PAKISTÁN
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Pakistán fue fundada como Estado laico en la época de la partición de la India, en 1947. No fue hasta mucho después cuando se empezó a reivindicar su carácter más fervientemente islámico, bajo la dictadura del general Muhamad Zia ul Haq (que se mantuvo en el poder entre 1977 y 1988), que dio a la ley islámica un papel más importante en el sistema jurídico de Pakistán.
La población es casi por completo musulmana, mayoritariamente suní, y el 90 % de ella sigue los preceptos de la escuela hanafí. Los chiíes representan un porcentaje menor (entre el 10 y el 15 %). Las minorías religiosas no musulmanas, entre las que se encuentran los cristianos, hindúes y ahmadíes, constituyen alrededor del 3 % de la población[1].
Los principales grupos étnicos son: punyabíes (44,7 %), pastunes (patan) (15,4 %), sindis (14,1 %), saraikíes (8,4 %), mujayires (7,6 %), baluchis (3,6 %) y otros (6,3 %)[2].
Pakistán es signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en 2010 ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, conforme al artículo 18, está obligado a garantizar la libertad de pensamiento, conciencia y religión de su pueblo.
Aunque el artículo 2 de la Constitución paquistaní de 1973 (restablecida en 2002 y modificada en 2018)[3] establece que «la religión del Estado de Pakistán será el islam», el mismo documento también garantiza los derechos de las minorías religiosas. De hecho, en el Preámbulo, afirma que «se adoptarán las disposiciones adecuadas para que las minorías profesen y practiquen libremente sus religiones y desarrollen sus culturas»[4]. Las dos cláusulas del artículo 20 (a y b) reconocen que «todo ciudadano tendrá derecho a profesar, practicar y difundir su religión», y que «toda confesión religiosa y todos los grupos que se derivan de ellas tienen derecho a fundar, mantener y gestionar instituciones religiosas propias».
Se establece que «no se obligará a nadie a pagar ningún impuesto especial cuyos beneficios se empleen en la difusión y mantenimiento de ninguna religión que no sea la propia» (artículo 21). El artículo 22.1 regula «las garantías para las instituciones educativas en materia de religión», apuntando claramente que «ningún individuo que asista a una institución educativa será obligado a recibir formación religiosa». También se estipula que «no se impedirá a ninguna comunidad o confesión religiosa impartir formación religiosa a los alumnos de dicha comunidad o confesión en cualquier centro educativo mantenido íntegramente por dicha comunidad o confesión» (artículo 22.3.a). Además, la Constitución establece que «no se denegará la admisión a ningún ciudadano en ningún centro educativo que reciba ayuda con cargo a los fondos públicos por motivos de raza, religión, casta o lugar de nacimiento» (artículo 22.3.b).
Sin embargo, la realidad es que este artículo no parece haberse aplicado plenamente, sobre todo después de que el Gobierno del primer ministro Imran Jan introdujera en 2021 el llamado Currículo Nacional Único[5] —que, en julio de 2022, pasó a denominarse Currículo Nacional de Pakistán— en las escuelas de educación primaria y las escuelas religiosas[6]. Este currículo nacional suscitó fuertes críticas de expertos en educación y defensores de los derechos humanos por su falta de inclusividad y su excesivo énfasis en los contenidos religiosos islámicos a expensas de las minorías religiosas[7].
En enero de 2024, el Ministerio de Educación Federal y Formación Profesional de Pakistán aprobó el Plan de Estudios de Educación Religiosa de 2023, una importante reforma para los grados 1 a 12 que responde a las demandas de mayor inclusividad que se venían planteando desde hacía tiempo. Anteriormente, los estudios islámicos eran obligatorios para todos los alumnos, independientemente de su religión. El nuevo plan de estudios permite a los alumnos no musulmanes estudiar sus propias tradiciones religiosas: fe bahaí, budismo, cristianismo, hinduismo, religión kalasha, sijismo y zoroastrismo[8]. Acogida con satisfacción por las comunidades minoritarias, la reforma fomenta la diversidad religiosa y representa un paso importante hacia la igualdad de oportunidades educativas en Pakistán[9].
En 2024, Pakistán promulgó la Ley de Registro de Madrasas de 2024, cuyo título oficial es Ley de Registro de Sociedades (Enmienda) de 2024. Esta ley constituye una importante reforma destinada a regular e integrar las madrasas (escuelas islámicas) en el marco educativo general del país. Aprobada en diciembre de 2024, la ley exige el registro obligatorio de todas las madrasas, la presentación de informes anuales y la realización de auditorías económicas para promover la transparencia y la responsabilidad. La ley prohíbe además los contenidos que promuevan la militancia o el sectarismo, fomenta la inclusión gradual de materias académicas contemporáneas y permite los estudios religiosos comparados en los planes de estudios de las madrasas. Al sustituir la obsoleta Ley de Registro de Sociedades de 1860 y transferir la supervisión de las autoridades locales a las nacionales, la enmienda tiene por objeto mejorar la gobernanza y garantizar la armonización de las normas educativas religiosas y nacionales[10]. No obstante, a pesar de algunos avances positivos, múltiples estudios indican que el camino hacia la eliminación de la discriminación contra las minorías en el ámbito de la educación sigue siendo largo y difícil, como se detallará en la sección de incidentes[11].
Una disposición discriminatoria de la Constitución pakistaní establece que «no podrá ser elegido presidente ningún individuo que no sea musulmán» (artículo 41) y el primer ministro también tiene que ser musulmán (artículo 91.3). Asimismo, conforme al artículo 203, el Tribunal Federal Islámico tiene competencia para invalidar cualquier ley contraria al islam y sugerir las enmiendas pertinentes[12].
La Constitución hace además distinción entre musulmanes y no musulmanes (artículos 260.3.a y b), lo que alimenta las actitudes discriminatorias por motivos religiosos. También declara a la comunidad ahmadí minoría no musulmana.
