UGANDA
Marco Legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Uganda prohíbe cualquier forma de discriminación religiosa y afirma que no habrá religión oficial del Estado. Se otorga a los ugandeses la «libertad de practicar cualquier religión y de manifestar dicha práctica, lo que incluye el derecho a pertenecer y participar en los ritos de cualquier organismo u organización religiosa en conformidad con esta Constitución» (artículo 29.1.c)[1].
Aunque los ciudadanos disfrutan de libertad de pensamiento, conciencia y creencias, el Gobierno puede limitar estos derechos con «medidas razonablemente justificadas para hacer frente a un estado de emergencia» (artículo 46.2)[2].
Está prohibido crear partidos políticos basados en la religión (artículo 71.1.b). Los grupos religiosos tienen que registrarse en la Oficina de Servicios de Registro de Uganda para obtener la personalidad jurídica; para operar, tienen que obtener una licencia del Ministerio del Interior. Los grupos grandes como «las Iglesias católica, anglicana, ortodoxa y adventista del Séptimo Día, así como el USCM (Consejo Supremo de los Musulmanes de Uganda)» están exentos de este requisito[3].
La formación religiosa es optativa en las escuelas de enseñanza secundaria; estas pueden elegir, si es que lo desean, la religión que formará parte de su plan de estudios[4].
El predominio histórico de las Iglesias anglicana y católica se ha visto cuestionado por el auge de unos 40 000 grupos evangélicos y protestantes y su creciente influencia en las esferas políticas ugandesas[5]. Preocupa, sin embargo, el rápido crecimiento de las sectas.
En agosto de 2021, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Uganda (organismo semiautónomo responsable de supervisar las organizaciones religiosas y humanitarias) suspendió las actividades de 54 ONG, alegando supuestas violaciones de los requisitos reglamentarios, en lo que se percibió como una represión por motivos políticos[6]. En 2022, un tribunal ugandés anuló al menos una de estas suspensiones, criticando las irregularidades y la falta de garantías procesales[7]. En septiembre de 2024, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales fue disuelta tras la adopción del Instrumento Legal n.º 73. Sus competencias fueron transferidas a un departamento de nueva creación dentro del Ministerio del Interior, lo que vino acompañado de una drástica reducción de personal, que pasó de 42 a 12 empleados. Esta reestructuración supuso el fin de la relativa independencia de la Oficina y puso de manifiesto una tendencia general hacia una mayor centralización gubernamental en la regulación de las ONG que operan en el país[8].
En marzo de 2024, el Gobierno inició un proceso de investigación de las finanzas de las organizaciones religiosas; ello obligará a las organizaciones religiosas a registrarse en redes de coordinación y a rendir cuentas de los fondos que reciben y poseen. El secretario permanente de la Dirección de Ética e Integridad, Alex Okello, declaró que debía haber transparencia en las finanzas de las organizaciones religiosas[9]. Los detractores de la medida manifestaron su preocupación por el hecho de que el Gobierno pretenda aprobar las políticas para las organizaciones religiosas y confesionales mediante un decreto ejecutivo en lugar de hacerlo a través del Parlamento. La Dirección de Ética e Integridad, bajo los auspicios de la Oficina del Presidente, también podría decidir si una institución religiosa tiene derecho a operar[10].
Incidentes y acontecimientos
A pesar de ser considerado uno de los países más estables de la región, Uganda sigue enfrentándose a importantes presiones externas e internas. Su proximidad geográfica a las zonas en conflicto del este de la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, junto con su papel predominante en la misión de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Somalia, exponen al país a amenazas terroristas transnacionales[11].
Al mismo tiempo, Uganda acoge a la mayor población de refugiados de África y la tercera mayor del mundo, superando 1,93 millones de refugiados en septiembre de 2025. La mayoría de ellos proceden de Sudán del Sur (57 %) y la República Democrática del Congo (31 %), mientras que otros llegan del Cuerno de África, incluidos Somalia y Eritrea[12]. La política de refugiados de Uganda es ampliamente reconocida como una de las más progresistas del mundo, ya que garantiza el acceso a la tierra, la educación, la asistencia sanitaria y el empleo. Sin embargo, las crecientes dificultades económicas han mermado su capacidad para mantener este modelo[13].
En marzo de 2023, el Parlamento aprobó la Ley contra la Homosexualidad, que prescribe penas que pueden llegar a ser de cadena perpetua por actividades homosexuales y la pena de muerte por actividades homosexuales con menores de 18 años o cuando alguna de las personas implicadas está infectada por el virus del sida[14]. Más tarde ese mismo mes, expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declararon que la ley infringía el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y que la imposición de la pena de muerte constituía «una violación flagrante de los derechos humanos»[15]. La ley, añadieron, podría dar lugar a violaciones de los derechos a la no discriminación, la libertad de reunión y la libertad de expresión[16].
En junio de 2023, el Gobierno de Uganda repatrió desde Etiopía a 80 miembros de la Iglesia Discípulos de Cristo. Los miembros de la Iglesia habían viajado a Etiopía porque el líder de la secta les había asegurado que encontrarían a Jesús si practicaban allí un ayuno total durante cuarenta días[17].
