Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de la República Democrática del Congo (RDC) de 2006 establece el carácter laico del Estado (artículo 1) y proclama el respeto al pluralismo de opiniones (artículo 24). La Constitución prohíbe toda forma de discriminación basada en el origen étnico, la religión o la opinión (artículo 13) y establece que todas las personas del país tienen derecho a manifestar libremente su religión en público y en privado (artículo 22)[1].
Hay libertad para construir iglesias y recaudar fondos para realizar actividades religiosas tanto dentro como fuera del país. Todos los grupos religiosos tienen libertad para hacer proselitismo, también mediante la enseñanza de la religión a los niños. Algunos predicadores lo hacen en mercados, cruces de calles y autobuses públicos.
La religión se imparte en la escuela y forma parte del programa de estudios oficial. La Constitución establece que «los centros educativos nacionales garantizarán a sus alumnos, en colaboración con las autoridades religiosas, y a demanda de los padres, una educación acorde con sus convicciones religiosas». Además, en ella se menciona a Dios, y el presidente electo debe jurar su cargo «ante Dios y la nación» (artículo 74)[2].
En 1977, el Gobierno de la entonces República del Zaire (antiguo nombre del país) firmó un convenio escolar con las comunidades católica, protestante, kimbanguista e islámica[3]. En 2016, la República Democrática del Congo firmó un acuerdo marco con la Santa Sede sobre cuestiones de interés común, entre ellas «las instituciones de enseñanza católica, la enseñanza de la religión en los colegios, las actividades benéficas y caritativas de la Iglesia, la atención pastoral en las fuerzas armadas y en las instituciones penitenciarias y hospitalarias, así como el impuesto sobre la propiedad, la obtención de visados de entrada y permisos de residencia para el personal religioso»[4].
Varios grupos religiosos gestionan una amplia gama de instituciones, como escuelas, centros de salud, orfanatos y medios de comunicación. La mayor parte de los canales de televisión y emisoras de radio de la capital, Kinshasa, pertenecen a distintas comunidades cristianas.
Aunque el Estado es laico, la Conferencia Episcopal Nacional del Congo y el Consejo Ecuménico del Congo desempeñan un papel importante en los asuntos políticos[5], prestando atención a los ámbitos social, educativo y económico.
En marzo de 2023, el presidente Félix-Antoine Tshisekedi promulgó la Ordenanza-Ley n.º 23/009, posteriormente ratificada por el Parlamento. Esta ley, que sustituye a la represiva ley de prensa de 1996, establece un marco más moderno para la libertad de prensa, pero no despenaliza los delitos de prensa, lo que permite seguir procesando penalmente a los periodistas. La ley también introduce el concepto de «mala fe», que permite sancionar la difusión de «noticias falsas» que alteren el orden público, especialmente cuando están relacionadas con las fuerzas armadas o la autoridad estatal. Su lenguaje ambiguo otorga a las autoridades una amplia discrecionalidad en su interpretación y aplicación[6].
El 13 de marzo de 2024, el Ministerio de Justicia de la República Democrática del Congo anunció oficialmente la decisión del Gobierno de levantar la moratoria sobre la pena de muerte, que se introdujo oficialmente en 2000, pero entró en vigor en 2003. A partir de entonces, la pena capital se aplicaría a delitos como la traición, el terrorismo, el espionaje, los delitos relacionados con la guerra, la rebelión y la asociación delictiva. El Gobierno justificó la decisión como un medio para eliminar a los «traidores» dentro del ejército y combatir el terrorismo urbano[7]. A principios de enero de 2025, los informes confirmaron que al menos 170 personas habían sido trasladadas a otra prisión para ser ejecutadas[8].
En julio de 2024, el Ministerio de Justicia anunció que ya no se podrían construir iglesias a menos de 500 metros de otra iglesia existente. La nueva norma se ha interpretado como un intento de limitar la proliferación de iglesias carismáticas y pentecostales[9].
Incidentes y acontecimientos
La República Democrática del Congo figura sistemáticamente entre los países más pobres del mundo. A pesar de su enorme riqueza natural, más del 62 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza[10]. La corrupción, la mala gestión y los conflictos prolongados siguen socavando la gobernanza y obstaculizando el desarrollo.