Las denominadas Leyes contra la blasfemia —añadidas por el general Zia ul Haq entre 1982 y 1986 al Código Penal de Pakistán[13], en concreto los artículos 295.B, 295.C, 298.A, 298.B y 298.C— restringen gravemente la libertad de religión. Profanar el Corán e insultar al profeta Mahoma constituyen delitos punibles que conllevan penas máximas de cadena perpetua y muerte, respectivamente. Además, el concepto de «blasfemia» es bastante amplio y con frecuencia se abusa de él, castigándose diversos tipos de conducta, como la irreverencia hacia las personas, los objetos de culto, las costumbres y las creencias.
Al incorporar los artículos 298.B y 298.C al Código Penal de Pakistán, el general Zia ul Haq tipificó como delito que los ahmadíes se autodenominaran musulmanes, emplearan términos y apelativos asociados al profeta Mahoma, practicaran ritos musulmanes en el culto o propagaran su fe.
En los artículos 295, 295.A y 298 se reconoce oficialmente la protección general contra cualquier forma de ofensa y menosprecio a toda religión, pero los artículos 295.B, 295.C, 298.A, 298.B y 298.C se refieren a conductas consideradas blasfemas exclusivamente contra la religión islámica. Dado que el ordenamiento jurídico paquistaní se basa no solo en el Derecho común sino también en la sharía, estas normas se aplican únicamente a favor del islam[14]. Por lo tanto, no es casualidad que desde el nacimiento de Pakistán en 1947 hasta 1986 solo se registraran seis casos de blasfemia, mientras que entre 1987 y 2023, tras la introducción de los artículos mencionados, se produjeran 2449 casos, según el Centro para la Justicia Social con sede en Lahore[15].
Además, el número de miembros de minorías religiosas acusados de blasfemia es muy desproporcionado en relación con su porcentaje en la población. El mayor número de acusados (1279, es decir, el 52,23 %) son musulmanes, seguidos de los ahmadíes (783, el 31,93 %), los cristianos (291, el 11,88 %) y los hindúes (45, el 1,84 %), mientras que en 52 casos (el 2,12 %) no se pudo confirmar la religión de los acusados. Esto significa que el 45,6 % de las acusaciones (1118 casos) se dirigen contra miembros de comunidades minoritarias, cifra significativamente desproporcionada en comparación con su tamaño demográfico, que representa solo el 3,5 % de la población[16].
El elevado número de asesinatos y actos violentos que se producen como consecuencia de acusaciones de blasfemia sigue siendo motivo de gran preocupación. Así lo demuestran los casos ocurridos durante el período estudiado en este informe en Nankana Sahib, Jaranwala, Sargodha, Madyan y Umerkot[17]. Entre 1994 y 2024, un total de 109 personas acusadas de blasfemia murieron asesinadas extrajudicialmente en actos de violencia colectiva en todo Pakistán. Entre las víctimas, 67 eran musulmanes (64 %), 26 cristianos (25 %), siete ahmadíes, uno hindú, uno budista y dos personas cuya afiliación religiosa no se dio a conocer[18].
Un hecho destacado acaecido en el período estudiado en este informe fue la aprobación por unanimidad, el 23 de junio de 2024, de una resolución de la Asamblea Nacional de Pakistán en la que se condena el aumento de los linchamientos colectivos, en particular en Swat y Sargodha. La Asamblea Nacional subrayó que tales actos son intolerables en cualquier sociedad civilizada e instó a los gobiernos federal y provinciales a garantizar la protección de los ciudadanos, especialmente de las minorías religiosas y los grupos vulnerables. Además, pidió a las autoridades de Jaiber Pastunjuá y Punyab que investigaran y juzgaran sin demora a los autores[19]. Cabe destacar también la resolución unánime aprobada en junio de 2024 por la Asamblea Provincial de Punyab, en la que se condena la violencia relacionada con la blasfemia y se subraya la necesidad de proteger a todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación religiosa. La resolución se adoptó en respuesta al linchamiento en Swat de un turista acusado de profanar el Corán[20].
El 17 de enero de 2023, la Asamblea Nacional de Pakistán aprobó por unanimidad el proyecto de ley sobre leyes penales, enmienda al artículo 298.A del Código Penal de Pakistán; esta enmienda aumenta de tres a diez años la pena para quienes falten al respeto a las esposas, la familia y los compañeros del Santo Profeta, además de imponer una multa de un millón de rupias. Maulana Abdul Akbar Chitrali, miembro del partido Jamat-e-Islami Pakistan, presentó el proyecto y afirmó que, en caso de falta grave, la pena debería aumentarse a cadena perpetua[21]. El Senado de Pakistán aprobó oficialmente la enmienda el 7 de agosto de 2023[22].
En noviembre de 2023 se produjo un avance notable cuando el Tribunal Supremo de Pakistán ordenó a las autoridades de Jaiber Pastunjuá sustituir el término «Esai» por «Masihi» en todas las referencias oficiales a los cristianos. La decisión, que refleja las demandas históricas de la comunidad cristiana, reconoce «Masihi» como apelativo respetuoso, en contraste con las connotaciones peyorativas y vinculadas a las castas de «Esai». Esta sentencia supone un paso importante hacia la mejora de la dignidad y la inclusión de los cristianos pakistaníes[23].
A pesar de que durante el período estudiado en este informe se han producido algunos avances jurídicos, la Comisión Nacional para las Minorías[24], reconstituida en 2020 para fomentar la armonía interconfesional y proteger a los no musulmanes, sigue careciendo tanto de eficacia institucional como de una representatividad adecuada[25]. El 7 de agosto de 2023, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley sobre la Comisión Nacional para las Minorías, pero dos días después el Senado se negó a estudiarlo después de que varias organizaciones de la sociedad civil manifestaran su preocupación por su ineficacia y porque no cumplía los Principios de París de las Naciones Unidas[26].
