UCRANIA
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de 1996 garantiza la libertad de religión y de culto, así como la separación entre la Iglesia y las organizaciones religiosas y el Estado. En ella se establece lo siguiente: «Toda persona tiene derecho a la libertad de filosofía y religión. Este derecho incluye la libertad de profesar o no profesar una religión, de celebrar ritos y ceremonias religiosas libremente, individual o colectivamente, y de participar en actividades religiosas. El ejercicio de este derecho solo podrá ser restringido por la ley para proteger el orden público, la salud y la moral de la población, o para proteger los derechos y libertades de otras personas. [...] El Estado no reconocerá ninguna religión como obligatoria» (artículo 35)[1].
Asimismo, declara: «Nadie estará exento de sus obligaciones para con el Estado ni podrá negarse a cumplir las leyes por motivos religiosos. Si el cumplimiento del servicio militar es contrario a las creencias religiosas de un ciudadano, dicho deber será sustituido por un servicio alternativo (no militar)» (Ibidem)[2]. Este servicio alternativo tiene una duración una vez y media superior a la del servicio militar ordinario en las Fuerzas Armadas de Ucrania.
El artículo 15 establece que «la vida social en Ucrania se basará en los principios de diversidad política, económica e ideológica. El Estado no reconocerá ninguna ideología como obligatoria. Se prohibirá la censura. El Estado garantizará la libertad de las actividades políticas no prohibidas por la Constitución o las leyes de Ucrania»[3].
Todos los individuos «serán libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos y las libertades serán inalienables e inviolables» (artículo 21)[4]. Por otra parte, «las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras formaciones militares no podrán ser utilizadas por nadie para restringir los derechos y libertades de los ciudadanos ni con la intención de derrocar el orden constitucional, subvertir las autoridades gubernamentales u obstaculizar sus actividades» (artículo 17)[5].
Si bien la Ley de 1992 sobre el servicio alternativo (no militar) confirma que «los ciudadanos de Ucrania tienen derecho a un servicio alternativo si el cumplimiento del servicio militar es contrario a sus creencias religiosas y estos ciudadanos pertenecen a organizaciones religiosas que operan de conformidad con la legislación de Ucrania, y cuya doctrina no permite el uso de armas»[6], en respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022, se impusieron el estado de ley marcial y la movilización general por decreto presidencial. A este respecto, la Constitución prevé que «los derechos humanos y libertades constitucionales y civiles no podrán ser restringidos, salvo en los casos previstos por la Constitución de Ucrania. En condiciones de ley marcial o de estado de emergencia, podrán establecerse restricciones específicas de los derechos y libertades, indicando la duración de dichas restricciones» (artículo 64)[7].
Durante el denominado «período especial» (la guerra con Rusia), los miembros del clero no están exentos de la movilización militar, y los objetores de conciencia están obligados a realizar el servicio militar de reserva[8]. Desde que estalló la guerra con Rusia y se impuso la ley marcial, los hombres en edad militar no pueden salir del país[9].
Según Derechos Humanos Sin Fronteras, durante los primeros meses de la guerra, la mayor parte de los objetores de conciencia pudieron realizar servicios alternativos. Sin embargo, en los últimos meses de 2024, «el número de procedimientos penales contra objetores de conciencia por motivos religiosos de repente ha aumentado drásticamente, afectando sobre todo a los miembros de la comunidad de los testigos de Jehová». Las condenas conllevan duras penas: tres años de prisión. A finales de octubre de 2024, alrededor de 300 objetores de conciencia, casi el 95 % de ellos testigos de Jehová, estaban siendo investigados[10].
Esta situación se produce tras una decisión del Tribunal Supremo de Ucrania sobre el caso del adventista Dmytro Zelinsky. El 13 de junio de 2024, el Tribunal confirmó la suspensión del derecho a la objeción de conciencia y al servicio civil alternativo durante la guerra con Rusia: «Las creencias religiosas no pueden ser motivo para que un ciudadano de Ucrania, reconocido apto para el servicio militar, eluda la movilización y cumpla con su deber constitucional de proteger la integridad territorial y la soberanía del Estado frente a la agresión militar de un país extranjero»[11].
Dmytro Zelinsky recurrió al Tribunal Constitucional para que determinara si el artículo 1.I de la ley sobre el servicio alternativo (no militar) era compatible con el artículo 35.IV de la Constitución de Ucrania. El 24 de septiembre de 2024 se inició el procedimiento tras la denuncia del demandante[12].
