SRI LANKA
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución[1] de la República Socialista Democrática de Sri Lanka, revisada en 1972 y 1978, y con enmiendas realizadas hasta 2015, garantiza la libertad religiosa y consagra que nadie recibirá un trato preferente por motivos religiosos. Todo individuo «tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, incluida la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias que elija» (artículo 10). Asimismo, se establece que «ningún ciudadano podrá ser discriminado por motivos de raza, religión, lengua, casta, sexo, opiniones políticas, lugar de nacimiento o cualquier motivo similar» (artículo 12.2) y que todo ciudadano tiene derecho a «la libertad de manifestar la propia religión o creencia mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza, individual o colectivamente, en público y en privado» (artículo 14.1.e)[2]. El artículo 15 instituye que la ley puede restringir los derechos fundamentales previstos en el artículo 14.1 en aras de la armonía racial y religiosa o en relación con el privilegio parlamentario, el desacato a un tribunal, la difamación o la incitación a cometer un delito, o la economía nacional3[3].
Las enmiendas constitucionales de 1972 confirieron un estatus privilegiado al budismo. Aunque el artículo 10 sigue garantizando la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el artículo 9 establece que «la República de Sri Lanka otorgará al budismo el lugar más destacado y, en consecuencia, será deber del Estado proteger y fomentar el Buddha Sasana», es decir, las enseñanzas, prácticas y doctrina budistas. Esta disposición origina una asimetría constitucional que, a pesar de las garantías formales de libertad religiosa, otorga al budismo un papel preeminente en el marco jurídico y cultural del país[4].
Sri Lanka es uno de los aproximadamente 80 países cuyo Código Penal incluye una ley contra la blasfemia, donde se establece lo siguiente: «Quien, con la intención deliberada de herir los sentimientos religiosos de cualquier persona, pronuncie cualquier palabra o emita cualquier sonido al oído de esa persona, o haga cualquier gesto a la vista de esa persona, o coloque cualquier objeto a la vista de esa persona será castigado con pena de prisión o de otro tipo por un período máximo de un año, o con multa, o con ambas penas» (artículo 291.A)[5]. Como prolongación de este punto, se dispone que quien, «con la intención deliberada y maliciosa de ultrajar los sentimientos religiosos de cualquier clase de personas, mediante palabras, ya sean habladas o escritas, o mediante representaciones visibles, menosprecie o intente menospreciar la religión o las creencias religiosas de dicha clase de personas será castigado con pena de prisión o de otro tipo por un período máximo de dos años, o con multa, o con ambas penas» (artículo 291.B)[6].
La Ley del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de Sri Lanka ha sido objeto de una vigilancia cada vez mayor por funcionar, en la práctica, como una ley de blasfemia de facto. Promulgada originalmente en 2007 para aplicar el artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y para contrarrestar la incitación al odio religioso, nacional o racial, muchos consideran que esta la ley, en particular el artículo 3, es excesivamente amplia e imprecisa. Esta vaguedad ha permitido detenciones sin orden judicial y sin fianza, creando un entorno jurídico propicio para la detención arbitraria de personas acusadas de ofender los sentimientos religiosos, especialmente los de la mayoría budista[7].
Los observadores y analistas han destacado la aplicación selectiva de la ley, que parece proteger de manera desproporcionada al budismo de las críticas en lugar de abordar los casos reales de incitación. Un ejemplo destacado es la detención en 2023 del youtuber Sepal Amarasinghe porque supuestamente había realizado comentarios irrespetuosos sobre la reliquia del Diente Sagrado conservada en Kandy[8].