En diciembre de 2024 se presentó una versión revisada, que propone que sea un órgano compuesto por 13 miembros, nueve de ellos representantes de minorías, y que posea autonomía económica y administrativa[27]. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos siguen mostrándose críticos y advierten de que, sin poderes legales ni independencia institucional, la comisión corre el riesgo de ser meramente simbólica. Los críticos también denuncian la exclusión de la comunidad ahmadí y argumentan que mantener la comisión bajo la tutela del Ministerio de Asuntos Religiosos, en lugar de la del Ministerio de Derechos Humanos, socava su potencial independencia y su seguimiento de las normas internacionales[28].
Como se detalla más adelante en la sección de incidentes, los secuestros, y las conversiones y matrimonios forzados siguen afectando a las minorías religiosas, en gran parte debido a la ausencia de garantías jurídicas eficaces. El 13 de octubre de 2021, una comisión parlamentaria rechazó un proyecto de ley contra la conversión forzada, tras la oposición del Ministerio de Asuntos Religiosos, a pesar de las protestas de los legisladores pertenecientes a minorías[29].
En julio de 2024, el Parlamento de Pakistán aprobó una enmienda a la Ley del Matrimonio Cristiano de 1872, por la que se elevaba de 16 a 18 años la edad mínima legal para contraer matrimonio para los cristianos, tanto hombres como mujeres. La enmienda entró en vigor el 23 de julio de 2024, tras ser promulgada por el presidente Asif Ali Zardari[30]. Aunque la Ley del Matrimonio Cristiano (Enmienda) de 2024 supone un paso importante hacia la protección de los menores, su alcance se limita actualmente al Territorio de la Capital de Islamabad. Conforme al artículo 144.1 de la Constitución, las asambleas provinciales deben adoptar su propia legislación; por otro lado, siguen aplicándose leyes personales como la Ley de Restricción del Matrimonio Infantil, que permite el matrimonio de las niñas a los 16 años, lo que limita el alcance de la enmienda únicamente a la capital.
A pesar de sus objetivos progresistas, la ley revisada mantiene varias disposiciones obsoletas de la ley original de 1872, como definiciones vagas de los oficiantes autorizados y la ausencia de sanciones por infracciones de procedimiento. Además, la cuestión pendiente de la conversión religiosa forzosa de las niñas cristianas al islam antes del matrimonio sigue siendo un obstáculo importante: una vez convertidas, quedan sujetas al derecho personal islámico, lo que hace inaplicables las protecciones de la Ley del Matrimonio Cristiano, eludiendo así las salvaguardias introducidas por la enmienda[31].
Pakistán ocupa el sexto lugar del mundo en cuanto a matrimonio infantil, contando con aproximadamente 19,36 millones de mujeres que, según los informes, se casaron antes de los 18 años[32].
El número de niñas hindúes y cristianas secuestradas, convertidas a la fuerza al islam y obligadas a casarse con sus secuestradores sigue aumentando en Pakistán. Según activistas hindúes y cristianos, cada año entre 500 y 1000 niñas son obligadas a casarse con hombres musulmanes y a convertirse al islam. Según datos del Centro para la Justicia Social, el 75 % de las niñas afectadas son menores de 18 años, y el 18 % menores de 14 años. El 16 % son adultas, mientras que no se ha podido determinar la edad del 9 % restante[33].
El aumento de los casos se debe en gran medida a la falta de protecciones legales integrales y a la desigual aplicación de las leyes existentes. Sind, que tiene un número particularmente alto de casos de este tipo, sigue siendo la única provincia que ha adoptado una legislación específica —la Ley de Restricción del Matrimonio Infantil de Sind (2013) — destinada a evitar los matrimonios de menores[34]. Aplicada por primera vez en 2020, la ley ha facilitado el regreso de algunas niñas secuestradas a sus familias. No obstante, esta ley sigue teniendo deficiencias importantes; por ejemplo, no tiene potestad para anular los matrimonios islámicos, ni siquiera cuando se ha establecido legalmente la minoría de edad de la niña[35].
El éxito parcial de la legislación de Sind, en comparación con la falta de recursos legales en otras provincias, pone de relieve la urgente necesidad de establecer protecciones similares a nivel nacional. Desgraciadamente, a las niñas sometidas a conversiones forzadas se les suele prohibir volver a su religión original. Un ejemplo destacado es el de Rayita Meghwar Kolhi, una niña hindú secuestrada en Sind en agosto de 2024. Dos meses después consiguió escapar de su cautiverio, pero no se atendieron sus repetidas súplicas pidiendo reunirse con su familia. En cambio, el tribunal ordenó su ingreso en un refugio para mujeres. Sin embargo, el mismo tribunal había permitido anteriormente que una niña musulmana en una situación similar regresara con su familia[36].
La Asamblea de Sind aún no ha promulgado una ley que prohíba explícitamente las conversiones forzadas. En 2016, la Asamblea aprobó por unanimidad un proyecto de ley de derecho penal para la protección de las minorías; sin embargo, no entró en vigor porque el gobernador del momento, presionado por los partidos religiosos, se negó a firmarlo[37].
Aunque no está directamente relacionada con la libertad de religión, es muy significativa una enmienda restrictiva a la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos de Pakistán, introducida en enero de 2025, debido a sus posibles implicaciones sobre la libertad de expresión, en particular para las minorías religiosas y los grupos políticos. La ley revisada impone penas más severas por difundir las denominadas «noticias falsas» y otorga al Gobierno de Pakistán una mayor autoridad para bloquear contenidos digitales. Desde que fue promulgada en 2016, esta ley ha sido objeto de numerosas críticas por su lenguaje ambiguo y sus disposiciones excesivamente amplias[38]. Como se analiza más adelante en este informe, varios casos de blasfemia ocurridos en el período estudiado estuvieron estrechamente relacionados con actividades en las redes sociales, lo que hace que las recientes enmiendas a la ley sean especialmente relevantes en este contexto.
