URUGUAY
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Uruguay[1] proclama la libertad religiosa y mantiene una separación estricta entre las organizaciones religiosas y el Estado. También reconoce la propiedad de la Iglesia católica sobre todos los lugares de culto «que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional, exceptuando solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, prisiones u otros establecimientos públicos» (artículo 5).
Igualmente, se exime a varios grupos religiosos «de toda clase de impuestos» que se puedan aplicar a sus lugares de culto, siempre que presenten, y se les conceda, una solicitud de exenciones al Ministerio de Educación y Cultura (ibidem). La Ley n.º 12.802 también establece las exenciones de impuestos a las diócesis católicas[2].
La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y estipula que los padres o tutores tienen derecho a elegir la escuela y los maestros de sus hijos (artículo 68)[3]. Este derecho está regulado por la Ley General de Educación n.º 18.437[4], que reitera la garantía de la libertad de enseñanza (artículo 10) y establece que la educación estatal se regirá por el principio de laicidad (artículo 15). En la escuela pública no se imparte religión[5], aunque la ley no prohíbe la formación religiosa en otros lugares[6].
El Código Penal tipifica como delito la incitación al odio, ya sea mediante el desprecio, la violencia moral o física, o los actos de violencia contra personas por motivos religiosos (artículo 149). También penaliza los ataques a lugares de culto, la destrucción de objetos religiosos o la obstaculización de ceremonias religiosas (artículos 304 y 305)[7]. El artículo 306 tipifica como delito insultar al clero o a las personas que profesan creencias religiosas[8].
El artículo 10 de la Ley del Aborto (n.º 18.987) reconoce que las instituciones pueden oponerse a la realización de abortos, pero les exige que acuerden con el Ministerio de Salud Pública cómo pueden acceder los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud a los procedimientos establecidos por la ley[9]. Por otra parte, la Ley defiende el derecho de los médicos y del personal sanitario a negarse a participar en dichos procedimientos por motivos de objeción de conciencia (artículo 11)[10].
El Código de Ética Médica, que tiene fuerza de ley, reconoce el derecho de los médicos a la objeción de conciencia al aborto por motivos de creencias personales, pero los obliga a derivar a las pacientes a otros colegas médicos (artículo 40). El mismo principio se aplica a la esterilización (artículo 41)[11].
En septiembre de 2021 se promulgaron un Código de Ética y Conducta Militar y el Reglamento de los Tribunales de Ética y Conducta Militar. Estos incluyen disposiciones que permiten al personal militar actuar de acuerdo con su conciencia (artículo 10.b)[12].
Las fiestas religiosas de Uruguay no se denominan con sus nombres cristianos. La Navidad se denomina «Día de la Familia», el Día de la Inmaculada Concepción es el «Día de la Playa» y la Semana Santa es la «Semana del Turismo»[13]. En 2018 se instituyó el Día de la Laicidad[14]. En 2020, la población sin afiliación religiosa superó en número a los cristianos, lo que convirtió a Uruguay en el único país de América sin mayoría cristiana[15].
Actualmente en el Congreso hay dos proyectos de ley destinados a proteger la libertad religiosa. Uno versa sobre la libertad de conciencia e ideología, que se presentó en 2015, pero lleva estancado desde 2020[16] [17]. El otro, sobre el derecho de las minorías religiosas a celebrar sus fiestas, que fue aprobado por el Senado en 2024[18].
Incidentes y acontecimientos
Varios incidentes ocurridos durante el período estudiado en este informe afectaron a los sentimientos religiosos.
El Gobierno del presidente saliente Luis Lacalle Pou condenó activamente el Holocausto y el antisemitismo. En enero de 2023, emitió una declaración en el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto[19] en la que hacía un llamamiento a la tolerancia[20], y al año siguiente participó en una conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, los pogromos antisemitas llevados a cabo por el régimen nazi[21].
En marzo de 2023, el Departamento de Libertad Religiosa de la Unión Uruguaya solicitó al Ministerio de Educación y Cultura que cambiara la fecha del examen de acreditación de docentes para evitar conflictos con la observancia del sábado de los adventistas. El Ministerio aceptó la solicitud y fijó las fechas del examen de 2025 para los días 26 y 27 de febrero, garantizando así el respeto a la libertad religiosa[22].
En abril de 2023, unos individuos sin identificar destrozaron la iglesia parroquial de San Pedro, en la ciudad de Durazno, destruyendo imágenes religiosas procedentes de Italia de más de 100 años de antigüedad[23].
En noviembre de 2023 se celebró por quinta vez la «Noche de los Templos». Varias confesiones religiosas abrieron sus puertas para presentar su patrimonio. Participaron las Iglesias católica, anglicana y evangélica, así como la comunidad judía[24].
