NICARAGUA
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El 30 de enero de 2025, la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó una reforma constitucional que modificó las cláusulas relativas a la libertad religiosa[1]. El texto definitivo se publicó en febrero de 2025[2].
De acuerdo con su Preámbulo, la Constitución de Nicaragua emana del pueblo nicaragüense y se escribe en el nombre, entre otros, de «los cristianos que desde su fe en Dios se han comprometido e insertado en la lucha por la liberación de los oprimidos»[3].
El artículo 3 de la Constitución establece que el Estado nicaragüense se fundamenta en los valores cristianos, y asimismo garantiza «la libertad de culto, de fe y de prácticas religiosas, en estricta separación entre el Estado y las Iglesias» (artículo 11)[4].
En cuanto a su política exterior, la Constitución de Nicaragua proscribe «todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, así como la intervención en los asuntos internos de otros Estados» (artículo 12)[5].
El principio de la nación incluye el reconocimiento de los Pueblos originarios y los nicaragüenses afrodescendientes (artículo 7)[6]. Una ley promulgada en agosto de 2021 penaliza la discriminación contra los miembros de estos grupos y los anima a buscar puestos en el sector público y la Administración[7].
El artículo 21 de la Constitución establece que el Estado es laico y reitera la garantía de «libertad de culto, fe y prácticas religiosas, con estricta separación entre el Estado y las Iglesias». Añade que, «al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público». El artículo estipula además que las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero. El artículo 63 afirma que todas las personas tienen derecho individual y colectivo a manifestar sus creencias religiosas en privado y en público, siempre con respeto a los Principios Fundamentales establecidos en la Constitución[8].
La educación en Nicaragua es «laica» (artículo 113); sin embargo, la Constitución garantiza el derecho de los centros privados religiosos dedicados a la enseñanza a ofrecer religión como materia extracurricular[9].
Las comunidades de la Costa Caribe tienen garantizado un alto nivel de autonomía para desarrollarse de acuerdo con sus propias tradiciones históricas y culturales, aparándose el derecho a preservar «sus culturas, lenguas, tradiciones y costumbres» (artículo 166). En la reforma constitucional se eliminó una referencia anterior a la religión[10].
En noviembre de 2021, se suprimió el cargo de decano del cuerpo diplomático, ocupado históricamente por el nuncio apostólico[11].
En 2022 se aprobó una ley general[12] para regular y controlar las organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas las organizaciones religiosas y benéficas[13]. Está prohibido exhibir propaganda política en el interior o el exterior de iglesias y otros lugares de culto[14].
Nicaragua es signataria del Pacto de San José, Costa Rica, que reconoce la libertad de conciencia y de religión (artículo 12)[15].
Cambios legales que penalizan la libertad religiosa
En el período analizado, se han producido cambios legislativos contrarios a la libertad de religión y de creencias. En febrero de 2023 se publicó la «Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense» (Ley n.º 1145). Esta ley permite revocar la nacionalidad a las personas declaradas traidoras a la patria en virtud de la Ley n.º 1055 («Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz», promulgada en 2020)[16]. En febrero de 2023, 222 presos políticos, entre ellos varios líderes religiosos, fueron deportados a Estados Unidos, y en septiembre de 2024, 135 personas fueron enviadas a Guatemala: todos ellos fueron despojados de su nacionalidad en aplicación de esta ley[17].
En 2023 se publicó el Reglamento de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Este reglamento impone medidas coercitivas y mecanismos de supervisión política, y permite la revocación de la personalidad jurídica de las organizaciones civiles y religiosas, ya sea directamente mediante órdenes gubernamentales o indirectamente a través de una burocracia excesiva que conduce a la «disolución voluntaria». En mayo de 2023, 43 ONG habían optado por la «disolución voluntaria»[18]. La ley fue criticada por inconstitucional, por no garantizar el debido proceso y por violar derechos y libertades fundamentales. Entre abril de 2018 y diciembre de 2022, se cerraron más de 3000 ONG en Nicaragua. En agosto de 2024, el Gobierno canceló la personalidad jurídica de otras 1500 organizaciones, de las cuales un tercio eran religiosas[19].
En julio de 2023 se aprobó una ley de reforma de la policía[20] que tipifica como delito punible con al menos seis meses de prisión el incumplimiento de órdenes superiores «en perjuicio de la seguridad pública», y el abandono del servicio como «deserción», punible con penas de dos a tres años de prisión. Este hecho refleja un intento del Gobierno de controlar a las fuerzas policiales y le dota de herramientas para perseguir y reprimir a los disidentes dentro del cuerpo[21].