Incidentes y acontecimientos
En los últimos años, Pakistán ha experimentado importantes cambios políticos. La destitución del primer ministro Imran Khan en abril de 2022 desencadenó un período de inestabilidad. El 11 de abril de 2022 fue sustituido por Shehbaz Sharif, del Partido Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), en medio de una grave crisis económica que provocó un rescate de 7000 millones de dólares estadounidenses por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio de 2024[39].
En las elecciones generales del 8 de febrero de 2024, el PML-N obtuvo 108 escaños, insuficientes para alcanzar la mayoría, pero suficientes para formar una coalición con el Partido Popular de Pakistán (PPP). Sharif fue reelegido primer ministro el 3 de marzo de 2024[40]. Las elecciones estuvieron acompañadas de acusaciones de fraude electoral e injerencia política. Desde entonces, el ejército ha reforzado aún más su influencia en las esferas política, económica y social de Pakistán[41].
En los últimos años, Pakistán también ha sido testigo de un profundo deterioro de la seguridad interna debido a la escalada de la amenaza terrorista. En 2025, el país ocupó el segundo lugar en el Índice Global de Terrorismo, su posición más alta desde 2014. Solo en 2024, las muertes relacionadas con el terrorismo aumentaron un 45 % en comparación con el año anterior, con un total de 1081 fallecidos. El número de atentados se duplicó con creces, pasando de 517 en 2023 a 1099 en 2024, la cifra más alta registrada desde la creación del Índice Global de Terrorismo. Ello supuso el quinto año consecutivo de aumento de las muertes, con el incremento anual más pronunciado de la última década[42].
El recrudecimiento del terrorismo está estrechamente relacionado con el regreso al poder de los talibanes en Afganistán en 2021. Las provincias de Baluchistán y Jaiber Pastunjuá, fronterizas con Afganistán, siguen siendo las más afectadas, registrándose en ellas más del 96 % del total de los atentados y víctimas mortales de 2024[43].
El Estado Islámico-Provincia de Jorasán, que apoya el objetivo más amplio del grupo Estado Islámico de establecer un califato global, se distingue por la importancia que concede a la yihad transnacional y por su extrema brutalidad. Con frecuencia ataca a civiles, minorías religiosas —sobre todo a los musulmanes chiíes— y facciones suníes rivales, como los talibanes. A medida que los talibanes fueron intensificando su represión contra el Estado Islámico-Provincia de Jorasán en Afganistán, muchos combatientes se fueron trasladando a Pakistán, donde están creando redes tanto en zonas urbanas como rurales. Este cambio ha provocado un fuerte aumento de la violencia, caracterizado por atentados cada vez más sofisticados contra las fuerzas de seguridad, las minorías religiosas y los actos públicos, lo que ha exacerbado la inestabilidad regional y profundizado las tensiones sectarias[44].
Terrorismo
Durante el período estudiado en este informe, numerosos atentados terroristas tuvieron como objetivo lugares de culto de Pakistán. Uno de los más devastadores se produjo el 30 de enero de 2023, cuando un terrorista suicida detonó explosivos dentro de una mezquita abarrotada en un recinto de alta seguridad de Peshawar, y provocó la muerte de al menos 100 personas[45]. Se trata del atentado más mortífero cometido en esta ciudad desde el doble atentado suicida perpetrado en 2013 en la iglesia de Todos los Santos[46].
En 2023, la comunidad sij de Pakistán sufrió un recrudecimiento de la violencia selectiva, especialmente en Peshawar, Jaiber Pastunjuá. El 24 de junio de 2023, asesinaron a tiros a Manmohan Singh, varón sij de 35 años, en lo que la policía calificó de ataque selectivo. El Estado Islámico reivindicó la autoría de este asesinato[47]. Este fue el tercer asesinato selectivo contra sijes ese año, lo que hizo aumentar el temor por la seguridad y el futuro de la comunidad. La consecuencia es que numerosos sijes se han visto obligados a cambiar de provincia dentro de Pakistán o a emigrar[48].
El 29 de septiembre de 2023, dos atentados suicidas con bomba tuvieron como objetivo actos religiosos celebrados en Pakistán: uno de ellos se produjo durante una procesión en conmemoración del nacimiento del profeta Mahoma en Mastung, Baluchistán, y el otro en una mezquita de Hangu, Jaiber Pastunjuá. Los atentados, coordinados, causaron la muerte de al menos 58 personas y heridas a más de 80[49]. Aunque ningún grupo reivindicó oficialmente la autoría, los analistas señalaron similitudes con las tácticas del Estado Islámico-Provincia de Jorasán[50].
La violencia contra los chiíes ha ido aumentando desde que el general Zia ul Haq adoptó una política de islamización del país en la década de 1980, pero la situación ha empeorado en los últimos años. El 21 de noviembre de 2024, hombres armados perpetraron una emboscada contra un convoy de pasajeros musulmanes chiíes que viajaban de Parachinar a Peshawar, en el distrito de Kurram, Jaiber Pastunjuá. El ataque, que duró aproximadamente 40 minutos, dejó al menos 42 muertos, entre ellos seis mujeres, y alrededor de 20 heridos. El ministro federal del Interior, Mohsin Naqvi, condenó el ataque calificándolo de acto terrorista, aunque ningún grupo reivindicó la autoría[51].
Blasfemia
Como se señalaba en el marco jurídico, los casos de blasfemia han aumentado considerablemente durante el período que se estudia en este informe. Según los datos más recientes, al menos 225 personas fueron acusadas de blasfemia entre enero y mediados de agosto de 2024, además de los 329 casos registrados en 2023, lo que refleja una incidencia persistentemente alta de acusaciones de blasfemia año tras año[52].
El 11 de febrero de 2023, en Nankana Sahib (Punyab), Muhammad Waris fue acusado de blasfemia porque supuestamente había profanado el Corán. Waris, al que habían absuelto de cargos similares en 2019, se hallaba detenido en la comisaría de Warburton cuando una turba, incitada en parte a través de las redes sociales, irrumpió en la comisaría, redujo a los agentes de policía, sacó a Waris por la fuerza, lo linchó e intentó prender fuego a su cuerpo[53].
