MOZAMBIQUE
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Mozambique, según la Constitución de 2004, es un Estado laico que consagra la separación entre el Estado y las confesiones religiosas (artículo 12.1 y 2)[1], principio que no puede modificarse (artículo 292.c). La Constitución reconoce la libertad de las confesiones religiosas para organizarse conforme a la legislación estatal (artículo 12.3), así como su «derecho a perseguir libremente sus fines religiosos y a poseer y adquirir bienes para alcanzar sus objetivos» (artículo 54.3). El Estado «reconocerá y valorará las actividades de las confesiones religiosas dirigidas a fomentar un clima de comprensión, tolerancia y paz, y de promoción de la unidad nacional, el bienestar material y espiritual de los ciudadanos y el desarrollo económico y social» (artículo 12.4).
La Constitución garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y los mismos derechos, sin discriminación por motivos religiosos (artículo 35); a su vez, prohíbe toda discriminación, persecución, prejuicio o privación de derechos, o la concesión de beneficios o exenciones de deberes por razón de su fe o práctica religiosa (artículo 54.2). Todos los ciudadanos son libres de «practicar o no una religión» (artículo 54.1) y su derecho a la libertad religiosa es inderogable incluso en caso de asedio o emergencia nacional (artículo 286).
El derecho a la objeción de conciencia está garantizado en el artículo 54.5.
No se puede impedir el acceso a la función pública por motivos de religión (artículo 251.1). Se prohíbe la utilización de medios informáticos para el registro y tratamiento individual de los datos personales relativos a las convicciones filosóficas o ideológicas o a la fe religiosa (artículo 71.1). Los partidos políticos no pueden utilizar nombres «que contengan expresiones directamente relacionadas con alguna confesión religiosa o Iglesia, ni emblemas que puedan confundirse con símbolos nacionales o religiosos» (artículo 76). Las asociaciones profesionales y los sindicatos deben ser independientes de las Iglesias o confesiones religiosas (artículo 86.3). El artículo 39 prevé que la ley castigue «cualquier acto destinado a atentar contra la unidad nacional, perturbar la armonía social o crear divisiones o situaciones de privilegio o discriminación» basados en la religión, entre otros motivos. El Estado garantizará la protección de los lugares de culto (artículo 54.4). La educación estatal no puede seguir directrices religiosas o ideológicas particulares (artículo 113.5). La ley establece los efectos civiles del matrimonio religioso y los requisitos para su inscripción (artículo 119.4). Las ONG, incluidas las religiosas, tienen que registrarse en el Ministerio de Justicia[2].
Mozambique es un país predominantemente cristiano, con 5,7 millones de católicos y 2,5 millones de protestantes, y cuenta con una gran comunidad musulmana de 3,6 millones de fieles, en su mayoría suníes. Los musulmanes son mayoría en las provincias septentrionales de Niassa (61 %), Cabo Delgado (54 %), y en las zonas costeras[3]. El sur de Mozambique y sus principales ciudades son predominantemente cristianos. La Iglesia brasileña neopentecostal universal del Reino de Dios ha experimentado una rápida expansión en el país[4] y 3,1 millones de mozambiqueños pertenecen a las Iglesias sionistas. Las religiones tradicionales africanas también cuentan con una gran representación, sobre todo en las regiones rurales. En la provincia de Cabo Delgado (donde se han producido la mayor parte de los atentados yihadistas), los católicos son constituyen en torno al 36 % de la población, junto a comunidades más pequeñas protestantes y sionistas[5].
Las relaciones entre la República de Mozambique y la Santa Sede, basadas en los principios de cooperación, independencia y autonomía, se rigen por un acuerdo firmado en 2011[6] que reconoce a la Iglesia católica de Mozambique «personalidad jurídica y el derecho a llevar a cabo su misión apostólica, garantizando el ejercicio público de sus actividades, realizadas directamente o a través de sus instituciones, de conformidad con el ordenamiento jurídico mozambiqueño y sus principios éticos» (artículo 5.1). El acuerdo afirma el derecho de la Iglesia católica «a ejercer actividades pastorales, espirituales, formativas y educativas en todas sus instituciones de formación, educativas, sanitarias y de servicios sociales» (artículo 12). Los matrimonios católicos tienen efectos civiles una vez inscritos (artículo 14.3). El secreto de confesión, que incluye el derecho a negarse a declarar ante los órganos del Estado, es inviolable, al igual que los archivos eclesiásticos (artículo 10). Se reconoce la educación católica, incluido el derecho a la enseñanza religiosa en instituciones católicas (artículo 15).
