REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
En julio de 2023, la República Centroafricana celebró un referéndum constitucional que condujo a la adopción de una nueva Constitución, promulgada oficialmente el 30 de agosto de 2023. Esta sustituía a la carta magna de 2016. El texto revisado abolía el límite de dos mandatos para la presidencia, allanando, así, el camino para que el presidente Faustin-Archange Touadéra se presente a un tercer mandato en las próximas elecciones del 28 de diciembre de 2025[1].
La nueva Constitución[2] afirma que el pueblo de la República Centroafricana es «consciente de que la tolerancia, la inclusión, la consulta y el diálogo son los cimientos de la paz y la unidad nacional», así como de su «diversidad étnica, cultural y religiosa» y está «deseoso de construir una nación unida, solidaria y próspera» (preámbulo). En ella, se prohíbe a los partidos políticos identificarse con cualquier etnia, religión, sexo, idioma, región o grupo armado concretos (artículo 7). Se garantiza la no discriminación, incluida la discriminación por motivos religiosos, en el acceso a la educación y a los cargos públicos (artículo 13). Asimismo, se afirma el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, si bien las condiciones para el ejercicio de este derecho serán determinadas por la ley (artículo 22)[3].
Todas las confesiones religiosas tienen derecho a emitir un programa semanal en la radio estatal (Radio Centrafrique) y a gestionar sus propias emisoras de radio. Las principales emisoras de radio confesionales son Radio Notre Dame, católica, con sede en Bangui, y Radio Voix de l’Évangile (antes Radio Nehemie), protestante. Otras emisoras católicas emiten libremente. Radio Siriri, en Bouar, y Radio Maria, en Bossangoa (que también emite en Bangui desde finales de 2013), cuentan con un gran número de seguidores.
La República Centroafricana firmó un acuerdo marco con la Santa Sede el 6 de septiembre de 2016[4], que entró en vigor el 5 de marzo de 2019[5]. En él se establece un marco jurídico para las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el que ambas entidades, salvaguardando sus respectivas autonomías, se comprometen a cooperar por el bien común y el bienestar moral, social, cultural y material de todos los ciudadanos.
Desde hace mucho tiempo preocupan las dificultades a las que se enfrentan los misioneros extranjeros para obtener la residencia legal en la República Centroafricana. En la sesión plenaria de la Conferencia Episcopal Centroafricana (CECA) celebrada en enero de 2020, los obispos plantearon la cuestión al Ministerio de Asuntos Exteriores, citando los continuos retrasos y las tasas prohibitivas que dificultan el despliegue de personal religioso no centroafricano[6]. Es probable que la situación empeore tras la actualización de la política de visados del 12 de febrero de 2024, que exige a todos los trabajadores extranjeros, misioneros incluidos, obtener una autorización previa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangui para solicitar un visado en una embajada de la República Centroafricana, lo que añade un obstáculo burocrático más a un proceso ya muy complejo[7].
Los grupos religiosos, salvo los seguidores de las religiones tradicionales, deben registrarse en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para realizar este trámite, deben demostrar que cuentan con un mínimo de 1000 miembros y que sus líderes tienen la formación religiosa adecuada, evaluada por el Ministerio.
Según la ley, este registro puede denegarse a cualquier grupo religioso si atenta contra la moral y la salud públicas o si es responsable de alterar el orden público. El procedimiento es gratuito y confiere reconocimiento oficial y ciertos beneficios, como exenciones de derechos de aduana para vehículos o equipos. No se imponen sanciones a los grupos que no se registran[8].
La última confesión religiosa en registrarse fue la Iglesia ortodoxa rusa, aprobada oficialmente por el Ministerio de Administración Territorial el 4 de julio de 2022. Por esas fechas, la Iglesia ortodoxa rusa estableció un templo en el centro de la ciudad de Bangui. Para muchos observadores, es un elemento más de la creciente influencia rusa en el país, que ha ido en aumento desde 2017[9].
En los últimos años han surgido nuevos grupos religiosos, en particular Iglesias pentecostales, que celebran sus servicios religiosos sin ningún tipo de dificultad[10].