Uno de los incidentes más graves relacionados con acusaciones de blasfemia tuvo lugar el 16 de agosto de 2023 en Jaranwala, provincia de Punyab, donde una turba violenta atacó a la comunidad cristiana local tras acusar a dos hombres cristianos de profanar el Corán. La violencia provocó la destrucción de al menos 22 iglesias y el incendio de más de 90 viviendas cristianas. Se dice que los disturbios fueron causados por anuncios en las mezquitas locales y en las redes sociales en los que se pedía a los musulmanes que se movilizaran. En respuesta, cientos de personas armadas con palos y piedras irrumpieron en el barrio cristiano[54]. A finales de junio de 2024, solo dos personas seguían en prisión en relación con los ataques de Jaranwala. Una de ellas es Pervez Kodu, cristiano acusado de contribuir a la acusación falsa de blasfemia contra los dos hermanos cristianos; la otra es un musulmán. Mientras tanto, hasta 300 personas detenidas por violencia colectiva han sido puestas en libertad, lo que pone de relieve que en estos casos siguen sin depurarse las responsabilidades[55].
El incidente de Jaranwala fue claramente obra de una campaña de desinformación y contenidos incendiarios difundidos a través de las redes sociales. Plataformas como Facebook y WhatsApp desempeñaron un papel fundamental en la difusión de la incitación, incluyendo vídeos que instaban a la gente a movilizarse contra los cristianos acusados de blasfemia. Acusaciones falsas y mensajes cargados de emotividad cogieron fuerza rápidamente, acrecentando la indignación de la gente. Los medios de comunicación tradicionales agravaron aún más la situación. El incidente ilustra cómo los medios digitales y audiovisuales pueden manipularse para incitar a la violencia colectiva, especialmente contra las minorías religiosas, en un clima de miedo e intolerancia[56].
El 25 de mayo de 2024 los medios de comunicación participaron de forma similar cuando Nazir Masih, cristiano de 70 años de Sargodha, Punyab, fue víctima de un brutal linchamiento por parte de una turba tras ser acusado de blasfemia. Le propinaron una terrible paliza, saquearon su casa e incendiaron su zapatería. A pesar de recibir atención médica, el 3 de junio de 2024 murió a causa de las heridas. El caso fue especialmente alarmante, ya que toda la agresión fue filmada y retransmitida en directo en las redes sociales, mostrando imágenes de varios individuos golpeando al anciano mientras otros incitaban a la violencia[57]. A raíz de estos hechos, se abrió una causa penal contra 40 sospechosos identificados y más de 400 no identificados. Aunque inicialmente se detuvo a más de 60 personas, 52 fueron puestas en libertad bajo fianza, lo que suscitó una gran preocupación sobre la responsabilidad y la impunidad arraigada en la violencia colectiva relacionada con acusaciones de blasfemia[58].
En el caso del linchamiento de Sargodha, las entrevistas con familiares y habitantes de la zona revelaron que la intervención policial durante la agresión fue inadecuada y que a Nazir Masih le propinaron la paliza en presencia de agentes del orden. Este relato fue corroborado por vídeos difundidos en las redes sociales, que documentaban la incapacidad de la policía para dispersar a la turba[59].
Tras una misión de investigación sobre el ataque multitudinario ocurrido en Sargodha, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán concluyó que la violencia podría haber tenido su origen en una disputa personal, que posteriormente fue amplificada valiéndose de la religión para movilizar un apoyo más amplio e incitar a la indignación popular. El informe de esta Comisión destaca la existencia de un patrón preocupante en Pakistán, según el cual los conflictos individuales se reformulan como acusaciones de blasfemia, lo que a menudo da lugar a violencia colectiva. También señala un presunto vínculo entre el principal instigador y Tehreek-i-Labbaik Pakistan, partido político religioso de línea dura, lo que suscita una profunda preocupación acerca de la manipulación del sentimiento religioso con fines personales o políticos[60].
En algunos casos, la intervención oportuna de la policía ha impedido el linchamiento de personas acusadas de blasfemia. En febrero de 2024, un subcomisario de policía rescató a una joven de una turba violenta en un mercado de Lahore cuando la acusaron de blasfemia por llevar un vestido con escritura árabe, que alguien creyó erróneamente que contenía versículos del Corán[61].
Un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado un drástico aumento de las encarcelaciones por blasfemia en Pakistán, con un incremento de los casos de 11 en 2020 a 767 a mediados de 2024. El aumento es especialmente acusado en la provincia de Punyab, que registraba 594 casos en julio de 2024. Según la Comisión, el aumento se debe en gran medida a las acusaciones de blasfemia relacionadas con contenidos en las redes sociales, que se dirigen especialmente a los jóvenes[62].
Esta tendencia parece estar estrechamente relacionada con el trabajo de redes organizadas dedicadas a identificar presuntos casos de blasfemia en Internet. Entre ellas, destaca especialmente la Comisión Jurídica sobre Blasfemia de Pakistán. Compuesta en su mayoría por abogados de Punyab con inclinaciones conservadoras e islamistas, esta Comisión Jurídica opera dentro de una red más amplia de actores jurídicos y religiosos que abogan por la aplicación rigurosa de las leyes contra la blasfemia. Estos grupos han dirigido agresivas campañas exigiendo la intervención del Estado, lo que ha contribuido al aumento de las denuncias de blasfemia en Internet. Un informe de julio de 2023 del Ministerio de Asuntos Religiosos, basado en datos de la Agencia Federal de Investigación, citaba más de 400 000 denuncias, muchas de ellas relacionadas también con acusaciones de obscenidad[63].