La ley sobre las ONG también ha repercutido sobre el periodismo, ya que muchos medios de comunicación estaban registrados como organizaciones sin ánimo de lucro, a menudo financiadas desde el extranjero[22]. Por otra parte, una ley sobre delitos informáticos ha permitido al Gobierno acusar y detener a activistas de la oposición y periodistas por difundir «noticias falsas» en las redes sociales[23]. Según Amnistía Internacional, el uso de estas leyes ha justificado la confiscación de los bienes de Iglesias y ONG, así como la criminalización de los servicios religiosos[24].
El proceso por el cual las Iglesias y las organizaciones de la sociedad civil pueden obtener personalidad jurídica está controlado por el Ministerio del Interior, que puede otorgar o revocar dicha personalidad. Esta centralización del poder puede utilizarse para discriminar o restringir la formación de nuevas organizaciones religiosas que no se ajusten a las políticas gubernamentales[25].
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada en 2020, y el Reglamento Especial para la Regulación de las Alianzas de Asociación y las Alianzas de Agentes Extranjeros de 2024 exigen que todas las personas u organizaciones que reciban financiación extranjera se registren en el Ministerio del Interior como agentes extranjeros. Esto incluye a las organizaciones religiosas que dependen de donaciones internacionales[26]. Los agentes extranjeros tienen prohibido intervenir en asuntos de política interior o exterior, lo que limita la capacidad de las organizaciones religiosas para expresar opiniones o participar en el debate público[27]. El incumplimiento puede dar lugar a la suspensión de actividades[28], multas considerables[29] y la confiscación de fondos y activos[30]. Estas sanciones afectan significativamente a la autonomía de las organizaciones religiosas y a su capacidad para operar libremente[31].
En agosto de 2024, se derogaron una serie de disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta, como la exención de este impuesto a «las Iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas que tengan personalidad jurídica, en relación con los ingresos obtenidos por la prestación de servicios y venta de bienes destinados exclusivamente a fines religiosos». Este cambio sometió a las Iglesias y confesiones religiosas al control de las autoridades fiscales y les obligó a pagar entre el 10 y el 30 % del impuesto sobre la renta. Esto se aplica a las limosnas, ofrendas y donaciones, bajo un régimen fiscal similar al aplicado al sector privado[32].
Estas reformas legales obligan a las organizaciones sin ánimo de lucro a trabajar con las instituciones estatales, ya que toda cooperación internacional requiere ahora la aprobación y autorización del Gobierno, lo que otorga al Estado el control sobre los recursos[33].
Incidentes y acontecimientos
Los ataques y violaciones de la libertad religiosa documentados en ediciones anteriores de este informe continuaron en 2023 y 2024. El aumento de la persecución religiosa ha sido condenado por organizaciones internacionales y ONG defensoras de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que manifestó su preocupación ante la persecución, las detenciones arbitrarias y la represión que se está produciendo[34]; la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), que identificó a Nicaragua como uno de los países del mundo que más vulneran la libertad religiosa en su informe de 2024[35]; el Colectivo de Derechos Humanos «Nicaragua Nunca Más», que denunció la persecución contra la Iglesia católica y contra sus miembros mediante la detención arbitraria de sacerdotes y del obispo Rolando Álvarez, la congelación de cuentas bancarias, el acoso, las agresiones, los desplazamientos forzados y los daños a los religiosos[36].
Detenciones arbitrarias y secuestros de religiosos
La organización no gubernamental Colectivo Nicaragua Nunca Más[37], junto con la abogada Martha Patricia Molina Montenegro (actualmente exiliada en Estados Unidos)[38] y la organización Monitoreo Azul y Blanco[39], han estado documentando hechos que denuncian la represión, las violaciones de los derechos humanos y la persecución religiosa bajo el régimen de Ortega. Durante el período que se estudia en este informe, las organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron numerosas detenciones que calificaron de arbitrarias, así como otros actos represivos contra figuras religiosas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que continuaban las detenciones sin orden judicial ni cargos formales, y que las autoridades ocultaban información sobre la situación o el paradero de los detenidos[40]. Según un informe de Christian Solidarity Worldwide (CSW), en 2024[41] se produjeron 46 casos de detención arbitraria de líderes religiosos. Un documento publicado por Martha Molina informó de que el régimen secuestró a un total de 20 sacerdotes, seminaristas y obispos entre agosto de 2022 y enero de 2024[42].
