SUDÁFRICA
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Tras el fin del régimen del apartheid en 1994, Sudáfrica aprobó en 1996 una Constitución que prohíbe toda forma de discriminación, incluida la discriminación por motivos religiosos (artículo 9.2-5)[1]. En virtud de ella, toda persona «tiene derecho a la libertad de conciencia, religión, pensamiento, creencia y opinión» (artículo 15.1); las prácticas religiosas «pueden llevarse a cabo en instituciones estatales o subvencionadas por el Estado, siempre que dichas prácticas se ajusten a las normas establecidas por las autoridades públicas competentes, se realicen de forma equitativa y la asistencia a ellas sea libre y voluntaria» (artículo 15.2).
Se reconocen «los matrimonios celebrados según cualquier tradición o sistema de derecho religioso, personal o familiar; o los sistemas de derecho personal y familiar según cualquier tradición o a los que se adhieran personas que profesen una religión determinada» (artículo 15.3.a). Este derecho ha llevado al Parlamento sudafricano a ampliar el alcance de la legislación sobre el matrimonio[2].
En 1998, el Parlamento aprobó la Ley de Reconocimiento de los Matrimonios Consuetudinarios, que permite la poligamia, pero solo en aquellos «usos y costumbres tradicionalmente observados entre los pueblos indígenas africanos»[3]. En 2006 se aprobó la Ley de Uniones Civiles, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo[4], modificada en 2020 para derogar el artículo 6 de la legislación original, que permitía a los funcionarios encargados de los matrimonios civiles optar por no celebrar el matrimonio entre personas del mismo sexo por motivos de conciencia, religión o creencias[5]. En 2010 se propuso un proyecto de ley sobre el matrimonio musulmán que nunca llegó a aprobarse. Recurrido ante los tribunales, el caso sigue pendiente de resolución[6].
En noviembre de 2023, el Parlamento aprobó el proyecto de ley sobre el matrimonio único. Su objetivo es crear una ley única sobre el matrimonio que sustituya a las tres leyes existentes. Sin embargo, los líderes religiosos y culturales del país criticaron el proyecto de ley por ser demasiado liberal, con pocos límites, y por pretender legalizar «todas las tendencias sociales». Los críticos también temen que el proyecto de ley, en su forma actual, socave las tradiciones culturales y religiosas de las personas que no reconocen la poliandria (el matrimonio de una mujer con dos o más hombres) y el matrimonio entre personas del mismo sexo[7].
Aunque los matrimonios religiosos no están reconocidos por la legislación sudafricana, ofrecen algunas protecciones limitadas en materia de manutención en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, sucesión intestada, comunidad de bienes y protección contra la violencia doméstica[8].
El artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad de expresión, esta no ampara «la incitación al odio por motivos de raza, etnia, género o religión, que constituya una incitación a causar daño».
Aunque la Constitución apenas hace referencia a la cuestión de la religión en el ámbito de la educación, la enseñanza religiosa forma parte del plan nacional de estudios, si bien en las escuelas públicas está prohibido «enseñar una fe o creencia concreta con el fin de inculcar la adhesión a dicha fe o creencia»[9]. En 2017, tras una sentencia del Tribunal Superior de Johannesburgo, se prohibió a las escuelas enseñar una sola religión[10].
«Con sujeción a la Constitución y a cualquier ley provincial aplicable», el artículo 7 de la Ley de Escuelas de Sudáfrica permite la celebración de actos religiosos «en las escuelas públicas, conforme a las normas establecidas por el órgano rector, siempre que dichos actos se celebren de forma equitativa y la asistencia a ellos por parte de los alumnos y los miembros del personal sea libre y voluntaria»[11].