Otras leyes que afectan a la libertad de expresión y la libertad religiosa son la Ley de Prevención del Terrorismo de 1979, en virtud de la cual «toda persona que, mediante palabras, ya sean pronunciadas o destinadas a ser leídas, o mediante signos o representaciones visibles o de cualquier otro modo, provoque o pretenda provocar la comisión de actos de violencia o la discordia religiosa, racial o comunitaria, o sentimientos de animadversión u hostilidad entre diferentes comunidades o grupos raciales o religiosos, será culpable de un delito»[9]. Según la ONG End Blasphemy Laws (Acabemos con las leyes de blasfemia), la ley «ha sido criticada por utilizarse para atacar a las minorías, a los críticos con el Gobierno, a los periodistas y a los opositores políticos»[10].
En mayo de 2023, el Gobierno preparó una versión no oficial del proyecto de ley para modificar la Ley de Matrimonio y Divorcio Musulmán. Si se aprobara, las mujeres podrían ocupar puestos como registradoras de matrimonios. Diecisiete diputados musulmanes rechazaron la propuesta. Sin embargo, destacados miembros de la comunidad musulmana criticaron a los diputados musulmanes por su postura conservadora, señalando el fracaso de la ley vigente a la hora de abordar el problema del matrimonio infantil y los efectos nocivos de la poligamia. Según ellos, la Ley de Matrimonio y Divorcio Musulmán afianzaba las divisiones existentes dentro de la comunidad musulmana[11].
En enero de 2024, el Parlamento de Sri Lanka aprobó la Ley de Seguridad en Internet. Sus detractores manifestaron su profunda preocupación ante el temor de que pueda utilizarse como arma para socavar la libertad de expresión y reprimir la disidencia. Es especialmente preocupante que el proyecto de ley otorgue amplios poderes a la Comisión de Seguridad en Internet para decidir qué contenido puede considerarse una «declaración prohibida», recomendar a los proveedores de Internet que eliminen dicho contenido y bloquear el acceso a quienes se consideren infractores[12].
El 12 de diciembre de 2024, la Secretaría Nacional de Organizaciones No Gubernamentales emitió una directiva oficial que obliga a todas las ONG, tanto nacionales como internacionales, incluidas las que estaban registradas anteriormente en virtud de la Ley de Sociedades n.º 07 de 2007, a registrarse conforme a la Ley de Organizaciones de Servicio Social Voluntario (VSSO) n.º 31 de 1980. La normativa exige la reinscripción o la inscripción inicial, la presentación de una amplia documentación y la obtención de la autorización por parte de múltiples organismos gubernamentales, como los Ministerios de Defensa, de Asuntos Exteriores y los ministerios competentes, para que se expida un certificado provisional de seis meses de duración. Las organizaciones con fines religiosos también están sujetas a estos requisitos. Aunque el Gobierno ha planteado esta política como una medida para mejorar la transparencia económica y la rendición de cuentas institucional, los actores de la sociedad civil nacional han manifestado su preocupación y el International Center for Not-for-Profit Law (Centro Internacional para el Derecho sin Ánimo de Lucro-ICNL) ha comentado que es difícil considerar esta medida «como algo más que un intento de ampliar la vigilancia y el control»[13].
Tanto en 2024 como en 2025, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) recomendó al Departamento de Estado de los Estados Unidos que incluyera a Sri Lanka en su Lista de Vigilancia Especial, citando las «graves violaciones de la libertad religiosa» cometidas por el país[14].
Incidentes y acontecimientos
A pesar del marco jurídico del artículo 14 que defiende la libertad religiosa, la declaración constitucional de la supremacía del budismo sobre otras confesiones, en el seno de una cultura profundamente religiosa, se ha convertido en una fuente de tensión y división cada vez mayores. Sri Lanka, que ha sido testigo del auge del nacionalismo étnico-religioso y del fracaso de los sucesivos Gobiernos a la hora de abordar el descontento genuino y creciente entre las minorías religiosas y étnicas, corre ahora el riesgo de sumirse en un prolongado período de represión y conflicto religiosos.