Los líderes religiosos han desempeñado un papel activo en la consolidación de la paz. El 3 de enero de 2022, líderes cristianos y musulmanes emitieron conjuntamente la Declaración Interreligiosa de Pemba, en la que se comprometían a promover los valores auténticos de la religión y a evitar que la fe (en particular el islam, que se ha visto afectado de manera desproporcionada por los prejuicios) se asocie con la violencia o la división social[7].
En mayo de 2022, el Parlamento de Mozambique aprobó enmiendas a la ley antiterrorista, que el presidente Filipe Nyusi promulgó al mes siguiente. La legislación revisada impone penas severas, de hasta ocho años de prisión, a los individuos que reproduzcan públicamente declaraciones falsas sobre actos terroristas[8]. Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Instituto de Medios de Comunicación de África Meridional (MISA-Mozambique) y el Comité para la Protección de los Periodistas, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que la vaga definición de «declaraciones falsas» se pueda utilizar para suprimir la información sobre la insurgencia islamista en Cabo Delgado, lo que supondría una grave amenaza para la libertad de prensa[9].
En octubre de 2024, Mozambique celebró elecciones generales. En diciembre, el tribunal electoral superior confirmó los resultados, reafirmando el control del poder por parte del partido Frelimo. Daniel Chapo fue nombrado presidente, mientras que el candidato opositor, Venancio Mondlane, obtuvo el 24 % de los votos[10]. Tras el asesinato de dos destacadas figuras de la oposición, estallaron manifestaciones en todo el país, produciéndose una violencia generalizada que dejó más de 300 muertos. Estas muertes se atribuyeron a las fuerzas de seguridad[11].
Incidentes y acontecimientos
Aunque siguen existiendo discrepancias sobre el origen del grupo, la rama mozambiqueña del Estado Islámico (ISM), conocida localmente como Al-Shabab (sin relación con la organización somalí), comenzó en 2007 como una organización religiosa llamada Al-Sunna wa Yamaa (ASWJ) que pretendía que Mozambique tuviera un gobierno musulmán y aplicara la sharía[12]. Como suborganización del Consejo Islámico de Mozambique, Al-Sunna wa Yamaa reclutaba miembros «a través de contactos familiares y mezquitas radicales donde se predicaba una ideología en contra del Estado y una interpretación más estricta del islam»[13]. En 2019, Al-Sunna wa Yamaa se adhirió oficialmente al Estado Islámico y empezó a operar como Estado Islámico-Provincia de África Central (ISCAP). En 2022, estableció un vínculo aún más estrecho con la marca del Estado Islámico para atraer recursos, legitimidad y reclutas, y Estado Islámico-Provincia de África Central fue reconocida oficialmente como una provincia independiente del Estado Islámico, dando lugar a la denominación Estado Islámico-Mozambique (ISM)[14].
Al-Sunna wa Yamaa surgió como grupo terrorista salafí en octubre de 2017 lanzando repetidos ataques en la provincia nororiental de Cabo Delgado contra civiles, tanto cristianos como musulmanes, que rechazaban la ideología extremista. Entre 2017 y 2018, el grupo llevó a cabo 66 ataques y, en 2019, intensificó sus agresiones contra centros urbanos e infraestructuras estratégicas, entre ellas un importante proyecto de gas natural licuado.