En febrero de 2023, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en el que denunciaba detenciones arbitrarias y condenas injustas. Uno de estos casos fue el del obispo Rolando Álvarez, de Matagalpa, detenido el 19 de agosto de 2022 cuando la policía entró por la fuerza en su curia. En febrero de 2023, se negó a subir a un avión que llevaba a otras 222 personas al exilio y fue condenado a 26 años de prisión[43]. También detuvieron a tres colaboradores laicos relacionados con el obispo[44]. Martha Molina informó de que uno de ellos, Mariví Andino, fue trasladada a una prisión donde se practica habitualmente la tortura. Otro, Julio Berríos, de 60 años, habría sido encarcelado sin acceso a atención médica a pesar de padecer una enfermedad grave y crónica[45]. Un sacerdote, que prefirió permanecer en el anonimato, afirmó que los colaboradores laicos de la Iglesia fueron sometidos a torturas psicológicas constantes durante su detención[46].
En mayo de 2023, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más criticó la detención arbitraria del padre Eugenio Pastor Rodríguez, el padre Leonardo Guevara y el padre Jaime Montesino[47].
En enero de 2024, la policía secuestró al sacerdote mexicano Ezequiel Buenfil Batún[48]. Ese mismo mes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado solicitando información urgente sobre el paradero del obispo Isidoro Mora, a quien se había hecho desaparecer por la fuerza en diciembre de 2023 después de que hubiera rezado públicamente por su compañero, el obispo encarcelado Rolando Álvarez[49]. En julio de 2024, detuvieron, interrogaron y pusieron bajo vigilancia al padre Frutos Constantino Valle Salmerón, administrador de la diócesis de Estelí[50]. En noviembre de 2024, el Gobierno detuvo y exilió al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense[51], y ordenó que todas las religiosas abandonasen el país antes de fin de año[52].
El Colectivo Nicaragua Nunca Más informa de que al menos 65 líderes religiosos de diversas confesiones han sido objeto de denuncias desde que el régimen de Ortega-Murillo los declaró enemigos en abril de 2018[53]. Otras ONG han indicado la práctica de irregularidades judiciales, señalando que a los acusados se les mantuvo en régimen de incomunicación[54].
Violaciones de los derechos fundamentales
No faltan ejemplos de violaciones de la libertad de religión y de creencias, así como de otros derechos fundamentales. La policía interrogó y registró a los peregrinos que se dirigían al Santuario Nacional de la Virgen de Cuapa, imposibilitándoles llegar a su destino[55]. Se impidió a los fieles del municipio de Masatepe celebrar el Día de los Difuntos[56]. Al padre Jalder Hernández, que había estado prestando servicio en Estados Unidos, se le denegó la entrada de vuelta a Nicaragua. Según la abogada exiliada Martha Molina, lo mismo le había ocurrido a otro sacerdote que pidió permanecer en el anonimato por temor a ser perseguido[57].
La organización Monitoreo Azul y Blanco comunicó que durante la Semana Santa de 2024 habían sido detenidos cuatro jóvenes de la ciudad de León por participar en un acto religioso. La organización registró 23 incidentes de violaciones de los derechos humanos y de la libertad religiosa durante la Semana Santa, en su mayoría relacionados con el acoso a feligreses durante las misas o procesiones, mediante la presencia de paramilitares que vigilaban a los fieles[58].
El 10 de agosto de 2024, el régimen detuvo a dos laicas, que siguen detenidas: Lesbia Gutiérrez, excoordinadora de una ONG que concede préstamos a pequeños productores, y Carmen María Sáenz, que trabajaba en casos de nulidades matrimoniales. Sus familias no han recibido ninguna información sobre su paradero[59].
En cuanto a la práctica religiosa en espacios públicos, en 2023 el Gobierno prohibió las procesiones de Semana Santa, obligando a la Iglesia a celebrar sus ritos en el interior[60]. En 2024, las autoridades prohibieron 4800 procesiones de Cuaresma y Semana Santa, aunque algunas parroquias organizaron procesiones alrededor de los edificios de las iglesias. Los ayuntamientos, todos controlados por el régimen, organizaron sus propias actividades religiosas sin la participación de la Iglesia católica[61]. En 2025, se prohibieron las procesiones por la calle por tercer año consecutivo y los medios de comunicación informaron de que el Gobierno tenía previsto desplegar 14 000 policías para impedir las procesiones de Semana Santa[62].
