Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU y el Tribunal de Justicia Internacional consideran que los territorios palestinos se encuentran bajo la ocupación israelí[1] desde junio de 1967, cuando Israel conquistó las zonas palestinas situadas más allá de las líneas establecidas en el armisticio de 1949, concretamente Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, que hasta entonces habían estado en manos de Jordania y Egipto. En 1993, como resultado del acuerdo de Oslo, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) se reconocieron mutuamente de manera oficial. Un año después, se creó la Autoridad Palestina (AP), oficialmente la Autoridad Nacional Palestina (ANP), como institución transitoria de autogobierno palestino[2] en varias zonas de Cisjordania y Gaza, pero no en Jerusalén Este, que Israel considera parte integrante de su capital y donde la Autoridad Palestina no ejerce ninguna autoridad.
Las negociaciones bilaterales entre israelíes y palestinos, dirigidas a crear un Estado palestino junto a Israel, nunca han tenido éxito. En 2005, Israel se retiró de Gaza, pero mantuvo el control sobre el acceso al territorio. El Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, tomó el control en 2007. Desde entonces, los territorios palestinos se han dividido entre el gobierno de la Autoridad Palestina, reconocido internacionalmente, en Ramala (Cisjordania) y Gaza, controlada por Hamás. Durante el mismo período, Israel y Hamás se han enfrentado militarmente en varias ocasiones.
En noviembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas admitió a Palestina como Estado observador no miembro[3]. El 3 de enero de 2013, el presidente palestino Mahmud Abás firmó un decreto por el que se sustituía el nombre de Autoridad Palestina por el de Estado de Palestina[4]. Actualmente, Palestina está reconocida por 146 Estados miembros de las Naciones Unidas[5], además de la Santa Sede[6].
En 2015, la Santa Sede y el Estado de Palestina firmaron un Acuerdo Global[7], que entró en vigor en enero de 2016. Este acuerdo abarca aspectos esenciales de la vida y las actividades de la Iglesia católica en Palestina, como el derecho de la Iglesia a operar en territorio palestino y el de los cristianos a practicar su fe y participar plenamente en la sociedad.
Los palestinos son en su mayoría musulmanes suníes, pero hay una comunidad cristiana autóctona de entre 40 000 y 50 000 personas (entre 9000 y 10 000 en Jerusalén Este)[8] y una pequeña comunidad samaritana de unos 400 miembros que viven cerca de Nablus[9]. Alrededor de 737 000 colonos judíos israelíes viven en Cisjordania y Jerusalén Este, en asentamientos considerados ilegales según el derecho internacional[10].
Palestina no tiene una constitución permanente, pero la Ley Fundamental Palestina, promulgada en 2003 y revisada en 2005, sirve como carta magna temporal[11]. En ella se establece el islam como «la religión oficial de Palestina. Se respetará la santidad del resto de las religiones divinas. Los principios de la sharía islámica serán la fuente principal de la legislación. El árabe será el idioma oficial» (artículo 4.1-3).
La Ley declara que «todos los palestinos serán iguales ante la ley y el poder judicial, sin distinción de raza, sexo, color, religión, opinión política o discapacidad» (artículo 9) y garantiza «la libertad de creencia, culto y celebración de las ceremonias religiosas, siempre y cuando no perturben el orden o la moral públicos» (artículo 18). El artículo 101 establece que «la ley islámica y las cuestiones relativas al estado civil se someterán a la jurisdicción de los tribunales islámicos y religiosos, de conformidad con la ley».
La conversión desde el islam no está explícitamente prohibida, pero, en la práctica, no se produce debido a la fuerte presión social. El proselitismo sí está prohibido[12].