Durante el período estudiado en este informe se han producido importantes acontecimientos políticos y económicos. El año 2022 fue testigo de la declaración del estado de emergencia, de manifestaciones masivas en Galle Face Green, Colombo, de la emigración masiva de jóvenes, de una inflación del 50 % y de la paralización del transporte público y las ambulancias debido a que el país se había quedado sin dinero para comprar combustible[15]. Al mismo tiempo, la prohibición ideológica del uso de fertilizantes diezmó las cosechas de Sri Lanka[16]. Tras el impago de la deuda externa del país en mayo de 2022, el presidente Gotabaya Rajapaksa huyó a Singapur vía Maldivas, desde donde dimitió el 13 de julio de 2022. A raíz de ello, el entonces primer ministro, Ranil Wickremesinghe, asumió el cargo de presidente en funciones[17] e inició su mandato con una represión contra los manifestantes[18].
Posteriormente, en septiembre de 2024, las elecciones presidenciales dieron como resultado la victoria de Anura Kumara Dissanayake, líder del partido marxista-leninista Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) que obtuvo el 42 % de los votos populares. El 14 de noviembre de 2024, la coalición Poder Popular Nacional, que respaldaba a Dissanayake, obtuvo una mayoría parlamentaria decisiva, con 159 escaños de un total de 225[19].
Las organizaciones nacionalistas budistas de Sri Lanka han crecido en número, influencia y radicalismo. Estos grupos suelen describir a las comunidades no budistas como elementos extranjeros, presentando a Sri Lanka como una tierra consagrada por Buda exclusivamente para la protección y el avance del budismo. Entre las organizaciones más destacadas se encuentran Bodu Bala Sena (Fuerza del Poder Budista, BBS), Ravana Balaya, Sinhala Ravaya y Sinhale Jathika Balamuluwa. La BBS, liderada por el venerable Galagoda Aththe Gnanasara Thero, ha sido especialmente activa, con una retórica incendiaria vinculada a ataques contra lugares religiosos y negocios propiedad de minorías. Este grupo utiliza con frecuencia las redes sociales para propagar mensajes antimusulmanes. El auge de estos grupos supone una amenaza para la cohesión nacional y corre el riesgo de alimentar el extremismo de represalia entre las comunidades musulmana e hindú[20].
Para complicar, y en algunos casos alimentar, este aumento de la radicalización, se ha producido una escalada de los conflictos territoriales, especialmente en las provincias del norte y el este, donde los esfuerzos por conservar el patrimonio budista chocan cada vez más con las reivindicaciones territoriales de las minorías religiosas, principalmente los hindúes tamiles y los musulmanes. El Departamento de Arqueología, dependiente del Ministerio de Buddha Sasana, Asuntos Religiosos y Culturales, tiene el mandato de salvaguardar el patrimonio cultural, pero con frecuencia se ha visto implicado en estos conflictos. Estas disputas reflejan problemas más amplios posteriores al conflicto relacionados con los derechos sin resolver sobre la identidad y el acceso a la tierra, que siguen generando desconfianza y el temor entre las poblaciones minoritarias a tener que emigrar. La participación del clero budista, las autoridades gubernamentales y las fuerzas militares en determinadas apropiaciones de tierras ha intensificado la preocupación, y ha llevado a denunciar que la preservación del patrimonio se instrumentaliza para justificar la invasión de tierras que tradicionalmente estaban en manos de grupos minoritarios. Estas prácticas plantean cuestiones críticas sobre la transparencia y la legalidad, al tiempo que exacerban las tensiones étnico-religiosas[21].
Con la creciente imposición de una presencia budista cingalesa de línea dura en la provincia oriental del país, se está produciendo un inquietante crecimiento paralelo del hinduismo tamil militante. Siva Senai («Ejército de Shiva») es una organización política nacionalista hindú de Sri Lanka, fundada en octubre de 2016. El objetivo declarado del grupo es proteger los intereses de los hindúes tamiles de Sri Lanka, especialmente en las provincias del norte y el este del país[22]. El potencial de crecimiento de Siva Senai en cuanto a militancia y capacidad es especialmente alto, ya que cuenta con el apoyo de grupos nacionalistas hindúes en auge, como el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), de la vecina India.
