VENEZUELA
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El preámbulo de la Constitución venezolana[1] invoca la protección de Dios para establecer una sociedad democrática que asegure los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la no discriminación.
Conforme al artículo 59 de la Constitución, el Estado garantiza la libertad de culto y religión. El mismo artículo declara que todo el mundo tiene «derecho a profesar su fe religiosa y cultos», así como a «manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, las buenas costumbres y el orden público». El artículo continúa garantizando la independencia y la autonomía de las Iglesias y de las confesiones religiosas, y reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias.
Se defiende la libertad de conciencia y de expresión, y se prohíbe invocar la objeción de conciencia para eludir el cumplimiento de las leyes (artículo 61), así como todo tipo de discriminación en el lugar de trabajo (artículo 89.5).
La Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 119, incluyendo su derecho a la libertad religiosa. Los pueblos indígenas también tienen derecho a mantener y desarrollar sus costumbres y valores, entre ellos su espiritualidad y sus lugares de culto (artículo 121). Estos derechos, además de por la Constitución, están protegidos por las leyes del país.
La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas de 2005[2] reconoce la espiritualidad y el credo de las comunidades indígenas como elementos fundamentales de su cosmovisión (artículo 97). No se permite imponer creencias religiosas a los pueblos indígenas, ni denegarles sus prácticas y creencias (artículo 98). La educación religiosa de los niños y adolescentes indígenas es responsabilidad de sus padres, parientes y de los miembros de su pueblo (artículo 100). Los indígenas tienen derecho a ser protegidos contra el fanatismo político y religioso (artículo 107).
La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes[3] reconoce el derecho de los niños y adolescentes a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Sus padres y tutores tienen el derecho y el deber de guiarlos en el ejercicio de este derecho. Los menores de edad tienen derecho a su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o creencias y a utilizar su propio idioma, especialmente los que pertenecen a minorías étnicas, religiosas o indígenas.
La Ley Orgánica de Educación[4] declara que el Estado es laico y conserva su independencia respecto a todas las religiones. Esto no impide el derecho de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos.
El Ministerio de Educación y la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) firmaron un acuerdo por el que el Estado apoya económicamente a las escuelas católicas del país[5].
En 2021, el Ministerio cambió la forma de pagar a los profesores, personal administrativo y empleados de las escuelas afiliadas a la AVEC, optando por enviar el dinero a través de un organismo estatal en lugar de hacerlo mediante la AVEC. La Conferencia Episcopal de Venezuela se pronunció en contra de esta decisión, calificándola como una violación del acuerdo entre el Estado y la Iglesia, e indicando que perjudicará a la autonomía escolar[6].
Conforme a la reforma fiscal de 2014, se han eliminado las exenciones de impuestos a las que antes podían acogerse las instituciones dedicadas a actividades religiosas, artísticas, científicas, etc.[7] Tales exenciones ahora se limitan a las organizaciones comprometidas con la caridad y el bienestar social.
El Código Penal de Venezuela[8] tipifica como delito diversos tipos de conductas que amenazan a la libertad de culto. El artículo 168 se refiere a las sanciones que se imponen a quienes intenten impedir o interrumpir servicios o ceremonias religiosos, y prescribe penas más largas para cualquier persona que sea violenta o muestre desprecio hacia estos servicios.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia[9] impone penas de hasta 20 años de prisión a quien difunda mensajes de odio por radio, televisión, prensa o redes sociales basados en la afiliación de las personas a determinados grupos definidos por su estatus social, etnia, religión, opiniones políticas u orientación sexual, entre otros. Esta ley es muy amplia e imprecisa y su aplicación es extremadamente discrecional. En opinión de la organización no gubernamental Espacio Público, se trata de un medio para limitar la libertad de expresión y el intercambio de opiniones[10], y se ha utilizado para silenciar a periodistas y sacerdotes[11].
El Código Civil reconoce a las Iglesias la personalidad jurídica[12]. Conforme a un acuerdo con la Santa Sede firmado en 1964, la Iglesia católica tiene la consideración de organismo de derecho público con personalidad jurídica propia[13].
En 1994, se firmó otro acuerdo con la Santa Sede relativo a la prestación de asistencia espiritual en las Fuerzas Armadas[14].
