MYANMAR (BIRMANIA)
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
En febrero de 2021, las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw) dieron un golpe de Estado contra el Gobierno democráticamente elegido liderado por la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y su Liga Nacional para la Democracia, que había llegado al poder tras su victoria electoral en noviembre de 2015 y había sido reelegida en noviembre de 2020[1].
Desde el golpe militar, el país se ha visto envuelto en una brutal guerra civil. A pesar de ello, sigue vigente la Constitución de 2008 de la República de la Unión de Myanmar (antes conocida como Birmania). Redactada por los militares antes de transferir el poder al control civil[2], protege formalmente la libertad religiosa de sus ciudadanos: «Todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a la libertad de conciencia y a profesar y practicar libremente su religión, sujetos al orden público, la moralidad o la salud y al resto de las disposiciones de la presente Constitución» (artículo 34). Aunque la Constitución reconoce el cristianismo, el islam, el hinduismo y el animismo como «las religiones que existen en la Unión en el momento de entrar en vigor la presente Constitución» (artículo 362), distingue la «posición especial del budismo como fe profesada por la gran mayoría de los ciudadanos de la Unión» (artículo 361)[3].
Se prohíbe «abusar de la religión con fines políticos» y se establece que «es contrario a la presente Constitución todo acto que tenga por objeto o pueda fomentar sentimientos de odio, enemistad o discordia entre comunidades o sectas raciales o religiosas. Se promulgará una ley que penalice dichos actos» (artículo 364).
Además de la Constitución, varias disposiciones del Código Penal de Myanmar se refieren a la religión y prohíben los delitos por motivos religiosos. El artículo 295 se refiere a los actos que destruyen, dañan o profanan un lugar de culto; el artículo 295.A, a los ultrajes a la religión; el artículo 296, a la perturbación de reuniones religiosas; el artículo 297, al allanamiento de lugares de culto y de entierro; y el artículo 298 se refiere a las ofensas a los sentimientos religiosos de otra persona. Todas estas disposiciones conllevan penas de entre uno y dos años de prisión y multas[4]. Estas normas son similares a las leyes contra la blasfemia de otros países. Aunque su objetivo es penalizar las expresiones o acciones consideradas ofensivas para las religiones o sus símbolos, en la práctica estas leyes suelen aplicarse de forma amplia y subjetiva, y a menudo se dirigen contra las minorías religiosas o las voces disidentes.
En mayo y agosto de 2015, el anterior Gobierno de Myanmar presidido por Thein Sein introdujo un paquete de cuatro leyes conocidas como leyes de «Protección de la Raza y la Religión», que siguen en vigor en la actualidad. En ellas, se establecen los requisitos para registrar matrimonios entre hombres no budistas y mujeres budistas, estipulando las obligaciones que debe cumplir el marido no budista y las sanciones en caso de incumplimiento, así como la normativa sobre la conversión religiosa y los requisitos para que un organismo gubernamental apruebe las conversiones[5].
La ley prohíbe al clero budista (sangha) participar en actividades políticas[6]. El artículo 121.i de la Constitución prohíbe a los miembros de «una orden religiosa» presentarse a cargos públicos y votar (artículo 392.a). La Constitución también prohíbe «el abuso de la religión con fines políticos» (artículo 364)[7].
Los monjes budistas y los centros educativos dependen del Departamento para la Perpetuación y Propagación de la Sasana (enseñanza budista) del Ministerio de Asuntos Religiosos, mientras que las nueve órdenes religiosas aprobadas dependen de la autoridad del Comité Estatal Sangha Maha Nayaka (SSMNC o Ma Ha Na). No se permite ninguna otra organización monástica budista[8].
El 10 de febrero de 2024, la junta militar gobernante emitió una orden para aplicar la Ley del Servicio Militar Popular de 2010, que impone el servicio militar obligatorio a todos los hombres de entre 18 y 35 años y a todas las mujeres de entre 18 y 27 años. Además, los hombres y mujeres «profesionales» pueden ser reclutados hasta los 45 y 35 años, respectivamente. Cualquier persona que intente eludir el alistamiento o ayudar a otros a eludir el servicio militar se expone a una pena de hasta cinco años de prisión[9].
Incidentes y acontecimientos
El régimen militar, que derrocó al Gobierno civil democráticamente elegido de Myanmar en un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021, sigue estando dirigido por el general Min Aung Hlaing, comandante en jefe de los Servicios de Defensa y presidente del Consejo Administrativo del Estado. El ejército sigue cometiendo graves violaciones de los derechos humanos contra la población en todo el país, incluidas violaciones de la libertad religiosa, que han aumentado y se han intensificado desde el golpe, especialmente durante el período estudiado en este informe.
