Turkmenistán
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de 2008 define Turkmenistán como un Estado laico (artículo 1)[1] y afirma la igualdad de las organizaciones religiosas ante la ley, así como el deber del Estado de garantizar la libertad de religión y de creencias (artículo 18). Sin embargo, también prohíbe explícitamente la injerencia religiosa en los asuntos del Estado y garantiza que no se conceda un estatus privilegiado a ninguna religión. Además, establece que el sistema educativo debe seguir siendo laico. Los individuos tienen derecho a elegir y practicar cualquier religión —o ninguna—, individual o colectivamente, y a participar en ritos y ceremonias religiosas (artículo 41); asimismo, se prohíbe la discriminación por motivos religiosos (artículo 28). El artículo 30 establece que el ejercicio de los derechos individuales —entre ellos la libertad religiosa— no debe violar el orden público, la moralidad o la seguridad nacional. Está prohibida la formación de partidos políticos basados en ideologías religiosas y son ilegales las organizaciones que fomentan las desavenencias religiosas (artículo 44).
La Constitución establece dos años de servicio militar obligatorio para los varones mayores de 18 años, sin exenciones por motivos religiosos. Sin embargo, desde 2022, los objetores de conciencia pueden realizar un servicio civil alternativo en el Servicio Estatal de Migración[2].
Turkmenistán es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR)[3], que contiene disposiciones relativas a la libertad religiosa.
Los asuntos religiosos y las organizaciones religiosas se rigen por la Ley de Libertad Religiosa y Organizaciones Religiosas de 2016[4], modificada por última vez en 2021. La ley regula la condición jurídica de las organizaciones religiosas, los derechos de los individuos a practicar su religión y el papel del Estado en la protección de estas libertades. En su preámbulo se garantiza la libertad de religión y de creencias, se afirma la igualdad con independencia de las convicciones religiosas y se reconoce el papel histórico del islam en Turkmenistán. La ley también establece la Comisión para el Trabajo con Organizaciones Religiosas y el dominio de Recursos que Contienen Información Religiosa, Productos Editoriales y de Impresión en Turkmenistán (en adelante, «la Comisión») para supervisar la aplicación de la política religiosa y garantizar su cumplimiento.
Todas las comunidades religiosas tienen que registrarse tanto en la Comisión como en el Ministerio de Justicia de Turkmenistán. Son ilegales las actividades religiosas no registradas, entre las que se cuentan el culto, la distribución de literatura religiosa y la labor misionera, y están sujetas a sanciones administrativas o penales. El artículo 10 de la Ley de Religión otorga a la Comisión amplios poderes, sometiendo efectivamente todos los aspectos de la vida religiosa a su escrutinio. El capítulo IX también otorga amplios poderes al Fiscal General y al Ministerio de Justicia.
Aunque la Ley de Religión de 2016 garantiza en teoría la libertad religiosa, sus disposiciones restrictivas limitan considerablemente la práctica religiosa independiente. Por ejemplo, las organizaciones religiosas registradas no pueden dar más de cuatro horas de catequesis semanal a los niños fuera del horario escolar, con el consentimiento previo de los padres y la aprobación de la Comisión (Ley de Religión, artículo 8). Además, el engorroso proceso burocrático de registro somete todas las actividades religiosas a un estricto control estatal, lo que limita enormemente la libertad de expresión religiosa. Los procedimientos de registro y vigilancia se utilizan para garantizar que las actividades religiosas se ajusten a las políticas estatales y no desafíen la autoridad del Gobierno[5].
A pesar del carácter laico del Estado, el islam se utiliza con frecuencia para reforzar el régimen totalitario de la familia Berdimuhamedow, que gobierna el país desde hace casi veinte años. Para ello, se nombra y controla a imanes encargados de vigilar a los fieles y recabar información sobre sus opiniones políticas y sociales.