En mayo de 2024, la República Democrática del Congo formó un nuevo Gobierno, poniendo fin a un retraso de cinco meses tras la reelección del presidente Félix Tshisekedi en diciembre. El anuncio del gabinete de 54 miembros se produjo apenas 10 días después de que se frustrara un intento de golpe de Estado, lo que añadió urgencia a la formación[11].
Tshisekedi ha sido criticado por no haber sabido aprovechar eficazmente los vastos recursos minerales del país, estimados en 24 billones de dólares, entre los que figuran el cobalto y el coltán. A pesar de los importantes ingresos que entran en las arcas del Estado, la pobreza sigue siendo generalizada, y el Banco Mundial sitúa a la República Democrática del Congo entre los cinco países más pobres del mundo. Se sigue desviando la riqueza del país, hecho que se ve agravado por casi tres décadas de conflicto en el este, consecuencia del genocidio de Ruanda[12].
Desde principios de 2023, la situación de seguridad en la República Democrática del Congo ha empeorado significativamente, especialmente en las regiones orientales, donde más de 120 grupos armados compiten por el control de la riqueza mineral del país[13]. Entre ellos se encuentra el Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo paramilitar rebelde liderado por tutsis y respaldado por Ruanda, que ha lanzado importantes ofensivas y ha provocado el desplazamiento a gran escala de civiles en Kivu del Norte y Kivu del Sur. El M23 ha utilizado la explotación ilegal de minerales como el cobalto para financiar sus operaciones[14].
En 2024, este país fue, aparte de Siria, el más afectado por la actividad del Estado Islámico (EI) en lo que a número de víctimas mortales se refiere. El conflicto generalizado en la República Democrática del Congo ha seguido deteriorándose, y la Alianza de Fuerzas Democráticas (ADF), grupo vinculado al Estado Islámico, ha desempeñado un papel importante en el desplazamiento de la población[15].
Entre los numerosos grupos que compiten violentamente por el control de los territorios ricos en minerales se encuentran las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), facción islamista militante originaria de Uganda que juró lealtad al Estado Islámico en 2017. En 2019 fue aceptada como parte de Estado Islámico-Provincia de África Central[16]. Un estudio de 2024 reveló que estas Fuerzas Democráticas Aliadas fueron el grupo armado más mortífero del este de la República Democrática del Congo ese año, responsable del 52 % de las muertes de civiles[17]. Desde que se alinearon con el Estado Islámico, las Fuerzas Democráticas Aliadas han intensificado sus ataques tanto contra las fuerzas de seguridad congoleñas como contra la población civil. A pesar de las operaciones militares que se están llevando a cabo contra el grupo, este sigue constituyendo una grave amenaza para la seguridad nacional[18].
Aunque gran parte de la violencia no tiene motivaciones religiosas, la inestabilidad actual del país, el conflicto armado y la crisis humanitaria cada vez más profunda tienen graves repercusiones en la libertad religiosa[19]. En las zonas de conflicto, las comunidades se enfrentan a la interrupción de la vida religiosa, restricciones al culto y una mayor vulnerabilidad de las minorías y los líderes religiosos. Estos problemas se ven agravados por los ataques de motivación explícitamente religiosa, especialmente en las regiones orientales del país, donde los cristianos se enfrentan a importantes dificultades debido a las agresiones de grupos militantes islamistas que atacan deliberadamente iglesias y reuniones religiosas[20].
El número de incidentes registrados durante el período estudiado en este informe es demasiado elevado como para poder enumerarlos todos. A continuación, se expone una selección de los casos más significativos[21].
En enero de 2023, militantes las Fuerzas Democráticas Aliadas hicieron explotar una bomba durante un servicio religioso en Kasindi[22], provincia de Kivu del Norte, lo que provocó la muerte de 14 cristianos y causó heridas a otros 63. Este ataque formaba parte de un plan más amplio de violencia contra la comunidad cristiana de la región. En marzo de 2023, durante dos semanas, militantes de las Fuerzas Democráticas mataron a 72 cristianos en el este de la República Democrática del Congo, lo que obligó a miles de personas a huir de sus hogares. En uno solo de estos ataques, fueron masacrados 31 cristianos, en su mayoría mujeres y niños[23].