En virtud de un decreto presidencial de 2017, los presidentes de varios consejos municipales (Ramala, Belén, Beit Yala y otros seis municipios) tienen que ser cristianos palestinos, aunque los cristianos no sean mayoría en esas ciudades[13]. Otro decreto presidencial de 2021 reserva siete escaños a los cristianos en el Consejo Legislativo palestino, compuesto por 132 miembros. El presidente palestino, Mahmud Abás, cuenta con ministros y asesores cristianos[14]. Los cristianos también están representados en el servicio exterior y la administración interna de la Autoridad Palestina.
La Autoridad Palestina reconoce oficialmente 13 confesiones cristianas[15]. Entre ellas se encuentran la Iglesia católica romana, la ortodoxa griega, la apostólica armenia y la anglicana. Tribunales eclesiásticos deciden sobre cuestiones de estatuto personal, como el matrimonio, el divorcio y la herencia, de conformidad con las leyes de la Iglesia. Anteriormente, otras Iglesias, en su mayoría evangélicas, no podían registrarse oficialmente, pero sí funcionar con libertad; sin embargo, no tenían los mismos derechos en cuestiones de estatuto personal. En 2019, se concedió reconocimiento legal al Consejo de Iglesias Evangélicas Locales de Palestina, lo que supone que las Iglesias evangélicas pueden conceder licencias de matrimonio, abrir cuentas bancarias y comprar y registrar terrenos e inmuebles[16].
La división territorial de Palestina en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este hace que se den condiciones muy diferentes para la libertad religiosa en cada una de ellas. En Gaza, bajo el control de Hamás, la minoría cristiana se enfrenta a importantes restricciones y presión social, con una tolerancia limitada hacia la diversidad religiosa. En Cisjordania, la Autoridad Palestina garantiza formalmente la libertad de las «religiones celestiales», pero tanto las medidas de seguridad israelíes como el control fragmentado sobre el territorio dificultan el acceso a los lugares de culto y a los lugares sagrados. Jerusalén Este, gobernada por la ley israelí, ofrece una protección jurídica más amplia, pero los palestinos (musulmanes y cristianos) se enfrentan a barreras de seguridad y discriminación administrativa que afectan a la práctica religiosa.
Incidentes y acontecimientos
En enero de 2023, un investigador palestino entrevistado en la televisión oficial de la Autoridad Palestina afirmó que «los judíos son arrogantes por naturaleza y no aceptan al otro». Continuó diciendo que «su forma de pensar [la de los judíos] se basa en el racismo, lo que ha provocado que sean odiados en todas partes. El pensamiento sionista se basa en […] los Protocolos de los Sabios de Sion»[17].
En mayo de 2023, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, en un discurso pronunciado ante las Naciones Unidas en Nueva York, negó los vínculos judíos con el Monte del Templo de Jerusalén. «Israel —afirmó Abás— lleva 30 años excavando [debajo de la mezquita de Al-Aqsa] para encontrar alguna prueba o evidencia de la existencia de una conexión judía con el lugar… Al-Sharif pertenece exclusivamente a los musulmanes»[18].
En mayo de 2023, miles de peregrinos judíos, el grupo más numeroso desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, visitaron la Tumba de José, santuario religioso en litigio[19] situado en la ciudad de Nablus, controlada por la Autoridad Palestina[20]. Después del atentado terrorista perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, se impidió que los peregrinos judíos acudiesen a este lugar. Las visitas se reanudaron varios meses después. En julio de 2024, fuerzas israelíes escoltaron a unos 500 peregrinos judíos hasta la Tumba, tras lo cual, según las informaciones, se produjeron enfrentamientos entre soldados y hombres armados[21].
En junio de 2023, unos colonos israelíes incendiaron una escuela en Orif, aldea de Cisjordania, e intentaron quemar viviendas y una mezquita[22]. Ese mismo mes, colonos israelíes robaron y destrozaron un Corán de una mezquita de Orif[23]. El ministro egipcio de Awqaf (Fundaciones Religiosas), Mojtar Goma, condenó esta profanación. «El ataque de los colonos a una de las mezquitas de Orif, en Nablus, y a los ejemplares del Sagrado Corán que allí se encontraban es fuente de terrorismo, extremismo y racismo, lo que socava todas las oportunidades de convivencia y menoscaba violentamente la libertad de las personas para elegir su fe y practicar los ritos de su religión con seguridad y tranquilidad»[24].
