constitución (artículo 130), la LARCP (artículo 15) niega a los miembros del clero el derecho a heredar, por testamento, de las personas a las que «hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado»[26].
En general, los actos de culto público deben celebrarse en lugares de culto, o en otros lugares en circunstancias especiales (Constitución, artículo 24; LARCP, artículo 21), con la condición de que se comuniquen previamente a las autoridades competentes al menos 15 días antes de la fecha en que se celebren[27]. Estas últimas solo pueden ser prohibidas «por razones de seguridad, protección de la salud, de la moral, la tranquilidad y el orden públicos, y la protección de derechos de terceros» (LARCP, artículo 22)[28].
Mención especial merece la libertad de conciencia, contemplada en el artículo 24 de la Constitución, tal y como se aplica en el ámbito de la asistencia sanitaria. El artículo 10.bis[29] de la Ley General de Sanidad[30] concede el derecho a la objeción de conciencia al personal médico y de enfermería empleado en el Servicio Nacional de Salud, añadiendo que la objeción de conciencia no puede ser motivo de discriminación laboral.
Sin embargo, en septiembre de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia[31] tumbó el artículo 10.bis porque no establece los límites necesarios para garantizar que la objeción de conciencia pueda ejercerse sin poner en riesgo los derechos humanos de los demás, especialmente el derecho a la salud. Ante ello, la Corte exhortó al Congreso a regular la objeción de conciencia[32].
Incidentes y acontecimientos
El Centro Católico Multimedial (CCM), que lleva recopilando datos desde 1990 y publicando informes anuales desde 2018, registra los episodios de violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones de la Iglesia católica que se producen en México. Los informes de 2023 y 2024 recogen los asesinatos de tres sacerdotes, así como cinco casos de agresión con agravantes. Señalan que durante los seis años de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, 10 sacerdotes fueron asesinados[33], otros 10 fueron víctimas de violencia y se produjeron alrededor de 900 episodios de extorsión que afectaron a miembros de la Iglesia católica[34].
En 2023, asesinaron a tiros al padre Javier García, de la parroquia de Capacho, en Michoacán[35], mientras que el padre José Angulo Fonseca fue asesinado en Jalisco presuntamente por su propio hermano[36]. En febrero de 2023, poco después de celebrar misa en Chiapas, dispararon contra el coche del padre Marcelo Pérez y le provocaron la muerte. El padre Marcelo, indígena tzotzil, era conocido por su activismo en defensa de los pueblos indígenas[37]. En octubre de 2024, las autoridades anunciaron la detención del presunto asesino[38]. En enero de 2023, asesinaron al pastor de la iglesia del Monte Sion, en Chiapas, después de que denunciase que era víctima de extorsión[39].
La violencia también ha afectado a los laicos. En junio de 2023, dos mujeres catequistas fueron asesinadas cuando se dirigían a una procesión eucarística[40]. En noviembre de 2024, asesinaron en un tiroteo cerca de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe de Veracruz a un monaguillo y a su hermano, que ayudaban a su madre a limpiar la iglesia[41]. En enero de 2025, asesinaron a tiros a un peregrino que se dirigía a San Juan de los Lagos mientras acampaba por la noche[42]. La Conferencia Episcopal Mexicana han pedido a las autoridades que investiguen estos crímenes y garanticen la seguridad[43]. En marzo de 2025, un grupo armado asesinó a siete miembros de un grupo juvenil de Guanajuato. Las autoridades encontraron más de 50 casquillos de bala y agujeros en las paredes de la iglesia[44].
El padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial (CCM), explicó que el crimen organizado ha introducido una cultura de corrupción y muerte, lo que a su vez conduce a la desintegración social y alimenta una cultura de drogas y violencia relacionada con ellas[45].
En otros incidentes violentos ocurridos durante el período estudiado en este informe, un hombre intentó apuñalar al arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz, en la sacristía de la catedral al acabar la misa[46]. En respuesta, se organizó una campaña ciudadana para exigir a las autoridades que reforzaran la legislación para defender la libertad religiosa[47]. Al padre José Filiberto Velásquez, que había denunciado los conflictos entre bandas criminales, le atacaron cuando se encontraba en su coche, que recibió al menos dos impactos de bala[48]. Una banda armada robó varios coches que se habían detenido en una autopista debido a la densa niebla, entre ellos uno en el que viajaban Eduardo Cervantes Merino, obispo de Orizaba, y los sacerdotes que lo acompañaban, a quienes robaron sus pertenencias, incluido el anillo episcopal[49]. Al obispo Gonzalo Alonso Calzada Guerrero le robaron, le ataron y le abandonaron en una ladera[50]; unos asaltantes armados robaron una casa perteneciente a los Legionarios de Cristo, donde vivía el obispo de Cancún, Pedro Pablo Elizondo, con algunos de sus sacerdotes[51]; y el padre Abraham Hernández, de la parroquia de Cristo Salvador, en la capital, recibió amenazas de muerte por no pagar a cambio de protección[52]. El actual clima de impunidad favorece que las organizaciones criminales repitan estos actos de intimidación contra los miembros del clero que se resisten a sus exigencias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno que garantizara la seguridad efectiva de once miembros de la comunidad jesuita de Cerocahui, en Chihuahua, alegando que se encontraban «en una situación grave y urgente como consecuencia de las amenazas y el acoso por parte de grupos del crimen organizado»[53].