Entre el 31 de julio y el 14 de agosto de 2023, las Fuerzas Democráticas de la República del Congo llevaron a cabo una serie de incursiones mortíferas en aldeas de las provincias de Ituri y Kivu del Norte, que causaron la muerte de al menos 55 civiles. Uno de los ataques tuvo lugar en Batangi-Mbau, en el territorio de Beni, donde asesinaron a 19 personas en una sola noche[24]. Durante la noche del 23 al 24 de octubre de 2023, militantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas lanzaron un violento ataque contra el barrio de Masosi, cerca de Oicha, en la provincia de Kivu del Norte. Murieron 26 personas, entre ellas al menos 12 niños. Los agresores incendiaron 12 viviendas y saquearon varias tiendas. Un líder juvenil cristiano de la zona informó de que los disparos continuados, que duraron casi una hora, indicaban claramente la magnitud del asalto, muy superior a la de un robo típico, y provocaron el pánico generalizado, ya que los residentes huyeron para salvar sus vidas[25].
A mediados de noviembre de 2023, militantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas llevaron a cabo un brutal ataque contra una aldea en el territorio de Beni, al este de la República Democrática del Congo, en el que mataron al menos a 19 civiles con machetes y otras armas después de atar a sus víctimas. El ataque provocó el pánico generalizado que hizo que los residentes huyeran[26].
En diciembre de 2023, en el distrito de Masina, en Kinshasa, unos intrusos irrumpieron en casa del padre Léopold Feyen, de 82 años; fue apuñalado brutalmente hasta la muerte. Conocido cariñosamente como «Koko Pol», este sacerdote salesiano, con 40 años de trabajo misionero entre los jóvenes de la República Democrática del Congo, era conocido por su apoyo a las escuelas locales y a las iniciativas comunitarias a pesar del deterioro de su salud[27].
En la primera mitad de 2024, 698 cristianos fueron asesinados en África por el Estado Islámico, según un informe del Instituto de Investigación de Medios de Comunicación de Oriente Medio (MEMRI), organización de vigilancia con sede en Estados Unidos. El informe destacó que, contando los asesinatos de cristianos en cinco países africanos —RDC, Mozambique, Nigeria, Camerún y Mali—, el 92 % de estas muertes se produjeron en la República Democrática del Congo (RDC)[28].
El 30 de enero de 2024, militantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas atacaron una iglesia pentecostal branhamista en el territorio de Beni, matando a cinco personas con machetes. Los agresores también secuestraron a 30 personas, tomándolas como rehenes[29].
En febrero de 2024, unos militantes atacaron una reunión religiosa en la aldea de Manzia y asesinaron al menos a quince cristianos, entre ellos al pastor Alphonse Mumbere[30]. Su familia sobrevivió al ataque. Ese mismo mes, las Fuerzas Democráticas Aliadas asaltaron otra iglesia en Bayeti, secuestraron al pastor y a su esposa y mataron a cinco personas, entre ellas a los hijos del pastor.
En mayo de 2024, el papa Francisco condenó el asesinato de 14 católicos en la República Democrática del Congo[31], presuntamente asesinados por negarse a convertirse al islam. Las víctimas, entre las que se encontraban varios jóvenes, fueron asesinadas en Kivu del Norte por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), afiliadas al Estado Islámico-Provincia de Siria e Irak. Durante un discurso público, el Papa honró su testimonio afirmando: «Me gustaría detenerme y dar gracias a Dios por el testimonio de martirio que un grupo de católicos del Congo, de Kivu del Norte, han dado en los últimos días»[32].
Entre el 4 y el 7 de junio de 2024, presuntos militantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas lanzaron una serie de ataques coordinados contra aldeas del territorio de Beni, en Kivu del Norte, en los que murieron entre 42 y 57 civiles decapitados, asesinados a tiros o en incendios provocados. Estos ataques formaban parte de una escalada de violencia más amplia que elevó el número de muertos a aproximadamente 150 a mediados de junio[33].
El 8 de junio de 2024, presuntos rebeldes afiliados al Estado Islámico, probablemente miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas, lanzaron una ola de ataques nocturnos en varias aldeas del territorio de Beni, en los que mataron al menos a 38 civiles con armas de fuego y machetes. Según funcionarios locales y líderes de la sociedad civil, los agresores aprovecharon las brechas en la cobertura de seguridad, lo que les permitió atacar sin oposición en varias comunidades dispersas de la región[34].