Un informe interno de la Brigada Especial de la Policía de Punyab, titulado «El negocio de la blasfemia», sacó a la luz una red criminal que presuntamente atrapaba a sus víctimas —principalmente jóvenes musulmanes suníes— en casos falsos de blasfemia mediante chantaje y extorsión. Cabe destacar que se descubrió que el mismo grupo era el denunciante del 90 % de los casos de blasfemia registrados por la Agencia Federal de Investigación. El informe calculaba al menos 300 víctimas, lo que pone de relieve el abuso sistemático de las leyes contra la blasfemia y la urgente necesidad de reformarlas[64].
Durante el período estudiado en este informe se produjeron otros incidentes graves de violencia relacionados con acusaciones de blasfemia. El 21 de junio de 2024, en Madyan (valle de Swat), una turba linchó hasta la muerte a un turista local al que acusaron de profanar el Corán. En unos vídeos perturbadores, que se difundieron ampliamente en las redes sociales, se ve a una gran multitud rodeando el cuerpo en llamas de la víctima, lo que pone de relieve la brutalidad del ataque[65].
Otro grave incidente tuvo lugar el 7 de septiembre de 2024 en Umerkot, Sind, donde Shahnawaz Kumbhar fue acusado de blasfemia por una publicación en Facebook. La acusación desencadenó violentas manifestaciones, en las que se acabó atacando una comisaría y quemando vehículos policiales. Poco después, Kumbhar fue asesinado a tiros en lo que se describió como un «enfrentamiento» con la policía, afirmación que suscitó dudas en medio de las crecientes tensiones y la exigencia de responsabilidades[66].
Durante el período estudiado en este informe, en Pakistán numerosas personas han sido condenadas a muerte o a cadena perpetua por delitos relacionados con la blasfemia. Aunque hasta la fecha no se ha ejecutado ninguna sentencia por casos de este tipo, y los tribunales superiores en ocasiones han revocado algunas condenas, los acusados suelen pasar años en el corredor de la muerte antes de ser absueltos. E incluso después de ser puestos en libertad, persisten las amenazas a su seguridad, lo que obliga a muchos de ellos a esconderse o exiliarse debido al riesgo constante de sufrir violencia extrajudicial y ostracismo social.
El 29 de junio de 2024, el Tribunal Antiterrorista de Sahiwal condenó a muerte a Ahsan Raja Masih, cristiano de 22 años que trabajaba en una fábrica de ladrillos, apoyándose en varias disposiciones del Código Penal de Pakistán. Le acusaron de haber compartido en las redes sociales una imagen de un Corán dañado. El tribunal concluyó que sus acciones habían ofendido los sentimientos de los musulmanes y constituían un intento de promover el odio religioso[67].
En septiembre de 2024, condenaron a muerte por blasfemia a Shagufta Kiran, cristiana paquistaní de 40 años y madre de cuatro hijos. Fue detenida el 29 de julio de 2021 en Islamabad por haber compartido supuestamente contenido blasfemo en un grupo de WhatsApp en septiembre de 2020[68].
Muchos líderes chiíes consideraron que las enmiendas a la sección 298.A del Código Penal de Pakistán estaban dirigidas contra sus creencias y prácticas religiosas, lo que provocó una gran controversia. Esta percepción tiene su origen, en parte, en las diferencias teológicas dentro del islam chií, donde existen opiniones críticas sobre Aisha, la esposa más joven del profeta Mahoma, debido a su oposición histórica a Ali ibn Abi Talib, a quien los musulmanes chiíes consideran el sucesor legítimo del profeta[69]. En agosto de 2023, en Skardu, la ciudad más grande de la región de Gilgit-Baltistán, fue detenido Agha Baqir al-Husaini, destacado clérigo chií que había criticado públicamente la reciente modificación de la legislación sobre blasfemia. En un discurso, afirmó que los musulmanes chiíes no iban a dejar de criticar a determinadas figuras históricas —compañeros y parientes del profeta Mahoma— que se habían opuesto a la sucesión de Ali ibn Abi Talib[70].
En Pakistán también es frecuente que se acuse de blasfemia a los ahmadíes, que sufren una discriminación legal y social sistemática conforme a los artículos 295.A y 295.B del Código Penal del país. Según datos de la web Persecution of Ahmadis y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la comunidad musulmana ahmadí de Pakistán ha sido objeto de una persecución sistemática y continuada. Entre 1984 y el 9 de febrero de 2023, al menos 277 ahmadíes murieron asesinados[71] y 415 sufrieron agresiones físicas a causa de su fe. Más allá de la seguridad personal, la comunidad ha sufrido repetidos ataques contra sus lugares de culto y cementerios: las autoridades demolieron 31 lugares de culto ahmadíes y precintaron 40, se produjeron daños o incendios en 29 y ocuparon por la fuerza 16. Además, se han exhumado 39 cadáveres, se han denegado 96 entierros y se han profanado 99 tumbas[72].
En 2024, en Punyab y Sind fueron detenidos más de 36 ahmadíes por celebrar los rituales del Aíd al-Azha, celebración que tienen prohibida por ley en Pakistán porque no son considerados musulmanes. Mientras tanto, los partidarios de Tehreek-e-Labbaik Pakistan incitaban a la violencia en Internet. En una manifestación celebrada en mayo de 2024, el líder de este partido, Asim Ashfaq Rizvi, amenazó públicamente con ejecutar a los ahmadíes que participaran en sacrificios rituales, mientras la policía observaba sin intervenir[73].
La comunidad hindú de Pakistán también sigue sufriendo una discriminación sistémica. En junio de 2023, la Comisión de Educación Superior ordenó a las universidades que no celebraran el Holi, calificando la festividad de incompatible con la identidad y los valores islámicos de Pakistán. La directiva, motivada por las celebraciones del Holi en la Universidad Quaid-i-Azam, provocó una amplia reacción negativa y fue interpretada como una manifestación de la marginación institucional que sufren las minorías religiosas, especialmente en el ámbito de la educación[74].