En 2020, Estado Islámico-Provincia de África Central tomó por un breve período de tiempo la ciudad portuaria de Mocímboa da Praia, interrumpiendo rutas clave de transporte. Sin embargo, desde 2021 las intervenciones militares internacionales han debilitado significativamente al grupo, lo que ha provocado un cambio de enfoque, pasando de la población civil a objetivos estatales e infraestructuras energéticas, y ampliando sus operaciones más allá de Cabo Delgado a provincias vecinas y a través de la frontera con Tanzania[15].
En octubre de 2023, un estudio cofinanciado por la Unión Europea y elaborado por la organización católica Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (CIDSE) observó que, aunque el conflicto «se ha atribuido sistemáticamente a los grupos yihadistas islámicos respaldados por el Estado Islámico-Provincia de Siria e Irak, los analistas y las víctimas señalan que el control de la tierra y los recursos minerales son las verdaderas raíces de los conflictos». CIDSE informó de que las poblaciones locales estaban siendo «expulsadas de sus tierras por empresas transnacionales para dar paso a sus proyectos y a los de otros prospectores»[16].
A finales de 2023 y durante la primera mitad de 2024, Estado Islámico-Mozambique intensificó sus operaciones y se expandió a nuevas zonas, como los distritos de Chiure y Mecúfi, en el sur de Cabo Delgado. El grupo llevó a cabo masacres, secuestros y otros ataques, lo que provocó el desplazamiento de más de 200 000 personas. A pesar de las intervenciones internacionales, Estado Islámico-Mozambique aprovechó las deficiencias en la gobernanza para reconstruir y consolidar su control territorial, empleando estrategias que recuerdan a las campañas del Estado Islámico en Irak, Siria y Libia[17].
En respuesta a la escalada de la insurgencia en Cabo Delgado, el Gobierno de Mozambique adoptó un enfoque múltiple. A partir de 2017, las autoridades cerraron las mezquitas sospechosas de fomentar el extremismo. A mediados de 2021, el Gobierno solicitó formalmente ayuda regional, lo que provocó el despliegue de la Misión de la Comunidad de Desarrollo de África Austral en Mozambique (SAMIM), junto con más de 1000 soldados ruandeses[18]. Estas fuerzas combinadas lograron recuperar lugares estratégicos clave, como Mocímboa da Praia y Mbau[19].
António Juliasse, obispo de Pemba, describió Cabo Delgado como una región marcada por siete años de desplazamientos, violencia y crisis humanitaria. La inseguridad ha impedido a miles de personas cultivar sus tierras, lo que ha agravado el hambre, las enfermedades y la destrucción de las infraestructuras sanitarias. La educación también se ha visto gravemente afectada. Desde 2017, la insurgencia islamista ha causado más de 6000 muertes y ha desplazado a casi un millón de personas. Según el obispo, la paz sigue siendo difícil de alcanzar en Cabo Delgado[20].
En 2023, por primera vez, los incidentes violentos relacionados con el Estado Islámico-Mozambique disminuyeron en un 27 % y las muertes en un 43 %[21]. Aunque el grupo seguía contando con el apoyo de redes yihadistas transnacionales, el número de militantes activos se redujo en 2020 de 2500 a 300[22]. Estas cifras pueden atribuirse a la eficacia militar de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Mozambique, junto con sus aliados regionales, la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y las Fuerzas de Defensa de Ruanda, que recuperaron territorio y desarticularon las líneas de suministro y los refugios del Estado Islámico-Mozambique. Además, en agosto de 2023, las Fuerzas de Defensa y Seguridad anunciaron la muerte de Bonomade Machude Omar, el máximo comandante del Estado Islámico-Mozambique, junto con dos de sus adjuntos, lo que creó un vacío de liderazgo y fragmentó las estructuras de mando[23].
En octubre de 2023, TotalEnergies y ExxonMobil pusieron fin a la práctica de pagar subsidios directamente en las cuentas de unos 800 soldados mozambiqueños y ruandeses que formaban parte de una fuerza operativa conjunta encargada de proteger sus instalaciones. Se había aconsejado a las empresas que, para evitar implicaciones en posibles abusos de los derechos humanos, realizaran los pagos directamente al Gobierno de Mozambique[24]. Un boletín informativo del Estado Islámico de julio de 2020 destacaba el papel de las «compañías petroleras cruzadas» y los abusos de las fuerzas de seguridad contra la población civil como factores que justificaban el conflicto[25].