La Ley de Libertad de Conciencia y Organizaciones Religiosas de 1991 es el principal marco jurídico que regula la libertad religiosa y el funcionamiento de las Iglesias y organizaciones religiosas de Ucrania[13]. Esta ley no exige que las comunidades religiosas se registren como personas jurídicas. Desde su promulgación, ha sido objeto de numerosas modificaciones. La más significativa se produjo tras la adopción de la Ley de Protección del Orden Constitucional en el Ámbito de la Actividad de las Organizaciones Religiosas. La ley fue aprobada por la Verjovna Rada (el Parlamento ucraniano) el 20 de agosto de 2024 y entró en vigor el 23 de septiembre de 2024[14]. Esta modificación responde a «la agresión armada de la Federación de Rusia contra Ucrania y el apoyo a esta agresión por parte de la Iglesia ortodoxa rusa»; a su vez, señala que «las numerosas acciones ilegales de la Iglesia ortodoxa rusa y sus organizaciones religiosas subordinadas en el territorio de Ucrania suponen una amenaza para la seguridad nacional y pública, y para los derechos y las libertades de los ciudadanos ucranianos»[15].
Dicha modificación prohíbe «las actividades de las organizaciones religiosas extranjeras [...] ubicadas en un Estado que se haya reconocido como autor de una agresión armada contra Ucrania o que esté cometiendo una agresión armada contra Ucrania y/o ocupando temporalmente parte del territorio de Ucrania» (artículo 2.1).
El artículo 3 establece que, dado que «la Iglesia ortodoxa rusa es una continuación ideológica del régimen del Estado agresor, cómplice de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en nombre de la Federación de Rusia y de la ideología del “mundo ruso”, en Ucrania quedan prohibidas las actividades de la Iglesia ortodoxa rusa»[16]. Junto con la Iglesia ortodoxa rusa, la Ley prohíbe «las actividades de las organizaciones religiosas vinculadas a organizaciones religiosas extranjeras cuyas actividades estén prohibidas en Ucrania» (artículo 3.2). En el documento no se menciona directamente a la Iglesia ortodoxa ucraniana-Patriarcado de Moscú, pero se considera que es el objetivo principal de la ley.
Durante siglos, la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú fue la única Iglesia ortodoxa reconocida oficialmente en Ucrania. En 1990, la Iglesia ortodoxa rusa le concedió cierta autonomía y, en 2019, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla reconoció una Iglesia ortodoxa de Ucrania autocéfala. La ley entró en vigor 30 días después de su publicación, con la excepción de una cláusula que concedía a las parroquias y monasterios de la Iglesia ortodoxa ucraniana nueve meses para romper sus vínculos con Moscú. Se espera que en algún momento algún tribunal decrete la prohibición nacional de la Iglesia vinculada a Moscú, ahora oficialmente separada de la Iglesia ortodoxa de Ucrania[17].
En lo que respecta al antisemitismo, una ley aprobada por el Parlamento de Ucrania el 22 de septiembre de 2021 define el concepto de antisemitismo, prohíbe la judeofobia y sus manifestaciones, y establece sanciones por infringir la legislación[18].
En el ámbito de la educación, el artículo 35 de la Constitución de Ucrania establece lo siguiente: «En Ucrania la Iglesia y las organizaciones religiosas estarán separadas del Estado, y la escuela estará separada de la Iglesia»[19].
Según el Servicio Estatal de Estadística de Ucrania, la población del país era de 41,1 millones de personas en enero de 2021, antes del inicio de la invasión a gran escala de Rusia, territorios ocupados por Rusia incluidos[20]. El Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que en 2024, la cifra era de 37,9 millones, atribuyendo el descenso a la crisis de refugiados y a la pérdida de territorio causada por la guerra actual[21].
Una investigación realizada por el Centro Ucraniano de Estudios Económicos y Políticos, con sede en Kiev y conocido comúnmente como Centro Razumkov, en honor a su fundador, Olexander Razumkov, reveló un aumento de religiosidad en la sociedad ucraniana. El número de ucranianos que se identifican como creyentes aumentó del 58 % en el año 2000 al 70,5 % en 2023, tras el estallido de la guerra[22].
Las cuatro principales Iglesias de Ucrania, ninguna de las cuales es una iglesia estatal, son la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú, que es una rama de la Iglesia ortodoxa rusa; la Iglesia ortodoxa de Ucrania; la Iglesia greco-católica ucraniana, predominante en el oeste del país, que reconoce la supremacía del Papa y sigue el rito oriental; y la Iglesia católica romana[23].
La convivencia entre la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú y la Iglesia ortodoxa de Ucrania se vio interrumpida por la invasión rusa de febrero de 2022, que contó con el apoyo de los líderes de la Iglesia ortodoxa rusa. Antes de esto, la Iglesia ortodoxa de Ucrania había logrado que la jerarquía ortodoxa mundial la reconociera como Iglesia independiente. El 6 de enero de 2019, el patriarca Bartolomé, del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, entregó un Tomos al metropolitano Epifanio I de Kiev, reconociendo la autocefalia de la Iglesia ortodoxa de Ucrania[24].