Un mes después, la comunidad hindú sufrió otro ataque directo cuando fue demolido el templo de Mari Mata, de 150 años de antigüedad, situado en el Soldier Bazaar de Karachi. La operación se llevó a cabo durante la noche, aprovechando un corte de electricidad, con buldóceres y excavadoras. Aunque los muros exteriores y la puerta del templo permanecieron en pie, se derribó la estructura interior. Los testigos informaron de la presencia de un vehículo policial durante la demolición, lo que suscitó preocupación ante la complicidad de las autoridades y por la falta de protección del patrimonio religioso de las minorías[75].
Esto no fue un incidente aislado. En 2023, se produjo un aumento significativo de la violencia no mortal contra comunidades no musulmanas y sus lugares de culto, con un total de 193 incidentes denunciados entre las cuatro provincias. La mayor parte de los ataques se concentraron en Punyab y Sind, provincias que normalmente se consideran menos afectadas por el terrorismo. Durante el período estudiado en este informe, se profanaron más de 60 lugares religiosos, entre ellos 36 lugares de culto ahmadíes, 22 iglesias, dos templos hindúes y un gurdwara sij[76]. Por poner un ejemplo, entre los innumerables que afectaron a las minorías religiosas, sufrido por la comunidad cristiana, en marzo de 2024 unos desconocidos profanaron tres tumbas de un cementerio destinado a cristianos en la zona de Batora, en el distrito de Swat[77].
Conversiones forzadas
En estos años ha seguido aumentando el secuestro, violación y conversión forzosa al islam de niñas y mujeres jóvenes pertenecientes a minorías religiosas, así como el matrimonio con sus secuestradores; esto ha tenido graves consecuencias para las comunidades cristiana, hindú y sij.
En enero de 2023, expertos de las Naciones Unidas manifestaron su profunda preocupación por el creciente número de casos de secuestro, conversión religiosa forzosa y matrimonio forzado de niñas pertenecientes a comunidades religiosas minoritarias de Pakistán. Se subrayó que tales prácticas constituyen violaciones graves de los derechos humanos fundamentales, como la libertad de religión o de creencias y los derechos del niño. Los expertos instaron al Gobierno de Pakistán a adoptar medidas inmediatas y eficaces para prevenir esos abusos y garantizar que se juzgue a los autores y se proteja adecuadamente a las víctimas. Además, se instó a que se aprobara una legislación integral y se aplicaran políticas específicas para proteger a las minorías religiosas y otros grupos vulnerables de estas violaciones de sus derechos[78].
En junio de 2023, Kareena Kumari, joven hindú presuntamente secuestrada en el distrito de Shaheed Benazirabad, declaró ante el tribunal que había sido convertida a la fuerza al islam y la casaron con un musulmán. Tras su testimonio, el tribunal ordenó que fuera trasladada a un centro de protección para mujeres y que posteriormente fuera devuelta a sus padres[79]. Su padre denunció públicamente que extremistas religiosos —en concreto Mian Abdul Haq (conocido comúnmente como Mian Mithu), del norte de Sind— dirigen las llamadas «fábricas de conversión», dedicadas a secuestrar a niñas no musulmanas y obligarlas a convertirse y casarse[80].
El 31 de enero de 2023, el Ministerio de Asuntos Religiosos organizó un seminario en Islamabad, durante el cual, según la Comisión, se negó la existencia del fenómeno de las conversiones forzadas, y de los secuestros y matrimonios forzados, lo cual causó gran indignación entre los miembros de las comunidades cristiana e hindú que asistían al seminario[81].
Un caso destacado es el de Laiba Suhail, niña cristiana de 10 años de Faisalabad, secuestrada el 11 de febrero de 2024, obligada a convertirse al islam y casada a la fuerza con un hombre divorciado de 35 años, Muhammad Irfan. A pesar de la existencia de documentación oficial de la Autoridad Nacional de Bases de Datos y Registro (NADRA) que acreditaba claramente su edad, las investigaciones iniciales desestimaron las denuncias de matrimonio infantil. En un certificado de matrimonio fechado el 6 de marzo de 2024 se registró falsamente que Laiba tenía 17 años. Solo gracias a la tenaz defensa jurídica de su familia, Irfan fue finalmente detenido y se presentaron cargos contra los implicados en el secuestro y la falsificación de documentos[82].
Uno de los casos más recientes es el de Ariha Gulzar, niña cristiana de 12 años de Okara, que, según las informaciones difundidas, fue secuestrada el 20 de enero de 2025 y, convertida por la fuerza al islam, la casaron con su secuestrador, Sayyad Baloch. A pesar de las reiteradas peticiones de intervención legal y protección por parte de su familia, Ariha sigue cautiva, mientras que sus familiares continúan sufriendo amenazas e intimidaciones[83].
Los miembros de minorías religiosas de Pakistán también sufren presiones y violencia por negarse a convertirse al islam. Un ejemplo reciente es el caso de Waqas Masih, cristiano de 22 años agredido por su supervisor, Zohaib, el 22 de marzo de 2025 en la fábrica de papel Subhan Paper Mills, en Sheikhupura, Punyab. Según los informes disponibles, la agresión se produjo porque Waqas se negó a abrazar el islam, a pesar de la presión constante de su empleador[84].
Discriminación
Las minorías religiosas de Pakistán también se enfrentan a otras formas de discriminación, basadas en su situación socioeconómica. Una cuestión crítica que afecta a estas minorías es la del trabajo forzoso en la industria de los hornos de ladrillos. Se estima que 4,5 millones de personas trabajan en aproximadamente 20 mil hornos distribuidos por todo el país, con una representación desproporcionada de las minorías religiosas. Aunque constituyen menos del 5 % de la población nacional, las minorías —en particular los cristianos y los hindúes de castas registradas[85]— representan hasta el 50 % de la mano de obra de los hornos, especialmente en las provincias de Punyab y Sind[86]. La combinación de la casta baja y la situación económica hace que sea casi imposible recurrir a la justicia y obtener una representación adecuada en los casos de discriminación.