La líder democráticamente elegida de Myanmar y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, está cumpliendo varias condenas por motivos presuntamente políticos que suman un total de 27 años. En 2024 fue trasladada de la prisión al arresto domiciliario por motivos de salud[10], pero dado que cumplió 80 años el 19 de junio de 2025, crece la preocupación por su salud y las condiciones de su reclusión. Es muy probable que, a menos que se produzca un cambio en Myanmar, muera en situación de arresto[11].
Según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, desde el golpe de Estado y hasta el 13 de junio de 2025, han sido detenidas por motivos políticos un total de 29 277 personas, de las cuales 22 125 siguen en prisión. La junta ha asesinado a al menos 6796 civiles[12]. Las Naciones Unidas estiman que más de 3,5 millones de personas se han visto desplazadas internamente por la guerra civil, y muchas más se han visto obligadas a huir como refugiados a través de las fronteras hacia los países vecinos[13]. El país está viviendo lo que los expertos de la ONU describen como su peor crisis humanitaria en muchos años, con casi un tercio de la población (15,2 millones) sufriendo una grave inseguridad alimentaria. En total, más de 19,9 millones de personas necesitan ayuda humanitaria[14].
Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, ha descrito la situación de los derechos humanos en Myanmar como «una de las peores del mundo», en la que se vive «una letanía de sufrimiento humano difícil de comprender»[15].
En su declaración de marzo de 2025 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el alto comisionado informó de múltiples violaciones, entre ellas decapitaciones, quemaduras, mutilaciones y el uso de escudos humanos: «El conflicto, los desplazamientos y el colapso económico se han combinado para causar dolor y miseria en todo el país. Los civiles están pagando un altísimo precio. El número de muertos por la violencia en 2024 fue el más alto desde que los militares lanzaron su golpe de Estado en 2021 [...]. La mayor parte de los civiles murieron en ataques aéreos y bombardeos de artillería brutales e indiscriminados realizados por los militares, que siguen perdiendo su control sobre el poder. Los ataques contra escuelas, lugares de culto, centros de salud, campamentos de desplazados y actos públicos causaron numerosas víctimas civiles y desplazamientos».
En estas declaraciones, se informó de que solo en 2024 murieron al menos 1824 personas, entre ellas 531 mujeres y 248 niños, si bien «estas cifras probablemente sean solo una pequeña parte de las reales, ya que no hay información verificada de varias zonas clave en las que se produjeron intensos combates»[16].
En Myanmar, el poder político, la identidad étnica y la afiliación religiosa están profundamente interrelacionados. Aunque el conflicto actual no es esencialmente de naturaleza religiosa, ha tenido importantes repercusiones sobre la libertad religiosa, que se ha deteriorado aún más durante el período estudiado en este informe. El ejército lleva mucho tiempo vinculado a una ideología nacionalista budista birmana extremista[17], intolerante con los grupos étnicos no birmanos y los grupos religiosos no budistas. Además, se ataca a los lugares de culto porque son centros comunitarios clave, y los líderes religiosos son blanco de ataques porque son figuras fundamentales para la comunidad, relacionados a menudo con la sociedad civil, la ayuda humanitaria y los grupos de resistencia étnica[18].
Desde el golpe militar, se han producido numerosos ataques contra iglesias cristianas. Los observadores estiman que entre 2021 y diciembre de 2023 se han destruido más de 220 iglesias en todo el país, entre ellas decenas de iglesias católicas solo en el estado de Kayah (Karenni)[19]. Es probable que esta situación se haya mantenido durante 2024 y principios de 2025[20].
En enero de 2023, los soldados incendiaron una de las iglesias católicas más antiguas e importantes del país, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Chan Thar, región de Sagaing. También prendieron fuego al convento cercano de las Hermanas Misioneras Franciscanas de María. Las religiosas se vieron obligadas a huir, junto con 3000 aldeanos cuyas casas fueron asaltadas[21].
En agosto de 2023, los ataques aéreos dañaron la iglesia María Madre de Misericordia en Htee Thaw Ku, una aldea de Loikaw, en el estado de Kayah, así como dos iglesias baptistas en el estado de Chin[22].
El 26 de noviembre de 2023, fue bombardeado el centro pastoral de la catedral de Cristo Rey en Loikaw, estado de Kayah, y al día siguiente los soldados lo ocuparon[23]. El obispo de la zona, Celso Ba Shwe, de Loikaw, tuvo que huir junto con los sacerdotes, las religiosas, los ancianos y los enfermos que se habían refugiado en la catedral[24].
En enero de 2024, unos soldados incendiaron una iglesia católica en el municipio de Ye-U, región de Sagaing[25].