La ruptura más profunda en las relaciones eclesiásticas ortodoxas entre Moscú y Constantinopla en más de mil años[25] se produjo en agosto de 2024 cuando el Parlamento ucraniano adoptó la Ley de Protección del Orden Constitucional en el Ámbito de la Actividad de las Organizaciones Religiosas[26]. Esta ley alteraba radicalmente la posición de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú en el país, a pesar de que su primado, el metropolitano Onofre (Berezovsky), ha condenado reiteradamente la guerra de Rusia y en mayo de 2022 tomó medidas para garantizar la independencia y la plena autonomía de su Iglesia respecto a Moscú[27].
El Servicio Estatal de Ucrania para la Política Étnica y la Libertad de Conciencia consideró insuficientes estas medidas, y en enero de 2023 declaró que «el estatus de la Iglesia ortodoxa ucraniana como subdivisión estructural de la Iglesia ortodoxa rusa [...] permanece inalterado»[28].
Incidentes y acontecimientos
Ley de Protección del Orden Constitucional en el Ámbito de la Actividad de las Organizaciones Religiosas
Según Human Rights Watch, la nueva Ley ucraniana de Protección del Orden Constitucional en el Ámbito de la Actividad de las Organizaciones Religiosas —que prohíbe de facto las organizaciones religiosas vinculadas a la Iglesia ortodoxa rusa— es excesivamente amplia y podría tener consecuencias de gran alcance en el derecho a la libertad religiosa de los ucranianos. Al prohibir las congregaciones de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú, pone en peligro los derechos de millones de miembros de esta Iglesia. Las consecuencias «van desde restricciones a la propiedad y el funcionamiento de los bienes religiosos hasta dificultades para acceder a los lugares de culto y un mayor riesgo de vigilancia y persecución por parte de los servicios de seguridad»[29].
Human Rights Watch subraya que «cualquier persecución o sanción que no se base en actos específicos e ilegales, sino únicamente en la adhesión a una práctica pacífica de la fe, constituye discriminación religiosa y está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos»[30]. La aplicación de la ley podría empujar a la clandestinidad a las aproximadamente 10 000 congregaciones de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú diseminadas por toda Ucrania, obligándolas a practicar su religión en secreto. Se han presentado cargos, entre ellos el de traición, contra decenas de clérigos de esta Iglesia. Al menos uno de ellos fue enviado a Rusia como parte de un intercambio de prisioneros[31].
Desde el inicio de la invasión, los servicios de seguridad de Ucrania han iniciado procedimientos penales contra cerca de un centenar de clérigos —la mayor parte de ellos pertenecientes a la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú— por «colaboracionismo», traición y «prestar ayuda al Estado agresor»[32]. Sin embargo, tal y como sostienen varios expertos en religión, la ley no prohíbe directamente la Iglesia ortodoxa ucraniana[33]. En una respuesta por escrito a Human Rights Watch, el Servicio Estatal de Ucrania para la Política Étnica y la Libertad de Conciencia afirmaba que el objetivo principal de la ley era «impedir que la red de organizaciones religiosas oficialmente registradas en Ucrania sea utilizada contra Ucrania». El Servicio añade que Ucrania «no exige que la Iglesia ortodoxa ucraniana traicione la doctrina de la Iglesia ortodoxa, cambie las prácticas litúrgicas o el idioma, adopte un calendario litúrgico diferente o se una a otra jurisdicción eclesiástica. El único requisito que exige la ley es que se desvincule de la Iglesia ortodoxa rusa, que está involucrada en la guerra contra Ucrania»[34].
En Moscú, el jefe de la Iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Cirilo, ya condenaba la ley cuando se presentó por primera vez en la Verjovna Rada, afirmando que «está dirigida contra la comunidad religiosa más grande de Ucrania»[35].
El portavoz del Kremlin, Dmitry Sergeyevich Peskov, también condenó la ley cuando fue aprobada, describiéndola como «un ataque flagrante a la libertad religiosa, a la Iglesia ortodoxa en su conjunto [y] un ataque al cristianismo»[36].
Según una encuesta realizada en abril de 2024 por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 63 % de los ucranianos está a favor de ilegalizar la rama de la Iglesia vinculada con Rusia: para los firmantes, no se trata de una cuestión de libertad religiosa, sino de la asociación de la Iglesia ortodoxa ucraniana con el Gobierno ruso[37].
El 25 de agosto de 2024, el papa Francisco condenó la prohibición de operar en Ucrania impuesta a las organizaciones religiosas vinculadas a la Iglesia ortodoxa rusa: «Por favor, que ninguna Iglesia cristiana sea abolida, directa o indirectamente. ¡Las Iglesias no se tocan!»[38].
En cuanto a las comunidades ortodoxas locales ucranianas, a finales de 2024, el primado de la Iglesia ortodoxa de Ucrania, el metropolitano Epifanio, acusó al primado de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú, el metropolitano Onofre, de rechazar durante años cualquier solicitud de diálogo. Sin embargo, según el metropolitano Epifanio, «el diálogo continúa a nivel de los laicos y los sacerdotes. Su fruto es el proceso actual por el que muchas comunidades abandonan la jurisdicción de la Iglesia rusa y se unen a la Iglesia ortodoxa de Ucrania. Más de 2000 comunidades ya han concluido este proceso»[39].