La Constitución declara que «todo individuo tiene derecho a crear y mantener, a sus propias expensas, instituciones educativas independientes que no discriminen por motivos de raza» (artículo 29.3). Dichas instituciones deben estar «registradas ante el Estado» y «mantener un nivel de enseñanza que no sea inferior al de las instituciones educativas públicas semejantes». Esto «no excluye las subvenciones estatales para las instituciones educativas independientes», lo que ha permitido a grupos cristianos, islámicos y judíos crear sus propios colegios en todo el país[12]. En 2024, por ejemplo, en Sudáfrica había 355 colegios católicos; de ellos, el 70 % se autodefinían como «colegios públicos en terrenos propiedad de la Iglesia» y el 30 % como «independientes»[13].
El artículo 31.1 concede a los miembros de las comunidades religiosas el derecho a «disfrutar de su cultura, practicar su religión y utilizar su idioma» con otros miembros de su comunidad. Para ello, pueden «formar, unirse y mantener asociaciones culturales, religiosas y lingüísticas y otros órganos de la sociedad civil», siempre que no se haga «de manera incompatible con ninguna disposición de la Carta de Derechos» (artículo 31.2).
La Comisión Sudafricana de Derechos Humanos es un organismo que apoya la democracia constitucional y promueve el «respeto, la observancia y la protección de los derechos humanos» sin «miedo, favoritismos ni prejuicios»[14], incluida la libertad religiosa. Junto con los tribunales, es responsable de enjuiciar a los presuntos infractores[15].
La ley no obliga a las comunidades religiosas a registrarse ante las autoridades, pero aquellas que lo hacen pueden beneficiarse de alguna exención fiscal[16].
Sudáfrica cuenta con una Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas (Comisión de Derechos CRL), entre cuyos miembros hay políticos, clérigos y académicos[17]. Igual que la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos, su mandato incluye el fortalecimiento de la democracia constitucional, y también se encarga de promover «los derechos de las comunidades culturales, religiosas y lingüísticas» proporcionando «un espacio para... las comunidades culturales, religiosas y lingüísticas», al tiempo que fomenta la unidad entre ellas[18].
Sudáfrica tiene 12 días festivos oficiales, dos de los cuales, Navidad y Viernes Santo, son de carácter cristiano. Otros dos días festivos, el Día de la Familia y el Día de la Buena Voluntad, coinciden respectivamente con el Lunes de Pascua y el día después de Navidad (Boxing Day)[19]. Ninguna otra festividad religiosa es día festivo. La Comisión de Reforma Legislativa del país ha denunciado esta situación[20] y ha pedido que se cambie, mientras que algunos grupos minoritarios exigen que sus principales días sagrados también se reconozcan como festivos[21].
En diciembre de 2023, el Parlamento aprobó una ley que penaliza el discurso de odio. Los críticos han considerado la Ley de Prevención y Lucha contra los Delitos de Odio y el Discurso de Odio como «un enorme retroceso para la libertad de expresión y la democracia en Sudáfrica». Alegan que la ley impone fuertes restricciones a la libertad de expresión y que los parámetros para entender qué es «discurso de odio» están poco definidos. La pena por discurso de odio es de hasta cinco años de prisión[22].
El 9 de mayo de 2024, el presidente Cyril Ramaphosa promulgó la Ley de Prevención y Lucha contra los Delitos de Odio y el Discurso de Odio, con el objetivo de proporcionar un marco jurídico contra los delitos de odio y la incitación a la xenofobia, aunque aún no ha entrado en vigor debido a posibles irregularidades procedimentales y a las continuas dudas sobre su constitucionalidad[23].
En octubre de 2024, el país expidió certificados de matrimonio para los musulmanes después de que el Ministerio del Interior modificara la ley para reconocer los matrimonios musulmanes. Antes de las modificaciones, los matrimonios musulmanes no estaban reconocidos ni por la Ley del Matrimonio de 1961 ni por la Ley del Divorcio de 1979. Al no existir reconocimiento legal, existía gran incertidumbre cuando se disolvían dichos matrimonios o fallecía uno de los cónyuges[24]. Sin embargo, el Consejo Judicial Musulmán afirmó que el formato actual de la certificación matrimonial no se ajusta a los requisitos de la sharía e instó a la comunidad musulmana a no adoptar las licencias matrimoniales del Gobierno[25].