Dicho esto, las regiones orientales, densamente pobladas por musulmanes, también han sido testigos de una creciente relación entre las organizaciones hindúes y budistas. Grupos como la Asociación Hindo-Budista ilustran esta colaboración. En 2023, la India donó alrededor de 15 millones de dólares para la construcción y renovación de monasterios budistas en todo el país[23]. En agosto de 2023, el gobernador de la provincia oriental, Senthil Thondaman, detuvo la construcción de un templo budista en Trincomalee. En respuesta, un grupo de monjes budistas amenazó con «estrangular» al gobernador[24].
El auge del nacionalismo hindú en la India ha ampliado cada vez más su influencia en el norte y el este de Sri Lanka, especialmente a través de las redes sociales, lo que ha agravado la brecha digital e ideológica entre las regiones de habla tamil y la mayoría cingalesa del sur. Sin embargo, la mayor parte de los discursos de odio registrados procedían de la comunidad cingalesa, predominantemente budista. Entre noviembre de 2022 y octubre de 2023, la Alianza Evangélica Nacional Cristiana de Sri Lanka publicó un informe en el que se concluía que el 85 % de los discursos nocivos en línea se publicaban en cingalés y el 11 % en tamil. La mayor parte de los discursos de odio se publicaban en Facebook y en forma de medios audiovisuales, incluidos vídeos y memes. El 69 % de los discursos de odio iban dirigidos contra los cristianos, y los musulmanes también eran blanco frecuente de estos mensajes[25].
Sin embargo, en 2023, las narrativas extremistas hindúes cobraron cierta relevancia en Internet, especialmente a raíz del conflicto entre Israel y Palestina, que provocó una notable intensificación del sentimiento anticristiano. Entre las manifestaciones de esta hostilidad se encontraban el escepticismo hacia un supuesto milagro católico en Point Pedro, en el que se afirmaba que una estatua de la Virgen María había llorado sangre, y la oposición a la construcción de una iglesia cerca de un templo hindú. Además, resurgieron las acusaciones contra los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), alegando que el grupo promovía el cristianismo a expensas del hinduismo[26], es decir, se acusaba a los cristianos tamiles de cometer un «genocidio cultural» mediante conversiones religiosas, equiparando las conversiones con actos de terrorismo[27].
En 2024, el ejército de Sri Lanka restringió el acceso a los templos hindúes en una zona de alta seguridad. Solo se podían utilizar 7 de los 21 templos de la zona, y los fieles tenían que utilizar el transporte del ejército y facilitar datos personales, entre ellos su dirección, para poder acceder a los templos[28].
En marzo de 2024, fueron arrestados ocho hindúes tamiles que habían acudido a una celebración religiosa; detenidos durante más de diez días, fueron supuestamente maltratados. Aunque las autoridades locales habían determinado que las festividades de Shivarathi para celebrar al dios Shiva podían continuar, la policía llegó al templo y agredió a los fieles. Las autoridades alegaron que habían detenido a estas personas porque las pequeñas hogueras rituales hindúes suponían un peligro. La policía que detuvo y, según se afirma, maltrató a los fieles hindúes había llegado acompañada por monjes budistas[29].
Los grupos militantes hindúes tamiles son especialmente activos en Batticaloa, donde han organizado numerosos ataques contra los cristianos. En junio de 2024, cuando los miembros de una iglesia católica de Batticaloa intentaron erigir una estatua de la Virgen María cerca de un templo hindú, se encontraron con la oposición de los extremistas hindúes, que colocaron ídolos hindúes y budistas cerca de la estatua para provocar a la comunidad, aunque posteriormente los retiraron[30].