Representantes musulmanes de la «Coordination de la Communauté des Musulmans de Centrafrique» (COMUC) denunciaron que los ciudadanos musulmanes siguen siendo víctimas de detenciones arbitrarias, extorsiones y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas gubernamentales, que los acusan de pertenecer a grupos armados o de ayudarles. La COMUC también señaló que los musulmanes se enfrentan a importantes obstáculos para obtener documentos de identidad nacionales, esenciales para acceder a los servicios públicos. Asimismo, criticaron los requisitos de nacionalidad más estrictos introducidos por la nueva Constitución, argumentando que afectan de manera desproporcionada a los musulmanes, que a menudo carecen de la documentación necesaria. Los líderes comunitarios también denunciaron la corrupción generalizada, señalando que a los solicitantes musulmanes se les cobra con frecuencia hasta cinco veces más que a los no musulmanes y se les pide que proporcionen pruebas adicionales de ciudadanía y residencia[11]. Los problemas con la documentación limitan el acceso a los servicios públicos y refuerzan la marginación[12].
La enseñanza religiosa no es obligatoria, pero se ofrece en la mayoría de los colegios. La Iglesia católica gestiona una red escolar a nivel nacional en las nueve diócesis, coordinada por las Escuelas Católicas Asociadas de la República Centroafricana (ÉCAC), que ha firmado un memorando de entendimiento con el Ministerio de Educación. A pesar de esta colaboración oficial, la ÉCAC ha denunciado la negligencia crónica del Gobierno, en particular el impago de las cotizaciones a la seguridad social de los profesores durante más de 25 años, lo que ha obligado a las escuelas a depender del sector privado y de las organizaciones religiosas en un momento en el que los costes no dejan de aumentar[13]. La Universidad pública de Bangui cuenta con una capellanía católica cerca del campus, gestionada por los jesuitas, donde se realizan gran variedad de actividades pastorales y culturales[14].
Las principales celebraciones cristianas son días festivos: Viernes Santo, Domingo de Resurrección, la Ascensión, la Asunción de Nuestra Señora, Todos los Santos y Navidad. El Estado también reconoce como días festivos las festividades musulmanas de Aíd al-Fitr y Aíd al-Kebir. En los últimos años, se ha establecido la costumbre de que los altos funcionarios del Estado (casi todos cristianos) asistan a las oraciones públicas en las mezquitas de Bangui y de las distintas prefecturas del país durante estas dos importantes fiestas musulmanas.
A pesar de las garantías previas del Gobierno, no se celebraron las elecciones locales, previstas inicialmente para el 25 de octubre de 2024 y aplazadas hasta abril de 2025, sino que se volvieron a posponer[15]. Cuando finalmente se celebren, serán las primeras elecciones de este tipo desde 1988. La sociedad civil las considera cruciales para fortalecer la democracia[16].
Incidentes y acontecimientos
La República Centroafricana siguió siendo uno de los países más pobres del mundo, ocupando el puesto 191 de 193 en el Índice de Desarrollo Humano en 2023. También fue uno de los países más peligrosos para los trabajadores humanitarios, que sufrieron 145 incidentes en 2024 y un aumento del 30 % en el número de víctimas mortales con respecto al año anterior[17]. Entre los países de África Central, en 2023 fue clasificado como el menos estable políticamente y el más afectado por el terrorismo[18]. Uno de los pocos avances positivos durante el período estudiado en este informe fue la reducción del número de desplazados. Muchas de las personas que habían abandonado sus hogares a causa de la guerra civil pudieron regresar, y en julio de 2025 la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) informó de que solo alrededor del 7% de la población seguía desplazada[19].
Entre 2023 y finales de 2024, el presidente Faustin-Archange Touadéra consolidó aún más su autoridad mediante un controvertido referéndum constitucional celebrado en julio de 2023; contrató mercenarios rusos para ocuparse de la seguridad. Además de apoyarlo contra los rebeldes, se dice que los mercenarios han estado comerciando con minerales y madera[20].
La Constitución revisada abolió los límites al mandato presidencial, amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años, creó el cargo de vicepresidente y sustituyó el Senado por un Consejo de Autoridades Tradicionales. Aunque el Gobierno afirmó haber obtenido más del 95 % de los votos, con una participación de alrededor del 60 % de la población, los partidos de la oposición y los observadores independientes denunciaron irregularidades generalizadas y sostienen que la participación fue tan solo del 10 %[21].