La guerra y las vulneraciones de la libertad religiosa en los territorios ocupados por Rusia
En las zonas bajo ocupación rusa, ya no se aplican ni la Constitución de Ucrania ni su Ley de Libertad de Conciencia y Organizaciones Religiosas[40].
Tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, las ramas locales de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Kiev y la Iglesia greco-católica ucraniana fueron definidas como «agentes de influencia extranjera» y acusadas de ser «organizaciones religiosas creadas con fines nacionalistas». Las consecuencias sobre todos los grupos religiosos de la península han sido considerables. Antes de la ocupación rusa, en Crimea había aproximadamente 50 organizaciones religiosas. En 2019, su número se había reducido a nueve[41].
Después de que el 24 de febrero de 2022 se iniciara la invasión a gran escala, las autoridades de ocupación rusas empezaron a aplicar las leyes de la Federación de Rusia en las regiones que solo habían ocupado parcialmente. El 5 de octubre de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin aprobó «tratados» que respaldaban la anexión de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, valiéndose de unos referendos calificados de ilegítimos por la mayor parte de los observadores[42].
Según un informe de abril de 2023 sobre la represión religiosa en la Ucrania ocupada elaborado por el Institute for the Study of War (Instituto para el Estudio de la Guerra), con sede en Washington D. C., las autoridades de ocupación rusas estarían llevando a cabo una campaña sistemática de persecución religiosa. Esta campaña se basa en el cierre, la nacionalización o la conversión forzosa de lugares de culto; el asesinato o la detención de miembros del clero y líderes religiosos, a los que se amenaza con penas de prisión prolongadas, tortura e incluso la muerte; y a los que en muchos casos se ha aplicado el exilio forzoso. En el informe se afirma: «Es probable que los casos de represión religiosa no sean incidentes aislados, sino que formen parte de una campaña deliberada para erradicar sistemáticamente las organizaciones religiosas «indeseables» de Ucrania y promover el Patriarcado de Moscú»[43]. Dado que los grupos religiosos ahora tienen que solicitar un registro oficial, comprometiéndose de hecho a obedecer al Gobierno ruso, la represión parece formar parte de los esfuerzos de Moscú por «rusificar» las zonas bajo su control[44].
El Institute for the Study of War afirma además que, aunque las autoridades de ocupación rusas han intensificado la represión contra los miembros de todos los grupos religiosos sospechosos de ser proucranianos, la Iglesia ortodoxa de Ucrania ha sido especialmente maltratada. El documento de este Instituto afirma que se presiona a los sacerdotes de la Iglesia ortodoxa de Ucrania para que se unan a las nuevas diócesis que ha establecido el Patriarcado de Moscú en los territorios ocupados y, en el momento de redactar el informe, el 34 % de los casos de persecución estaban dirigidos contra miembros de esta Iglesia. Según Viktor Yelenskyi, jefe de la Agencia Estatal de Ucrania para la Política Étnica y la Libertad de Conciencia, en Crimea ya no quedan parroquias de la Iglesia ortodoxa de Ucrania porque sus sacerdotes se han visto obligados a abandonar la península ocupada[45].
La Iglesia greco-católica ucraniana también ha sufrido una dura represión, ya que se ha prohibido totalmente en las zonas ocupadas de la provincia de Zaporiyia y se han confiscado sus propiedades. Las autoridades de ocupación justificaron su actuación alegando que los seguidores de la Iglesia greco-católica ucraniana habían participado en disturbios antirrusos, «distribuido folletos con llamamientos a violar la integridad territorial de la Federación de Rusia» y «participado en actividades extremistas»[46].
En una entrevista concedida en octubre de 2024 al diario italiano Avvenire, el obispo greco-católico Maksym Ryabukha, del Exarcado de Donetsk, afirmó que en las regiones ocupadas se han perdido más de la mitad de las parroquias de la Iglesia: «Los que se declaran abiertamente católicos desaparecen: a algunos los fusilan, a otros los encarcelan. No existe el derecho a profesar libremente la fe»[47].
Otro grupo especialmente vulnerable a las autoridades de ocupación y a las leyes rusas es el de los tártaros, turcos musulmanes autóctonos de Crimea. Desde 2003, la legislación rusa (no la ucraniana) considera al grupo político-religioso musulmán Hizb ut-Tahrir como organización terrorista islámica. El Centro de Recursos de los Tártaros de Crimea estima que, desde 2014, 117 musulmanes han sufrido persecución en Crimea por su presunta pertenencia a la organización Hizb ut-Tahrir[48], a la vez que se ha prohibido el Meylis (Parlamento) del pueblo tártaro de Crimea y se ha sometido a sus miembros a presiones, detenciones y juicios políticos.