También en junio de 2023, en un ataque contra una escuela del oeste de Uganda, en la frontera con la República Democrática del Congo, la policía ugandesa detuvo a 20 personas, entre ellas el director de la escuela, sospechosas de colaborar con las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF). Los terroristas habían disparado contra los alumnos, los habían acuchillado con machetes y habían prendido fuego a sus dormitorios, provocando la muerte de 42 personas. Las autoridades afirmaron que se trataba del ataque más mortífero cometido en Uganda desde el doble atentado con bomba perpetrado en Kampala en 2010, en el que murieron 76 personas. Las Fuerzas Democráticas Aliadas surgieron a mediados de la década de 1990 en el oeste de Uganda como grupo rebelde opuesto al Gobierno del presidente Yoweri Museveni[18].
En junio de 2023, el arzobispo anglicano de Uganda, Stephen Samuel Kaziimba Mugalu, afirmó que la Ley contra la Homosexualidad era positiva y que agradecía al presidente haberla aprobado. «La homosexualidad», dijo, «nos está siendo impuesta por agentes extranjeros ajenos a nuestro país, en contra de nuestra voluntad, nuestra cultura y nuestras creencias religiosas». Abogó por la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte[19].
La Iglesia católica ha advertido repetidamente a los fieles sobre personas que se hacen pasar por clérigos para engañar a las comunidades. En septiembre de 2023, las autoridades diocesanas denunciaron casos de impostores que afirmaban ser obispos visitantes de África Occidental y que intentaban celebrar misa sin la debida autorización. En respuesta, los líderes de la Iglesia ordenaron a los fieles que no asistieran a ningún servicio litúrgico a menos que fuera confirmado oficialmente por la diócesis local. Más tarde, en noviembre de 2023, el padre Didas Kasapuri, de Mbarara, emitió una advertencia pública sobre personas que se hacían pasar por sacerdotes (mencionando específicamente al «padre Hillary» y al «padre Kiyemba») que habían estado celebrando reuniones de oración en domicilios particulares bajo falsos pretextos. Instó a los feligreses a abstenerse de recibir los sacramentos de esas personas y aconsejó que cualquier solicitud de servicios a domicilio se hiciera directamente a través del despacho parroquial[20].
En octubre de 2023, militantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas llevaron a cabo incursiones cerca de la frontera con el Congo y en el Parque Nacional Queen Elizabeth, donde asesinaron al menos a cinco personas, entre ellas dos turistas extranjeros[21].
En diciembre de 2023, Uganda fue testigo de una serie de ataques atribuidos a militantes islamistas. El 19 de diciembre, más de diez personas fueron masacradas en la aldea de Kyitehurizi, cerca del Parque Nacional de Kibale. A principios de ese mismo mes, habían asesinado a una mujer y secuestrado a su hijo, al que posteriormente ejecutaron, cerca de la aldea de Nkoko. La violencia se intensificó el día de Navidad, cuando quemaron vivos a tres civiles en la aldea de Nyabitusi I, en el distrito de Kamwenge, lo que puso de relieve la continua amenaza que representan las Fuerzas Democráticas Aliadas en la región[22].
El 18 de diciembre de 2023, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó su declaración Fiducia Supplicans, en la que autorizaba a los sacerdotes católicos a impartir bendiciones «no ritualizadas» a parejas del mismo sexo, aunque no «simultáneamente con ceremonias de unión civil»[23]. Cuando el 21 de diciembre la prensa preguntó por ello al arzobispo católico de Kampala, Paul Ssemogerere, este declaró: «No he recibido ninguna comunicación oficial de Su Santidad el Papa ni del Vaticano en relación con la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo»[24].
El 11 de enero de 2024, el Simposio Católico de Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM) declaró que no «consideraba apropiado que África bendijera las uniones homosexuales o las parejas del mismo sexo», ya que esto «crearía confusión y estaría en contradicción directa con el espíritu cultural de las comunidades africanas»[25].
En enero de 2024, el pastor Weere Musika, su esposa y sus dos hijas pequeñas fueron quemados vivos por un grupo islámico que había amenazado a la familia porque el pastor había convertido al cristianismo a tres musulmanes. En otra aldea del distrito de Bugiri, un marido musulmán propinó una paliza y roció con ácido a su mujer, madre de tres hijos, cuando ella admitió haberse convertido al cristianismo[26].
En abril de 2024, el Tribunal Constitucional de Uganda confirmó la Ley contra la Homosexualidad, determinando que no violaba el derecho a la no discriminación ni a la libertad de expresión[27].