Durante el mismo período, las libertades civiles se vieron sometidas a una presión cada vez mayor. Los grupos de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes sufrieron acoso y represión, lo que redujo un espacio democrático ya muy frágil.
Entre enero de 2023 y diciembre de 2024, múltiples fuentes documentaron numerosas violaciones de la libertad religiosa en la República Centroafricana[22]. Los grupos armados, a menudo organizados según criterios religiosos, continuaron atacando a la población civil, lo que agravó las divisiones entre comunidades y alimentó los ciclos de represalias. Los informes de la MINUSCA, la misión de paz de las Naciones Unidas, enumeraron una serie de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de civiles musulmanes por parte de las fuerzas gubernamentales y agentes del Grupo Wagner, especialmente en las regiones de Nana-Grebizi, Ouandago y Bangui[23]. Todos estos abusos se producen porque el sistema judicial sigue siendo notablemente débil a la hora de enjuiciar los delitos por motivos religiosos, lo que permite la impunidad y socava los esfuerzos para proteger a las comunidades vulnerables[24].
La seguridad en toda la República Centroafricana siguió siendo inestable, con continuos combates entre las fuerzas gubernamentales, apoyadas por mercenarios rusos, y distintos grupos armados, especialmente la Coalición de Patriotas por el Cambio, formada por milicias cristianas y musulmanas[25]. Los agentes rusos, que originalmente formaban parte del Grupo Wagner, fueron fundamentales para asegurar algunas ciudades, pero también se les acusa de graves violaciones de los derechos humanos[26]. En mayo de 2023, CBS News publicó un informe[27] sobre una masacre perpetrada en 2021 por los rusos en la ciudad minera de Bambari, de mayoría musulmana. Testigos presenciales describieron ejecuciones, torturas y violaciones llevadas a cabo por mercenarios de Wagner. «Nos disparaban desde el suelo y desde el aire», dijo un testigo. Otro afirmó que «matar» era quedarse corto. «Fue una carnicería total. Como el Armagedón». Un informe de las Naciones Unidas añadió que tanto las tropas gubernamentales como los mercenarios rusos dispararon contra civiles en la mezquita de Bambari «sin respetar la naturaleza religiosa del edificio»[28].
El 10 de febrero de 2023, la explosión de una mina terrestre hirió de gravedad al padre Norberto Pozzi. El padre Pozzi, misionero carmelita descalzo, perdió un pie cuando su vehículo pisó una mina terrestre en la carretera entre Bozoum y Bouar; el resto de los pasajeros sufrieron heridas de menor consideración. El incidente ha hecho que aumente la preocupación de los líderes de la Iglesia por la seguridad del clero y de los fieles en las regiones afectadas por las minas terrestres y la actividad rebelde. En respuesta, la Iglesia ha pedido medidas institucionales más contundentes para garantizar un tránsito seguro, especialmente en las zonas donde se lleva a cabo una intensa labor humanitaria y pastoral[29].
El 5 de mayo de 2023, los comerciantes musulmanes del distrito PK5 de Bangui organizaron una huelga general a raíz de que mercenarios rusos detuvieran y torturaran repetidamente a un imán y a su primo[30].
Los obispos católicos de la República Centroafricana cuestionaron la decisión del Gobierno de celebrar un referéndum constitucional, alegando la inseguridad reinante, la inestabilidad política y el malestar social. En una declaración realizada en junio de 2023, la Conferencia Episcopal Centroafricana criticó el referéndum por considerarlo inoportuno, dados los profundos problemas sociopolíticos y económicos que afronta el país. Los obispos condenaron los llamamientos a la resistencia violenta por parte de algunas figuras políticas y destacaron las consecuencias a largo plazo de las repetidas crisis que, según ellos, han erosionado las estructuras familiares, perturbado la educación y fomentado una cultura de violencia e impunidad. Instando a una mayor cooperación entre la Iglesia y el Estado, insistieron en la necesidad de promover la paz y la unidad nacional[31].