Los territorios ocupados por Rusia informan de prohibiciones generalizadas de otros grupos religiosos minoritarios, entre ellos los cristianos evangélicos, las comunidades católicas romanas y greco-católicas ucranianas y los testigos de Jehová, estos últimos incluidos en 2017 entre los grupos extremistas por el Tribunal Supremo de Rusia. En octubre de 2024, el aumento de la persecución religiosa contra los testigos de Jehová quedó ejemplificado en la decisión del Tribunal Superior de Crimea, controlado por Rusia, de convertir una pena suspendida contra dos testigos de Jehová, Yury Herashchenko y Serhiy Parfenovych, en una pena de seis años de prisión[49].
Según Viktor Yelenskyi, en las regiones ocupadas de Donetsk y Lugansk se ha prohibido totalmente a los evangélicos y los mormones y, según informaciones recibidas, se les trata como espías estadounidenses[50].
Las fuentes citadas en el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2023 señalan la dificultad de hacer un recuento completo de las numerosas violaciones de los derechos religiosos en Rusia debido a la fuerte censura de los medios de comunicación, los abusos contra los activistas defensores de los derechos humanos y la prohibición que pesa sobre los observadores internacionales[51].
El 17 de diciembre de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una versión actualizada de una resolución titulada Situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, Ucrania, temporalmente ocupadas, en la que reiteraba su condena de la «guerra de agresión contra Ucrania»[52] por parte de Rusia. La resolución reprueba a Rusia por sus acciones contra los tártaros de Crimea, los activistas proucranianos, los periodistas y las minorías religiosas, así como por la deportación y la adopción ilegal de niños ucranianos[53].
En una entrevista concedida a la Christian Broadcasting Network en diciembre de 2024, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky culpó a las fuerzas rusas de la muerte de 50 sacerdotes y la destrucción de 700 iglesias[54].
El padre Feognost (Timofei Pushkov), sacerdote perteneciente a la Iglesia ortodoxa ucraniana, fue detenido en la región de Lugansk, ocupada por Rusia. Le condenaron por tráfico de drogas «a gran escala» después de que en 2022 publicara un vídeo en YouTube en el que exponía en qué diferían sus opiniones sobre el patriotismo, basadas en principios cristianos, de las de tres sacerdotes de la Iglesia ortodoxa rusa que apoyaban la guerra. Tras más de tres meses en prisión preventiva, en septiembre de 2024 el sacerdote fue condenado a cuatro años de libertad condicional[55].
El 15 de febrero de 2024, encontraron sin vida al padre Stepan Podolchak, de la Iglesia ortodoxa de Ucrania, en la localidad de Kalanchak, en la parte de la región de Jersón ocupada por Rusia. Dos días antes fue secuestrado por miembros de las fuerzas de ocupación rusas[56].
Intensos esfuerzos diplomáticos, entre ellos los del papa Francisco, hicieron posible la liberación del padre Ivan Levytsky y el padre Bohdan Geleta, de la Congregación del Santísimo Redentor (redentoristas), cautivos en Rusia, mediante un intercambio de prisioneros que se realizó el 28 de junio de 2024. El 16 de noviembre de 2022, en la ciudad ocupada de Berdyansk, fueron detenidos estos dos sacerdotes greco-católicos ucranianos que habían decidido permanecer con su pueblo en los territorios temporalmente ocupados, prestando servicio tanto a la comunidad greco-católica como a la católica romana[57].
Daños a propiedades de la Iglesia en todo el país
La invasión y ocupación rusa de amplias zonas de Ucrania ha provocado que cientos de iglesias hayan sido dañadas o destruidas, mientras que parroquias enteras de la Iglesia ortodoxa autocéfala de Ucrania han desaparecido por completo de las regiones ocupadas[58].
Citando al Ministerio de Cultura y Comunicaciones Estratégicas, la agencia de noticias Ukrinform informó que, hasta el 25 de octubre de 2024, un total de 2109 instalaciones de Ucrania dedicadas a servicios culturales habían sufrido daños o habían sido destruidas[59]. En un informe publicado en marzo de 2024 por el Instituto para la Libertad Religiosa de Ucrania se puede consultar una estimación más detallada, aunque anterior. Según los datos de este Instituto, durante los primeros 21 meses de la invasión a gran escala, las tropas rusas dañaron o destruyeron por completo al menos 630 instalaciones religiosas. El informe también documenta numerosos casos de confiscación de lugares de culto por parte del ejército ruso, que utilizó como bases militares o como cobertura para sus posiciones de fuego[60].