El 7 de octubre de 2023, durante las primeras horas del sabbat judío, en vísperas de la festividad judía de Simjat Torá, Hamás y otros grupos militantes islamistas, como la Yihad Islámica, coordinaron incursiones contra Israel que incluyeron un bombardeo masivo con cohetes dirigidos indiscriminadamente contra los asentamientos israelíes cercanos a la frontera con la Franja de Gaza. Bajo el nombre de «Operación Inundación de Al-Aqsa»[25], el ataque sorpresa por aire, tierra y mar dejó aproximadamente 1200 muertos, en su mayoría civiles, niños incluidos. Fue la mayor masacre de judíos desde el Holocausto y el mayor ataque terrorista de la historia del Estado de Israel[26]. Más de 5000 personas resultaron heridas[27], y 251 fueron llevadas como rehenes a Gaza[28]. Poco después del ataque, se denunciaron casos de violaciones[29] y mutilaciones de cadáveres[30]. Un representante especial de la ONU viajó a Israel en visita oficial para evaluar las denuncias de violencia sexual y concluyó que había «motivos razonables para creer que se había producido violencia sexual relacionada con el conflicto»[31]. Al mismo tiempo, diversas fuentes (en Israel y en el extranjero) denunciaron abusos contra palestinos, entre ellos torturas y violaciones, por parte de las fuerzas israelíes en Gaza y en prisiones de Israel[32].
Tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel impuso una prohibición casi total a la entrada de trabajadores palestinos procedentes de la Cisjordania ocupada, lo que provocó importantes «crisis de suministro» en Israel, según el gobernador del Banco Central. Antes del ataque, más de 150 000 personas cruzaban diariamente la frontera para trabajar principalmente en la construcción y la agricultura. En diciembre de 2023, ante la presión de los empresarios, el Gobierno permitió el regreso de entre 8000 y 10 000 trabajadores[33] y solo para llegar a los asentamientos y empresas israelíes de Cisjordania. La economía palestina también se ha visto gravemente afectada, con una creciente inestabilidad en Cisjordania y la economía de Gaza al borde del colapso[34].
La represalia de Israel al ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 comenzó casi de inmediato. Ese mismo día, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró: «Estamos en guerra» y ordenó ataques aéreos sobre Gaza contra posiciones de Hamás[35].
Israel respondió al ataque de Hamás lanzando una invasión a gran escala de la Franja de Gaza con ataques aéreos masivos que dejaron amplias zonas devastadas e inhabitables[36]. Según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud controlado por Hamás, hasta el 25 de junio de 2025 han muerto alrededor de 56 000 palestinos y más de 132 000 han resultado heridos[37].
En octubre de 2023, murieron 18 civiles y al menos una docena resultaron heridos en un ataque israelí contra el recinto de la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio. Unos 450 miembros de la pequeña comunidad cristiana de Gaza habían encontrado refugio en la iglesia, situada en la ciudad vieja de Gaza[38].
En octubre de 2023, miembros de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina murieron en un ataque aéreo israelí contra la mezquita Al-Ansar de Yenín, utilizada como centro de mando[39].
En noviembre de 2023, los ataques aéreos israelíes sobre Gaza destruyeron más de 50 viviendas y una escuela cristiana, además de dañar otros edificios igualmente cristianos, como el colegio de las Hermanas del Rosario, que atendía a 1250 alumnos, tanto cristianos como musulmanes[40].
En noviembre de 2023, colonos israelíes izaron una bandera israelí en el minarete de una mezquita del campo de refugiados de al-Fawwar, cerca de Hebrón[41].