La creciente discriminación contra las minorías por parte del Estado y de actores no estatales, especialmente contra los musulmanes, junto con la animadversión generalizada hacia los musulmanes desde el final de la guerra civil, han contribuido al aumento de las tensiones.
En octubre de 2023, cientos de ganaderos tamiles y musulmanes que llevan generaciones pastoreando su ganado en el distrito de Ampara se enfrentaron con ganaderos cingaleses, muchos de los cuales son antiguos soldados. Para consolidar el uso de la tierra por parte de los ganaderos cingaleses, los monjes budistas instalaron una nueva estatua de Buda en el distrito, cerca de la zona en disputa[31].
En abril de 2024, el departamento de aduanas de Sri Lanka retuvo 15 000 ejemplares del Corán que se iban a distribuir entre los musulmanes más necesitados del país. En septiembre, liberaron el envío y lo entregaron al Departamento de Asuntos Culturales Musulmanes[32].
Los cristianos de Sri Lanka, en particular los de las iglesias evangélicas independientes, están preocupados por el actual problema del registro. Las Iglesias que desean establecer nuevas sedes tienen que registrarlas, pero el Gobierno puede utilizar sus locales actuales. Los detractores del sistema de registro de Iglesias del país afirman que este viola la libertad religiosa de la comunidad cristiana, ya que requiere la aprobación de las autoridades gubernamentales y una revisión de las creencias religiosas[33]. Además, en marzo de 2024, el ministro de Asuntos Religiosos y Culturales, Vidura Wickramanayaka, ordenó al comisionado general de Asuntos Budistas que diera instrucciones a la policía para que realizara redadas en los centros religiosos no registrados si se dedicaban a la «conversión religiosa»[34].
La Alianza Evangélica Nacional Cristiana de Sri Lanka denunció 43 casos de intimidación, amenazas, injerencia en los servicios religiosos y obstrucción de las reuniones cristianas en 2023[35].
Un ejemplo de ello lo vivieron los miembros de la Iglesia Way to the Comfort Ministry Church de Seethwaka (Sri Lanka), que ha tenido que afrontar una presión constante para que cesen las actividades cristianas en el pueblo. El 26 de enero de 2025, unos monjes budistas se enfrentaron a los líderes de la iglesia, exigiendo el fin de los servicios religiosos y afirmando que en la zona solo se permitían las prácticas budistas. Además, acusaron al pastor de llevar a cabo conversiones forzadas y de recibir financiación extranjera. A la noche siguiente, un individuo no identificado lanzó piedras contra la iglesia, dañando el techo y casi alcanzando a la esposa del pastor. La congregación presentó una denuncia ante la policía, lo que dio lugar a una investigación oficial. Posteriormente, las autoridades organizaron una reunión en la que participaron tres monjes, el pastor y su esposa, miembros de la Iglesia y clérigos locales para buscar una solución pacífica. Aunque los monjes parecían aceptar este resultado, posteriormente uno de ellos informó al pastor de su intención de emprender acciones legales[36].
En relación con los atentados del Domingo de Pascua de 2019, que tuvieron como objetivo tres iglesias y varios hoteles de Sri Lanka, el 12 de enero de 2023 el Tribunal Supremo determinó que el expresidente Maithripala Sirisena y cuatro altos funcionarios no habían actuado ante las advertencias previas de los servicios de inteligencia. Se había producido una ruptura en las comunicaciones del Gobierno, lo que supuso que ni el primer ministro ni el Gabinete tenían conocimiento de las advertencias de seguridad[37]; el presidente, que se encontraba fuera del país cuando estallaron las bombas, afirmó que no le habían informado al respecto[38]. No obstante, el Tribunal ordenó a Sirisena pagar aproximadamente 100 millones de rupias en concepto de indemnización, más 210 millones de rupias adicionales impuestas colectivamente al resto de los funcionarios implicados[39].