Tras los ataques, el 18 de junio de 2024, el obispo de la diócesis de Butembo-Beni, Melchisédec Sikuli Paluku, hizo un llamamiento urgente a las autoridades nacionales para que pusieran fin al sufrimiento del pueblo congoleño. En su declaración, condenó enérgicamente las brutales masacres y los abusos sistemáticos perpetrados por las Fuerzas Democráticas Aliadas, afiliadas a Estado Islámico-Provincia de Siria e Irak, en Kivu del Norte. Destacando la angustia que sigue padeciendo la región, instó al Gobierno a tomar medidas concretas para restablecer la seguridad y la dignidad de la población de su diócesis[35].
El 24 de julio de 2024, se descubrieron los restos de más de 30 personas en la zona de Batangi-Mbau, en el territorio de Beni, Kivu del Norte, tras un brutal ataque perpetrado por las Fuerzas Democráticas Aliadas contra una comunidad cristiana. Muchas de las víctimas habían sido decapitadas[36].
Fuera del período estudiado en este informe se han producido nuevos ataques. En enero de 2025, las fuerzas del M23, respaldadas por Ruanda, tomaron Goma, la capital de Kivu del Norte y la ciudad más grande del este de la República Democrática del Congo, provocando más de 2000 muertos, otros 2000 heridos y una violencia sexual generalizada[37]. La fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, MONUSCO, había puesto fin a su misión en Kivu del Sur en junio de 2024[38] y, en enero de 2025, la capital de esta provincia, Bukavu, también cayó en manos del M23[39].
Entre el 12 y el 15 de febrero de 2025, se descubrieron más de 70 cadáveres dentro de una iglesia protestante de la aldea de Maiba, cerca de Lubero, en la provincia de Kivu del Norte. A las víctimas, entre las que se encontraban mujeres, niños y ancianos, las habían atado para luego decapitarlas. El 12 de febrero, militantes que se cree que eran miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas tomaron como rehenes a unas 100 personas de Maiba, las llevaron a la iglesia, y allí las ejecutaron[40].
La Iglesia católica y las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental a la hora de llamar la atención sobre los abusos políticos y las injusticias sociales, al tiempo que han apoyado la educación, la atención sanitaria y los esfuerzos por construir la paz. A lo largo del período estudiado en este informe, la Iglesia católica siguió denunciando la violencia implacable en la República Democrática del Congo[41].
En enero de 2023, el papa Francisco realizó la primera visita de un pontífice a la República Democrática del Congo desde 1985 y denunció el saqueo de los recursos minerales por parte de agentes internacionales. «No toquen la República Democrática del Congo», dijo. «Dejen de asfixiar a África. No es una mina que se pueda explotar ni un terreno que se pueda saquear»[42].
El 16 de junio de 2023, los obispos católicos de la provincia eclesiástica de Bukavu, que incluye Goma y Butembo-Beni, hicieron un enérgico llamamiento a través de un documento titulado «Que el Gobierno asuma sus responsabilidades», en el que abordaban la crisis cada vez más grave en el este de la República Democrática del Congo y condenaban el fracaso del Estado en su deber de proteger a los ciudadanos. En su declaración conjunta, los obispos denunciaban la incapacidad del Gobierno para contener la violencia de las milicias armadas, que han tomado el control de zonas ricas en recursos y han reavivado el conflicto mediante tácticas terroristas. Afirmaban, asimismo, que estos grupos han perturbado gravemente las actividades pastorales, asesinando a civiles incluso en zonas supuestamente bajo protección militar. Los obispos también criticaron la dependencia del Gobierno de fuerzas extranjeras con mandatos poco claros y pidieron que se rindieran cuentas por la desprotección de la población[43].
En octubre de 2023, los obispos de la Asociación de Conferencias Episcopales de África Central propusieron un Plan Pastoral para la Paz, que se dio a conocer en Goma entre enero y febrero de 2024. El obispo Moko instó a los líderes políticos de África y de la región de los Grandes Lagos, así como a la comunidad internacional, a unirse y ayudar a resolver la crisis de Goma[44].