A pesar de los continuos informes sobre abusos cometidos por los rebeldes, un estudio realizado en 2023 por la fuerza de paz de las Naciones Unidas MINUSCA reveló que los agentes estatales, incluidos el ejército y la policía, eran los autores del 57 % de las violaciones de los derechos humanos y del 90 % de los casos de tortura[32]. La MINUSCA también informó de un aumento de la discriminación contra las comunidades fulani y musulmana, especialmente en lo que respecta al acceso a los documentos de identidad nacionales. En Berbérati, según los informes, la policía exigía tasas aumentadas y documentación excesiva a los musulmanes que solicitaban documentos de identidad[33].
Un punto clave de tensión interreligiosa es el hacinamiento de los cementerios de Bangui. El uso de un cementerio musulmán por parte de la comunidad cristiana ha hecho cada vez más difícil mantener la armonía entre los grupos. Como algunos jóvenes residentes utilizan el lugar para reuniones sociales y para beber alcohol, preocupa la posibilidad de que se acaben produciendo conflictos. La respuesta del Estado ha sido lenta, lo que ha contribuido a que los problemas persistan[34].
En agosto de 2024, a petición de las familias, el Gobierno exhumó aproximadamente 100 cadáveres de musulmanes enterrados en un cementerio anexo a una iglesia evangélica en el Tercer distrito de Bangui para trasladarlos a un cementerio musulmán de la comuna de Bimbo 3. Los representantes de la comunidad musulmana lo consideran una demostración del compromiso del Gobierno con la convivencia pacífica, y los civiles creen que ayudará a restablecer la armonía entre ambas religiones[35].
Aunque la identidad religiosa con frecuencia ha constituido una línea divisoria, también ha servido como fuerza para la reconciliación. En ausencia de una mediación política eficaz, los líderes religiosos locales han desempeñado un papel fundamental en la reducción de las tensiones y el fomento del diálogo entre comunidades[36]. Sobre esta base, varias iniciativas han tratado de institucionalizar la cooperación interreligiosa. En 2024, el KAICIID (Centro Internacional para el Diálogo), en colaboración con la Universidad de Bangui y con el apoyo del organismo interreligioso nacional (PCRC), puso en marcha un módulo pionero de diálogo interreligioso. El programa forma a futuros líderes en la resolución de conflictos mediante principios interreligiosos, con el objetivo de promover la reconciliación y la cohesión social a través de una educación estructurada para la consolidación de la paz[37].
En una declaración realizada en mayo de 2024, el cardenal Dieudonné Nzapalainga, arzobispo de Bangui, denunció la concentración de la riqueza en manos de una pequeña élite, mientras que la mayor parte de la población sigue viviendo en la pobreza. A pesar de la mejora de la seguridad, evidenciada por la reapertura de las escuelas y la reanudación del comercio, las secuelas del conflicto aún obstaculizan la educación y la reconstrucción de las infraestructuras. El cardenal también destacó el papel de la Iglesia como voz profética que defiende a los marginados y fomenta la justicia social y la distribución equitativa de los recursos[38].
El cardenal Nzapalainga fue uno de los tres líderes religiosos centroafricanos galardonados con el Premio Aegis Trust en Kigali, Ruanda, en julio de 2024. Fundado en 2002, el Premio Aegis rinde homenaje a figuras religiosas que se oponen activamente a la violencia sectaria y promueven la armonía interreligiosa. El premio fue otorgado conjuntamente al cardenal Nzapalainga, al apóstol Nicolas Guérékoyame-Gbangou, presidente de la Alianza Evangélica de la República Centroafricana, y al difunto imán Omar Kobine Layama, expresidente del Consejo Islámico. En el momento de mayor tensión del conflicto, el cardenal Nzapalainga acogió al imán Layama y a su familia en su residencia de Bangui, dando ejemplo de solidaridad interreligiosa. Los tres líderes fundaron la Plataforma de Religiones de la República Centroafricana, y arriesgaron sus vidas para visitar las zonas azotadas por la violencia en un intento por restaurar la paz[39].