En abril de 2022, se reformó la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales para proteger a los indígenas de acuerdo con sus normas socioculturales y cosmovisiones[15].
En agosto de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, que las castiga con la disolución en caso de incumplimiento de los términos de la ley, como evadir la notificación de la financiación o las donaciones recibidas, o la recepción de contribuciones destinadas a organizaciones políticas u organizaciones que promuevan el fascismo o el odio, entre otras[16] [17]. Al igual que otras leyes aprobadas recientemente, esta es imprecisa y discrecional.
En la misma línea, en 2024 se aprobó la Ley Orgánica Simón Bolívar Libertador contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de Venezuela. Esta ley castiga con hasta 30 años de prisión a quienes promuevan, faciliten o apoyen sanciones internacionales contra Venezuela[18]. Como era de esperar, la ley no define claramente los delitos punibles y también prevé sanciones contra los medios de comunicación que promuevan las referidas sanciones internacionales[19].
Incidentes y acontecimientos
Venezuela sigue sumida en una crisis política, económica y social que, en mayo de 2025, había llevado a 7,9 millones de personas a abandonar el país en busca de una vida mejor[20]. Según organizaciones internacionales, las últimas elecciones presidenciales, celebradas en julio de 2024, se caracterizaron por numerosas denuncias de ilegitimidad y falta de transparencia[21], lo que provocó manifestaciones que fueron duramente reprimidas por el Gobierno, y se saldaron con al menos 23 muertos y miles de detenidos[22]. La crisis de los derechos humanos y el estado de derecho se ha intensificado[23].
En este contexto, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha incrementado sus acercamientos a los sectores evangélicos con programas sociales como el plan «Mi Iglesia Bien Equipada», que se puso en marcha en enero de 2023 durante el Día Nacional del Pastor Evangélico[24]. Este programa incluye la remodelación de los espacios de las iglesias y la concesión de beneficios sociales a los líderes evangélicos[25]. En noviembre del mismo año, Maduro anunció la creación de la Universidad Interreligiosa de Venezuela, con el objetivo de formar a líderes religiosos y promover el diálogo entre confesiones[26].
En marzo de 2024, el presidente Maduro anunció nuevas medidas, como la simplificación de los trámites legales para las Iglesias[27] y la incorporación de 20 000 pastores al sistema de bienestar social[28]. En 2025, se creó un Viceministerio de las Instituciones Religiosas y Cultos, y se instituyó el Día Nacional de la Marcha para Jesús[29]. Además, se estableció un pacto para permitir que los representantes de las Iglesias cristianas tuvieran acceso al sistema penitenciario y difundieran allí su mensaje[30].
También se anunciaron subsidios económicos para las comunidades católicas. En octubre de 2023, el presidente Maduro ordenó la construcción de una nueva iglesia dedicada a Nuestra Señora del Rosario de Aránzazu en el municipio de Santa Rita, después de que el techo de la iglesia original se derrumbara y destruyera el edificio[31]. El Gobierno también aprobó un presupuesto de 28,5 millones de bolívares (alrededor de 790 000 dólares estadounidenses) para las obras de restauración de la iglesia que alberga la imagen de la Divina Pastora, advocación de la Virgen María muy venerada en todo el país, y su museo. Este presupuesto también se destina a la mejora de las infraestructuras de la comunidad de Santa Rosa, como el suministro de agua[32]. El Gobierno introdujo estas iniciativas como parte de un esfuerzo por fortalecer el papel de las organizaciones religiosas en la sociedad. No obstante, algunos sectores de la sociedad, incluido el Consejo Evangélico de Venezuela[33], manifestaron su preocupación por la posible instrumentalización política de la fe y la pérdida de independencia de las Iglesias y sus pastores. El Consejo Evangélico rechazó la financiación ofrecida en el marco del plan «Mi Iglesia Bien Equipada» y se opone al Movimiento Cristiano Evangélico de Venezuela, cercano al presidente, que ha sido criticado por arrogarse el papel de representar a la fe evangélica en el país[34].