Incidentes y acontecimientos
Sudáfrica sigue afrontando profundos retos socioeconómicos. Aproximadamente el 20 % de la población vive por debajo del umbral internacional de pobreza, fijado en 2,15 dólares estadounidenses al día, y el país presenta la mayor desigualdad de ingresos del mundo, con un coeficiente de Gini de 0,63[26].
Aunque en comparación con años anteriores la frecuencia de los ataques xenófobos a gran escala ha disminuido en Sudáfrica, persiste un sentimiento en contra de la inmigración que se instrumentaliza políticamente. Antes de las elecciones generales de mayo de 2024 se registró como partido político el grupo parapolicial Operación Dudula, conocido por su retórica antimigrante, lo que suscitó la preocupación de los grupos defensores de los derechos humanos[27]. Entre los retos socioeconómicos del país, se cuenta el hecho de que sigue estigmatizando a los migrantes procedentes de países africanos y asiáticos, muchos de ellos de países de mayoría musulmana.
En los últimos años se ha producido en Sudáfrica una oleada de asesinatos de líderes religiosos. El 6 de octubre de 2023, fue asesinado a tiros Dwayne Gordon, predicador invitado en el Águilas Centro Cristiano de Newlands, durante un servicio religioso. El 12 de marzo de 2024, cerca de Pretoria, apuñalaron hasta la muerte a tres monjes coptos en su monasterio y, al día siguiente, asesinaron a tiros al padre William Banda, nacido en Zambia y miembro de la Sociedad Misionera de San Patricio, cuando se preparaba para celebrar la misa en la sacristía de la catedral de la Santísima Trinidad en Tzaneen, provincia de Limpopo[28].
El 27 de abril de 2024, hallaron muerto a las afueras de Pretoria al padre Paul Tatu, misionero estigmatino de Lesoto y responsable de comunicación de la Conferencia Episcopal Católica de África Meridional. Según informaciones no confirmadas, el padre Tatu había ido a visitar a una amiga enferma, Phumla Dladla, cuando fue testigo de su asesinato por parte de su marido. Al parecer, este le obligó a subir a su coche, le alejó varios kilómetros y finalmente le disparó en la nuca[29]. En agosto de 2025, juzgaron al sargento Mokgessing Dladla, marido de la mujer asesinada, por ambos asesinatos[30].
La Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas investigó múltiples denuncias de abusos y prácticas «pseudocultuales». Por ejemplo, en 2024 continuó el juicio contra el obispo Stephen Zondo de Rivers, fundador de los Ministerios Agua Viva, acusado de violación y manipulación de feligreses[31].
Los rituales tradicionales de iniciación, como la circuncisión masculina y la mutilación genital femenina, provocaron varias muertes entre 2023 y 2024. Un informe de 10 de julio de 2024 indicaba que al menos 12 jóvenes murieron durante la temporada de iniciación invernal, y la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos y los funcionarios del CoGTA de Cabo Oriental citaron la deshidratación, las palizas y la negligencia como causas principales[32].
El 8 de diciembre de 2024, se confirmaron ocho muertes más relacionadas con circuncisiones ilegales y una supervisión deficiente[33]. El 20 de diciembre, se notificaron otras 17 muertes, lo que provocó que los representantes de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos hicieran un llamamiento a una mayor vigilancia por parte de la comunidad y a una aplicación más estricta de los protocolos de seguridad[34]. En respuesta, la Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas y los líderes tradicionales mantuvieron conversaciones con el objetivo de evitar más pérdidas de vidas, lo que puso de relieve el desafío constante que supone alcanzar el equilibrio entre las tradiciones culturales y religiosas y la protección de los derechos humanos[35].
