PANAMÁ
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Aunque el preámbulo de la Constitución de Panamá invoca la protección de Dios[1], se proclama que en la nación6 «es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños» (artículo 35). Asimismo, «no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas» (artículo 19).
Sin perjuicio de las obligaciones inherentes a su misión, los ministros religiosos y los miembros de órdenes religiosas «solo podrán ejercer los cargos públicos que se relacionen con la asistencia social, la educación o la investigación científica» (artículo 45). Es ilegal crear partidos políticos basados en la religión (artículo 139).
El presidente y el vicepresidente toman posesión de sus respectivos cargos con la fórmula: «Juro a Dios y a la Patria cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República» (artículo 181), si bien los ciudadanos que no profesen ninguna creencia religiosa podrán prescindir de la invocación a Dios en su juramento (ibid.).
Las asociaciones religiosas tienen «capacidad jurídica y ordenan y administran sus bienes dentro de los límites señalados por la Ley, al igual que las demás personas jurídicas» (artículo 36).
Según el artículo 94, tanto los centros públicos como los privados «están abiertos a todos los alumnos sin distinción de raza, posición social, ideología política [o] religión».
Aunque la Constitución dispone que «se enseñará religión católica en las escuelas públicas» (artículo 107), si sus padres o tutores no lo desean, no será obligatorio para los alumnos «su aprendizaje y la asistencia a los cultos religiosos».
Por último, el Código Procesal Civil, promulgado en 2023, estipula que «los edificios destinados a iglesias, las cosas sagradas y las demás cosas que sirvan para el ejercicio del culto religioso» se consideran bienes inembargables (artículo 755)[2].
Incidentes y acontecimientos
En abril de 2023, al menos cinco personas, tres de ellas menores, resultaron heridas durante un «ritual» celebrado por una secta religiosa en el distrito de Ngäbe Buglé, remota región indígena situada en la isla Peterson, al norte de Panamá[3]. Las autoridades locales abrieron una investigación sobre los hechos[4].
En julio de 2023, Panamá adoptó la definición de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) durante un acto al que asistieron autoridades gubernamentales, representantes de la Organización de los Estados Americanos, el embajador de Israel y representantes de la comunidad judía panameña[5].
En agosto de 2023, el Ministerio de Trabajo publicó una guía para identificar la discriminación en el lugar de trabajo; en este ámbito se reconoce que entre las principales causas de discriminación se encuentran las creencias religiosas y las ideas políticas[6].
En agosto de 2023, se encontraron hostias consagradas esparcidas por el suelo formando una frase satánica en la iglesia católica de María Auxiliadora de Bejuca. No era la primera vez que se profanaba la iglesia, y los feligreses no sabían quién podía haber cometido el sacrilegio, ya que las puertas y ventanas del edificio no habían sido forzadas[7].
En agosto de 2023, el Comité Interreligioso de Panamá organizó la «Tarde de los Templos» para celebrar el 504 aniversario de la fundación de la ciudad de Panamá. La efeméride estuvo abierta al público, al que se invitó a visitar doce lugares de culto pertenecientes a diferentes comunidades religiosas, con el objetivo de fomentar el respeto a la libertad religiosa y mostrar la importancia del patrimonio religioso. La jornada concluyó con una oración interreligiosa a la entrada de la catedral metropolitana[8].
En febrero de 2024, el Comité se reunió con miembros de la Junta Electoral Nacional, quienes explicaron la misión y los objetivos de la organización. Los líderes religiosos manifestaron su deseo de cooperar, y el Comité nombró a su secretaria general, Isis Navarro, como oficial de enlace[9].