Además de la prohibición de las actividades religiosas públicas, hay testigos que relatan cómo es la vigilancia, el acoso y las amenazas por parte de agentes estatales dentro y fuera de las iglesias, dirigidas contra el clero, los laicos e incluso los niños[63]. Los sacerdotes deben presentarse semanalmente ante la policía para solicitar autorización para sus actividades religiosas[64].
Vandalismo, acoso y daños
Durante el período estudiado en este informe, se produjeron diversos actos de vandalismo contra iglesias e incidentes de acoso por parte de las autoridades estatales, como robos, destrucción de objetos litúrgicos y acoso al clero y a los feligreses en las inmediaciones de las iglesias.
Según el informe publicado en 2024 por Martha Molina, en 2023 se registraron 321 casos de hostilidad y persecución contra la Iglesia católica de Nicaragua, cifra que descendió a 117 casos en 2024. Aunque esto podría parecer un descenso de la intolerancia religiosa, el informe atribuye esta disminución al miedo a denunciar. Desde 2018, esta persecución se viene manifestando en forma de ataques, asedios, restricciones, prohibiciones, vetos y actos de terrorismo contra lugares de culto; robos, profanaciones, represión de laicos, pintadas y mensajes de odio, así como el cierre de organizaciones sin ánimo de lucro, medios de comunicación, organizaciones benéficas y la confiscación de sus bienes[65].
Expulsión, exilio, deportaciones arbitrarias y cancelación del estatus jurídico
Los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, detenidos en 2022 y 2023 respectivamente, fueron liberados en enero de 2024[66] y expulsados del país, junto con 15 sacerdotes y dos seminaristas que habían desaparecido y estaban detenidos como presos políticos[67]. Las autoridades afirmaron que las deportaciones se llevaron a cabo tras una «coordinación respetuosa y discreta» con el Vaticano[68]. En noviembre de 2024, también expulsaron al presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Herrera[69]. Pocos días después, exiliaron a tres miembros de la Orden del Santísimo Salvador, a la que se ha revocado el reconocimiento, entre ellos el sacerdote mexicano Ezequiel Buenfil Batún[70]. Hasta la fecha, se ha expulsado del país a cuatro miembros de la Conferencia Episcopal[71].
Según algunas informaciones, al menos 50[72] sacerdotes y religiosos han sido expulsados de Nicaragua, mientras que otras fuentes elevan la cifra a 97. Este total incluye a aquellos a los que se les ha impedido regresar tras pasar un tiempo en el extranjero por motivos de estudios, tratamiento médico, visitas familiares o actos religiosos[73]. Todas las versiones coinciden en que el país ha perdido un gran número de sacerdotes por traslado, exilio, denegación de entrada o expulsiones, además de los que han sido detenidos o han fallecido. Hay estimaciones que sitúan la cifra por encima de los 200 si se incluyen los encarcelados[74]; esto deja parroquias sin párrocos y priva a los fieles de los sacramentos, lo que afecta directamente a sus posibilidades de practicar su religión[75].
Muchos religiosos se han visto obligados a exiliarse tras la revocación del estatus legal de las instituciones a las que pertenecen. Durante el período estudiado en este informe, cientos de entidades y organizaciones religiosas se han disuelto arbitrariamente y se les ha obligado a cesar sus actividades[76]. Entre ellas figuran las Misioneras Consagradas del Santísimo Salvador[77], la Fundación Hermanas de la Caridad de Nicaragua[78], Cáritas Matagalpa, una de las sedes de la organización que gestiona la labor caritativa de la Iglesia[79], y la Iglesia Morava de la Mosquitia[80]. En enero de 2025, privaron de su estatus jurídico a más de 30 hermanas de la Orden de Santa Clara y las expulsaron de tres conventos; aún se desconoce su paradero[81].
Generalmente, estas cancelaciones se basan en supuestos incumplimientos como no haber presentado los estados de cuentas o no haber actualizado las actas del consejo de administración[82].
Incautación de bienes
Otra forma de persecución ha sido la confiscación de bienes inmuebles y activos pertenecientes a entidades religiosas, entre ellas universidades, residencias, monasterios, residencias de ancianos y colegios. Entre 2022 y 2023, se confiscaron alrededor de 15 propiedades de la Iglesia católica[83]. En mayo de 2023, el Gobierno «ordenó la congelación de las cuentas bancarias de la Iglesia católica nicaragüense, acusándola de “blanqueo de capitales”»[84].