Durante el período que se estudia en este informe, además de los ataques contra la vida y la integridad física de religiosos y laicos, también se produjeron varios casos de vandalismo, delitos contra los sentimientos religiosos y graves obstáculos al ejercicio de la libertad religiosa. El informe del Centro Católico Multimedial señala que, en los últimos seis años, los ataques contra lugares de culto y las profanaciones han aumentado hasta alcanzar una media de 26 por semana[54].
La Asociación de Pastores Evangélicos denunció que los narcotraficantes del estado de Chiapas exigían el pago de 1500 dólares estadounidenses al mes en concepto de protección para permitir que las iglesias permanecieran abiertas[55]. Estas amenazas también se produjeron en la capital[56]. Tanto católicos como evangélicos denunciaron una ola de violencia que les obligó a cerrar sus lugares de culto[57], y la comunidad evangélica del estado de Hidalgo afirmó que se estaba acosando a sus líderes, lo que les obligaba a trasladarse. Cinco meses después, regresaron a sus lugares de origen, gracias a un acuerdo entre las autoridades estatales y municipales[58].
En este tiempo se produjeron varios casos de profanación, como el de la parroquia de Santa María Magdalena, en Kino, estado de Sonora, donde se destruyeron imágenes de santos[59]; en la ciudad de Jiutepec robaron el Santísimo Sacramento de la capilla del Señor de la Cosecha[60]; la iglesia de Santiaguito de Iruapato, en Guanajuato, sufrió un incendio provocado[61]; hombres enmascarados ataron a un sacerdote y robaron en la parroquia de San Luis Gonzaga, en Ciudad de México, llevándose los vasos litúrgicos de plata[62]; en la parroquia del Verbo Encarnado, en Ciudad Frontera, en el estado de Coahuila, los ladrones robaron varios objetos y profanaron el Santísimo Sacramento[63]; en la parroquia de San Felipe de Jesús, en la archidiócesis de San Luis Potosí, robaron cálices y copones con piedras preciosas y cámaras de vídeo[64]; un pastor evangélico de Estados Unidos destruyó una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe con un hacha como parte de su sermón[65]; y un hombre entró durante la misa en la iglesia del Espíritu Santo, en Culiacán, Sinaloa, donde destrozó varias imágenes religiosas y profanó la Eucaristía[66].
Un hombre murió durante un conflicto entre bandas criminales en la localidad de Santa Anita, en Guachochi, estado de Chihuahua, y la iglesia recibió cientos de impactos de bala, mientras que un sacerdote logró salvar a tres niños que quedaron atrapados en el fuego cruzado[67]; el portavoz de la arquidiócesis de San Luis Potosí expresó su preocupación por los constantes ataques contra iglesias en el centro histórico de la ciudad y el clima general de inseguridad[68]; y miembros de la Guardia Nacional entraron en la parroquia del Sagrado Corazón en Veracruz durante la misa dominical persiguiendo a un inmigrante que se había escondido en la iglesia[69].
Al igual que en períodos anteriores, las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, dieron lugar a actos de vandalismo contra la propiedad pública y privada, incluidas iglesias católicas, que fueron pintadas con aerosoles o dañadas de distintas formas en varios lugares del país, como Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Monterrey, León y Puebla. En Ciudad de México, los manifestantes encendieron fogatas delante de la catedral metropolitana y lanzaron fuegos artificiales por encima de las vallas que se habían erigido para proteger el edificio[70].