En diciembre de 2023, un francotirador israelí asesinó a tiros a una madre cristiana ya anciana y a su hija en los terrenos de una iglesia católica de la ciudad de Gaza. El Patriarcado Latino de Jerusalén declaró en un comunicado de prensa: «Alrededor del mediodía de hoy [...], un francotirador de las Fuerzas de Defensa de Israel asesinó a dos mujeres cristianas dentro de la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, donde están refugiadas la mayor parte de las familias cristianas desde el comienzo de la guerra»[42]. «Asesinaron a tiros a Nahida y a su hija Samar cuando se dirigían al convento de las hermanas. Una de ellas murió cuando intentaba llevar a la otra a un lugar seguro». Cuando se le pidió que comentara el suceso, el ejército israelí dijo que estaba investigando el incidente que se había producido en los terrenos de la única iglesia católica de la Franja de Gaza[43].
En su comunicado, el Patriarcado también afirmó que varios cohetes lanzados por un tanque israelí habían impactado en el convento de las Hermanas de la Madre Teresa, donde vivían 54 personas discapacitadas; como consecuencia, el edificio resultó dañado y perdió su generador y sus reservas de combustible, lo que lo dejó inhabitable[44].
En diciembre de 2023, unas imágenes publicadas en las redes sociales mostraban a soldados israelíes recitando una oración judía imitando el estilo islámico de oración. El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino denunció la profanación del lugar religioso. Los soldados fueron apartados de la actividad operativa[45].
En febrero de 2024, habían muerto a causa de la guerra en Gaza alrededor de 30 cristianos, entre ellos las personas asesinadas en el ataque al recinto de la parroquia ortodoxa griega de octubre de 2023, las dos mujeres asesinadas por disparos de francotiradores en la iglesia católica de la Sagrada Familia y 11 personas que murieron a causa de enfermedades crónicas que no se pudieron tratar adecuadamente[46].
En marzo de 2024, Israel impuso severas restricciones a los cristianos palestinos de Cisjordania que tenían previsto celebrar la Pascua en Jerusalén. Solo se permitió la entrada a la ciudad a unos 200 líderes cristianos, mientras que sus congregaciones quedaron excluidas[47].
En abril de 2024, el Parlamento Europeo votó a favor de una resolución que «condena los contenidos problemáticos y odiosos que incitan a la violencia, difunden el antisemitismo e incitan al odio en los libros de texto de los colegios palestinos redactados por funcionarios públicos financiados por la Unión [Europea], así como en los materiales educativos complementarios elaborados por el personal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y utilizados en sus escuelas»[48]. El año anterior se adoptó una resolución similar[49].
En julio de 2024, tras 12 años de batalla legal, el ejército israelí y los colonos desalojaron a la familia cristiana Kisiya de sus tierras en al-Majrur, cerca de Belén[50].
También en julio de 2024, la Comisión Católica Justicia y Paz de Tierra Santa condenó tanto los ataques terroristas de Hamás como la contraofensiva israelí. «Ni los ataques de Hamás ni la devastadora guerra con que Israel ha respondido satisfacen los criterios de una “guerra justa” según la doctrina católica», afirmó la Comisión. Citando al papa Francisco, que pidió repetidamente un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes israelíes, la declaración de la Comisión subrayó que el derecho de Israel a la autodefensa «debe guiarse por los principios de distinción y proporcionalidad y cumplir con el derecho internacional humanitario»[51]. La embajada israelí ante la Santa Sede criticó la declaración con las siguientes palabras: «Es lamentable que un grupo de personas de la Iglesia católica haya decidido publicar un documento que, utilizando pretextos religiosos y argucias lingüísticas, no hace más que oponerse de facto al derecho de Israel a defenderse de las intenciones declaradas de sus enemigos de poner fin a su existencia»[52].