El presidente Maduro tomó otras medidas que podrían interpretarse como una instrumentalización de las creencias religiosas. En 2023, afirmó que «el imperio español crucificó a Jesucristo», lo que algunos sectores interpretaron como un intento de manipular los discursos religiosos para reforzar su discurso ideológico[35]. En 2024, durante una campaña electoral, el candidato a la presidencia asistió a servicios religiosos evangélicos para intentar aumentar su conexión política con estas comunidades[36]. En septiembre del mismo año, ordenó que la Navidad se cambiara al 1 de octubre, a lo que la Conferencia Episcopal Venezolana respondió que la festividad cristiana «no debe utilizarse con fines de propaganda personal o políticos»[37]. En 2025, Maduro comenzó un nuevo mandato presidencial con un juramento esotérico, invocando a las deidades de la santería como parte de un ritual no tradicional[38].
En agosto de 2024, el Parlamento aprobó una ley para regular las organizaciones no gubernamentales que las obliga a declarar sus fuentes de financiación, especialmente cuando proceden del extranjero, lo que podría poner en peligro la subsistencia de las Iglesias o congregaciones que reciben ayuda extranjera[39].
Entre 2023 y mediados de 2025, período estudiado en este informe, se produjeron diversas violaciones de la libertad religiosa. La parroquia de San Ignacio de Loyola de la capital, Caracas, fue objeto de actos de vandalismo y robaron artículos religiosos, entre ellos los vasos sagrados utilizados para la Eucaristía. La comunidad católica condenó el robo como un acto de sacrilegio[40].
En octubre de 2023, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ordenó el cierre de las emisoras Espléndida y Radio Fe y Alegría, que emitían programas religiosos, como parte de una política gubernamental de control sobre los medios de comunicación[41].
Mientras tanto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano estableció su control sobre algunas comunidades cercanas a la frontera con Colombia. Se ordenó a los líderes comunitarios y religiosos que se sometieran a los «mandamientos» del grupo armado y se les obligó a solicitar permiso para celebrar misas, procesiones o actividades pastorales. El control abarca aspectos como los horarios, la movilidad y el uso de los lugares de culto, lo que supone una limitación de la libertad religiosa de las comunidades afectadas. Según algunas informaciones, han llegado a advertir a los sacerdotes que, si incumplen las normas, «desaparecerán, aunque no precisamente al cielo»[42].
En febrero de 2025, las familias de los presos políticos de la Penitenciaría de Tocorón denunciaron que se estaba obligando a los reclusos, bajo amenaza, a participar en servicios religiosos evangélicos contra su voluntad[43]. El Gobierno persigue a los líderes religiosos que critican al régimen y denuncian la existencia de presos de conciencia, la falta de garantías procesales y la represión[44]. Los ministros religiosos relataron una experiencia similar durante las elecciones de 2024, afirmando que recibieron la visita de agentes del Gobierno que los investigaron, y varios manifestaron su temor a represalias tras las elecciones. Un pastor afirmó que el Gobierno ofrece beneficios a las Iglesias que lo apoyan, pero castiga a las que rechazan esos privilegios[45].
La Conferencia Episcopal siguió siendo objeto de ataques por sus declaraciones públicas sobre la crisis social y política del país. En enero de 2023, el presidente Maduro afirmó que el diablo y el mal visten sotana[46]. El vicepresidente Diosdado Cabello afirmó que la Conferencia Episcopal es un partido político[47] y la acusó de tener una postura partidista[48].
La Iglesia católica sigue denunciando el deterioro de la democracia. En mayo de 2024, el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Jesús González de Zárate, describió las siguientes elecciones como una «magnífica oportunidad» para construir un país mejor. Destacó la importancia de un voto libre, informado y responsable, y pidió a los ciudadanos que participaran activamente en el proceso electoral e insistió en la necesidad de garantizar la aplicación de principios democráticos, como la transparencia[49]. Tras las elecciones, la Conferencia Episcopal condenó la violencia, independientemente de su origen[50], y exigió transparencia para restablecer la confianza de la gente[51]. En 2025, los obispos destacaron el papel fundamental del periodismo en la democracia y reiteraron su apoyo a la libertad de expresión como derecho fundamental[52].
Por otra parte, en junio de 2023, en Caracas, los evangélicos se manifestaron contra el proyecto de ley contra la discriminación y entregaron un documento en la Asamblea Nacional en el que argumentaban que el proyecto de ley intentaba imponer la ideología de género y era contrario a los valores familiares[53]. En este período se han celebrado algunos actos religiosos en espacios públicos. Así, en enero de 2024, alrededor de tres millones de personas acompañaron la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto[54].