Como parte del proyecto «Religión en llamas», el Taller de Estudios Académicos sobre Religión publicó en Internet estadísticas sobre la destrucción de edificios religiosos en Ucrania causada por la guerra. Según sus conclusiones, un total de 512 iglesias resultaron dañadas y 46 quedaron completamente destruidas. La mayoría pertenecen a la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú (310), seguidas de iglesias protestantes (171), la Iglesia ortodoxa de Ucrania (53), iglesias greco-católicas y católicas romanas (16), sinagogas judías (15) y mezquitas musulmanas (7)[61].
Entre los edificios religiosos más destacados que sufrieron ataques se encuentra la laura de Sviatohirsk, un importante monasterio ortodoxo de la región de Donetsk perteneciente a la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú, atacada repetidamente por las fuerzas rusas en la primavera de 2022, en cuyo interior se habían refugiado el clero y civiles. La catedral de Santa Catalina de Jersón fue atacada en agosto de 2023, y la catedral de la Transfiguración de Odesa, perteneciente a la misma Iglesia, quedó parcialmente destruida en julio de 2023. En 2022, durante el asedio de Mariúpol, las tropas de Moscú bombardearon la mezquita del sultán Solimán el Magnífico. También fue destruida una sinagoga local[62].
El destino del monasterio de Kiev-Pechersk ha sido motivo de controversia entre Kiev y Moscú. Aunque todo el complejo pertenece al Gobierno de Ucrania, tras la caída de la URSS, la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú alquiló las iglesias. Tras las acusaciones de que los altos cargos de esta Iglesia habían colaborado con los invasores rusos, en otoño de 2022 las autoridades ucranianas «expulsaron» al clero del complejo monástico de cúpulas doradas. El metropolitano Clemente, portavoz de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú, declaró: «Nuestros monjes vivían aquí desde tiempos antiguos. Ahora se ha cerrado el acceso al clero y a muchos fieles que podían venir a rezar aquí incluso en la época soviética»[63]. A principios de 2023, una comisión especial devolvió las iglesias del monasterio de Kiev-Pechersk al control del Estado[64].
Desde 2023 está disponible en línea una plataforma digital ucraniana, Temple under fire, para documentar, a través de fotos y vídeos, la destrucción y los daños sufridos por edificios religiosos de diversas confesiones[65].
Guerra y fe
La invasión de febrero de 2022 es la continuación de la invasión de Crimea de 2014. En aquel momento, el presidente ruso justificó la invasión invocando a san Vladimiro, príncipe de Kiev, y declarando que la conversión del príncipe al cristianismo ortodoxo oriental en 988 «predeterminó la base general de la cultura, la civilización y los valores humanos que unen a los pueblos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia»[66].
Este discurso materializó un concepto ideológico debatido hasta entonces entre los intelectuales sobre la cosmovisión rusa, el russkij mir, un «mundo ruso» más amplio que enmarca no solo una visión religiosa, sino también una región geográfica de especial interés. Durante el período estudiado en este informe, la Iglesia ortodoxa rusa[67] ha respaldado este relato.
En marzo de 2024, el patriarca Cirilo de Moscú presidió un concilio que declaró que la invasión de Rusia constituía una «guerra santa» en defensa del «espacio espiritual único» de la región. El concilio afirmó que Rusia está protegiendo al mundo del «globalismo y la victoria de Occidente, que ha caído en el satanismo»[68]. A finales de octubre del mismo año, el Santo Sínodo ruso decidió retirar al metropolitano Hilarión de Donetsk y Mariúpol. En una carta dirigida al Patriarcado de Moscú, 31 obispos de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú condenaron la decisión de destituir a este respetado obispo ucraniano en favor de un obispo de la Iglesia ortodoxa rusa[69]. Además, la Iglesia ortodoxa rusa anunció que quintuplicaría el número de capellanes militares desplegados con las fuerzas rusas en Ucrania, lo que elevaría a 1500 el número total de clérigos integrados en unidades militares, frente a los aproximadamente 300 sacerdotes que anteriormente prestaban servicio junto a las tropas rusas[70].
En julio de 2023, una ley ucraniana trasladó la celebración de la Navidad al 25 de diciembre, cambiando la fecha tradicional de la Iglesia ortodoxa, que es el 7 de enero. La ley permite a los ucranianos «abandonar la herencia rusa de imponer las celebraciones navideñas el 7 de enero»[71].
El 15 de diciembre de 2023, el Ministerio del Interior de Ucrania incluyó al patriarca Cirilo en una lista de personas buscadas después de que los servicios de seguridad del país acusaran al líder religioso de alentar el conflicto[72].
Durante el período estudiado en este informe, presiones diplomáticas de diferentes procedencias han dado lugar a contactos limitados entre las partes beligerantes, con éxitos aislados, principalmente en el intercambio de prisioneros. Durante su pontificado, el papa Francisco hizo numerosos llamamientos públicos y privados para poner fin a la guerra en Ucrania y lideró múltiples iniciativas de ayuda y esfuerzos diplomáticos en favor de la paz. En su mensaje Urbi et Orbi del día de Navidad de 2024, el Pontífice pidió oraciones «para silenciar las armas y superar las divisiones» en la Ucrania martirizada por la guerra, instando a las partes a «abrir la puerta a las negociaciones y a los gestos de diálogo y de encuentro, para llegar a una paz justa y duradera»[73].