En agosto de 2024, cinco militantes palestinos, entre ellos Muhamad Yaber, comandante de la Yihad Islámica, murieron en un tiroteo con soldados israelíes «dentro y cerca de una mezquita» en Tulkarem, Cisjordania[53]. Ese mismo mes, el ejército israelí cerró la mezquita Ibrahim/Tumba de los Patriarcas de Hebrón tras una serie de atentados con coches bomba en Cisjordania. Según declaraciones del Ejército de Defensa de Israel, «tras el ataque, se endurecieron los controles de seguridad a la entrada de fieles palestinos e israelíes en la Cueva de los Patriarcas, y la zona se cerró durante un breve período de tiempo por motivos de seguridad»[54].
En agosto de 2024, el ejército israelí mató a cinco combatientes palestinos dentro de una mezquita de Tulkarem durante una de sus mayores operaciones en Cisjordania en meses[55].
También en agosto de 2024, el Patriarcado Latino de Jerusalén condenó otra incursión israelí contra la escuela de la iglesia de la Sagrada Familia de la ciudad de Gaza[56], que causó cuatro muertos y decenas de heridos[57]. El edificio servía de refugio para civiles y no vivían allí religiosos ni religiosas[58].
En octubre de 2024, volvieron a cerrar la mezquita Ibrahim durante cuatro días para permitir a los peregrinos judíos celebrar sus fiestas, como en años anteriores. Las autoridades israelíes imponen regularmente restricciones tanto a judíos como a musulmanes durante sus respectivas fiestas por motivos de seguridad[59].
En noviembre de 2024, el principal erudito islámico de Gaza emitió una fetua en la que criticaba el ataque del 7 de octubre de 2023. Salman al-Dayah, antiguo decano de la Facultad de Sharía y Derecho de la Universidad Islámica de Gaza, vinculada con Hamás, denunció a este grupo por «violar los principios islámicos que rigen la yihad». Según el erudito, antes de emprender cualquier acción militar, deben considerarse sus consecuencias[60].
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant. Según la CPI, existen motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant son responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra[61]. También se dictó una orden de detención contra el líder de Hamás, Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido comúnmente como «Deif», por presuntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en el territorio del Estado de Israel y del Estado de Palestina. La CPI también había dictado órdenes de detención contra otros dos altos dirigentes de Hamás, Ismail Haniye y Yahya Sinwar. Tras confirmarse la muerte de ambos, la Fiscalía retiró su moción. En el caso de Deif, la Sala no pudo determinar si estaba vivo o muerto[62]. En enero de 2025, Hamás confirmó la muerte de su jefe militar Deif[63].
En diciembre de 2024, Israel liberó a dos mujeres cristianas palestinas que se encontraban detenidas en Israel en régimen de detención administrativa. A una de ellas, Lian Naser, le habían denegado el beneficio de recibir la visita de su párroco, que quería llevarle la Sagrada Comunión[64].
En diciembre de 2024, las fuerzas de seguridad dispararon contra tres peregrinos judíos jasídicos que entraron en la Tumba de José en Nablus sin coordinarse previamente con ellas y sufrieron heridas leves[65]. La policía palestina entregó a las fuerzas de seguridad israelíes al que había resultado herido. Los demás fueron rescatados por el ejército israelí[66]. En diciembre de 2024, unos palestinos armados hirieron levemente al conductor de un autobús que había llevado a peregrinos judíos al lugar. Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron al conductor y a 19 peregrinos por entrar ilegalmente en la zona[67].
En diciembre de 2024, el papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente palestino Mahmud Abás, quien pidió al Pontífice que siguiera «promoviendo el reconocimiento del Estado de Palestina en la comunidad internacional». Para Abás, «si se quiere alcanzar la paz, no hay alternativa a la solución de dos Estados»[68].
Al igual que el año anterior, Belén celebró la Navidad en diciembre de 2024 en la plaza del Pesebre de forma más modesta, sin luces festivas ni árbol, debido a la guerra en Gaza[69].