En enero de 2024, el régimen de Ortega transfirió al Gobierno de China todas las propiedades que tenía el Gobierno de Taiwán en Nicaragua, incluidas las donadas a la Iglesia católica[85]. En abril de ese mismo año, se cerraron las cuentas bancarias de Radio María, se dice que por orden del Gobierno[86]. En enero de 2025, la Policía y la Fiscalía desalojaron y confiscaron el Centro Diocesano de Pastoral La Cartuja y el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga, ambos en la Diócesis de Matagalpa[87]. Ese mismo mes, agentes del Estado retiraron todo el mobiliario, los objetos religiosos y otros bienes de la Residencia Episcopal de Matagalpa —que también había sido confiscada y ocupada por la Policía Nacional— y los trasladaron a un lugar desconocido[88].
La diócesis de Matagalpa ha sido la que más ha sufrido la persecución. Han deportado a su obispo, Rolando Álvarez y a 14 sacerdotes, otros nueve se vieron obligados a exiliarse, a cuatro se les negó la entrada a Nicaragua tras viajar al extranjero y expulsaron a otros dos. También cerraron todos los medios de comunicación de la diócesis, entre ellos una cadena de televisión y nueve emisoras de radio[89].
Iglesias evangélicas
El régimen utilizó a las Iglesias con fines propagandísticos hasta que estas dejaron de servir a sus intereses. Hubo Iglesias evangélicas que manifestaron su apoyo al Gobierno y varios pastores le agradecieron públicamente que protegiera la libertad de culto en el país[90]. Un grupo de 147 Iglesias evangélicas afirmó que en Nicaragua se respeta plenamente la libertad religiosa y que es posible expresar libremente las propias creencias[91]. Sin embargo, esta no ha sido la experiencia de la mayoría.
El Ministerio Puerta de la Montaña, por ejemplo, obtuvo permiso para celebrar reuniones en espacios públicos en un momento en que otras Iglesias y religiones tenían prohibido hacerlo. En 2023, las actividades de esta Iglesia reunieron a unas 200 000 personas durante dos noches. Sin explicación alguna, el Gobierno acusó posteriormente a la Iglesia de blanqueo de capitales, le revocó la personalidad jurídica y confiscó sus bienes, detuvo a 11 pastores nicaragüenses y a dos abogados, a los que mantuvo incomunicados antes de condenarlos a penas de entre 12 y 15 años de prisión[92]. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de los pastores. Posteriormente, tras un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos, el régimen liberó a 135 presos políticos, entre ellos los misioneros y pastores a los que la Comisión había concedido medidas cautelares[93].
Discurso de odio e intolerancia religiosa
Otra expresión de intolerancia religiosa ha sido el discurso de odio. La copresidenta Rosario Murillo atacó públicamente a la Iglesia católica en al menos siete discursos durante un período de 45 días, utilizando diversos insultos. Describió a los sacerdotes como «servidores de Satanás», «representantes del demonio», «diablos», «blasfemos» y «falsos representantes de Dios»[94], y celebró que fueran expulsados[95].
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a los comentarios realizados por el obispo Rolando Álvarez en una entrevista concedida después de que le deportaran. En un comunicado, el Ministerio calificó al Vaticano de «depravado» y «pedófilo» y consideró que las declaraciones de los obispos constituían «un agravio e insulto a la soberanía y dignidad» del país. También se acusó al Vaticano de pretender otorgar cargos y poderes en Nicaragua a personas que dejaron de ser ciudadanos nicaragüenses[96].
Otros ejemplos de intolerancia incluyen el caso de una mujer encarcelada por publicar una oración religiosa en las redes sociales en la que pedía paz para el país[97]. Algunas parroquias también han tenido que suspender las misas porque el Gobierno organizó actos paganos en el exterior de las iglesias que causaron tanto ruido que los fieles no podían oír[98].
Futuro de la libertad religiosa
Durante el período estudiado en este informe, se intensificó la hostilidad del Gobierno hacia las Iglesias, violando gravemente el derecho fundamental a la libertad religiosa. La persecución se manifestó en detenciones arbitrarias, exilios, destierros, expulsiones, privación de la nacionalidad, profanación de ritos y símbolos religiosos, prohibición de celebraciones religiosas públicas y cientos de casos de revocación del estatus jurídico. Además, la reforma constitucional y la nueva legislación han dotado al régimen de los medios para ejercer un control total sobre las entidades religiosas. Las organizaciones internacionales consideran que Nicaragua es uno de los países con los niveles más altos de persecución religiosa. Las perspectivas para el futuro de este derecho fundamental siguen siendo profundamente preocupantes.
Fuentes
Nicaragua