El control estatal también se extiende a la interpretación del islam, y los musulmanes que se desvían de la versión aprobada por el Estado corren el riesgo de que se les persiga, e incluso de ser condenados a largas penas de prisión[6]. En las zonas urbanas, gran parte de la población es religiosa solo nominalmente, y el extremismo religioso sigue siendo poco frecuente[7]. No obstante, el interés por el islam ha ido aumentando entre los turcomanos[8]. El régimen mira la religiosidad «excesiva» con hostilidad y ha aplicado medidas contra las prácticas que asocia con el islam radical, como la prohibición de la barba entre los jóvenes[9] con el argumento de que no se ajusta a las tradiciones culturales locales[10].
Desde 2014, Turkmenistán ha sido designado como país de especial preocupación por la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), a tenor de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, por cometer o tolerar violaciones graves de la libertad religiosa[11]. Esta designación se renovó en el informe de 2024 de la USCIRF, aunque Antony Blinken, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, eximió al país en varias ocasiones de las sanciones correspondientes, alegando «importantes intereses nacionales de los Estados Unidos»[12]. Según el informe de 2024 de Freedom House, Turkmenistán obtuvo una puntuación de 0 sobre 4 en materia de libertad religiosa[13].
Incidentes y acontecimientos
Turkmenistán sigue bajo el firme control de la familia Berdimuhamedow. En 2022, Serdar Berdimuhamedow sucedió a su padre, Gurbanguly, como presidente. Tras la reforma constitucional de 2023, Gurbanguly Berdimuhamedow recibió el título oficial de «líder nacional del pueblo turcomano» y fue nombrado jefe del Consejo Popular (Halk Maslahaty), el máximo órgano de gobierno del país. Esto le situó en una posición desde la que supervisar —y, en su caso, vetar— las decisiones de su hijo[14]. Este acuerdo constituye una diarquía asimétrica en la que Gurbanguly ejerce un poder significativo entre bastidores, mientras que el jefe de Estado opera dentro de los límites definidos por su padre[15].
En 2023, la Comisión de Asuntos Religiosos rechazó la solicitud de registro de una Iglesia protestante independiente en la ciudad de Türkmenabat, que antes de la denegación ya había sido objeto de una redada policial. La Iglesia cumplía el requisito de contar con el apoyo de 50 ciudadanos adultos[16]. Después de la denegación, amenazaron a 20 de sus miembros con procesos penales y multas.
En la primavera de 2023, el Ministerio de Seguridad Nacional citó en varias ocasiones a un musulmán de 60 años de la ciudad de Mary por rezar sin autorización del Estado y le ordenó que cesara sus actividades religiosas[17].
Durante el período que se estudia en este informe, agentes del Gobierno advirtieron a los testigos de Jehová reiteradamente y con amenazas que no se reuniesen a practicar su culto ni compartieran su fe. En numerosas ocasiones se han denegado las solicitudes de registro de este grupo[18].
En marzo de 2023, la policía y los funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional de las ciudades de Turkmenbashy y Balkanabat intensificaron su control sobre las prácticas religiosas, centrándose en si las mujeres musulmanas que asistían a las mezquitas llevaban hiyab o rezaban con tasbih (rosarios islámicos). Los funcionarios también registraron los teléfonos de las mujeres buscando vínculos con los denominados grupos religiosos «radicales»[19].