En junio de 2024, el padre Anthony Musuubire, de la archidiócesis de Kampala, anunció que la Iglesia católica tenía previsto construir su propio museo de los mártires ugandeses para complementar el ya existente, gestionado por la Iglesia anglicana[28]. El 3 de junio de 2024, casi cuatro millones de peregrinos se reunieron en el santuario católico de los Mártires de Uganda en Namugongo, a unos 20 km de Kampala, para celebrar el 60 aniversario de la canonización de 22 mártires católicos y 23 anglicanos asesinados por orden del rey Mwanga II entre 1885 y 1887[29]. Los mártires murieron tras negarse tanto a renunciar a su fe como a participar en actividades homosexuales con el rey[30]. Alrededor de 700 peregrinos de Nebbi, entre ellos monseñor Raphael Wokorach, arzobispo electo de Gulu, recorrieron a pie casi 500 km para asistir al acto. La ceremonia, presidida por 20 obispos, condenó prácticas como la poligamia, la brujería y la mutilación genital femenina. Participaron delegados de toda África y otros continentes, junto con el presidente Yoweri Museveni[31].
En octubre de 2024, en el este del país, unos jóvenes musulmanes asesinaron a un cristiano después de que celebrara una reunión evangélica en la que 18 musulmanes se convirtieron al cristianismo[32].
En el mismo mes, el Consejo Supremo de los Musulmanes de Uganda manifestó su preocupación por la infrarrepresentación de los musulmanes en las estadísticas nacionales y las estructuras de gobierno. Según el censo de 2024, la población musulmana ascendía aproximadamente a seis millones de personas. El muftí de Uganda, el jeque Shaban Ramadhan Mubaje, rechazó públicamente las cifras oficiales y afirmó que la población musulmana real se acercaba más a los 12 millones. Sugirió que podría haber habido un intento de negar recursos a los musulmanes al describirlos como una minoría en declive. El muftí anunció planes para llevar a cabo un censo nacional dirigido por musulmanes con el fin de rectificar las inexactitudes estadísticas percibidas y abogar por una distribución más equitativa de los recursos públicos[33].
Paralelamente, el Consejo Supremo de los Musulmanes de Uganda renovó su llamamiento para que se promulgara rápidamente el proyecto de ley sobre la administración del derecho personal musulmán, que establecería tribunales de cadí para juzgar asuntos relacionados con el matrimonio, la herencia y la custodia de los hijos de conformidad con los principios islámicos. El Consejo subrayó que el proyecto de ley estaba en consonancia con el artículo 129.1.d de la Constitución[34].
En la noche del 7 de noviembre de 2024, un intruso incendió la histórica iglesia católica Mapeera Kigungu, construida en el lugar al que llegaron los primeros misioneros católicos a Uganda en 1879. El pirómano entró por una ventana trasera y quemó parte del presbiterio, destruyendo vestimentas, cálices y otros objetos sagrados por valor de más de 10 millones de chelines ugandeses. La oportuna intervención de los fieles evitó daños mayores. Las autoridades están investigando el caso, y todo apunta a que el ataque podría estar relacionado con una disputa territorial que afecta a propiedades de la Iglesia[35].
En diciembre de 2024, el presidente Museveni anunció que, de forma análoga al sistema utilizado por la Oficina Nacional de Normas para controlar la calidad de los productos industriales, el Gobierno comenzaría a validar los milagros religiosos, explicando que era necesario encontrar el equilibrio entre la libertad religiosa y la protección de la salud pública. Además, comunicó que se investigaría el comercio de agua bendita. «Si te curas, no hay problema», dijo, «pero si vendes el agua, eso es un negocio. Vamos a estudiar esa agua»[36].
Futuro de la libertad religiosa
Aunque la Constitución garantiza la libertad de religión y de creencias, la perspectiva general para este derecho sigue siendo ambivalente. Por un lado, el país es reconocido desde hace tiempo por su convivencia interreligiosa generalmente pacífica y su política inclusiva hacia los refugiados, que permite a las personas desplazadas de todas las confesiones practicar libremente su religión. Por otro lado, los acontecimientos recientes han suscitado preocupación entre los líderes religiosos y los observadores. La propuesta de someter a las organizaciones religiosas y confesionales a la supervisión ejecutiva de la Oficina del Presidente, en lugar de a la legislación parlamentaria, apunta a un posible cambio hacia un control gubernamental más estricto de la actividad religiosa.
Al mismo tiempo, Uganda sigue enfrentándose a amenazas para la seguridad por parte de actores extremistas islamistas, sobre todo de las Fuerzas Democráticas Aliadas, vinculadas con el Estado Islámico y que operan al otro lado de la frontera, en la República Democrática del Congo. Los mortíferos atentados atribuidos a estas Fuerzas, junto con los continuos casos de violencia selectiva contra los cristianos, han contribuido aún más a crear un clima de incertidumbre. En este contexto, aunque la práctica religiosa sigue estando ampliamente permitida, la suma de las preocupaciones sobre la seguridad y el aumento de la regulación administrativa apuntan a un entorno más frágil y potencialmente restringido para la libertad religiosa en los próximos años. Por lo tanto, será esencial realizar un cuidadoso seguimiento tanto de las reformas legales como de los incidentes sobre el terreno para evaluar las trayectorias futuras.
Fuentes
Uganda