Los medios de comunicación evangélicos y laicistas denunciaron acoso por parte de los católicos. En diciembre de 2022, líderes comunitarios que intentaban impedir que los baptistas cultivaran sus tierras ataron a un árbol y golpearon a una mujer baptista de Hidalgo[71]. En Oaxaca prendieron fuego a una iglesia evangélica debido a que las autoridades eclesiásticas se habían negado a pagar una tasa relacionada con una fiesta patronal, y la comunidad acusó a la ciudad de denegar el permiso para reconstruirla, alegando que se trataba de una zona de mayoría católica[72]. En Chiapas, incendiaron una casa por intentar construir una iglesia evangélica en ella. La población local, en su mayoría indígena, practicaba tradicionalmente el catolicismo junto con las creencias indígenas, pero recientemente muchos indígenas han abrazado la fe evangélica[73]. Al menos 500 evangélicos se han tenido que desplazar de sus comunidades rurales en la región de Oaxaca tras negarse a renunciar a su fe[74]. Quienes se convierten a confesiones cristianas no católicas afirman ser objeto de agresiones, y tanto la policía como el ejército han tenido que intervenir para poner fin a los conflictos[75]. Los incidentes contra las comunidades evangélicas hicieron que el Congreso de Oaxaca ordenase a las ciudades locales que lucharan contra la intolerancia y pusieran en marcha programas para inculcar el respeto por las creencias religiosas[76].
Durante el período estudiado en este informe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupó de casos relacionados con la libertad religiosa. Se presentaron tres denuncias contra municipios de Yucatán que pretendían impedir la utilización de fondos públicos para financiar belenes, alegando que esto violaba el principio de laicidad del Estado. El asunto generó un amplio debate[77]. Finalmente, uno de los denunciantes retiró la demanda y, hasta la fecha, la Corte solo ha dictado sentencias preliminares sobre la cuestión[78]. La Iglesia católica participó en el debate y pidió que se respetara la libertad religiosa[79]. También surgió otra controversia relacionada con los cambios en el contenido de los libros de texto de primaria, que se distribuyen gratuitamente y se ajustan al programa «Nueva Escuela Mexicana» del presidente López Obrador, en el que se introdujo la ideología de género y principios socialistas marxistas con los que muchos padres no estaban de acuerdo. Se criticó la decisión de modificar el contenido sin la participación o la consulta previa de los diferentes agentes del ámbito educativo, tal y como exige la Ley de Educación[80].
Mientras tanto, los tribunales mexicanos fallaron a favor de la diócesis de Querétaro, que rechazó la solicitud de una persona transgénero de cambiar el sexo en su partida de bautismo «para que esta refleje su pretensión de ser mujer en vez de ser hombre». Este hecho implica el reconocimiento de la autonomía de las organizaciones religiosas[81].
El Tribunal Electoral dictó una sentencia en la que establecía que la figura de la «Santa Muerte», una imagen de un esqueleto que imita a la Virgen María y que se considera parte de un culto satánico, no representa un símbolo religioso y, por lo tanto, su uso en la propaganda electoral no viola el principio de la laicidad del Estado[82]. Por otro lado, determinó que las declaraciones realizadas por el cardenal Juan Sandoval podrían haber afectado al proceso electoral y, por lo tanto, violado la separación entre Iglesia y Estado. En un vídeo, había afirmado: «Si ganan los que están en el poder, vendrá el comunismo»[83].
El Instituto Electoral de Tamaulipas emitió una amonestación contra un sacerdote por violar el principio de laicidad al celebrar una misa al inicio de la campaña electoral[84].
En abril de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el derecho a la libertad religiosa no es absoluto, sino que está limitado por la Constitución, que establece que no ampara las prácticas religiosas que han sido tipificadas como delitos. La sentencia se refería al caso de una sacerdotisa de la religión «santería cubana» que había presentado una demanda para intentar modificar la constitucionalidad de delitos relacionados con prácticas consideradas perjudiciales para los animales[85].
En cuanto al poder ejecutivo, en noviembre de 2023, el entonces presidente López Obrador solicitó reunirse con la Conferencia Episcopal para discutir los problemas del país[86]. En abril de 2024, se hicieron virales unas fotos de camisetas con una imagen similar a la de la «santa muerte» y con lemas en apoyo a López Obrador. En su reacción, el presidente pareció tolerar la acción como una expresión de la libertad religiosa de los ciudadanos. El presidente añadió que todo el mundo tiene derecho a tener o no tener una religión, y que hay que respetar a los creyentes[87]. La Iglesia católica ha manifestado su preocupación por el culto a la «santa muerte» y la «narcocultura», que considera impulsores de la violencia y la cultura de la muerte[88]. Pocos días después, el expresidente acusó al cardenal Juan Sandoval de haber pedido a Estados Unidos que interfiriera en la campaña presidencial de 2006 para impedir su llegada al poder[89]. En octubre de 2024, en su primer mensaje tras ser elegida, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno respeta la libertad de prensa, así como la libertad religiosa y sexual[90].