En abril de 2023, impidieron que Yakutjan Babajanowa, musulmana de 73 años que pretendía realizar la umra (peregrinación a La Meca) saliera del país, a pesar de haber realizado todos los trámites necesarios[20]. Su hija Hamida, que vive exiliada en Turquía, denunció la situación a la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos en Turkmenistán, ante la sospecha de que la prohibición de viajar estaba relacionada con sus críticas al régimen[21]. Hamida contó que su madre llevaba años ahorrando para hacer el viaje[22], que supone una cantidad equivalente a diez salarios mensuales medios. En agosto de 2023, cinco meses después, Yakutjan finalmente recibió el permiso para viajar[23]. Según la organización de derechos humanos Forum 18, estas restricciones son habituales en Turkmenistán[24]. Cada año, las autoridades limitan el número de peregrinos autorizados a pesar de la gran demanda. De los 19 000 solicitantes de 2023, solo 2312 obtuvieron la aprobación oficial. Durante el proceso de autorización los peregrinos se tienen que enfrentar a verificaciones invasivas de sus antecedentes, corrupción y favoritismo político[25]. Los funcionarios de aduanas supervisan a los viajeros y realizan un registro exhaustivo del equipaje de los peregrinos que regresan, confiscándoles los objetos religiosos. Los escándalos han revelado sobornos y decisiones arbitrarias sobre quién puede realizar la peregrinación, incluso entre personalidades religiosas de alto rango[26].
En julio de 2023, Gurbanguly Berdimuhamedow se enojó con el gran muftí de Turkmenistán, Yalkap Hojagulyyew, al enterarse de que sin su aprobación habían incluido entre los peregrinos del hach a la esposa del muftí. La mujer decidió no viajar por temor a las represalias[27]. El incidente ilustra el alcance de la supervisión autoritaria en Turkmenistán, donde incluso los altos cargos religiosos se enfrentan a controles estrictos y arbitrarios.
El medio de comunicación independiente y defensor de los derechos humanos Turkmen.news informó de que, en abril de 2023, en la ciudad de Shatlyk, provincia de Mary, el Gobierno tenía la intención de sustituir al imán principal por alguien más afín a los intereses del régimen[28]. Ese mismo mes, tras la muerte de Ogulabad Berdimuhamedowa, madre del expresidente Gurbanguly Berdimuhamedow y abuela del actual presidente, se ordenó a las mezquitas recitar oraciones conmemorativas y se cancelaron todas las celebraciones nupciales[29]. Se obligó a los ciudadanos a guardar luto, se prohibió la música y se exigió a los turcomanos de a pie que rezaran en sus casas por el eterno descanso de la abuela del presidente[30].
En agosto de 2023, la policía de la ciudad de Turkmenbashy llevó a cabo redadas en los domicilios de musulmanes devotos y confiscó literatura religiosa[31]. Ese mismo mes, el Ministerio de Seguridad Nacional detuvo a un imán anciano en la localidad de Gumdag por enseñar el islam a niños sin la autorización del Estado[32].
También en agosto, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) instó a Turkmenistán a eliminar las trabas para el registro de organizaciones religiosas y para la práctica de la religión sin la aprobación del Estado, recordando a las autoridades turcomanas que estas restricciones violan el derecho internacional[33].
En su Informe Anual de 2024, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) mencionó que, durante el año anterior, los presos de conciencia musulmanes siguieron detenidos bajo cargos dudosos por participar en actividades religiosas pacíficas[34]. La USCIRF documentó al menos nueve casos de este tipo, aunque es probable que el número real sea mayor, y algunas personas cumplen condenas de entre 12 y 15 años. Aunque las autoridades turcomanas han proporcionado información actualizada sobre la situación y el paradero de estos presos, sigue preocupando el trato que reciben, dadas las condiciones notoriamente duras de las prisiones turcomanas.
Los ciudadanos turcomanos que viven en el extranjero también han sufrido persecución. Uno de los casos más llamativos de los últimos tiempos es el de Ashyrbay Bekiew, deportado de Rusia a Turkmenistán a pesar de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que prohibía su extradición. En 2015, las autoridades turcomanas acusaron a Bekiew, que residía legalmente en Rusia desde 2009, de promover el «extremismo islámico» y le incluyeron en una lista de personas buscadas por difundir ideas «wahabíes» entre los estudiantes turcomanos de Rusia[35]. Las organizaciones de derechos humanos sostienen que los cargos son infundados. En mayo de 2023, las autoridades rusas detuvieron a Bekiew por tener los documentos de inmigración caducados y fue deportado en agosto. Según las informaciones recibidas, en octubre de 2023, fue condenado a 23 años de prisión[36]. Su familia, en concreto su hermano Tachmyrat, también ha sufrido persecución por sus actividades religiosas[37].