En diciembre de 2023, el Consejo de Salarios del sector alimentario, además de ajustar los salarios, acordó prohibir la discriminación por motivos religiosos, entre otros[25].
Desde los ataques terroristas de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, Uruguay ha sufrido un aumento de las muestras de antisemitismo, entre las que se cuentan exhibición de esvásticas, proclamación de consignas y amenazas dirigidas contra judíos en centros educativos[26] [27] y en un monumento en memoria del Holocausto[28]. En marzo de 2024, el Comité Central Israelí de Uruguay denunció a cinco mujeres que portaban una imagen de la cabeza seccionada de una mujer sostenida sobre una lanza durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. La cabeza llevaba una estrella de David, símbolo religioso judío. Los organizadores lo describieron como una expresión artística, pero un representante del Comité israelí declaró que «la expresión artística y la libertad de expresión también tienen límites, y el límite es ofender a los demás»[29].
En marzo de 2024, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de la Defensoría del Pueblo sobre religiones afro celebraron un debate sobre la discriminación que sufren en el país los practicantes de la umbanda y otras religiones afrodescendientes[30].
En abril de 2024, la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Congreso Judío Latinoamericano celebraron un taller de sensibilización y desarrollo de capacidades para abordar el extremismo violento derivado de la xenofobia, el racismo y el odio religioso[31].
En julio de 2024, el proyecto de ley sobre «Festividades de las minorías religiosas: derecho a la observancia» avanzó[32] y fue aprobado por el Senado[33]. Esta ley reconoce las directrices internacionales sobre el derecho a celebrar las fiestas religiosas, aplicándolas a todos los grupos religiosos. Además, establece que este derecho debe respetarse en el ámbito laboral, tanto en el sector privado como en el público. El Comité Central Israelí de Uruguay y la Iglesia adventista del Séptimo Día apoyaron el proyecto[34], pero los grupos afrodescendientes criticaron el uso del término «minoría» por considerarlo condescendiente, señalando que muchos católicos, que no se consideran una minoría, casi nunca iban a la iglesia. Los críticos argumentaron que los grupos afrodescendientes e indígenas habían sufrido persecución durante siglos y afirmaron que el proyecto de ley perpetuaba las fiestas discriminatorias[35]. El partido Frente Amplio se opuso a la aprobación, afirmando que, desde su punto de vista, «el Estado laico es el mejor garante» en esta cuestión y que, por lo tanto, no debería haber días festivos religiosos, ni para las minorías ni para la mayoría. En respuesta, el senador Javier García argumentó que Uruguay a menudo confundía el laicismo (en su sentido ideológico) con la laicidad (la neutralidad del Estado hacia la religión) y que la religión estaba «en el ADN del Estado»[36].
En agosto de 2024, la Secretaría de Derechos Humanos celebró el Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia por Religión o Creencias, con el objetivo de recordar a las víctimas y sensibilizar sobre la importancia de la libertad religiosa y el respeto a todas las creencias[37].
En octubre de 2024, Uruguay participó en el 23 Congreso Latinoamericano sobre Libertad Religiosa, celebrado en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. La senadora Carmen Asiaín Pereira presentó un informe sobre los retos y avances en materia de libertad religiosa de Uruguay[38].
En noviembre de 2024, un grupo de padres acusó a la directora de una escuela rural de violar el principio de laicidad. La denuncia alegaba que la directora obligaba a los niños a rezar y les prohibía jugar al fútbol, afirmando que «el deporte es obra del diablo»[39].
Ese mismo mes, la Conferencia Episcopal saludó a los recién elegidos presidente y vicepresidenta, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, afirmando que la Iglesia católica en Uruguay deseaba «cuidar el alma de nuestro pueblo» y pidió una sociedad marcada por una mayor justicia y solidaridad, donde las personas puedan vivir vidas llenas de significado y abiertas a la trascendencia[40].
En enero de 2025, un miembro de la Iglesia adventista del Séptimo Día demandó a la Universidad de la República, reclamando el derecho a no asistir a exámenes en sábado[41].
Futuro de la libertad religiosa
El período estudiado en este informe se caracterizó por un aumento del antisemitismo, aunque el Gobierno participó en la conmemoración del Holocausto y condenó los discursos de odio. El laicismo forma parte de la identidad nacional de Uruguay, y las cuestiones relacionadas con él siguen generando debate público. También se realizaron iniciativas para concienciar sobre la importancia de la libertad de creencias. En general, la situación se mantuvo estable y las perspectivas en materia de libertad religiosa no han cambiado.
Fuentes
Uruguay