En noviembre de 2024, el alcalde de Valencia estableció el 13 de noviembre como «día no laborable de júbilo» en honor a la coronación canónica de la Virgen del Socorro, patrona de la ciudad[55]. En abril de 2025, el Gobierno decretó tres días de luto por la muerte del papa Francisco[56].
El Centro Wiesenthal, organización judía internacional de derechos humanos, denunció un preocupante aumento del antisemitismo en Venezuela, tras unas declaraciones en un programa oficial en las que se acusaba a «los judíos de controlar el poder mundial»[57]. La organización condenó la difusión de teorías conspirativas por parte de los medios de comunicación estatales, subrayando que esto alimenta el odio religioso. También advirtió sobre el peligro que representa el proyecto de «Ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares», afirmando que penaliza los «delitos ideológicos».
Ha habido propuestas para clasificar el sionismo como una «expresión similar», lo que a su vez permitiría los ataques antisemitas y la persecución de los judíos[58]. Las más altas autoridades del país hicieron declaraciones sobre el sionismo que, a pesar de ser un concepto político, podría interpretarse que rayaban en la intolerancia religiosa. El presidente Maduro acusó al «sionismo internacional» de estar detrás de los disturbios civiles en Venezuela, acusación que un observador de derechos humanos calificó de absurda y antisemita, y que fomenta el odio religioso[59]. Por su parte, el vicepresidente Diosdado Cabello acusó al líder opositor David Smolansky de corrupción y de representar un «proyecto sionista en Venezuela», que calificó de «proyecto de odio»[60].
El 25 de abril de 2024, la Asamblea Nacional de Venezuela recibió un proyecto de ley titulado «Ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares», que permitiría criminalizar a la oposición al régimen, censurar las redes sociales y castigar los «delitos ideológicos». También propone la creación de una comisión para determinar qué ideologías internacionales entran dentro de la amplia categoría de «expresiones similares». Como se ha mencionado anteriormente, activistas afiliados al Gobierno han pedido que se incluya el sionismo, lo que ha suscitado preocupación por la institucionalización del antisemitismo. Ariel Gelblung, del Centro Simon Wiesenthal, advirtió de que tal medida podría tipificar como delito las expresiones de identidad judía, incluido el apoyo a Israel, lo que pondría aún más en peligro a la menguante comunidad judía de Venezuela[61].
Algunos medios de comunicación han hecho referencia a la situación de las comunidades indígenas en las zonas ocupadas por la guerrilla, que se habían involucrado en la extracción de oro y la trata de personas. En septiembre de 2023, desalojaron violentamente a los mineros del Parque Nacional Yopacana. El Gobierno justificó la operación como una medida medioambiental, aunque varias fuentes la atribuyeron a motivos económicos y geopolíticos, así como al hecho de que los indígenas se habían aliado con operadores ilegales. Se denunciaron abusos, muertes y desplazamientos forzados que afectaron a las comunidades indígenas, imponiendo limitaciones a sus derechos espirituales y territoriales[62].
Futuro de la libertad religiosa
La crisis política de Venezuela se ha agravado y las organizaciones internacionales han denunciado graves violaciones de los derechos humanos. En lo que respecta a la libertad religiosa, durante el período estudiado en este informe se intensificó la instrumentalización política de la religión. El plan «Mi Iglesia Bien Equipada» y otras prestaciones similares que se han ofrecido a las comunidades religiosas se presentan como medidas de apoyo a las confesiones religiosas por parte del Gobierno, aunque también han sido criticadas como una estrategia electoral que compromete la autonomía y la independencia de las Iglesias. También han aumentado las tensiones antisemitas, alimentadas por la retórica alineada con el Estado y las propuestas legislativas dirigidas contra el «sionismo».
La libertad de religión y de creencias se ve cada vez más amenazada, tanto por las leyes que otorgan al régimen un amplio margen de maniobra para perseguir a sus detractores, como por el secuestro de determinadas confesiones por parte del poder político, que proporciona apoyo material solo a quienes están ideológicamente alineados, erosionando el principio de neutralidad del Estado. Las perspectivas para el futuro siguen siendo negativas.
Fuentes
Venezuela