En 2024, la libertad religiosa en Turkmenistán seguía estando muy restringida. La ONG cristiana Puertas Abiertas informó de que las autoridades interrogaban regularmente a los cristianos y los presionaban para que revelaran información sobre sus actividades[38]. Al menos 500 cristianos denunciaron haber sufrido abusos físicos o psicológicos, a menudo a manos de sus propias familias en los casos de conversos del islam. Las víctimas sufrieron palizas, aislamiento forzoso y acoso, a menudo agravados por los imanes locales que predicaban en su contra.
En abril de 2024, los servicios de seguridad intensificaron la vigilancia sobre los jóvenes que visitaban las mezquitas, deteniendo e interrogando a los que veían rezar, sobre todo desde el atentado terrorista perpetrado en el Crocus City Hall de Moscú[39]. También realizaron redadas en tiendas de ropa y de artículos religiosos[40]. El Gobierno avisó a los empleados públicos que habían participado en el hach de que no mostraran su devoción religiosa en el trabajo y confirmó la prohibición de llevar barba y pañuelos de cabeza blancos[41].
En mayo de 2024, en el marco de una campaña de represión contra las minorías religiosas, las autoridades de las regiones de Lebap y Daşoguz presionaron a personas de etnia turcomana, tártara, uzbeka y tayika que profesaban la fe cristiana ortodoxa para que se convirtieran al islam[42]. Además, destruyeron algunas granjas porcinas y se cerraron fábricas de salchichas de cerdo en una campaña contra la denominada «carne prohibida»[43].
En julio de 2024, un funcionario de una mezquita amenazó públicamente con la cárcel al pastor protestante Rahymjan Borjakov[44]. Poco después, el Ministerio de Seguridad Nacional visitó a su familia, recopiló información sobre sus parientes y les hizo llamadas amenazantes. El pastor Borjakov tuvo que salir del país temporalmente por acusaciones falsas. También se clausuró un negocio propiedad de unos cristianos por motivos similares[45].
La embajada israelí en la capital, Asjabad, no informó de ningún incidente antisemita[46].
A pesar de las condiciones represivas, un líder católico observó una «curiosidad religiosa» creciente entre los turcomanos. Atribuyó este cambio a un interés más amplio por la religión —y, en algunos casos, por el cristianismo—, mientras que para otros refleja un deseo de reconectarse con sus raíces religiosas ancestrales. En este contexto, los líderes religiosos afirmaron que, aunque se abstienen de hacer proselitismo, reciben con las puertas abiertas a quienes buscan[47].
Futuro de la libertad religiosa
Turkmenistán está gobernado por uno de los regímenes más totalitarios del mundo, cuyo escrutinio afecta a casi todos los aspectos de la vida cotidiana. A pesar de algunas garantías constitucionales y legales, en la práctica estas disposiciones se utilizan para consolidar la autoridad del Estado en lugar de para proteger la libertad religiosa. El marco jurídico que sustenta esta represión es amplio y aumenta continuamente. El régimen aplica una política sistemática de control social total, prohibiendo cualquier ejercicio colectivo de la libertad de religión o de creencias sin la aprobación del Estado. Todos los grupos religiosos y de fe están sujetos a un registro obligatorio y se enfrentan a estrictas limitaciones sobre sus actividades[48].
Las autoridades, a la vez que siguen reprimiendo cualquier expresión de religiosidad islámica que consideran excesiva, permitiéndola solo dentro de los límites que pueden controlar, también instrumentalizan el islam para reforzar el dominio del Estado y atacar a las minorías religiosas, en particular a los musulmanes conversos. Esta intensificación de la represión indica que no es probable que se produzcan cambios significativos en un futuro próximo.
Fuentes
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