En mayo de 2024, Sudáfrica celebró elecciones parlamentarias en las que el Congreso Nacional Africano obtuvo solo el 40 % de los votos. Su líder, Cyril Ramaphosa, formó un Gobierno de coalición con la Alianza Democrática, que históricamente cuenta con el apoyo de la población blanca, mestiza e india. El Congreso Nacional Africano ocupó 20 de los 32 puestos del Gabinete y la Alianza Democrática seis, mientras que el resto fue a parar a partidos más pequeños, entre ellos el Partido de la Libertad Inkatha, nacionalista zulú. El Congreso Nacional Africano llegó al poder en 1994 bajo el liderazgo de Nelson Mandela y fue fundamental para poner fin a una década de dominio de la minoría blanca en Sudáfrica[36].
La Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Católica de África Meridional elogió la celebración de las elecciones generales, afirmando que se llevaron a cabo correctamente y que contrastaban claramente con las irregularidades observadas en muchos otros lugares de África. Aunque reconoció las deficiencias logísticas que entorpecieron el proceso de votación, así como el preocupante descenso de la participación electoral, la comisión elogió a Sudáfrica como «una de las mejores democracias de África». A diferencia de esta valoración positiva, 58 diputados pertenecientes al partido MK del expresidente Zuma denunciaron supuestas irregularidades y anunciaron que boicotearían la labor parlamentaria. Los resultados de las elecciones supusieron la primera vez desde el fin del apartheid que el Congreso Nacional Africano perdía su mayoría absoluta[37].
En agosto de 2024, el arzobispo Sithembele Anton Sipuka, presidente de la Conferencia Episcopal Católica de África Meridional, manifestó su profunda preocupación por las informaciones que indicaban que Sudáfrica estaba siendo utilizada como centro financiero por el Estado Islámico[38]. Criticó la aparente falta de respuesta de las autoridades gubernamentales y pidió que se tomaran medidas urgentes y decisivas. Según investigaciones internacionales, el ISIS ha canalizado fondos a través de bancos sudafricanos para apoyar a grupos vinculados en la República Democrática del Congo[39]. Una persona con sede en Durban fue sancionada por financiar operaciones del Estado Islámico en la República Democrática del Congo mediante extorsiones y secuestros para obtener rescates, mientras que otra en Ciudad del Cabo estuvo involucrada, presuntamente, en el entrenamiento de militantes para realizar actividades delictivas[40]. El arzobispo Sipuka también se refirió al descubrimiento de un campamento de estilo militar en Limpopo, donde estaban recibiendo entrenamiento 95 reclutas libios, posiblemente vinculados a las fuerzas del general Haftar del Ejército Nacional Libio, lo que aumentó aún más la alarma por la presencia de infraestructura extremista en territorio sudafricano[41].
La Junta Judía de Diputados de Sudáfrica informó de un aumento considerable del número de incidentes antisemitas, que pasaron de 68 en 2022 a 207 en 2023. Entre estos incidentes se cuentan amenazas verbales, acoso en las redes sociales, vandalismo y pintadas antisemitas. El incremento se debió en parte a las declaraciones políticas realizadas tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre[42]. La Junta Judía de Diputados informa de que, solo en el período comprendido entre octubre y diciembre de 2023, el antisemitismo en Sudáfrica aumentó un 631 % en comparación con los mismos meses del año anterior[43].
El 5 de diciembre de 2024, un artefacto explosivo fue lanzado por encima del muro de una oficina de la comunidad judía de Ciudad del Cabo. El artefacto no explotó. La Junta Judía de Diputados de Sudáfrica llamó al presidente para pedirle que condenara este delito de odio contra la comunidad judía del país[44]. En Johannesburgo, agredieron a un rabino a la salida de una sinagoga, y en Ciudad del Cabo una persona recibió un golpe en la cabeza durante una manifestación a favor de Palestina[45].