Las recientes inundaciones, de una magnitud sin precedentes, también han afectado de manera desproporcionada a las comunidades hindúes y cristianas de bajos ingresos. En respuesta a los fenómenos meteorológicos extremos, las autoridades municipales han lanzado campañas contra los asentamientos irregulares, habitados predominantemente por estos grupos, lo que ha dado lugar a la demolición de viviendas e iglesias construidas a lo largo de las vías naturales de drenaje. Las familias desplazadas, que ya se veían afectadas por la segregación residencial, se enfrentan ahora al obstáculo aún mayor del reasentamiento[87].
La discriminación contra las minorías religiosas también está arraigada desde hace mucho tiempo en el sistema educativo de Pakistán, especialmente en los libros de texto escolares. Aunque en los últimos años se han observado algunas mejoras, muchos textos siguen conteniendo contenidos ofensivos o despectivos dirigidos a las comunidades minoritarias. Un estudio del Centro para la Justicia Social confirma que este tipo de material sigue apareciendo en diversos programas de estudios regionales, y señala descripciones sesgadas, juicios morales y estereotipos religiosos en el 14 % de los capítulos de los libros de texto de Punyab, el 5 % de las publicaciones de la Fundación Nacional del Libro y el 0,7 % de Sind. Por el contrario, los libros de texto de Jaiber Pastunjuá y Baluchistán no incluían contenidos que incitaran directamente al odio. Entre los ejemplos de lenguaje discriminatorio se incluyen expresiones como «mentalidad hindú», «dominio absoluto de los hindúes sobre los musulmanes» y «actitudes antimusulmanas del Congreso». Estos enfoques fomentan la intolerancia religiosa y obstaculizan los esfuerzos por cultivar entornos de aprendizaje inclusivos y respetuosos para alumnos de todos los orígenes[88].
Un estudio realizado por el académico Azam Mairaj pone de relieve la marginación sistemática de las minorías religiosas de Pakistán, sobre todo de las castas registradas y los cristianos, mediante la manipulación de los datos del censo. Las castas registradas, que en su día representaban aproximadamente el 34 % de la población minoritaria, fueron excluidas del censo de 1981 y, a pesar de su reincorporación en 1998, siguen estando muy infrarrepresentadas. Una tendencia similar afectó a los cristianos en el censo de 2017, que omitió a unas 730 000 personas según las previsiones de crecimiento demográfico. Esta supresión estadística ha repercutido directamente en la representación política, especialmente tras la introducción del sufragio separado en 1985, que redujo la influencia de estas comunidades. Por el contrario, los hindúes de casta han visto aumentar su porcentaje del 16 % en los primeros censos a casi el 44 % en 2023, en parte gracias a una mayor capacidad de organización. Mairaj sostiene que esta manipulación constituye una forma de «genocidio estadístico» que refuerza la discriminación sistémica contra las minorías[89].
La comunidad chií de Pakistán también se ha quejado del sesgo sistémico por parte de las instituciones estatales. En el mes de muharram, de gran importancia religiosa para los musulmanes chiíes, se les impusieron restricciones. En algunos lugares, las autoridades locales invocaron el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal para prohibir las procesiones tradicionales chiíes, alegando motivos de orden público y posibles disturbios de motivación religiosa. Adoptando una medida sin precedentes, la policía de Islamabad también impuso una prohibición de diez días a la entrada de motocicletas y al transporte de pasajeros en la Zona Roja de la ciudad. Aunque las autoridades se comprometieron a proporcionar medios de transporte alternativos, muchos residentes con bajos ingresos vieron muy limitadas sus opciones, lo que pone de relieve la repercusión desproporcionada de estas medidas de seguridad sobre las minorías religiosas[90].
En definitiva, debido a la persecución, las acusaciones de blasfemia y la violencia religiosa, los miembros de minorías religiosas de Pakistán —entre los que se cuentan cristianos, hindúes, ahmadíes y sectas musulmanas minoritarias— se han visto obligados a huir de sus hogares, desplazarse dentro del país o solicitar asilo en el extranjero. Esta tendencia, impulsada por el auge del extremismo, persiste desde hace más de una década y ha continuado durante el período estudiado en este informe. Algunos habitantes se han escondido; otros, ante la inseguridad y las dificultades económicas, han abandonado el país y permanecen varados en el extranjero con sus familias. En Sind, cada vez más familias hindúes han emigrado a la India, alegando conversiones forzadas, extorsiones y secuestros, lo que ha provocado lo que algunos han descrito como una «migración silenciosa»[91].
Futuro de la libertad religiosa
Durante el período estudiado en este informe, se han observado algunos avances positivos en Pakistán, como la adopción del Plan de Estudios de Educación Religiosa de 2023, la resolución de la Asamblea Nacional de 23 de junio de 2024 en la que se condena el linchamiento colectivo y la Ley de Matrimonio Cristiano (Enmienda) de 2024. Estas medidas representan un progreso gradual hacia una mayor inclusión y protección jurídica de las minorías religiosas.
Sin embargo, la discriminación estructural persistente y la cultura de impunidad siguen socavando la libertad religiosa, lo que a menudo equivale a persecución. Es especialmente preocupante el aumento de las acusaciones de blasfemia, muchas de ellas aparentemente falsas y cada vez más vinculadas a las redes sociales, junto con los frecuentes actos de violencia colectiva que siguen a tales acusaciones.
También es preocupante la ampliación de la legislación sobre blasfemia a través del proyecto de ley de modificación del Código Penal, que amplió el artículo 298.A del Código Penal de Pakistán reforzando un marco jurídico propenso al abuso.
Estos retos se ven agravados por la profunda inestabilidad política y económica, así como por la creciente influencia de grupos extremistas tras el regreso al poder de los talibanes en la vecina Afganistán. En consecuencia, las perspectivas para la libertad religiosa en Pakistán siguen siendo negativas, tanto para las comunidades minoritarias como para los miembros de la mayoría musulmana, que también se ven afectados por esta dinámica.
Fuentes
Pakistán