Los mercenarios rusos continuaron causando estragos durante todo el período estudiado en este informe. En abril de 2024, en los alrededores de la aldea de Yemen, al este del país, se emplearon helicópteros y un asalto terrestre en un intento fallido de capturar a Joseph Kony[40], líder del grupo insurgente Ejército de Resistencia del Señor (LRA). Esta milicia extremista ha sido la autora de más de 100 000 muertes y 60 000 secuestros de niños en Uganda, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana[41]. Los mercenarios rusos incendiaron varias aldeas de la zona y mataron a civiles, y también sufrieron bajas en sus filas tras un tiroteo con el LRA, cuyos miembros desaparecieron luego en la selva. El propio Joseph Kony eludió, como siempre, a los mercenarios, huyendo hacia Sudán mucho antes de que se produjera el ataque sorpresa[42].
En julio de 2024, los enfrentamientos entre el grupo rebelde 3R (Retorno, Recuperación, Rehabilitación) y el ejército provocaron el desplazamiento de 10 000 civiles. Los rebeldes atacaron en torno a 10 aldeas entre Bocaranga y Bazoum, cerca de la frontera con Camerún. Formado en 2015, el 3R afirma defender a los ganaderos musulmanes de las milicias cristianas anti-Balaka, pero se le acusa de cometer atrocidades generalizadas, entre las que se cuentan asesinatos, violaciones y desplazamientos forzados. El grupo extremista también ha participado en secuestros, tanto de cascos azules de la ONU como de civiles locales. La milicia, con cientos de combatientes, opera a lo largo de la frontera entre la República Centroafricana y Camerún, retirándose al este de Camerún cuando es perseguida[43]. Más allá de sus operaciones militares, el grupo mantiene el control sobre economías ilícitas, como los impuestos sobre el ganado, el comercio de oro y el tráfico de armas, especialmente en la parte occidental del país[44].
El 26 de noviembre, mientras regresaban de una ceremonia religiosa cerca de Bria, ciudad minera en el centro del país dedicada a la extracción de diamantes, seis conductores de mototaxis y cuatro pasajeros murieron asesinados, víctimas de una emboscada[45]. Nadie reivindicó inmediatamente la autoría del ataque, pero la ciudad de Bria se ha visto afectada en los últimos años por los combates entre las fuerzas armadas del país y la Coalición de Patriotas por el Cambio, grupo militante antigubernamental[46]. Aunque el ataque no se calificó directamente como persecución religiosa, es un ejemplo de cómo la práctica religiosa puede aumentar la vulnerabilidad en medio de un conflicto.
En una entrevista concedida en enero de 2025 a Vatican News, el obispo Désiré Nongo Aziagbia de Bossangoa, presidente de la Conferencia Episcopal Centroafricana, reflexionó sobre el 130 aniversario de la evangelización del país, celebrado en 2024. Los obispos manifestaron su profunda gratitud a los primeros misioneros que tradujeron la Biblia a las lenguas locales, formaron catequistas, construyeron iglesias y promovieron la educación y la formación profesional en ámbitos como la agricultura, la mecánica y la sanidad. El obispo Nongo también llamó la atención sobre las continuas dificultades a las que se enfrentan los cristianos en la República Centroafricana, como una década de crisis prolongada, focos de inseguridad y graves retos en materia de desarrollo, sanidad, educación y servicios esenciales[47].
Futuro de la libertad religiosa
A pesar de las garantías constitucionales y los gestos simbólicos de solidaridad interreligiosa, la libertad religiosa en la República Centroafricana sigue siendo precaria. Más de una década de conflicto civil, alimentado por los enfrentamientos entre las milicias anti-Balaka y las milicias Séléka, predominantemente musulmanas, ha fracturado profundamente la confianza entre las comunidades cristiana y musulmana. Persiste la discriminación institucional sistemática, especialmente contra las comunidades musulmanas, alimentada por las trabas burocráticas, la corrupción y la politización de los documentos de identidad.
Los líderes religiosos locales siguen desempeñando un papel crucial en el diálogo y la prevención de conflictos, pero sus esfuerzos se ven obstaculizados por la profunda inseguridad, la represión política y la fragilidad de las instituciones. Ante la proximidad de unas elecciones claves a finales de 2025, su papel para fomentar la cohesión social será cada vez más importante. Las perspectivas siguen siendo negativas.
Fuentes
República Centroafricana