En abril de 2024, en vísperas del quinto aniversario de los atentados del Domingo de Pascua, el máximo representante de la ONU, Marc-Andre Franche, instó al Gobierno a llevar a cabo una «investigación exhaustiva y transparente» para descubrir a los responsables de los atentados de la Pascua de 2019[40]. El padre Rohan Silva, director del Centro Oblato para la Sociedad y la Religión de Colombo, afirmó que el arzobispo de Colombo, el cardenal Malcolm Ranjith, había «evitado un derramamiento de sangre» al reunirse con los líderes musulmanes tras las explosiones y asegurarles que «no le pasaría nada a su comunidad»[41].
En septiembre de 2024, el recién elegido presidente Anura Kumara Dissanayake se comprometió a reabrir las investigaciones sobre los atentados y, en una llamada realizada poco después de su toma de posesión, confirmó al cardenal Malcolm Ranjith su determinación de descubrir toda la verdad[42].
Este compromiso renovado se produjo tras una investigación de la cadena de televisión británica Channel 4 que alegaba la posible complicidad o facilitación por parte de agentes de inteligencia de Sri Lanka, con el supuesto objetivo de crear un entorno político propicio para el ascenso de Gotabaya Rajapaksa. En respuesta, el Gobierno creó una comisión de investigación, presidida por un juez jubilado, para investigar estas acusaciones[43].
En enero de 2025, el cardenal Ranjith exhortó además al Gobierno a llevar a cabo reformas constitucionales. Le instó a realizar una investigación exhaustiva no solo sobre los motivos y las deficiencias que provocaron los atentados del Domingo de Pascua, sino también sobre cuestiones más amplias relacionadas con la corrupción que, en su opinión, sigue socavando la gobernanza democrática de Sri Lanka[44].
En octubre de 2024, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) adoptó una resolución para prorrogar un año más el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) con el fin de supervisar las «preocupaciones respecto a los derechos humanos» en el país. El Gobierno del Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) se opuso a esta resolución. El ministro de Asuntos Exteriores, Vijitha Herath, afirmó que el programa electoral de su partido incluía «mecanismos progresistas de protección de los derechos humanos» y que el Gobierno necesitaba «más tiempo para llevar a cabo las tareas de supervisión de las violaciones». Los críticos temen que los partidos gobernantes JVP y Poder Popular Nacional no estén dispuestos a apoyar la resolución porque tienen fuertes vínculos con las fuerzas de seguridad y porque entre los miembros del Poder Popular Nacional podría haber personas relacionadas con crímenes de guerra y otras violaciones de los derechos humanos[45].
Como se detalla en la sección sobre el marco jurídico, en Sri Lanka la aplicación de la Ley del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) se ha centrado cada vez más en las expresiones consideradas ofensivas para el budismo, la religión mayoritaria del país. Entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, se llevaron a cabo varias detenciones de alto perfil en virtud de esta legislación. Entre las más notables se encuentran las de la humorista Nathasha Edirisooriya y el pastor Jerome Fernando.
En mayo de 2023, Nathasha Edirisooriya fue detenida por una actuación satírica en la que hacía referencia al budismo. Aunque la acusación se apoyó en la Ley del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, posteriormente la pusieron en libertad bajo fianza, y el Tribunal Superior dictó que sus comentarios no habían incitado a la violencia y que su actuación cómica no había provocado hostilidad hacia los budistas[46].
El 1 de diciembre de 2023, el Departamento de Investigación Criminal detuvo a Jerome Fernando, pastor cristiano evangélico, por comentar que Buda había estado «buscando a Jesús». Detuvieron al pastor por violar las leyes contra el discurso de odio. El pastor permaneció en prisión preventiva hasta el 13 de diciembre[47].
Esta tendencia ha suscitado importantes críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales, que sostienen que la Ley del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no solo se está aplicando de forma incorrecta (para reprimir las expresiones religiosas disidentes o inconformistas, socavando así la libertad de expresión y el discurso religioso), sino que también se está aplicando de forma selectiva, ya que la policía y el poder judicial se han apresurado a utilizar la legislación contra el odio contra las comunidades minoritarias, pero no contra los budistas.