Anteriormente, en Durban en junio de 2024, asesinaron a una mujer musulmana y su marido recibió 15 puñaladas, al parecer por apoyar a Palestina[46].
El 7 de febrero de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva[47] por la que se suspendía toda la ayuda del Gobierno estadounidense a Sudáfrica. Esa misma semana, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, anunció que no asistiría a la cumbre del G20 en Sudáfrica. La orden presidencial citaba la Ley de Expropiación 13 de 2024 de Sudáfrica, y los motivos aducidos para ambas decisiones eran la victimización, la violencia y la retórica de odio contra la minoría étnica afrikáner, junto con la expropiación de sus tierras sin compensación[48]. Según el censo de 2022, el 90 % de los sudafricanos blancos se identifican como cristianos.
El presidente Ramaphosa de Sudáfrica negó que se estuviera produciendo ninguna persecución política, religiosa o económica, afirmando: «En particular, debemos cuestionar la narrativa completamente falsa de que nuestro país es un lugar en el que se persigue a personas de determinada raza o cultura»[49]. Del mismo modo, un grupo de líderes cristianos anglicanos, reformados y carismáticos de Sudáfrica, que representan diversas opiniones políticas, rechazó la versión del Gobierno estadounidense. El grupo declaró que la suposición de «violencia desproporcionada» dirigida contra los blancos negaba la realidad de que los sudafricanos negros seguían sufriendo los peores excesos[50]. Genocide Watch señaló que, aunque los sudafricanos blancos constituyen el 8 % de la población, representan menos del 2 % de las víctimas de asesinato[51].
Los líderes cristianos también denunciaron la orden ejecutiva del 7 de febrero de 2025, señalando que la retirada repentina de la ayuda del Gobierno estadounidense afectaría de manera desproporcionada a la comunidad de personas con VIH que toman medicamentos antirretrovirales y «contribuiría a la muerte prematura de los pobres y vulnerables»[52]. Por la misma razón, el cardenal Stephen Brislin, arzobispo católico de Johannesburgo, declaró que la retirada de la ayuda estadounidense era una «enorme tragedia»[53].
Desde que el Congreso Nacional Africano llegó al poder en 1994, han emigrado cerca de una quinta parte de los sudafricanos blancos[54], aunque voces cristianas influyentes del país les han instado a quedarse, sobre todo el evangelista Angus Buchan, que está muy integrado en la comunidad zulú[55]. En mayo de 2025, un primer grupo de 59 sudafricanos blancos afrikáners llegó a Estados Unidos, donde se les concederá el estatuto de refugiados.
Futuro de la libertad religiosa
Sudáfrica ofrece un entorno generalmente favorable para el ejercicio de la libertad religiosa, respaldado por un sólido marco constitucional que protege la libertad de religión, creencia y conciencia. Esto ha permitido que diversas comunidades religiosas convivan pacíficamente y contribuyan a la cohesión social.
Sin embargo, los recientes acontecimientos jurídicos han suscitado preocupación. Se ha criticado la «Ley de prevención y lucha contra los delitos de odio y el discurso de odio», firmada en mayo de 2024, por sus definiciones vagas y la posibilidad de que restrinja la libertad de expresión, a pesar de las excepciones religiosas. Del mismo modo, el proyecto de ley de matrimonio único, que pretende unificar diversas formas de matrimonio en un único marco jurídico, ha suscitado críticas por parte de los líderes religiosos, que temen que ignore las creencias doctrinales, en particular en lo que respecta a las uniones entre personas del mismo sexo y la poliandria.
Aunque el reconocimiento de los matrimonios musulmanes en octubre de 2024 fue bien recibido por muchos, algunos organismos musulmanes, entre ellos el Consejo Judicial Musulmán, manifestaron su preocupación por la incompatibilidad con los principios de la sharía.
A pesar de estas tensiones, las perspectivas generales para la libertad religiosa siguen siendo positivas.
Fuentes
Sudáfrica