Al mes siguiente, el 5 de febrero de 2024, un ataque aéreo alcanzó una iglesia rural del municipio de Demoso, en el estado de Kayah. Los días 11 y 12 de mayo de 2024, nuevos ataques aéreos destruyeron dos iglesias, una católica y otra baptista, así como varias viviendas, en el municipio de Tonzang, en el estado de Chin. El 15 de agosto de 2024, 11 civiles, entre ellos dos niños, murieron en un ataque aéreo contra una iglesia en la ciudad de Kyeintali, municipio de Gwa, estado de Rajine, mientras que otras 11 personas resultaron gravemente heridas[26]. En varias ocasiones a lo largo de 2024, al igual que en años anteriores, iglesias, escuelas y viviendas fueron bombardeadas en Mon Hla, región de Sagaing, ciudad natal del cardenal Charles Bo[27].
En febrero de 2025, menos de quince días después de haber sido consagrada como catedral de la recién creada diócesis de Mindat, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Mindat, estado de Chin, fue alcanzada por los ataques aéreos[28].
En marzo de 2025, la víspera del Día de San Patricio, las tropas de la junta incendiaron la catedral de San Patricio de Banmaw, estado de Kachin, destruyéndola por completo[29].
Es importante señalar que, aunque desde el golpe de Estado un número significativo de iglesias han sido objeto de ataques, los lugares de culto de otras religiones también se han visto afectados. El 8 de junio de 2024, por ejemplo, atacaron desde el aire un monasterio budista del municipio de Sagaing, región de Sagaing, causando la muerte de 13 personas, entre ellas tres monjes budistas[30]. También han atacado mezquitas islámicas y templos hindúes[31].
Es difícil obtener cifras precisas y actualizadas sobre el número de lugares de culto destruidos o dañados. Un informe de 2023 de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) reveló que, entre febrero de 2021 y abril de 2023, 190 lugares de importancia religiosa o sagrada fueron destruidos o dañados por bombardeos de artillería, ataques aéreos e incendios provocados. La CIJ determinó que el régimen militar era directamente responsable de al menos 158 de estos ataques. Además, denunciaron que en ese mismo período se habían llevado a cabo 64 redadas en lugares religiosos y edificios de culto en todo el país. La mayor parte eran lugares budistas, 15 fueron iglesias, 5 lugares de culto islámicos y un templo hindú. Se instalaron campamentos militares en 110 edificios religiosos de 12 estados y regiones. El Tatmadaw violó estos lugares llevando a cabo interrogatorios, deteniendo a personas e incluso utilizando estos lugares como campos de exterminio[32].
Además de bombardear, incendiar, destruir, profanar y ocupar lugares de culto, la junta también atacó a líderes religiosos. El ejemplo más destacado fue la detención del expresidente de la Convención Baptista de Kachin, el reverendo Hkalam Samson, en el aeropuerto internacional de Mandalay el 5 de diciembre de 2022. En abril de 2023, Samson, que había ocupado el cargo de presidente de la Convención entre 2018 y 2022 y el de secretario general durante dos mandatos anteriores, fue acusado de asociación ilícita, difamación al Estado y terrorismo, y fue condenado a seis años de prisión[33]. En abril de 2024, pusieron en libertad al clérigo durante una amnistía, pero le volvieron a detener en menos de 24 horas. Finalmente, fue puesto en libertad en julio de 2024[34].
Otros líderes religiosos también han sufrido ataques. El 16 de julio de 2023, el ejército secuestró a un pastor baptista y tres ancianos de la iglesia de Mindat, en el estado de Chin, y se cree que fueron asesinados[35].
El 18 de marzo de 2024, asesinaron a tiros a un pastor baptista kachin en el municipio de Mogaung, mientras que el 12 de abril de 2024, unos individuos enmascarados tirotearon a un sacerdote católico durante la misa en la iglesia de San Patricio de Mohnyin, aldea del estado de Kachin[36]. El 19 de junio de 2024, unos soldados dispararon y mataron al venerable Bhaddanta Muninda Bhivamsa, monje budista de alto rango, en un control de carretera en el municipio de Ngazun, en la región de Mandalay[37].
El 14 de febrero de 2025, el padre Donald Martin Ye Naing Win, sacerdote católico dedicado al trabajo pastoral y la educación de los jóvenes, fue asesinado en la región de Sagaing, zona bajo el control fragmentado de la resistencia. Según los testigos, el ataque lo cometieron unos diez militantes armados. Al día siguiente, miembros de la Fuerza de Defensa del Pueblo detuvieron a diez sospechosos vinculados a grupos de defensa locales, y posteriormente un tribunal identificado con el Gobierno de Unidad Nacional condenó a nueve de ellos a 20 años de prisión[38].