A pesar de la disminución general de la violencia, en el país continúan produciéndose ataques selectivos esporádicos y actos violentos, lo que indica un cambio estratégico: pasar de mantener el control del territorio a demostrar su alcance e imprevisibilidad para lograr el máximo impacto propagandístico[26].
El 15 de septiembre de 2023, en la aldea de Naquitengue, cerca de Mocímboa da Praia, en la provincia de Cabo Delgado, al menos 11 cristianos fueron asesinados por militantes afiliados al Estado Islámico. Según el misionero fray Boaventura, los agresores llegaron por la tarde, reunieron a los residentes y separaron a los cristianos de los musulmanes atendiendo a sus nombres y perfiles étnicos para ejecutar a los cristianos. Estado Islámico-Mozambique reivindicó la autoría de las 11 muertes, aunque el número real podría ser mayor, ya que hay noticias que mencionan heridos graves[27].
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, Estado Islámico-Mozambique llevó a cabo 57 ataques en el país, una media mensual que casi doblaba la del resto de 2023. En la provincia de Cabo Delgado, el grupo también ocupó la ciudad de Mucojo[28].
En enero de 2024, Estado Islámico-Mozambique reivindicó la autoría de ocho ataques anticristianos en tres distritos de Cabo Delgado, que causaron la muerte de diez civiles y la destrucción de más de 200 viviendas e iglesias[29]. Estos incidentes parecían estar directamente relacionados con una declaración realizada el 4 de enero por el portavoz del Estado Islámico, Abu Hudayfa al-Ansari, quien llamó a una ofensiva global bajo el lema «Matadlos dondequiera que los encontréis» (azora 2:191 del Corán), supuestamente en represalia por las bajas musulmanas en Gaza. La campaña instaba explícitamente a atacar a cristianos, judíos y los llamados apóstatas en todo el mundo. Estos acontecimientos sugerían una vinculación operativa entre los insurgentes mozambiqueños y la dirección central del Estado Islámico más estrecha de lo que se creía[30].
El 7 y 8 de febrero de 2024, Estado Islámico-Mozambique reivindicó la autoría de un ataque contra un puesto del ejército en la ciudad de Macomia, provincia de Cabo Delgado, en el que murieron 20 personas[31].
El 9 de febrero de 2024, unos insurgentes entraron en una aldea del puesto administrativo de Mazeze e incendiaron una iglesia. Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado y afirmó que había destruido «cuatro iglesias y una escuela cristiana» en esta aldea cercana a la frontera de la provincia de Nampula. Un sacerdote católico que presenció los hechos afirmó que «los tiroteos duraron una hora porque no había policía ni ejército»[32].
El 12 de febrero de 2024, el canal de Telegram pro Estado Islámico Bariqa publicó una foto y un vídeo en los que reivindicaba la autoría de un atentado contra un autobús de pasajeros en la provincia de Cabo Delgado, en el que murió el conductor. Se dice que los autores dejaron notas escritas a mano en inglés y portugués, firmadas por el denominado «gobierno del Estado Islámico de Mozambique». Los mensajes declaraban la guerra a los cristianos de todo el mundo y presentaban tres opciones: la conversión al islam, el pago de la yizia (impuesto de la ley islámica que grava a los no musulmanes) o la muerte[33].
El 15 de febrero de 2024, insurgentes musulmanes atacaron el distrito de Chiure, en la parte sur de la provincia de Cabo Delgado[34]. Estado Islámico-Mozambique reivindicó la autoría de los ataques de febrero a través de su periódico Al-Naba y de sus redes sociales, informando de la destrucción de 18 iglesias en nueve pueblos. El grupo también compartió imágenes de combatientes incendiando iglesias y profanando símbolos cristianos, entre ellos algunos crucifijos. Aunque Estado Islámico-Mozambique lleva mucho tiempo enmarcando su campaña como una guerra santa contra los «infieles», este ataque sistemático contra iglesias reflejaba un esfuerzo por proyectar autoridad e imitar las estructuras del Estado Islámico[35].