Las comunidades religiosas suelen celebrar sus festividades en espacios públicos. Un ejemplo es la celebración de la Semana Santa en el casco antiguo de la capital, que incluye procesiones[10], y la celebración del Cristo Negro, a la que asisten miles de peregrinos en la iglesia de San Felipe de Portobelo[11]. Los musulmanes celebran libremente el Ramadán, que en 2023 coincidió con el tiempo cristiano de Cuaresma y Pascua. En abril de 2023, miembros de la comunidad musulmana declararon a la prensa que en Panamá las diferentes religiones conviven de forma pacífica y respetuosa[12].
La Iglesia católica desempeña un papel activo en el debate público. En febrero de 2023, la Conferencia Episcopal manifestó su preocupación por varios problemas a los que se enfrentaba el país: el aumento de la migración y los efectos de la minería y la delincuencia violenta, que los obispos consideraban que tenían su origen en la pobreza y la corrupción[13].
En 2023, según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, 520 085 migrantes (una cifra récord) que se dirigían hacia Estados Unidos cruzaron la peligrosa región selvática del Tapón del Darién, que se extiende entre Panamá y Colombia. Al año siguiente cruzaron otros 302 203, en su mayoría venezolanos (68 %) que huían del caos en su país[14]. A principios de 2025, Panamá tuvo que hacer frente a un flujo migratorio que se invirtió repentinamente, ya que miles de personas se dirigieron hacia el sur tras el cierre de la frontera de Estados Unidos por parte de la Administración Trump. En febrero de ese mismo año, Estados Unidos deportó directamente a Panamá a 299 ciudadanos de terceros países, procedentes de lugares como China, Eritrea, Afganistán y Rusia[15]. En abril, 180 de ellos habían regresado a sus países de origen en el marco del programa de «retorno voluntario asistido» de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[16].
En septiembre de 2023, la Conferencia Episcopal de Panamá criticó la aprobación de un contrato entre el Gobierno y una empresa panameña sobre la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. La empresa es una filial de la canadiense First Quantum Minerals. La aprobación del contrato se había tramitado con urgencia en la Asamblea Nacional en un día en el que normalmente no se reunía. Los obispos consideraron que el procedimiento era inconstitucional y solicitaron la intervención de la Corte Suprema. Dado que la aprobación de la mina había provocado grandes manifestaciones, los obispos también defendieron el derecho a la protesta legal, sin represión, violencia ni amenazas[17]. En noviembre de 2023, la Corte Suprema aceptó el argumento de los obispos de que la concesión de 20 años otorgada a la empresa canadiense era inconstitucional, y el presidente Laurentino Cortizo anunció que el Gobierno iniciaría el proceso de cierre de la mina[18].
A principios de 2024, los obispos publicaron un documento titulado «Querido Panamá», una reflexión pastoral sobre la ecología y el cuidado de «nuestra Casa Común». En él, se oponían explícitamente a la industria minera extractiva del país y hacían un llamamiento a los panameños para que se mantuvieran vigilantes[19]. Además de rezar por el nuevo Gobierno[20], los obispos resaltaron la función social de la Iglesia, especialmente en el acompañamiento pastoral de los presos, los enfermos y los migrantes[21].
En abril de 2023, la Archidiócesis de Panamá manifestó su preocupación por la expulsión de Nicaragua del sacerdote panameño Donaciano Alarcón Valdés. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, declaró: «Reiteramos lo que el Episcopado latinoamericano y el propio papa Francisco han dicho sobre este régimen, en el que se han violado todas las libertades religiosas». Añadió que la Iglesia católica universal está unida en oración por la grave crisis política y social que está sufriendo el pueblo de Nicaragua[22].
Futuro de la libertad religiosa
Entre 2023 y 2024 se produjo la profanación de una iglesia católica, pero no se registraron otros incidentes de intolerancia o discriminación religiosa. Cabe destacar las declaraciones de miembros de la comunidad musulmana, grupo religioso minoritario, en el sentido de que existe respeto entre las diferentes religiones y que nunca han tenido problemas para practicar su fe. Las perspectivas para la libertad religiosa parecen positivas.
Fuentes
Panamá