Un ejemplo de ello se dio en octubre de 2023, cuando Sumanarathana Ampitiye, monje budista cingalés extremista con antecedentes de discurso de odio, agresión e incitación a la violencia, publicó en las redes sociales un vídeo en el que amenazaba con matar a todos los tamiles del sur con estas palabras: «¡Todos y cada uno de los tamiles serán descuartizados! ¡Todos serán asesinados! ¡Todos los tamiles del sur serán descuartizados y masacrados! Los cingaleses los masacrarán»[48].
El 10 de enero de 2025 se produjo una excepción a esta tendencia cuando las autoridades condenaron a prisión por insultar al islam e incitar al odio religioso a Galagodaaththe Gnanasara Thero, destacado monje budista cingalés, líder de la organización nacionalista budista cingalesa Fuerza del Poder Budista (BBS) y aliado cercano del expresidente Gotabaya Rajapaksa (Gnanasara Thero formó parte de un grupo de trabajo presidencial destinado a proteger la armonía religiosa durante el gobierno de Rajapaksa). La condena se refiere a las declaraciones que hizo durante una conferencia de prensa en 2016, en la que afirmó lo siguiente: «El islam es un cáncer... debe ser erradicado». Este caso constituye una de las raras condenas de un monje budista en Sri Lanka y supone la segunda pena de prisión de Gnanasara Thero, que ya fue encarcelado en 2024 por discurso de odio contra los musulmanes, pero al que se le concedió la libertad bajo fianza mientras apelaba su condena de cuatro años. Al imponerle nueve meses de prisión y una multa de 1500 rupias esrilanquesas (con una prórroga de un mes de prisión en caso de impago), el Tribunal de Magistrados de Colombo mostró la protección constitucional de la libertad religiosa[49]. Esta sentencia de 2025 refuerza el control de la intolerancia religiosa y la influencia del nacionalismo budista en las esferas política y social de Sri Lanka[50].
Futuro de la libertad religiosa
A pesar de la significativa disminución de la actividad terrorista —Sri Lanka lleva cinco años consecutivos sin atentados y tiene una puntuación de cero en el Índice Global de Terrorismo 2025—, esta evolución positiva en materia de seguridad contrasta claramente con el continuo deterioro de la libertad religiosa. La aplicación continuada de leyes vagas y discriminatorias para detener a las minorías religiosas, reprimir la disidencia y, en ocasiones, proteger a los autores de actos de violencia étnico-religiosa, socava los derechos fundamentales. Figuras como la del monje budista extremista Sumanarathana Ampitiye siguen promulgando una retórica incendiaria con consecuencias mínimas, lo que perpetúa un clima de impunidad.
Además, la creciente afirmación de la influencia budista cingalesa en la provincia oriental ha exacerbado las tensiones con las comunidades tamil y musulmana, intensificando los temores de un aumento de la intolerancia y la violencia. La consiguiente aparición de una forma extremista de hinduismo tamil es especialmente alarmante, ya que podría presagiar el resurgimiento del tipo de militancia tamil violenta que alimentó el separatismo de los Tigres Tamiles, pero en forma religiosa y sectaria. Grupos radicales como Siva Senai podrían convertirse en las contrapartidas minoritarias de grupos mayoritarios, como Bodu Bala Sena (BBS), alimentándose mutuamente en una espiral de rivalidad sectaria.
Por último, el rechazo por parte del recién elegido Gobierno del Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y su renuencia a exigir responsabilidades por los abusos cometidos durante la guerra civil disminuyen aún más la confianza de la población en las instituciones estatales. Debido a las diversas tensiones políticas, sociales y religiosas que existen en todo el país, las perspectivas para la libertad religiosa en Sri Lanka siguen siendo negativas.
Fuentes
Sri Lanka