Por otra parte, a petición de la Red Evangélica, la Secretaría de Educación de Veracruz emitió instrucciones para eximir a los alumnos de familias evangélicas de participar en las festividades del Día de Muertos, tradicionales en México, aunque no entre la comunidad evangélica[91].
En México siguen teniendo lugar manifestaciones de religiosidad popular en la esfera pública. Por ejemplo, en Oaxaca se celebra el Día de la Samaritana, durante el cual las jóvenes se disfrazan y reparten agua desde puestos decorados con flores[92]. La Semana Santa se celebra tradicionalmente en varias ciudades del país. San Luis Potosí y Guerrero acogen la Procesión del Silencio[93], y decenas de miles de jóvenes participan en la peregrinación al monumento de Cristo Rey en Guanajuato a finales de enero[94], cuyo tema en 2024 fue la libertad religiosa[95]. La peregrinación a la basílica de Guadalupe tiene lugar cada año alrededor del 12 de diciembre y, en 2024, más de 12 millones de personas la visitaron ese día[96].
La Iglesia católica desempeña un importante papel a nivel social y comunitario. Ante el aumento de la violencia, la corrupción y la impunidad, durante la Semana Santa de 2023, la Conferencia Episcopal, la Conferencia de Superiores Mayores, la provincia jesuita y una asociación laica convocaron un Diálogo Nacional por la Paz que se celebraría en la Universidad de Puebla en septiembre, y presentaron una propuesta a las autoridades y a la nación[97]. En 2024, la Iglesia facilitó el diálogo que dio lugar a una tregua entre los cárteles de la droga en el estado de Guerrero, zona azotada por la violencia[98]. Tras el tiroteo contra seis migrantes por parte del ejército en octubre de 2024, la arquidiócesis de México manifestó su apoyo a los derechos de los migrantes que atraviesan México en su camino hacia Estados Unidos, ofreciéndoles trabajo y educación alternativos. Estas acciones convierten a la Iglesia en blanco de las organizaciones criminales involucradas en la trata de personas y otras actividades ilegales[99].
En marzo de 2025, la Conferencia Episcopal manifestó su profunda preocupación por el descubrimiento de un campo de exterminio perteneciente a un cártel de la droga, en el que, al parecer, se habían quemado los cadáveres de unas 200 personas desaparecidas. Ofreció sus servicios para promover el diálogo y la cooperación con el fin de reconstruir el tejido social[100]. La Conferencia Episcopal Mexicana condenó la violencia y manifestó su preocupación por la existencia del crimen organizado a nivel social y la impunidad con la que se cometen los actos violentos[101].
Finalmente, en marzo de 2025, tras el descubrimiento del campo de exterminio y entrenamiento para el crimen organizado, la Conferencia Episcopal afirmó que había muchos sitios de este tipo en el país, y añadió que «estos hallazgos ponen en evidencia la omisión irresponsable de autoridades gubernamentales ante uno de los problemas críticos a los que se enfrenta el país: la desaparición de personas»[102].
Futuro de la libertad religiosa
México sigue enfrentándose a un panorama desolador de asesinatos de clérigos y laicos, así como de agresiones, extorsiones y profanación de lugares de culto y objetos sagrados, todo ello agravado por un clima de flagrante impunidad. El crimen organizado, el tráfico de drogas, los conflictos por la tierra y la corrupción continúan. Otros informes han concluido que México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el trabajo pastoral. Ante la falta de acción del Estado, en las zonas dominadas por el crimen organizado, los líderes religiosos alzan su voz contra la violencia y asumen el papel de protectores de sus comunidades. Esto los convierte en objetivos para imponer el miedo y el silencio a los habitantes de los pueblos, lo que a su vez permite a los grupos criminales seguir traficando con armas y drogas. La tensión que se genera en un país oficialmente laico, pero con una fuerte presencia religiosa, a menudo sale a la superficie en los debates y en las decisiones que se toman a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. Los llamamientos al respeto de la laicidad del Estado y al principio de separación entre la Iglesia y el Estado suelen suscitar sospechas sobre cualquier acción o decisión que reconozca la dimensión espiritual y/o religiosa de las personas. Las perspectivas de futuro, ya de por sí negativas, han empeorado tras los cambios en el Gobierno y en el poder judicial, que favorecen la impunidad y alientan la audacia de los delincuentes.
Los mexicanos se quejan de que su derecho a vivir en paz y seguridad se ha visto amenazado por una cooperación inesperada e implícita, difícil de cuantificar, entre la actividad de las bandas criminales y la omisión del Gobierno, lo que ha dado lugar a una espiral de violencia que priva a la población de los derechos humanos más básicos, como el derecho a la libertad religiosa.
Fuentes
México