En agosto de 2024, la Conferencia Episcopal Congoleña emitió una enérgica declaración instando a los gobiernos de la República Democrática del Congo y Ruanda a respetar el acuerdo de alto el fuego recién firmado destinado a estabilizar el este del Congo. Hicieron hincapié en la crisis humanitaria causada por la violencia, que había desplazado a más de 5,5 millones de personas, y apelaron a la comunidad internacional para que diera prioridad a la situación de la República Democrática del Congo, al igual que a otros conflictos mundiales como los de Ucrania y Oriente Medio[45].
Las declaraciones públicas de las conferencias episcopales provocaron críticas contra el episcopado por parte de miembros del Gobierno, en particular del viceprimer ministro Jean-Pierre Bemba. El 4 de diciembre de 2024, Bemba, en declaraciones a Top Congo FM, acusó a los miembros del clero —a los que describió como «políticos con sotana»— de pronunciar discursos llenos de odio contra el Gobierno. Además, afirmó que el presidente Tshisekedi había asignado un millón de dólares estadounidenses a cada una de las 47 diócesis católicas para iniciativas benéficas y de desarrollo, y denunció una mala gestión de los fondos. La Conferencia Episcopal Congoleña emitió un comunicado en el que calificaba las declaraciones de Bemba como «sorprendentes, descorteses y amenazadoras»[46]. Los obispos aclararon que cada diócesis había recibido 600 000 dólares estadounidenses (en dos plazos) y afirmó que los fondos se habían utilizado para proyectos sociales, con todos los gastos debidamente comunicados a la presidencia[47].
En enero de 2025, la Conferencia Episcopal Congoleña y la Iglesia de Cristo en el Congo, una unión de 62 congregaciones protestantes, publicaron una hoja de ruta para la paz titulada «Pacto social para la paz y la convivencia en la República Democrática del Congo y los Grandes Lagos». La iniciativa recibió una fría acogida por parte del Gobierno, que se opuso a su propuesta de entablar conversaciones directas con el M23. En febrero de 2025, los aliados del Gobierno acusaron de traición a los líderes católicos y protestantes por reunirse con los líderes del M23 en Goma, y más tarde ese mismo mes las autoridades confiscaron temporalmente el pasaporte al arzobispo Fulgence Muteba, presidente de la Conferencia Episcopal Congoleña[48].
En febrero de 2025, la Conferencia Episcopal Congoleña advirtió contra los pastores que «aprovechaban las plataformas de sus iglesias... para incitar a la discriminación, el odio y la violencia contra otros hombres y mujeres congoleños por su origen, idioma o morfología». Según ellos, pastores que predican «la persecución de los hablantes de swahili» como expresión de patriotismo no deben engañar a la gente[49].
En junio de 2025, la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron en Washington un acuerdo de paz[50] y, unas semanas más tarde, en Qatar, el M23 firmó un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno de la República Democrática del Congo. Sin embargo, no se comprometió a retirarse del territorio que había ocupado[51].
Futuro de la libertad religiosa
A pesar de su enorme riqueza mineral, la República Democrática del Congo sigue luchando con la pobreza extrema, la inseguridad crónica y la corrupción sistémica. Los conflictos armados están impulsados por numerosos grupos rebeldes, entre ellos milicias islamistas, lo que contribuye a graves violaciones de los derechos humanos fundamentales, incluida la libertad religiosa.
La República Democrática del Congo está atravesando actualmente una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Más de 25 millones de personas necesitan asistencia humanitaria[52] y más de siete millones se encuentran desplazadas en el interior del país[53]. La violencia continua, la explotación sexual, la inseguridad alimentaria, los brotes de enfermedades y el colapso de los servicios públicos esenciales han creado condiciones desesperadas, especialmente en las provincias orientales[54]. Debido a su debilidad frente al M23, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo han formado alianzas con milicias locales, lo que refleja un cambio táctico, pero suscita serias preocupaciones sobre la rendición de cuentas, la seguridad de la población civil y el futuro de la consolidación de la paz en la región[55].
Este entorno socava gravemente la libertad religiosa en todo el país. Además de la inestabilidad generalizada, los militantes islamistas de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) han llevado a cabo brutales ataques dirigidos específicamente contra las comunidades cristianas, que han provocado asesinatos, secuestros y destrucción de lugares de culto. Dado que la violencia persiste y la protección del Estado sigue siendo débil o inexistente en muchas zonas, las perspectivas para la libertad religiosa en la República Democrática del Congo parecen cada vez más sombrías.
Fuentes
República Democrática del Congo