En julio de 2024, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, realizó una visita de seis días a Ucrania, durante la cual se reunió con el arzobispo Mieczyslaw Mokrzycki, visitó la catedral greco-católica de Kiev y se reunió con el arzobispo mayor greco-ucraniano Sviatoslav Shevchuk. El Vaticano y el papa Francisco, a la vez que seguían rezando por la paz y ayudando en las negociaciones, colaboraron con diversos líderes mundiales a nivel humanitario con ayuda del cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Zuppi era el enviado personal del papa Francisco para la paz en Ucrania. En calidad de tal, el Cardenal visitó Kiev, Moscú, Washington y Pekín, donde se reunió con altos cargos gubernamentales y religiosos[74].
Hasta ahora, la mayor parte de los esfuerzos del Vaticano se han centrado en la ayuda humanitaria, la asistencia para el regreso de los niños ucranianos deportados a la fuerza a Rusia y la negociación de intercambios de prisioneros[75].
Durante una reunión celebrada en el Vaticano el 11 de octubre de 2024, el presidente Volodymyr Zelensky pidió ayuda al papa Francisco para conseguir la liberación de los ucranianos cautivos en Rusia. Según un comunicado del Vaticano, el líder ucraniano se reunió posteriormente con el jefe de la diplomacia vaticana y mantuvo conversaciones «sobre la situación de la guerra [...] y las formas de ponerle fin»[76]. El 13 de diciembre de 2024, el primado de la Iglesia ortodoxa ucraniana, el metropolitano Epifanio, se reunió con el papa Francisco en Roma. Unos días más tarde, los medios de comunicación informaron de la posible visita del papa Francisco a Ucrania, suscitando la esperanza de que hubiera aceptado una invitación para visitar en 2025 el país devastado por la guerra[77].
Libertad religiosa en los territorios controlados por Ucrania
El conflicto y sus repercusiones en las Iglesias ortodoxas y los fieles también han suscitado interrogantes sobre la libertad religiosa en los territorios controlados por Ucrania. Desde la invasión rusa en febrero de 2022, la vigilancia sobre la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú ha ido en aumento por sus presuntos vínculos con el Estado ruso. Las autoridades ucranianas, cada vez más recelosas de cualquier persona vinculada a la Iglesia ortodoxa rusa, han detenido a clérigos acusados de espionaje a favor de Moscú y han iniciado procedimientos penales contra sacerdotes acusados de difundir propaganda prorrusa. Muchos de los condenados por alta traición, colaboración con el enemigo y ayuda al Estado agresor han sido condenados a largas penas de cárcel[78].
Sobre el terreno, siguen creciendo la desconfianza y la indignación contra la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú y contra el clero ortodoxo. Así ocurrió a principios de 2023, después de que el SBU (el servicio de inteligencia de Ucrania) publicara la grabación de una escucha telefónica al metropolitano Pavel Lebed, abad del Monasterio de las Cuevas de Kiev, el lugar ortodoxo más venerado de Ucrania, en la que supuestamente alababa la invasión por parte de Rusia[79]. El 1 de abril de 2023, el metropolitano Pavel fue condenado a arresto domiciliario conforme a los artículos 161.1 («violación de la igualdad de los ciudadanos por motivos de raza, nacionalidad, región o creencias religiosas») y 436.2.1 («justificación, negación de la agresión armada de Rusia contra Ucrania, glorificación de sus participantes»)[80]. El metropolitano Pavel negó las acusaciones y declaró en el tribunal: «Nunca he estado del lado de la agresión, esta es mi tierra»[81].
Entre otros casos, destaca el de Andriy Pavlenko, sacerdote de la Iglesia ortodoxa ucraniana condenado en diciembre de 2023 a 12 años de prisión por pasar información a los rusos sobre las posiciones ucranianas en el campo de batalla del Donbás[82]. Una semana después, le enviaron a Rusia como parte de un intercambio de prisioneros. El 23 de junio de 2024, el Patriarcado de Moscú anunció la liberación del arresto domiciliario y el intercambio de prisioneros de otro sacerdote de alto rango condenado en Ucrania en relación con la guerra. Al metropolitano Jonathan de Tulchin y Bratslav le acusaron de distribuir folletos prorrusos entre sus feligreses y de publicar declaraciones en la página web de su diócesis en las que declaraba la primacía de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú sobre la Iglesia ortodoxa de Ucrania y apoyaba la invasión rusa. El 8 de agosto de 2023, un tribunal de Vinnytsia le condenó a cinco años de prisión[83].