Además de los cristianos, los musulmanes también siguen sufriendo una grave discriminación y represión, en particular la etnia rohinyá en el estado de Rakáin, donde siguen siendo víctimas de atrocidades. Ya en 2017 fueron objeto de crímenes contra la humanidad y genocidio, lo que provocó el éxodo de más de 750 000 personas a través de la frontera con Bangladesh. Los que permanecen en Myanmar —aproximadamente 630 000— viven bajo lo que Human Rights Watch ha descrito como «un sistema de apartheid que los deja excepcionalmente vulnerables a nuevos enfrentamientos»[39].
El último incidente que afectó a los rohinyá tuvo lugar el 5 de agosto de 2024; al menos 200 civiles rohinyá murieron en ataques con drones y artillería en el municipio de Maungdaw, en el estado de Rakáin, cuando trataban de refugiarse a orillas del río Naf, junto a la frontera con Bangladesh. Conocida como la «masacre del río Naf», la mayor parte de las víctimas fueron mujeres y niños, según declaraciones de un grupo de organizaciones de la sociedad civil rohinyá. Los mismos grupos informaron de que los rohinyá habían huido a la orilla del río desde Maungdaw a consecuencia de los combates entre el Ejército Arakan, rebelde, y el ejército de Myanmar[40] y que, según declaraciones de testigos presenciales, los drones y la artillería habían sido lanzados desde las zonas controladas por el Ejército Arakan[41]: «La masacre del río Naf sigue el patrón de ataques similares con drones perpetrados por el Ejército Arakan en los barrios urbanos de la ciudad de Maungdaw y las aldeas rohinyá circundantes en las últimas semanas, en los que cada día han muerto decenas de civiles rohinyá. También coincide con informes sobre el terreno que indican que los civiles rohinyá están siendo objeto de ataques estratégicos por parte del Ejército Arakan y del ejército de Myanmar, además de verse atrapados indiscriminadamente en el fuego cruzado de su conflicto armado»[42].
Human Rights Watch ha confirmado estas informaciones, citando el testimonio de un aldeano de 18 años, que afirma: «Cuando huimos, el río Naf estaba lleno de cadáveres rohinyá»; igualmente, otro testigo informó de que «cada día asesinan y hieren a muchos aldeanos rohinyá»[43].
En febrero de 2024, el régimen militar de Myanmar decidió aplicar una ley de reclutamiento obligatorio que obligaba a alistarse en el ejército a todos los hombres de entre 18 y 35 años y a todas las mujeres de entre 18 y 27 años. Miles de personas intentaron huir del país[44] o se adentraron en la selva para unirse a grupos de resistencia armada con el fin de escapar del reclutamiento[45].
Las fuerzas armadas también han intentado reclutar activamente a los rohinyás, a pesar de que se les ha denegado repetidamente la ciudadanía desde que se introdujo la Ley de Ciudadanía de 1982. En virtud de esta legislación, solo los ciudadanos de Myanmar pueden servir en las Fuerzas Armadas[46].
El cardenal Charles Bo, arzobispo de Yangón y presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Myanmar, ha sido una voz incansable y valiente en favor de la paz, la justicia, la reconciliación, los derechos humanos y la libertad religiosa. En una entrevista realizada en mayo de 2024, describió el «estado de agitación y sufrimiento sin precedentes, que parece no tener fin» y que afecta a las minorías religiosas: «En la última década surgieron fuerzas fundamentalistas que tomaron como blanco a las religiones minoritarias». La situación ha empeorado considerablemente como consecuencia de la escalada de violencia tras el golpe de Estado. Según el cardenal Bo, «los ataques a los lugares de culto han obligado a muchas congregaciones a abandonar sus iglesias, lo que supone un duro golpe para comunidades predominantemente cristianas como la de Kachin»[47].
El papa Francisco mostró gran preocupación por la situación en Myanmar. En noviembre de 2024, rezó por el país diciendo: «Expreso mi cercanía a toda la población de Myanmar, en particular a quienes sufren por los combates en curso, sobre todo a los más vulnerables: niños, ancianos, enfermos y refugiados, entre los que se encuentran los rohinyá. Dirijo un sentido llamamiento a todas las partes implicadas, para que callen las armas y se abra un diálogo sincero e inclusivo, capaz de asegurar una paz duradera»[48].
Futuro de la libertad religiosa
El golpe militar del 1 de febrero de 2021 desencadenó una grave crisis humanitaria y de derechos humanos en Myanmar, lo que también provocó un notable deterioro de la libertad de religión o de creencias. Durante este período se han intensificado los ataques contra lugares de culto y contra cristianos, musulmanes e incluso monjes budistas críticos con el régimen.
Mientras el ejército conserve el poder, las perspectivas para la libertad religiosa seguirán siendo sombrías. Solo se podrá lograr una mejora significativa si se alcanza una paz duradera en todo el país, junto con el establecimiento de una auténtica democracia federal multipartidista que defienda los derechos humanos de las personas de todas las religiones y etnias.
Fuentes
Myanmar (Birmania)