En octubre de 2024, tras las elecciones, en medio de denuncias de fraude electoral, unos hombres armados emboscaron un coche y asesinaron al alto cargo de la oposición, Paulo Guambe, y a Elvino Dias, asesor jurídico del líder opositor Venancio Mondlane. Desde entonces, se han denunciado decenas de asesinatos y secuestros. En noviembre de 2024, el Servicio de Investigación Penal anunció una investigación sobre los «asesinatos ilegales»[36]. En abril de 2025. [En línea]. Recuperado de: el fiscal general Américo Letela dio una respuesta evasiva en el Parlamento sobre las muertes de Guambe y Dias, y pidió «paciencia»[37].
Tras las elecciones presidenciales y parlamentarias del 9 de octubre de 2024, la Conferencia Episcopal Católica de Mozambique emitió un comunicado en el que condenaba los asesinatos y denunciaba graves irregularidades electorales, como el relleno de urnas, la falsificación de papeletas y la manipulación de resultados, así como los asesinatos selectivos de las figuras de la oposición Elvino Dias y Paulo Guambe. Los obispos describieron el período postelectoral como un tiempo marcado por un ataque sistemático a la democracia y defendieron el derecho a manifestarse. También destacaron la abstención electoral sin precedentes como prueba del profundo desencanto de la población con la integridad del proceso electoral. En respuesta, los obispos pidieron que se respetara el derecho a manifestarse, instaron a los jóvenes manifestantes a no dejarse instrumentalizar en actos de violencia y apelaron a la verdad y al perdón[38].
La violencia postelectoral tras las controvertidas elecciones de octubre de 2024 de Mozambique agravó el descontento público, aumentó el riesgo de que se reanudara el conflicto y reforzó los discursos insurgentes, mientras los grupos afiliados al Estado Islámico trataban de ampliar su influencia territorial[39].
En noviembre de 2024, Estado Islámico-Mozambique capturó y asesinó a cuatro cristianos en el distrito de Muidumbe, Cabo Delgado. A principios de ese mes, mataron a otro cristiano con una ametralladora en la misma región[40]. La fuerza ruandesa desplegada en Cabo Delgado, que ha aumentado hasta llegar a los 4000 militares, parecía incapaz de proporcionar una protección eficaz a la población civil[41].
Según investigaciones realizadas por ONG[42], durante el período estudiado en este informe, los grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico intensificaron los secuestros, las violaciones, los matrimonios forzados y la esclavitud sexual de niñas y mujeres jóvenes en Cabo Delgado. Las informaciones indican que entre las víctimas había niñas y mujeres cristianas, que corrían el riesgo de ser sometidas a matrimonios forzados si se habían convertido al islam[43].
En noviembre de 2024, el Consejo Islámico de Mozambique manifestó su disposición a mediar entre el Gobierno y los grupos yihadistas[44].
Futuro de la libertad religiosa
Las perspectivas para la libertad religiosa en Mozambique siguen siendo muy negativas. El período que se estudia en este informe, en particular el año 2024, se caracterizó por un fuerte aumento de la violencia anticristiana, con ataques sistemáticos contra iglesias, símbolos religiosos y comunidades religiosas, sobre todo en la provincia de Cabo Delgado.
La inestabilidad política generalizada socavó aún más la protección de los grupos religiosos. Las elecciones generales de 2024 se vieron empañadas por denuncias de fraude, violencia política y asesinatos selectivos de figuras de la oposición, tal y como denunció la Conferencia Episcopal Católica. La represión de las protestas pacíficas y la desconfianza generalizada de la población en las instituciones estatales han erosionado aún más el estado de derecho y profundizado las divisiones sociales.
En un contexto de expansión de la influencia yihadista, y de agitación política y debilidad de la autoridad estatal en gran parte del norte, el entorno para los derechos humanos y la libertad religiosa sigue estando profundamente comprometido.
Fuentes
Mozambique