A finales de 2024 y principios de 2025, colonos israelíes atacaron varias mezquitas de Cisjordania. En diciembre de 2024, pintaron grafitis racistas en una mezquita de la aldea de Marda y le prendieron fuego[70]. En febrero de 2025, los colonos incendiaron una mezquita de la aldea beduina de Arab al-Mleihat, al noroeste de Jericó[71]. En marzo de 2025, unos colonos irrumpieron y destrozaron una mezquita de Jirbet Tana, aldea del norte de Cisjordania y agredieron a los fieles que participaban en las oraciones de Ramadán[72].
En febrero de 2025, los líderes de las Iglesias de Jerusalén denunciaron el plan del presidente estadounidense Donald Trump de «tomar el control» y reconstruir Gaza. «El pueblo de Gaza, familias que han vivido durante generaciones en la tierra de sus antepasados», afirmaron, «no debe ser obligado al exilio, despojado de lo poco que les queda de sus hogares, su patrimonio y su derecho a permanecer en la tierra que constituye la esencia de su identidad»[73].
En febrero de 2025, el vicepresidente de Promoción de la Universidad de Belén, la única universidad católica de Palestina, habló con Vatican News sobre las dificultades a las que se enfrentan sus alumnos para llegar al campus universitario debido a las nuevas medidas de seguridad israelíes[74].
En marzo de 2025, las autoridades israelíes se negaron a abrir completamente la mezquita de Ibrahim a los musulmanes para el culto del viernes, como es habitual durante el Ramadán. Según las autoridades palestinas, los viernes de Ramadán, son parte de los «diez días del año en los que la mezquita de Ibrahim está completamente abierta a los fieles musulmanes»[75].
En marzo de 2025, Israel llevó a cabo nuevos ataques cerca de la iglesia parroquial de la Sagrada Familia de Gaza tras el fracaso de la tregua con Hamás. Cuando estalló la guerra, el recinto parroquial se convirtió en lugar de refugio para 500 personas, en su mayoría cristianas[76].
Futuro de la libertad religiosa
Durante el período estudiado en este informe, la Autoridad Palestina (AP) siguió manteniendo un marco jurídico que garantiza la libertad de culto, pero no la libertad religiosa en su sentido más amplio. No obstante, las Iglesias cristianas tradicionales y sus miembros pueden practicar su fe con relativa libertad tanto en Cisjordania como, con mayor cautela, en Gaza.
Aunque el marco jurídico de la libertad religiosa no ha cambiado, las condiciones económicas y de seguridad son completamente diferentes desde octubre de 2023. La prohibición de Israel de contratar a trabajadores palestinos ha agravado la ya difícil situación económica de Cisjordania y ha llevado la economía de Gaza al borde del colapso[77]. La guerra entre Israel y Hamás también ha afectado enormemente al turismo religioso, importante fuente de ingresos para los cristianos palestinos. Los cristianos y musulmanes de Gaza y Cisjordania no han tenido libre acceso a la Jerusalén Oriental ocupada por Israel para visitar los lugares religiosos. La circulación en Cisjordania también está mucho más restringida que antes[78].
La guerra ha destruido gran parte de las infraestructuras religiosas de Gaza. Según el Ministerio de Dotaciones Religiosas (Awqaf) de Gaza, en febrero de 2025, el 79 % de las mezquitas de la Franja de Gaza y tres iglesias habían sido destruidas o habían sufrido graves daños. Según los informes, Israel ha matado a unos 255 clérigos e imanes afiliados al Ministerio y ha detenido a 26. El ejército israelí también ha atacado 32 de los 60 cementerios de Gaza, de los cuales 14 han sido destruidos y 18 dañados[79]. La guerra ha dejado a la ya pequeña comunidad cristiana de Gaza en una situación extremadamente vulnerable debido a la pérdida de vidas y la destrucción de la infraestructura eclesiástica. Sin perspectivas de paz a la vista, el futuro para la libertad religiosa en Palestina es sombrío.
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