Los fieles de las Iglesias ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú y ortodoxa de Ucrania también se han visto envueltos en violentos enfrentamientos. Uno de ellos tuvo lugar en octubre de 2024 en Cherkasy, donde el metropolitano Feodosiy (Snegiryov) de la Iglesia ortodoxa ucraniana, bajo arresto domiciliario por haber colaborado con los invasores rusos en 2022, resultó herido cuando unos hombres enmascarados irrumpieron por la fuerza en la catedral de San Miguel durante un servicio vespertino y destrozaron mobiliario y documentos[84]. Mientras que la Iglesia ortodoxa ucraniana acusaba a la policía ucraniana de no intervenir, la Iglesia ortodoxa de Ucrania afirmó que los enfrentamientos cerca de la iglesia de Cherkasy fueron una provocación planificada con el objetivo de desacreditar a Ucrania y crear un incidente para la propaganda rusa[85].
La guerra iniciada por Rusia ha tenido repercusiones sobre la vida y la fe de todas las comunidades religiosas que viven en Ucrania. Antes de la guerra, Ucrania albergaba una importante población judía, que oscilaba entre 45 000 y 140 000 judíos (dependiendo de los criterios utilizados para su identificación). Tras la invasión rusa, se estima que 25 000 personas han huido y miles más se han visto desplazadas dentro del país. Unos 15 000 judíos y sus familiares emigraron a Israel, donde más tarde se vieron envueltos en otra guerra[86].
A la vez que se abría una brecha entre los judíos rusos y los ucranianos[87], se desarrollaron nuevas formas de solidaridad dentro de los grupos judíos de Ucrania y entre los grupos de refugiados judíos en el extranjero. En Odesa, uno de los centros de la vida judía de la costa del mar Negro, algunos líderes religiosos judíos sacaron a comunidades enteras del país, y reubicaron temporalmente a otras. Los judíos que necesitaban apoyo buscaron estas comunidades y retomaron la práctica religiosa tanto para ayudarse a sí mismos como para apoyar a otros[88].
El conflicto también ha transformado la comunidad musulmana ucraniana. Pequeños grupos de musulmanes llevaban años abandonando Rusia para refugiarse en Ucrania, impulsados por las guerras en el Cáucaso Norte y atraídos por leyes menos restrictivas contra los grupos islámicos no mayoritarios que Rusia había prohibido, como Hizb ut-Tahrir. Sin embargo, con el tiempo, las autoridades ucranianas comenzaron a mostrar preocupación por los musulmanes de origen ruso, y las fuerzas de seguridad empezaron a vigilar las zonas donde vivían y se reunían los migrantes[89]. Sin embargo, cuando comenzó la guerra con Rusia, la postura del Gobierno hacia los musulmanes fue mejorando progresivamente debido a la posición inequívocamente proucraniana adoptada por casi todas las comunidades musulmanas de Ucrania contra la invasión rusa[90].
En 2023, y de nuevo en 2024, el presidente Volodymyr Zelensky inició una nueva tradición en Ucrania, honrando a los soldados musulmanes y participando, junto con los líderes del Meylis (Parlamento) tártaro de Crimea, en el Iftar, la cena que rompe el ayuno que los musulmanes realizan durante el ramadán, el mes sagrado musulmán[91].
Futuro de la libertad religiosa
Desde su independencia en la década de 1990, Ucrania ha fomentado una tradición de libertad religiosa. El presidente Volodymyr Zelensky es judío, mientras que el ministro de Defensa, Rustem Umerov, es musulmán. Los estudiosos de la religión indican que «en el país se practican libremente y sin interferencias un centenar de religiones diferentes»[92]. Sin embargo, tras más de tres años de guerra a gran escala, la libertad religiosa cada vez está más amenazada en Ucrania, especialmente en los territorios ocupados por Rusia. A pesar de las repetidas negociaciones de paz, las conversaciones siguen siendo inciertas y aún no se vislumbra una solución realista. Para las comunidades religiosas y los creyentes de los territorios ocupados, la perspectiva más probable en un futuro próximo es seguir bajo un control ruso cada vez más arraigado, en el que las autoridades de ocupación irán consolidando la afiliación de las «nuevas regiones» a la Federación de Rusia.
La guerra también está poniendo a prueba la fe en el resto de Ucrania, debido a las tensiones entre las dos principales Iglesias ortodoxas. Una ley, que el presidente Volodymyr Zelensky describió como defensora de la «soberanía espiritual»[93] de Ucrania, prohibirá las congregaciones vinculadas a la Iglesia ortodoxa rusa. Por lo tanto, el riesgo de discriminación es elevado. Para las autoridades ucranianas, mantener el equilibrio entre las preocupaciones en materia de seguridad y el respeto al pluralismo y al derecho fundamental a la libertad religiosa no es, ni será, fácil. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo negativas, aunque varían en función de las regiones de este país dividido.
Fuentes
Ucrania